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Al trascurrir el cuarto día de la Minga Nacional Indígena que exige al Gobierno cumplimiento de más de 1300 acuerdos pactados con estas comunidades, y otros temas como la implementación efectiva del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de La Habana, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denuncia que el Estado adelanta acciones de guerra contra la movilización de más de cien mil indígenas que exigen soluciones.

A los siete indígenas heridos reportados hasta el día de ayer, 1 de noviembre, hoy se suman otros diez comuneros heridos por la Fuerza Pública en el departamento del Cauca, según reporte preliminar de la ONIC, organización indígena que denuncia al Gobierno por dar “tratamiento militar” a la protesta social de los pueblos indígenas que han sido reprimidos con cartuchos recargados (Valle del Cauca) y ráfagas de fusil (Cauca).

La ONIC también denuncia el asesinato de la indígena Embera Elvia Azucena Vargas, de 30 años, en hechos ocurridos en Caldas, “a dos horas de la concentración de la Minga” en ese departamento; y advierte que la Fuerza Pública está empleando “armas letales, con cartuchos recargados”, “proyectiles de paint ball” y “armas que no se encuentran dentro del inventario de uso privativo de las fuerzas armadas y policiales”.

Estos hechos se suman al tratamiento de guerra que, de igual manera, está recibiendo el Paro Nacional de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que confluyen en la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA), donde han sido agredidos periodistas y se reportan ataques de la Fuerza Pública con disparos de fusil en la región del Catatumbo.


Ante la gravedad de la situación, la ONIC solicita al Ministerio de Defensa que controle el accionar desproporcionado e ilegal de los efectivos de la Fuerza Pública en los puntos de concentración de la Minga”, y pide “acompañamiento permanente y con carácter urgente del Ministerio Público, agencias de Naciones Unidas, MAPP-OEA y organizaciones sociales e internacionales” en los departamentos donde se desarrolla la Minga Nacional Indígena por la Vida.

Redacción REMAP / Foto: ONIC 


Este martes, 31 de octubre, voceros de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) brindaron declaraciones a la prensa sobre el estado del Paro Nacional Indefinido (PNI) que completa ocho días.

Los voceros denunciaron incumplimiento por parte del Gobierno que se comprometió a reinstalar formalmente la Mesa de Interlocución y Acuerdo para discutir el Pliego de Exigencias del PNI, violando lo acordado el pasado jueves, 26 de octubre, donde en reunión con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, se establecieron compromisos que fueron violados este lunes por funcionarios del Gobierno.


Frente a estos hechos, los dirigentes de la MIA informaron que en el trascurso de esta se semana se incrementará “la actividad de movilización” en departamentos como Cauca, Antioquia, Putumayo, en la región del Catatumbo “y en otros departamentos del país donde los procesos organizativos que integramos la Mesa Nacional tenemos presencia”, afirmó Huber Ballesteros, vocero de la MIA

La MIA además denunció represión de la Fuerza Pública contra el Paro Nacional que ha dejado varios manifestantes heridos y algunos detenidos, y exigió garantías frente el anuncio de capturas que se avecinarían para líderes y lideresas de las movilizaciones.

“Hacemos un llamado al tema de las garantías. Esperamos que salir a las carreteras, a exigir que seamos escuchados, no se convierta en un delito”, manifestó Olga Quintero de la MIA, quien agregó que lo que “se requiere son las capturas de los que están matando a los líderes sociales en este país”, cuya cifra se acerca a las doscientas personas asesinadas en menos de dos años.

El Paro Nacional Indefinido (PNI) inició el 23 de octubre exigiendo al Gobierno que cumpla con el Acuerdo de Paz de La Habana, el cual presenta, expresa Ballesteros, “un atraso de más del 90% de la implementación tanto normativa como en territorio”.

Del mismo modo el PNI también exige garantías para la oposición política en Colombia, lo cual implica que cese el terrorismo de Estado representado, principalmente, en la negativa del Gobierno de no reconocer la existencia del paramilitarismo ni tomar medidas para combatirlo, y por los crímenes cometidos por la Fuerza Pública contra la población civil.

Redacción REMAP / Foto: Marcha Patriotica

Este lunes, 30 de octubre, el Gobierno Nacional traicionó los compromisos adquiridos el pasado jueves, 26 de octubre, donde se comprometía a discutir la metodología y reinstalación formal de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) para discutir el Pliego de Exigencias del Paro Nacional Indefinido (PNI) que inició el 23 de octubre.

Leer: Paro Nacional se agudizará por incumplimiento del Gobierno

Las denuncias se dan luego que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía arremetiera contra las comunidades movilizadas en el departamento del Cauca, deteniendo a cuatro personas, y después que voceros de la MIA se reunieran con el viceministro del para la Participación e Igualdad de Derechos, Luis Ernesto Gómez Londoño, y algunos funcionarios del Gobierno.

“Lo que ocurrió esta noche con el viceministro, y algunos funcionarios del Gobierno, contradice el acuerdo del jueves pasado (26 de octubre) con el señor ministro (del Interior) Guillermo Rivera, en el cual acordamos trabajar en la metodología para la instalación de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) que busca discutir el pliego presentado”, denunció Huber Ballesteros, vocero de la MIA.

Las organizaciones que confluyen en la MIA además dejaron en claro que el Gobierno Nacional se negó a reinstalar la Mesa de Interlocución y Acuerdo, calificando el hecho como “una insensatez absoluta” y falta de voluntad política frente a “las justas demandas de los campesinos y campesinas movilizados”, afirmó Luz Perly Córdoba de la MIA.

La traición del Gobierno también ocurre mientras se desarrollan las protestas de las comunidades indígenas, en el marco de las jornadas de la Minga por la vida, que según reporta la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la actuación de la Fuerza Pública dejó a cuatro indígenas heridos en el Valle del Cauca.

Por estos hechos, y haciendo alusión al Paro Agrario de 2013, que dejó 12 personas muertas y 485 heridos por el accionar de la Fuerza Pública, la MIA responsabilizó al Gobierno por las violaciones a los Derechos Humanos que puedan suceder durante el Paro Nacional Indefinido.

“Queremos dejar constancia que si en el transcurso de esta noche, y los días siguientes, si llegan a haber muertos, como pasó en el año 2013, es responsabilidad absoluta del Gobierno Nacional porque no ha tenido voluntad ni la cortesía de sentarse a dialogar con nosotros frente a la reinstalación de la MIA”, manifestó Olga Lucía Quintero, otra de las voceras de la MIA.

Redacción REMAP | Foto: Archivo / Alexander Escobar

Este lunes, 23 de octubre, las organizaciones que integran la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), entregaron al Gobierno el Pliego de Exigencias del Paro Nacional Indefinido (PNI) que inició concentraciones en varios departamentos y que en pocos días se extenderá por todo el país.

El documento fue entregado al ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, cinco días después que la Coordinación Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), Marcha Patriótica, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (Conpi) y la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes (Conafro), organizaciones que confluyen en la MIA, decidieran convocar a paro para el 23 de octubre.

“Necesitamos la instalación de una mesa de concertación de carácter nacional”, afirmó Alejandra Torres de la MIA, luego que las organizaciones sociales hicieran públicas las exigencias que incluyen temas como la implementación del Acuerdo de Paz, la seguridad y garantías para la oposición política en Colombia, el reconocimiento político del campesinado y su inclusión dentro próximo Censo Nacional de Población y Vivienda.

El Paro Nacional Indefinido se da en un ambiente de agudización del terrorismo de Estado, donde el Gobierno se niega a reconocer el paramilitarismo en Colombia y el asesinato de personas a manos de la Fuerza Pública.

Descargar Pliego de Exigencias: AQUÍ

Redacción REMAP / Foto: Marcha Patriótica

Tras casi tres años de espera ya hay fecha para el primero de los juicios a los que se enfrentará Boro LH, periodista de La Haine y Kaos en la red, acusado de “enaltecimiento al terrorismo” y encausado en la segunda fase de la tristemente célebre “operación araña”, dirigida contra usuarios de redes sociales por sus opiniones publicadas en las mismas.

Boro, fue detenido en su domicilio por agentes de la Guardia Civil el 6 de noviembre de 2014 y llevado al cuartel de Avenida Galicia, en Iruñea. No fue la primera detención que sufrió el periodista, 7 meses antes había sido detenido por cubrir una movilización contra la monarquía en Madrid, por lo que le piden 6 años de prisión y 6.200€ de multa, además dos meses después fue detenido también por haber cubierto una acción por la okupación en Iruña (una acción en la que participaron alrededor de 100 personas, y los únicos detenidos fueron dos periodistas y un menor), caso que fue finalmente archivado por los juzgados de Iruñea.

En total 3 detenciones en 7 meses. Desde La Haine siempre hemos tenido claro que este juicio por la “operación araña” es un juicio fabricado a la medida para el compañero, en un intento de que cuando llegue el juicio por la movilización de Madrid ya cuente con antecedentes penales. Un juicio Ad-hoc motivado solamente por su trabajo periodístico en La Haine y sus diversas colaboraciones con otros medios de comunicación independientes.

La acusación, como en todos los casos de estas auténticas razzias policiales contra la libertad de opinión, es una interpretación interesada de las distintas publicaciones del periodista en su cuenta personal de facebook. Además, hay que recordar que previamente Boro fue criminalizado por el diario ABC en una noticia en la que se afirmaban diversas mentiras (como que el compañero se escondía en el “anonimato” de internet, cuando es ampliamente conocido que Boro LH es periodista de La Haine, y además su cuenta no era para nada “anónima”, habiendo fotos y datos personales suyos) y que seguramente venía dictada por el gabinete de prensa de la Guardia Civil.

El caso de Boro se suma a la larga lista de personas detenidas por expresar libremente su opinión a través de las redes sociales, y cuya última víctima hace un mes fue un joven de Iruñea, curiosamente también colaborador de La Haine y Ahotsa.info.

Desde La Haine queremos dejar claro que esta persecución es un ataque a Boro por su trabajo periodístico (sus opiniones en facebook no son más que una mera excusa para imputarlo) pero es también un ataque contra nuestro medio, en represalia por llevar 17 años informando al lado de los movimientos sociales.

El 30 de noviembre a las 10:00h en la Audiencia Nacional de Madrid el compañero será juzgado en el juzgado número 3. Anteriormente, Boro había declarado en el juzgado número 5 ante el juez de la Mata, ahora el juzgado que llevará a cabo el procedimiento será el número 3, presidido por el juez Felix Alfonso Guevara.

Por: La Haine

¡Libertad para Simón Trinidad, libertad para todos los prisioneros políticos! fue la consigna que reunió a más de 300 personas en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Elvira, en Buenos Aires (Cauca).

El Encuentro Cultural por la Paz y la Libertad de las y los Presos Políticos, realizado los pasados 13, 14 y 15 de octubre, “es un gesto de solidaridad con nuestros prisioneros que nos permite visibilizar la grave situación por la que atraviesan, es un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con lo pactado en la Mesa de Diálogos de La Habana”, destacó Amanda Ríos, integrante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Estudiantes, profesores, académicos, sindicalistas y demás organizaciones sociales de Cauca, Valle del Cauca y Quindío, disfrutaron de una jornada cultural en la que participaron artistas como Julián Conrado, Martín Batalla, Anderley Sánchez, Julián Rodríguez, Colectivo Cultural Paz y Folclor.

A través del arte y la cultura queremos enviar el mensaje de solidaridad y de hermandad, que sepan que día a día luchamos por su libertad, expresó uno de los integrantes del grupo cultural Paz y Folclor, quienes llegaron desde el departamento del Meta, para unirse al clamor que exige al gobierno el cumplimiento de la Ley de Amnistía e Indulto.

Durante la instalación, representantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común manifestaron que "la libertad de más de 1120 luchadores sociales y populares es una tarea prioritaria, por eso extendemos nuestro llamado a familiares, amigos, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y comunidad en general se sumen a la voz que grita libertad”.

Por: Ana Maritza Ramírez

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