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Este lunes, 15 de enero, en la ciudad de Cali varias organizaciones sociales, sindicales y políticas recibieron un panfleto firmado por el grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) donde afirman que van a “volar” las sedes de Marcha Patriótica, el Partido Comunista y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), entre otras.

“Les vamos a volar todas esas sedes que utilizan como fachada para delinquir, anunciamos que se avecinan más muertes, como las que ya hemos venido realizando en diferentes municipios”, sentencia el panfleto.

Las amenazas son extensivas a municipios de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, proferidas por el “Estado Mayor Bloque Suroriental del Pacifico” de este grupo paramilitar, el cual dice no descansará “hasta eliminar” a quienes integran las siguientes organizaciones: CUT Valle, Movice, Nomades, CUT Cauca, Cabildo Cerro Tijeras, Partido Comunista, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, CGT, y CTC.

De igual manera también amenaza a los siguientes sindicalistas, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos: Walter Agredo, Wilson Saenz, José Milciades Sánchez, Antonio Gutiérrez, Omar Romero, Rosalba Castillo, Adelina Vasquez, Diego Escobar, Meraldiño Caviche, Hernán Arciniegas, Enrique Guetio, Feliciano Valencia, entre otros.

Frente el panfleto, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) manifestó que se encuentra adelantando las denuncias y acciones pertinentes. Del mismo modo informó que continuará trabajando por la paz.

“Nuestra respuesta ante las recientes amenazas será seguir caminando en nuestra labor con más amor y convicción por hacer de Santiago de Cali y el Valle del Cauca territorios de paz, territorios en los que se respeten y garanticen los derechos de todos y todas, territorios de implementación de los acuerdos de paz, así juntos unidos lograr la justicia social de la nueva Colombia”, expresa el comunicado de la FARC.

Las amenazas se dan en medio de la situación crítica que vive Colombia en materia de Derechos Humanos que ha cobrado la vida de más de doscientos líderes sociales a manos de grupos paramilitares en dos años, situación que se agrava porque el Gobierno niega la existencia del paramlitarismo en Colombia y no toma acciones efectivas para garantizar la vida de la oposición política, según han manifestado distintas organizaciones internacionales y nacionales.

Redacción REMAP

Entrevista concedida a la Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP) por el periodista de La Haine y Kaos en la Red, conocido como Boro LH. Actualmente Boro está encausado por delito de “enaltecimiento del terrorismo” en la llamada “Operación Araña”, operativo policial que se llevó a cabo contra personas que vertían sus opiniones en redes sociales como Facebook o Twitter, siendo esta operación una clara violación a la libertad de expresión en el Estado español.

Este evidente caso de persecución y censura no termina aquí. Boro está acusado también de un delito de “atentado a la autoridad” y dos delitos de “lesiones”. A finales de marzo del año 2014 Boro acudió a Madrid para cubrir las llamadas “marchas de la dignidad” y a la movilización “Jaque al Rey”, siendo víctima de un montaje policial. El juicio en su contra ya tiene fecha, el próximo 16 de abril del 2018 Boro será juzgado por cubrir la represión que sufrió él y muchas más personas el 29 de marzo de 2014.

Andrés Rodas: Hola Boro, en primer lugar, gracias por conceder esta entrevista a REMAP. El pasado 30 de noviembre inició el juicio por la llamada “Operación Araña”. ¿Por qué te acusaron de enaltecimiento del terrorismo en ese operativo policial?

Boro LH: La acusación viene a raíz de la llamada “Operación Araña”, que fue una operación policial que, en cuatro fases, terminó con la detención de 76 personas usuarias de las redes sociales y que fuimos acusadas de “enaltecimiento al terrorismo” y, en algunos casos, de “humillación a las víctimas del terrorismo” por comentarios y publicaciones en Twitter y Facebook.

En mi caso, fui detenido el 6 de noviembre del 2014. Agentes de paisano de la Guardia Civil se presentaron en mi domicilio y me llevaron al cuartel, unas horas después quedé libre tras negarme a declarar ante la Guardia Civil.

En la acusación se remarcaban distintas publicaciones de mi cuenta personal de Facebook. Hay que decir que la mayoría de esas publicaciones ni siquiera habían sido publicadas por mi cuenta, sino que eran compartidas desde otras cuentas. En las distintas publicaciones había críticas contra la violencia policial, citas de personajes históricos, denuncias de la criminal política de dispersión carcelaria o apoyos a presos políticos en huelga de hambre por sus derechos humanos. Todo ello era, según el fiscal, “constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo”. Recuerdo que una de las afirmaciones más aberrantes del fiscal fue decir que la estrella roja de cinco puntas era “enaltecimiento”.

¿Cómo avanza ese proceso de judicialización?

Más de tres años después, por fin llegó el juicio, el pasado 30 de noviembre. La Audiencia Nacional (AN) es un Tribunal de excepción heredero del Tribunal de Orden Público (TOP) de la época franquista. En la mal llamada ‘Transición española’ cambiaron el nombre y el escudo de la bandera, pero no todo lo demás. Y eso es lo que queda muy claro cuando se entra en esta arcaica institución.

Durante el juicio me preguntaron si había escrito yo esas publicaciones. Publicaciones de 4, 5 años atrás que eran casi todas compartidas. Pese a no poder recordar si yo las había compartido, argumenté todas ellas ante las preguntas de la Fiscalía, dejando claro que cosas como criticar la cruel política de dispersión, reivindicar los derechos humanos para los presos políticos o criticar la violencia y abusos policiales, no es delito, o al menos no debería serlo en un Estado que se autodefine como “democrático” y “de derecho”.

En mi alegato final denuncié la persecución política que ha supuesto la “Operación Araña” y toda la escalada represiva que la ha continuado. Reivindiqué el derecho a la libertad de expresión y dije que mi error había sido el haberme creído el artículo 20 de la Constitución española, que es el que recoge dicho derecho. Terminé mi intervención recordando al compañero Alfredo Remírez, primer twittero preso del estado español, dejando claro que donde debía estar era en su casa con su familia y no en la cárcel por opinar en las redes sociales.

Actualmente estoy a la espera de la inminente sentencia, por la que podría ser condenado a un año y ocho meses de cárcel, así como a doce años de inhabilitación absoluta y dos años de libertad vigilada.

¿Cuántas personas han sido o están siendo juzgadas en el Estado español por el simple hecho de opinar?

Como decía antes, las “operaciones araña” se saldaron con 76 personas detenidas, cuyos casos fueron separados por todos los juzgados de la Audiencia Nacional, creando un juicio para cada uno de ellos. Estas operaciones sirvieron para abrir la puerta a la más descarada persecución política contra disidentes: activistas sociales, anarquistas, comunistas, independentistas. Tras ellas, la represión por motivos de libertad de expresión se ha multiplicado exponencialmente. Los juicios y las condenas han sido una constante durante este año que acaba de terminar.

A los ya nombrados delitos de “enaltecimiento” y “humillación”, se une ahora la acusación genérica de “delito de odio” por cosas como criticar la violencia policial, manifestarse en contra de grupos fascistas… en definitiva, cualquier opinión contraria al régimen español es susceptible de ser denunciada como “delito de odio”.

Llevamos varios años con esta tendencia, que fue incrementada con la entrada en vigor de las leyes mordaza, en julio de 2015. Pero lo que hemos vivido este año, en lo que a libertad de expresión se refiere, no tiene parangón. El ataque es total, los juicios y las condenas se han multiplicado alarmantemente, tenemos ya al primer twittero preso del Estado español cumpliendo condena. En definitiva: están amordazando a un país entero.

¿Por qué el Estado español realiza este tipo de persecución a personas que piensan diferente al orden establecido?

La persecución al disidente político no es algo nuevo en el Estado español, que tiene un interminable currículum en este sentido. Pero en los últimos tiempos parece que lo que el Estado ha hecho es agrandar la lista de posibles víctimas de esta represión. El Estado se ha dotado de las nuevas legislaciones mordaza para perseguir adversarios políticos con la amenaza de grandes penas de cárcel, multas de miles de euros…

Hay que remarcar que este tipo de persecución solamente se centra en los que el gobierno considera sus adversarios políticos, gentes de izquierda, anarquistas o independentistas. En ningún caso se están investigando las numerosas amenazas a activistas políticos o la humillación a las víctimas del fascismo que diariamente se realizan desde grupos de extrema derecha, tanto a través de las redes sociales como por cualquier otra vía.

Actualmente en el Estado español este tipo de conductas por parte de grupos fascistas gozan de una absoluta impunidad. Y no me estoy refiriendo sólo a los comentarios y amenazas, también la gran mayoría de las agresiones fascistas, racistas, homófobas… están quedando impunes, o en el mejor de los casos tratadas con una gran benevolencia por parte de la judicatura.

¿Este tipo de acoso es algo generalizado en España?

Como decía antes, el Estado español tiene una lista muy larga en materia de violación de derechos humanos fundamentales y de persecución al disidente. Pero si bien en épocas anteriores se centraba en personas y activistas con nombre y apellidos, o en sectores concretos de población, ahora la ola represiva se ha expandido como una mancha de aceite.

Este acoso, que siempre ha existido, se ha generalizado en los últimos años hasta el punto de que ya nadie que exprese una opinión contraria al régimen está a salvo.

Además de esta tendencia al alza de la represión de los últimos años, la situación se ha agravado en los últimos meses a raíz de los acontecimientos en Cataluña. El Estado se ha sentido atacado y ha puesto toda la carne en el asador para silenciar y reprimir al pueblo catalán y a tod@ aquel que ha sido lo suficientemente valiente en el resto del estado para haberse solidarizado con él. La salvaje violencia policial del 1 de octubre así lo demuestra, y todas las denuncias que han venido después por criticar la represión de aquel día, también lo ponen de manifiesto.

La llamada “ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana” es más conocida como “ley mordaza” en el Estado español, ¿cuáles son las reivindicaciones ciudadanas que más se han visto afectados por la implementación de ésta ley?

Lo primero que hay que decir es que, a parte de la ley de Seguridad Ciudadana, entraron en vigor simultáneamente el Nuevo Código Penal y el Pacto antiterrorista. Entre estas tres nuevas baterías legislativas han creado todo un entramado legal para perseguir a activistas políticos y amordazar a la sociedad entera.

Los ejes que estas leyes se han propuesto atacar son principalmente tres:

- Los movimientos sociales. Estas leyes han analizado todas las herramientas utilizadas por los movimientos sociales en sus protestas (manifestarse ante edificios públicos, protestar contra los numerosos desahucios de viviendas, realizar distintas acciones…) y las han convertido de facto en ilegales.

- Los medios de comunicación. Para controlar las distintas informaciones (sobre todo las de medios no alineados con el régimen y los partidos que lo sustentan) también se han puesto en marcha distintas leyes orientadas a cercenar la libertad de información. Una de las más flagrantes es esa que prohíbe “la difusión de imágenes no autorizadas de funcionarios de las Fuerzas de Seguridad”. Para tapar la creciente violencia policial prohíben hacer fotos de sus intervenciones. Como si hacer una foto de un funcionario público, realizando un trabajo público, en un espacio público, fuera delito. Es demencial.

- Libertad de expresión. El tercer eje se ha centrado en amordazar a la sociedad en general, ordenando detenciones y denuncias masivas por simples comentarios o pensamientos políticos contrarios al régimen. Twitteros, humoristas, artistas, periodistas, cantantes de rap… todos han pasado por la Audiencia Nacional. Como decía antes, el incremento de este tipo de persecución es alarmante e inaceptable en un estado que dice respetar los derechos humanos, pero que en realidad ha prohibido de facto varios de ellos, como el de la libertad de expresión o el de libertad ideológica.

¿Qué cortinas de humo o distractores usa el Estado español para mantener a la mayoría de su población adormecida?

Para los medios de comunicación del capital, cualquier excusa es buena para tapar las miserias del Estado español y sus clases dirigentes. Que tengamos un país gobernado por un partido político heredero político del franquismo, corroído por cientos de casos de corrupción y que no respeta los más básicos derechos humanos, no es noticia para muchos medios de comunicación, concretamente para los que están alineados con el Régimen.

Así, pueden pasar de puntillas sobre lo que pasa aquí; pero estar meses bombardeando televisivamente con la situación en Venezuela, con los acontecimientos de Cataluña, o cuando no hay algo lo suficientemente grande, lo inventan. Una bronca en un bar de un pueblo navarro con Guardias Civiles implicados, o una paliza a una neonazi en un bar en Murcia, por citar algunas, pueden ser noticias que sirvan para el bombardeo mediático, para crear unos enemigos, unos “malos” a los que señalar. Y mientras tanto nos olvidamos de que la corrupción de las altas esferas políticas es una plaga que está desangrando al pueblo.

¿Qué ocurrió el 29 de marzo en Madrid?

El 29 de marzo de 2014 me encontraba presente en Madrid para cubrir una movilización contra la monarquía llamada “Jaque al rey”. Veníamos de un contexto tenso y difícil, así como altamente represivo. Una semana antes había tenido lugar una masiva manifestación llamada “Las marchas de la dignidad” con la participación de más de millón y medio de personas en Madrid. Esa jornada acabó con disturbios al atacar la Policía Nacional a la manifestación, antes de que acabara el acto final. Durante toda la semana se llevaron a cabo distintas movilizaciones y acciones en Madrid, que acababan aquel día 29 con la movilización antimonárquica.

Al llegar, observamos que la Policía tenía rodeada a la manifestación, no dejando que saliera. Además, desde el primer momento hubo una gran tensión, con amenazas, empujones por parte de la Policía tanto a manifestantes como a prensa. El papel de la prensa alternativa en aquellos días había sido crucial denunciando la salvaje represión de la actuación policial durante las marchas, y aquel día la Policía la tomó con los medios de comunicación, sobre todo con los independientes.

Al desconvocar la marcha los organizadores ante la presión policial, la gente fue echada de la Plaza entre golpes, empujones, insultos y amenazas. Pero además comenzaron a perseguir a activistas y periodistas a través de todo el Paseo del Prado. Nos habíamos alejado ya unos 800 metros del lugar de la convocatoria e íbamos a donde habíamos aparcado el coche para marcharnos. Fue entonces cuando vimos un grupo de policías persiguiendo y empujando a varias personas, entre ellas compañeros de prensa, así que saqué la cámara y nos acercamos para informar de lo que estaba ocurriendo. En ese momento empezaron a dar golpes y empujones a mi compañera, así que me di la vuelta y traté de ponerme en medio para detener la injustificada agresión. Un policía me empujó y salió corriendo tras de mí, yo corrí, y unos metros después me tiraron al suelo y un agente comenzó a estrangularme. Compañeros de la prensa corrieron para grabar la escena, y la policía los fue recibiendo a base de porrazos y golpes: cámaras rotas, compañeros periodistas tirados en el suelo, uno de ellos inconsciente, y yo con un policía encima que casi me dejó sin respiración.

Una vez expulsados los periodistas y conmigo ya engrilletado e inmóvil en el suelo, el agente me propinó un puñetazo en la cara que me dejó el ojo hinchado varios días. Al llevarme al furgón policial para trasladarme a comisaría pude ponerme a gritar delante de las cámaras “¡Soy periodista! ¡Esto es una detención ilegal!”.

Hay pruebas audiovisuales que demuestran que no incitaste a la violencia, tampoco se aprecia que agredas a algún agente de la autoridad. ¿Crees qué esas pruebas pueden ser cruciales para frenar el montaje judicial?

Los vídeos son esenciales, demuestran mi inocencia y la falsa acusación de la policía (según los cuáles yo agredí a dos de ellos, causándoles lesiones en la rodilla, la mano y en un diente). Existen varios videos, desde ángulos distintos, que captan toda la escena, y por eso les va a ser muy difícil probar sus acusaciones. Los videos no mienten, lo que ocurrió aquel día es que tenían muchas ganas de cebarse con la prensa crítica e independiente, y me tocó a mí tras haber estado toda la semana cubriendo las protestas de Madrid. Pero además dada la absurda e increíble acusación que me hacen, los vídeos ponen también de manifiesto una realidad que está a la orden del día en España: la de los montajes policiales.

¿Cuál es la condena total que están pidiendo contra ti?

Por el caso del 29 de marzo en Madrid, la acusación pide 6 años de cárcel y 6.200 € de indemnización a los dos agentes de Policía que me acusan falsamente. Esta petición fiscal se suma al año y 8 meses que me piden por el otro caso, el de la “Operación Araña”.
Si soy condenado en el primer juicio, el de la operación araña, no entraría en prisión por ser una condena menor de dos años y carecer de antecedentes penales, pero entonces ya tendría antecedentes cuando llegue el otro juicio. Tengo la certeza de que, a raíz de la primera detención en la protesta de Madrid, fui incluido en la llamada Operación Araña, precisamente para “fabricarme” esos antecedentes penales. El mío no es un caso aislado, muchas de las personas encausadas en la Operación Araña lo han sido por que la Policía conoce de su participación y militancia en movimientos populares y sociales. Se utilizan los comentarios en las redes sociales como excusa para perseguir a activistas concretos, con nombre y apellidos.

¿Hay personas condenadas a prisión que hayan sido imputadas por cargos similares a los tuyos?

En el caso de la “Operación Araña”, como comentaba, ya tenemos al primer twittero preso del Estado español, el compañero Alfredo Remírez. Además, hay muchas otras personas condenadas, muchas de las cuáles no han ingresado por no tener antecedentes penales y tener una condena inferior a dos años. Otros están en peligro de entrar inminentemente en prisión, algunos por comentarios en redes sociales, otros por hacer canciones de rap con letras reivindicativas…

En cuanto al otro caso, tenemos muchos casos de represión a periodistas críticos e independientes, medios de comunicación cerrados por orden judicial… Tenemos los flagrantes casos de los diarios Egin, Egunkaria, Ardi Beltza, por los que ya ingresaron varios periodistas en prisión. Y más cercano en el tiempo tenemos el caso de Pitu, periodista que cumplió un año y medio en prisión por su participación en el medio navarro Apurtu.org, que fue cerrado por orden de la Audiencia Nacional. Pitu estuvo un año y medio en prisión sin tener juicio. Tiempo después, el Estado desestimó la acusación y concluyó que no había motivos suficientes para haber cerrado aquel medio. Pero Pitu ya había pasado año y medio preso y el medio ya había sido cerrado.

Por último, ¿consideras que la desobediencia civil es necesaria para realizar un cambio estructural en el Estado español?

La desobediencia civil es siempre necesaria para cambiar leyes injustas, esto nos lo ha enseñado la historia y todas las luchas populares emancipadoras. Pero, además, en el caso del Estado español, ante su propia naturaleza imperialista y heredera del franquismo, se torna en una herramienta imprescindible.

Los recientes acontecimientos a raíz del proceso independentista catalán, han dejado de manifiesto que el Estado no acepta las vías democráticas, y que está usando descaradamente a la policía y la judicatura para perseguir a sus adversarios políticos.

En dicho contexto, sólo movimientos claramente rupturistas y que utilicen la desobediencia civil como una de sus principales herramientas, podrán cambiar la grave situación de retroceso en cuanto a las libertades y el respeto a los derechos humanos que estamos viviendo a día de hoy en el Estado español

Boro, gracias de nuevo por conceder esta entrevista a REMAP, desde Colombia y el pueblo latinoamericano en general, os enviamos un abrazo de fortaleza y esperanza, así mismo queremos transmitir nuestra solidaridad a todos aquellos pueblos que están en el sendero de la lucha por su emancipación.

¡Muchas gracias a vosotros! ¡Un abrazo desde Euskal Herria al pueblo latinoamericano y a tod@s l@s integrantes de la Guerrilla de la comunicación!

Por: Andrés Rodas

No siempre hay un clima ni la calma propicia para escribir. A no ser que se trate de literatura, pues su encanto radica en que ningún momento es propicio para hacerlo. Con esto trato de excusarme de los mensajes que en poco tiempo recibí y que no estuve en capacidad de responder. Nunca había sentido conjugadas tantas angustias y peguntas sobre los momentos difíciles que atraviesan los procesos de resistencia en Colombia, así como nunca volveré a tener tantos mensajes en un solo día.

Ahora cuento con algo de serenidad que me permite escribir. Sin embargo, no me está dado resolver o decir algo que despeje las preocupaciones que refieren a la ola de líderes sociales asesinados y el incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno. Tan solo estoy en posibilidad de compartir algunas cortas experiencias que deberán sumarse a otras para construir, con cabeza fría y sensatez, un modo de afrontar esta embestida brutal del Estado colombiano.

Cuando trato de recordar mi vida en las luchas sociales, siempre imagino a Morpheus con la píldora roja y la azul dándome a escoger entre una vida de confort – graduado, con un buen trabajo y amado por la familia como hijo ejemplar– o la opción de tomar la píldora roja para despertar en la resistencia con toda la intranquilidad y la gastritis que ello conlleva.

Imposible en mi mundo sería tener un ejemplo más gráfico para abordar el escenario de complicaciones que implica tomar la píldora roja. Pero sin importar las dificultades, el despertar trae consigo la bella recompensa de tener conciencia de la libertad y la lucha colectiva que libera pueblos.

Casos particulares y diversas circunstancias nos llevan a salir del estado de confort para sumarnos a las luchas sociales. En mi caso concreto, abandonarlo fue un despertar donde enfrentar a las formas y sistemas de dominación no es una opción que tomamos, o algo que se escoja, hacerlo simplemente es un acto de resistencia que emerge como respuesta natural, a manera de un flujo vital, de quienes afirmamos la vida en medio de la barbarie. Y hacerlo, por lo regular, implica sacrificar lo más cercano, o aplazarlo indefinidamente, por un ideal colectivo que será materializado por otras generaciones de las que seremos parte esencial de su memoria, como ya lo son otras generaciones que habitan en nosotros.

Sin estado de confort también comprendí, ayudado por Nietzsche, que resistir al sistema es enfrentarse al horror, “al más frío de todos los monstruos fríos”. La comprensión de ello llegó de forma paralela mientras cientos de cuerpos cercenados eran convertidos en cifras e informes de derechos humanos, y miles de rostros que habitaban trochas y ríos eran condenados al humo indiferente de ciudades convertidas en campos de concentración que infamemente pasaron a ser denominadas como “albergues”. Fueron esos años unas de las épocas más difíciles, de aprender que el horror siempre será superado por un crimen más atroz, horrendo.

Y es a partir de esos años que no recuerdo un periodo de tiempo en que gozáramos de alguna ventaja en una lucha que siempre ha sido desigual. Recuerdo vivir momentos de calma y avances significativos, pero siempre con la mente fija en que el horror estaba preparando nuevos ataques. No importa qué tan alegre se estuviera, o que el cine, la literatura y el teatro amablemente llenaran los lugares que el alma oculta de la guerra, al final ni el amor lograba disipar el horror latente.

Es por eso que hoy percibo este duro escenario de recrudecimiento del paramilitarismo y los crímenes de Estado, no como el exterminio inevitable de la lucha social en Colombia –como proponían algunos mensajes–, lo percibo como momentos difíciles de una lucha desigual que otras generaciones ya han afrontado. Esto lo afirmo no sin sentir impotencia y la rabia más profunda, pero también lo digo mientras recuerdo al movimiento campesino, indígena y afrodescendiente que, luego de vivir las masacres y el despojo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se levantó nuevamente a pesar de los miles de muertos dejados por el terrorismo de Estado.

Repaso estas experiencias y momentos que he vivido porque es a partir de ello que puedo superar la inmadurez de lo inmediato. Es un breve recorrido que ahora me permite comprender que resistir no implica necesariamente vivir para ver al pueblo liberado, resistir es, ante todo, aquello que se vive para no permitir que el sueño de liberación de otras generaciones muera con nosotros. De ahí que la resistencia se me presente como una bella terquedad que, a pesar de tener todo en contra, no claudica hasta que el sueño se cristaliza.

De momento no tengo nada nuevo que escribir sobre lo que vivimos por estos días. O no estoy en capacidad de registrarlo. Pero para quienes me sugirieron hacerlo, manifiesto que lo que pude llegar a decir quedó consignado en apuntes sueltos y párrafos escritos en algunas cosas que recuerdo ahora: Paramilitarismo, medios de comunicación y paz; A dos años de firmada la paz en Parakratos; ¿Volverá la guerra?; y Democracia virtual.

Todos mis afectos a quienes están a pesar de la adversidad.

Por: Alexander Escobar | Foto: Archivo / Toma estudiantil de la Universidad Nacional de Palmira

Al trascurrir el cuarto día de la Minga Nacional Indígena que exige al Gobierno cumplimiento de más de 1300 acuerdos pactados con estas comunidades, y otros temas como la implementación efectiva del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de La Habana, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denuncia que el Estado adelanta acciones de guerra contra la movilización de más de cien mil indígenas que exigen soluciones.

A los siete indígenas heridos reportados hasta el día de ayer, 1 de noviembre, hoy se suman otros diez comuneros heridos por la Fuerza Pública en el departamento del Cauca, según reporte preliminar de la ONIC, organización indígena que denuncia al Gobierno por dar “tratamiento militar” a la protesta social de los pueblos indígenas que han sido reprimidos con cartuchos recargados (Valle del Cauca) y ráfagas de fusil (Cauca).

La ONIC también denuncia el asesinato de la indígena Embera Elvia Azucena Vargas, de 30 años, en hechos ocurridos en Caldas, “a dos horas de la concentración de la Minga” en ese departamento; y advierte que la Fuerza Pública está empleando “armas letales, con cartuchos recargados”, “proyectiles de paint ball” y “armas que no se encuentran dentro del inventario de uso privativo de las fuerzas armadas y policiales”.

Estos hechos se suman al tratamiento de guerra que, de igual manera, está recibiendo el Paro Nacional de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que confluyen en la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA), donde han sido agredidos periodistas y se reportan ataques de la Fuerza Pública con disparos de fusil en la región del Catatumbo.


Ante la gravedad de la situación, la ONIC solicita al Ministerio de Defensa que controle el accionar desproporcionado e ilegal de los efectivos de la Fuerza Pública en los puntos de concentración de la Minga”, y pide “acompañamiento permanente y con carácter urgente del Ministerio Público, agencias de Naciones Unidas, MAPP-OEA y organizaciones sociales e internacionales” en los departamentos donde se desarrolla la Minga Nacional Indígena por la Vida.

Redacción REMAP / Foto: ONIC 


Este martes, 31 de octubre, voceros de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) brindaron declaraciones a la prensa sobre el estado del Paro Nacional Indefinido (PNI) que completa ocho días.

Los voceros denunciaron incumplimiento por parte del Gobierno que se comprometió a reinstalar formalmente la Mesa de Interlocución y Acuerdo para discutir el Pliego de Exigencias del PNI, violando lo acordado el pasado jueves, 26 de octubre, donde en reunión con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, se establecieron compromisos que fueron violados este lunes por funcionarios del Gobierno.


Frente a estos hechos, los dirigentes de la MIA informaron que en el trascurso de esta se semana se incrementará “la actividad de movilización” en departamentos como Cauca, Antioquia, Putumayo, en la región del Catatumbo “y en otros departamentos del país donde los procesos organizativos que integramos la Mesa Nacional tenemos presencia”, afirmó Huber Ballesteros, vocero de la MIA

La MIA además denunció represión de la Fuerza Pública contra el Paro Nacional que ha dejado varios manifestantes heridos y algunos detenidos, y exigió garantías frente el anuncio de capturas que se avecinarían para líderes y lideresas de las movilizaciones.

“Hacemos un llamado al tema de las garantías. Esperamos que salir a las carreteras, a exigir que seamos escuchados, no se convierta en un delito”, manifestó Olga Quintero de la MIA, quien agregó que lo que “se requiere son las capturas de los que están matando a los líderes sociales en este país”, cuya cifra se acerca a las doscientas personas asesinadas en menos de dos años.

El Paro Nacional Indefinido (PNI) inició el 23 de octubre exigiendo al Gobierno que cumpla con el Acuerdo de Paz de La Habana, el cual presenta, expresa Ballesteros, “un atraso de más del 90% de la implementación tanto normativa como en territorio”.

Del mismo modo el PNI también exige garantías para la oposición política en Colombia, lo cual implica que cese el terrorismo de Estado representado, principalmente, en la negativa del Gobierno de no reconocer la existencia del paramilitarismo ni tomar medidas para combatirlo, y por los crímenes cometidos por la Fuerza Pública contra la población civil.

Redacción REMAP / Foto: Marcha Patriotica

Este lunes, 30 de octubre, el Gobierno Nacional traicionó los compromisos adquiridos el pasado jueves, 26 de octubre, donde se comprometía a discutir la metodología y reinstalación formal de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) para discutir el Pliego de Exigencias del Paro Nacional Indefinido (PNI) que inició el 23 de octubre.

Leer: Paro Nacional se agudizará por incumplimiento del Gobierno

Las denuncias se dan luego que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía arremetiera contra las comunidades movilizadas en el departamento del Cauca, deteniendo a cuatro personas, y después que voceros de la MIA se reunieran con el viceministro del para la Participación e Igualdad de Derechos, Luis Ernesto Gómez Londoño, y algunos funcionarios del Gobierno.

“Lo que ocurrió esta noche con el viceministro, y algunos funcionarios del Gobierno, contradice el acuerdo del jueves pasado (26 de octubre) con el señor ministro (del Interior) Guillermo Rivera, en el cual acordamos trabajar en la metodología para la instalación de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) que busca discutir el pliego presentado”, denunció Huber Ballesteros, vocero de la MIA.

Las organizaciones que confluyen en la MIA además dejaron en claro que el Gobierno Nacional se negó a reinstalar la Mesa de Interlocución y Acuerdo, calificando el hecho como “una insensatez absoluta” y falta de voluntad política frente a “las justas demandas de los campesinos y campesinas movilizados”, afirmó Luz Perly Córdoba de la MIA.

La traición del Gobierno también ocurre mientras se desarrollan las protestas de las comunidades indígenas, en el marco de las jornadas de la Minga por la vida, que según reporta la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la actuación de la Fuerza Pública dejó a cuatro indígenas heridos en el Valle del Cauca.

Por estos hechos, y haciendo alusión al Paro Agrario de 2013, que dejó 12 personas muertas y 485 heridos por el accionar de la Fuerza Pública, la MIA responsabilizó al Gobierno por las violaciones a los Derechos Humanos que puedan suceder durante el Paro Nacional Indefinido.

“Queremos dejar constancia que si en el transcurso de esta noche, y los días siguientes, si llegan a haber muertos, como pasó en el año 2013, es responsabilidad absoluta del Gobierno Nacional porque no ha tenido voluntad ni la cortesía de sentarse a dialogar con nosotros frente a la reinstalación de la MIA”, manifestó Olga Lucía Quintero, otra de las voceras de la MIA.

Redacción REMAP | Foto: Archivo / Alexander Escobar

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