julio 2011
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LA BUROCRACIA INTELECTUAL DE LA GUERRA Y LA CREACIÓN DE UNA NUEVA HISTORIA OFICIAL SOBRE LA VIOLENCIA

Renán Vega Cantor
Con la mal llamada Ley de Víctimas se abre el camino a una nueva historia oficial, cuyo relato se centra en negar las causas históricas del conflicto armado en Colombia y se fortalece una memoria oficial, la de la oligarquía colombiana, una memoria mutilada y fragmentada que sirve al capitalismo salvaje a la colombiana para presentarse como una victima más de la guerra y ocultar su protagonismo como el responsable del genocidio continuado que ha desangrado a este país durante los últimos 65 años.



La llamada ley de Víctimas es un decreto demagógico e insustancial que no ataca los problemas de fondo que han originado la tremenda impunidad que encubre el terrorismo de Estado, entre otras razones porque el Estado no asume ninguna responsabilidad en la violencia, como si hubiera sido, y lo siguiera siendo, una mansa paloma. En la mencionada ley se incurre en el esperpento de señalar que hasta los militares forman parte de las víctimas (Artículo 3, parágrafo 1º). Tamaño despropósito no se compadece con la historia de horror en que se han visto involucrados los cuerpos represivos del Estado en los últimos 50 años, sobresaliendo como el hecho más reciente los denominados “falsos positivos”, un nombre elegante para referirse al asesinato de más de tres mil colombianos por parte del Ejército.
Cuando se plantea el asunto en estos términos, se está incurriendo en una tremenda falsificación de la historia colombiana, para negar las raíces históricas del conflicto interno y para ocultar la responsabilidad de las clases dominantes y de su Estado en la perpetuación de la violencia en este país hasta el momento actual.

Para hacer posible esta maniobra orquestada de maquillaje han sido funcionales la mayor parte de los violentoólogos y de los pazólogos (expertos en la paz) una gran cantidad de los cuales fueron uribistas, y ahora son santistas. Estos violentólogos, unos verdaderos mercenarios en el campo del intelecto, se han dado a la tarea de lavarle la cara al capitalismo criollo, a cambio de unas cuantas migajas. Estos violentólogos son los que han hecho del tema de la violencia no tanto un asunto de reflexión sino una forma de vivir. Para ello, han creado ONG’s, fundaciones, institutos de investigación, a través de las cuales han recibido cuantiosos fondos en moneda dura (léase euros o dólares) de entidades ligadas en forma directa con los intereses imperialistas, como la Fundación Ford, la Unión Europea y la USAID, entre otras.

Esos violentólogos se autoproclaman como los representantes de la “sociedad civil”, una noción por completo insustancial y sin sentido alguno, pero que les sirve para presentarse como “intelectuales de avanzada” y obtener reconocimiento tanto dentro como fuera del país, lo que es otra forma de decir que se cotizan en el mercado del conocimiento como los expertos número uno en el tema de la violencia, a cambio de lo cual obtienen cuantiosos dividendos. Son los mismos que aparecen como “expertos” en todos los asuntos que guardan relación con la guerra y la paz y continuamente son invitados por canales de televisión a que den sus doctas opiniones, en las cuales difícilmente se encuentra una idea crítica del capitalismo criollo, algo que ha desaparecido por completo de su imaginario. Se han convertido en asesores de presidentes, ministros o alcaldes en materia de seguridad y brindan consejos al respectivo “príncipe” sobre la forma como deben hacer la guerra y le dan sugerencias al Ejército sobre las tácticas y estrategias más eficientes que deben emplear en el campo de batalla para salir triunfadores, al tiempo que piden que se inviertan más recursos en comprar aviones y helicópteros para bombardear a la gente del campo, así como alaban todos los resultados “positivos” de las acciones contrainsurgentes y el refinamiento en el “arte” de matar por parte del Estado.

Estos mismos violentólogos se convirtieron en una de las columnas centrales, de tipo ideológico, del régimen uribista y ahora continúan por esa misma senda durante el régimen santista. Uno de sus “teóricos” de cabecera vendió la idea que Colombia es una democracia asediada por los violentos y el Estado es una de las victimas y luego puso en circulación la ocurrencia funcional del uribismo de que nos encontramos en la etapa del posconflicto. Ese mismo individuo presidió durante los ocho años de AUV la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y ahora, como para que no quede duda del carácter burocrático de su labor, forma parte de la junta directiva del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI).

En la práctica, esos violentólogos contribuyeron a escribir una nueva historia oficial de la violencia en Colombia, muy en sintonía con la llamada “historia revisionista”, que practica un individuo como Eduardo Posada Carbo (ver ese conjunto de ocurrencias sin sentido histórico que se encuentran en ese libelo de mal gusto titulado La nación soñada), que pretende convencernos que este país es un remanso de paz, democracia y libertad, con unas instituciones sólidas y, además, se deleitan en alabanzas a la Constitución de 1991 como el máximo logro de nuestra pretendida civilidad.

Esos violentólogos han copado los pocos espacios de opinión que existen en este país. Son indistintamente “investigadores” o “directores de investigación” de proyectos avalados por COLCIENCIAS, por la ONU o por cualquier ente burocrático nacional o extranjero, siempre y cuando entreguen dinero, manejan departamentos y programas académicos en universidades públicas y privadas (el IEPRI de la Universidad Nacional, Departamentos de Ciencias Políticas, Corporación Nuevo Arco Iris…). Los periódicos y revistas tradicionales de la oligarquía (El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Semana…) les han abierto sus páginas para que escriban columnas en las que, codeándose con sicarios de pluma de la extrema derecha, alaben al Estado colombiano, al Ejército, al Plan Colombia, a la intervención estadounidense como medidas necesarias para acabar con el “terrorismo”, porque con muy contadas excepciones, el grueso de los violentólogos ha asumido la misma matriz analítica de las clases dominantes de este país y del imperialismo.

No por casualidad, los violentólogos y pazólogos han contribuido a difundir el término de “victimas” para referirse indistintamente a antagónicos sectores sociales y políticos, porque con este lenguaje lastimero se le quita el carácter político y consciente de lucha a sujetos que han resistido la opresión y han defendido su dignidad (y por eso sería mejor llamarlosvencidos) y para cerrar el cuadro se le asigna el mismo carácter a quienes han enfrentado la injusticia (ubicados en el espectro político en la izquierda y pertenecientes a comunidades campesinas, indígenas o de trabajadores), como a los que forman parte de organismos criminales por excelencia (como son las fuerzas armadas de Colombia).

Ahora, para completar, la Ley de Victimas va a fundar una extendida burocracia en diversos ámbitos, entre la que sobresale la creación de un Sistema Nacional de Atención a las Victimas, que reemplaza a la inútil Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Pero también, y es lo que debe subrayarse, se crean otras entidades burocráticas como el Centro de Memoria Histórica, “adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República” (artículo 146). Aunque en el Parágrafo del artículo 143 se afirme que las instituciones del Estado no impondrán una historia o verdad oficial, la creación de un Centro de Memoria Histórica, ligada de manera directa a la Presidencia de la República, apunta en la dirección de fortalecer una visión oficial de la historia de la violencia en Colombia, versión que, por lo demás, ya aparece en la Ley de Victimas, porque allí ni el Estado, ni sus cuerpos represivos, ni las clases dominantes son responsables de la violencia y el terrorismo oficial. Esta tergiversación de nuestra historia ya forma parte de la “verdad oficial”, y es la que los violentólogos y pazólogos han contribuido a reforzar en los últimos años desde la CNRR y desde todos los medios de difusión académicos y periodísticos en los que participan.

Como la Ley de Victimas tiene una vigencia de diez años, los negociantes académicos de la violencia, deben estarse frotando las manos de jubilo y alegría y deben estar haciendo cuentas con calculadora en mano, porque durante un decenio van a tener asegurado un empleo rentable, como investigadores y asesores en la repugnante tarea de contar muertos o desaparecidos, con lo cual los más prestigiosos violentólogos y pazólogos aseguran cuantiosos ingresos económicos, mientras explotan a vasta escala a estudiantes y asistentes de investigación, los que en realidad efectúan las labores duras de recolección de información y trabajo de campo.

Por supuesto, a cambio de empleo y recursos, los intelectuales de la guerra van a contribuir a fortalecer la historia oficial y la memoria del poder en Colombia, en lo cual ya han avanzado de manera notable al negar todas las barbaridades y crímenes cometidos durante los ocho años del régimen narcotraqueto del ordinario finquero que ocupó el Palacio de Narquiño, al que alaban abiertamente por su política de “inseguridad antidemocrática” y por devolverle la “tranquilidad al país”, porque, entre paréntesis, algunos violentólogos tienen finca en las afueras de las grandes ciudades y se regocijan porque son los que pueden viajar por las carreteras del país. Incluso, esos mismos violentólogos apoyaron, de manera abierta o velada, acciones tan criminales y violatorias del derecho internacional, como la masacre de Sucumbíos en marzo de 2008.

Así que con la mal llamada Ley de Victimas se abre el camino a una nueva historia oficial, cuyo relato se centra en negar las causas históricas del conflicto armado en Colombia y se fortalece una memoria oficial, la de la oligarquía colombiana, una memoria mutilada y fragmentada que sirve al capitalismo salvaje a la colombiana para presentarse como una victima más de la guerra y ocultar su protagonismo como el responsable del genocidio continuado que ha desangrado a este país durante los últimos 65 años.

En esa perspectiva, no resulta raro que en lo sucesivo veamos la repetición constante de imágenes de un cinismo extremo, como aquellas en las que un personaje que por su amplio prontuario criminal ocupó la presidencia de la República, se declaró victima y perseguido ante las cámaras de televisión. Esto es una simple expresión de la forma -y un anticipo de todo lo que nos espera en materia de “memoria”- como se está reescribiendo la historia contemporánea de la violencia en Colombia, en la que los criminales aparecen como “prósperos empresarios” y “hombres de bien” y el resto de colombianos pobres y humildes, que han sido despojados y masacrados por terratenientes, cuerpos represivos y sus paramilitares, son presentados como simples “bandidos” o “terroristas”.

(*) Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia.
Tomado de: Rebelion.org

Yira Bolaños: una mariposa preocupada por su perro

Por: Alexander Escobar
alexanderinquieto@gmail.com

Si mis amigos no son una legión de ángeles
clandestinos Qué será de mí
Raúl Gómez Jattin

Las cárceles son un buen indicador del estado de la justicia en una sociedad. En Colombia, por ejemplo, indican que siempre serás culpable si no tienes nada que vender para pagar los honorarios del abogado. Pero eso no es todo. También indican la falta de garantías para la oposición política. Yira Bolaños Arturo es testimonio de esta práctica criminal del estado colombiano.

La última vez que la vi fumar un cigarrillo, fue en el Encuentro Regional Por la libertad de las y los prisioneros políticos en Colombia Larga vida a las mariposas, nombre que recupera la memoria de las hermanas Mirabal, conocidas como “Las mariposas” y asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por oponerse a la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Quien no conozca a Yira, jamás podrá imaginar que pasó dos años en la cárcel, y menos podrá imaginar que fue acusaba de pertenecer al Secretariado de las Farc y de ser compañera sentimental del comandante guerrillero Alfonso Cano; incluso, cuando cuenta cómo fue absuelta de todos los cargos (por no existir prueba alguna), ríe con tal frescura que nos deja la sensación de haber asistido a una tertulia literaria.

Sin embargo, el régimen colombiano no tiene nada que se asemeje a lo literario. El 1 de junio de 2011, once días después del encuentro Larga vida a las mariposas, Yira Bolaños Arturo, defensora de derechos humanos, líder social y presidenta de la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, nuevamente es detenida y acusada de ser integrante de las Farc. Y Yira, siempre tan literaria, con angustia infinita se dispuso a llamar a sus amigos, no porque estuviera preocupada por su captura, sino porque su perro había quedado solo y sin comida.

Del caso de Yira se supo poco durante los primeros días. Las denuncias fueron pobres, y solo una que otra organización se pronunció frente al hecho. Y el resultado no se hizo esperar: el montaje judicial se fortaleció. Tanto que el 8 de junio, una semana después, su detención fue presentada como el resultado de una operación desarrollada a gran escala. Veamos algunos titulares: “Capturados en Cali e Ibagué siete presuntos guerrilleros de las Farc” (RCN Radio), “Ofensiva policial deja 238 capturas, siete son presuntos guerrilleros” (El tiempo), “Capturados siete presuntos carceleros de integrantes de la Fuerza Pública en Cali” (W Radio)... Algunas personas hoy rumoran que si su perro hubiese sabido escribir, de seguro esto no habría pasado.

En Colombia actualmente existen cerca de 7.500 personas detenidas por oponerse políticamente al gobierno. El silencio y desconocimiento de ello es tan desconcertante como criminal. Las y los prisioneros políticos no solo deben soportar las amenazas de muerte, los montajes judiciales y la cárcel, también deben aprender a enfrentar el señalamiento y la exclusión social, y en algunos casos, la negligencia de sus propias organizaciones que callan sin oportuna reacción.

La estrategia del gobierno no puede ser más infame. Quebrantar la dignidad y el espíritu de lucha es el fin de los montajes judiciales. Y condenar al silencio es el miedo que tratan de imponer. Por eso los montajes judiciales deben verse como lo que son, como crímenes de estado. Porque hacen de la cárcel un nuevo tipo de campo de concentración, un arma sistemática de aislamiento y de terror.

Pero bueno, ahora hagamos una pausa. Concentrémonos. Escuchemos a las mariposas aletear. Y prestemos atención a lo que dicen sus alas. Esperemos… pronto habrá claridad… ¡Por fin! ¡Ahí están sus cantos! ¡Los oyen! Son sus voces luchando por la Nueva Independencia del pueblo colombiano. Y pongan un poco más de atención. Escuchen. Al fondo hay una voz que dice que pronto va a reencontrarse con su perro.

A Yira Bolaños, Prisionera Política que agita sus alas
Suroccidente colombiano, julio 12 de 2011

Los días 8, 9, 10 y 11 de Julio de 2011, se desarrolló en la ciudad de Popayán el III Encuentro Regional de Mujeres campesinas, Indígenas y Afrodescendientes del suroccidente colombiano.
Luego de una ardua jornada de análisis y reflexión sobre temas como el conflicto social y armado, las mujeres, política agraria y democracia, y la construcción de movimiento popular.
Se pronuncia la siguiente Declaración Política:


DECLARACIÓN POLÍTICA
TERCER ENCUENTRO REGIONAL DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO MUJERES LUCHADORAS:
CAMPESINAS, INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES
“VOCES POPULARES: FORJANDO LA UNIDAD



Julio 7, 8, 9 y 10 de 2011

Las mujeres reunidas durante los días 7, 8, 9 y 10 de julio de 2011 en el tercer Encuentro Regional del Suroccidente colombiano “Mujeres Luchadoras: forjando la unidad” manifestamos nuestro firme propósito de continuar fortaleciendo la participación de la mujer desde una perspectiva de género clasista y popular para su incidencia en los espacios políticos del movimiento popular y los distintos escenarios de la política pública y de esta manera avanzar en la trasformación de las relaciones de opresión y explotación capitalista y patriarcal.

Convencidas de la necesidad de visibilizar el sentido político de las acciones de las mujeres para la transformación de las relaciones de opresión, así como lograr el reconocimiento de las mismas reafirmamos el carácter de nuestra lucha feminista: clasista, anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal, distinguiendo nuestra perspectiva de lucha de otros discursos y prácticas de género que son funcionales a los propósitos del neoliberalismo y la explotación capitalista.

Nuestra fuerza organizativa como mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes contribuirá a la salida política del conflicto social armado que permita la transformación de las fuerzas y factores estructurales que han generado la guerra. Seguiremos fortaleciendo la lucha por la reforma agraria integral y democrática, fundada en principios de la soberanía alimentaria como ética de vida y la equidad de género en nuestras comunidades y organizaciones. Lucha que implica el reconocimiento de las economías parcelarias y de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes como actores importantes en la economía nacional y aún más importante el reconocimiento del aporte de la mujer a la economía nacional y a la sociedad en general, colocando en igualdad de importancia el trabajo productivo como el de la reproducción social.

Estos propósitos sólo serán posibles si mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y de otros sectores populares confluimos en la unidad del movimiento popular, por ello es importante el fortalecimiento de nuestras organizaciones de base, espacios de coordinación regional y nacional desde los aportes de las mujeres en la lucha popular.




POR UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO CLASISTA Y POPULAR
VIVA LA MUJER LUCHADORA
VIVA EL MOVIMIENTO POPULAR


                                                    
ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS, AFRODESCENDIENTES E INDIGENAS  POR LA TIERRA Y LA PAZ DE COLOMBIA
 El Dialogo es la Ruta”.
Barrancabermeja, Agosto 12 al 15 de 2011.




Tras décadas de persistencia del conflicto social y armado, no hay nada que indique que estamos ad portas de su solución. Más allá de las valoraciones que se hagan sobre su estado actual, impregnadas en buena medida por un excesivo triunfalismo frente a la posibilidad de una solución militar, lo cierto es que la tendencia de la confrontación armada con la insurgencia no sólo se mantiene, sino que viene adquiriendo nuevas modalidades y expresiones que indican que habrá conflicto para largo. 

En el marco de esta situación, las expresiones de resistencia y búsqueda de la paz por parte de las comunidades también han sido una constante en la historia de nuestro país, un claro y contundente ejemplo de esto es la experiencia de la Asociación de Campesinos del Valle del Rio Cimitarra (ACVC), quienes han vivido en carne propia la cotidianidad y la crueldad de la guerra, pero al mismo tiempo  se han convertido en una clara muestra de supervivencia, y de  creación de escenarios de regulación civilizada de los conflictos, a través del dialogo.  

A pesar de  la estigmatización, de la persecución, incluso de la muerte, por parte de las fuerzas en contienda; la experiencia de la ACVC se ha constituido en un icono de la búsqueda de las comunidades por la paz, esta labor ha sido reconocida por diferentes sectores de la sociedad y se expresó en el otorgamiento del Premio Nacional de Paz en el año 2010. Dicho premio es asumido como un reconocimiento a todas aquellas comunidades campesinas,  todas aquellas organizaciones sociales y populares, empecinadas a través de diversas formas, en la búsqueda de una salida política a la confrontación armada que azota a la nación.

Trabajo como el de  la Asociación de Campesinos del Valle del Rio Cimitarra nos muestra la necesidad de abrir posibilidades de dialogo, demuestra que el conflicto puede tener salida, atacando sus causas objetivas, mediante la realización de reformas políticas, económicas y sociales, que permitan mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población colombiana. Pero también, a partir de la voluntad y la decisión política expresa de las fuerzas en contienda. Así lo enseñan múltiples experiencias internacionales que merecen ser valoradas con el mayor juicio.

Así, el Encuentro Nacional De Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la tierra y la paz de Colombia “El Dialogo es la ruta” se constituye como un espacio,  desde el cual se hace un   llamado a  la insurgencia, a los más amplios sectores de la sociedad y de la comunidad internacional, a la iglesia,  a sectores empresariales y sindicales, a los partidos políticos, a las organizaciones no gubernamentales, a los diferentes poderes públicos, a las fuerzas militares, a comunidades locales, para comenzar a hablar de las posibilidades de una paz digna, con miras a darle un trámite distinto a los conflictos sociales en nuestro país.

Este encuentro se propone como un espacio amplio de socialización de propuestas políticas y negociadas por la Paz en Colombia desde las experiencias y vivencias de las comunidades rurales: campesinas, indígenas y afro descendientes, en intercambio con el gobierno, los gremios,  y demás sectores que estén comprometidos con la Paz en escenarios locales, regionales, nacionales e internacionales.  

CONVOCAN:
Comité Nacional de Impulso Encuentro Nacional por  la Paz de Colombia.
Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra – ACVC.
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueno – CAHUCOPANA.
Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT.
Coordinación Nacional Agraria y Popular – CONAP.
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO.
Comité Nacional de Impulso a las Zonas de Reserva Campesina.
Corporación Para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – REINICIAR.
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio -  PDPMM.
Colombianos y Colombianas por la Paz.
Red de Programas de Desarrollo y Paz de Colombia.
Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP.
Fundación Manduco para la Investigación y la Construcción del Tejido Social.
Organización de Estudiantes Conciencia Crítica.
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos – ILSA.
Red de Iniciativas de Paz desde la Base
Fundación Jimmy Carter.
Corporación  Nueva Arco Iris.
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ.
Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra-REDEPAZ
Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano- Obispo de Barrancabermeja
Mandato Estudiantil por el Acuerdo Humanitario y la Paz

APOYAN:
Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana.
Vicepresidencia de la  República.
Europeos  y Europeas  por la Paz.
Federación Sindical Mundial.
Programa de consolidación de la paz de Suiza en Colombia para fortalecer la sociedad civil.-SUIPPCOL
Friedrich Ebert Stiftung en Colombia- FESCOL
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos – CCEEU.
Alcaldía de Barrancabermeja.
Gobernación de Santander.





COMUNICADO PÚBLICO Y LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

DETENIDA YIRA BOLAÑOS ARTURO, PRESIDENTA DE LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS SUYANA

La Corporación Colectivo de Abogados SUYANA denuncia ante la opinión pública nacional e internacional que el día miércoles 1 de junio de 2011 fue detenida por miembros activos de la Policía Nacional adscritos al GAULA ÈLITE nuestra compañera YIRA BOLAÑOS ARTURO, presidenta de la Corporación, reconocida líder social y defensora de los Derechos Humanos, cuya actividad es suficientemente reconocida por organizaciones e instituciones de la región y el país.

La detención de nuestra compañera se enmarca en una maniobra procesal jurídica construida por la Policía Judicial, como corolario de una campaña recurrente y sistemática de persecución, hostigamientos, seguimientos ilegales, amenazas contra su vida y la de su familia, se le vincula y sindica con argumentos y testimonios sin fundamento, de ser integrante de las FARC. Se trata de un nuevo capítulo en la serie de montajes jurídicos que se ha buscado construir en contra de Yira Bolaños, quien ya había sido falsamente acusada de rebelión con el alias de Laura y privada de su libertad durante cerca de dos años entre 2003 y 2004, siendo finalmente  absuelta en 2007 por el juez segundo penal del circuito de Popayán.

Recordemos además, que ha sido víctima de allanamientos en la ciudad de Villavicencio donde se domicilió después de ser dejada en libertad en el año 2004, que posteriormente recibió amenazas contra su vida y la de su familia, situación denunciada ante la Fiscalía General de la Nación con total ausencia de resultados e impunidad absoluta, que recientemente, el 12 de octubre de 2010, nuestra compañera fue víctima de amenazas y falsos señalamientos por parte del inspector de policía Juan Carlos Valencia Soto, durante una acción de desalojo en el Barrio Remansos de Comfandi en Santiago de Cali en la que actuaba en su condición de defensora de derechos humanos.

La compañera YIRA BOLAÑOS ARTURO y su familia, es víctima de la extendida práctica de criminalización de la defensa de los derechos humanos y de la protesta social en Colombia. Su caso es una demostración más del carácter antidemocrático del régimen colombiano y de la subordinación del aparato judicial y policivo a intereses políticos y al silenciamiento del pensamiento crítico. Es además, una franca demostración de la fragilidad y debilidad del sistema judicial Colombiano y de la inseguridad jurídica que golpea y recae sobre los sectores más desprotegidos de nuestro país.

Exigimos la libertad inmediata de YIRA BOLAÑOS ARTURO, el cese de la persecución y los seguimientos en su contra. Así mismo, solicitamos que se resarza su buen nombre y de nuestra organización ante los medios de comunicación.

Del mismo modo, llamamos a las organizaciones sociales y populares de Colombia y el mundo a que difundan la situación de nuestra compañera y a que se solidaricen con ELLA, Y SE RECHACE DE MANERA CONTUNDENTE esta nueva violación en contra de los derechos del pueblo colombiano.


Fraternalmente,


CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS SUYANA
Santiago de Cali, Colombia, 5 de julio de 2011
         

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