febrero 2013
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Con la presencia de los periodistas
Jorge Enrique Botero y Carlos Lozano Guillen

Presentación

Actualmente Colombia vive un momento importante en la búsqueda de la salida política al conflicto social y armado que vive el país. El inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) así lo determinan, en tanto que abren un espacio para la discusión y búsqueda de la paz con justicia social.

En el marco de este proceso, identificar el papel que desempeñan los medios de comunicación privados es de suma importancia, pues el monopolio de la audiencia del que gozan es un elemento decisivo que afecta la opinión de la sociedad colombiana frente al conflicto social y armado que vive el país.

Al existir intereses económicos y políticos de las grandes cadenas de noticias en Colombia, su desempeño en el cubrimiento del conflicto no es desinteresado. El sostenimiento de la guerra es para ellos más importante que una solución política con cambios estructurales que garanticen una vida digna a la sociedad colombiana y que pongan fin a los privilegios y las desigualdades sociales. Por ello prefieren la guerra, pues son los dueños de los medios parte de los privilegiados, y por tanto dan uso a la “información” para fomentar la guerra y evadir la discusión de la paz con justicia social para Colombia.

Visión diferente se asume desde las organizaciones sociales, y desde los medios alternativos y populares que de éstas emergen o interactúan con ellas. Porque se constituyen en espacios de encuentro, resistencia y construcción de país, donde se lucha por la paz con justicia social y se establece la necesidad de profundizar en el análisis del conflicto (en su origen, causas y consecuencias) para poder superarlo.

En este sentido, el foro Conflicto, medios y solución política, se propone como parte activa de esta discusión, tomando el desempeño de las agencias de noticias privadas frente al conflicto interno en Colombia como objeto de análisis, al tiempo que se piensa en el departamento del Valle del Cauca como espacio de encuentro para la articulación de los medios alternativos y populares y periodistas amigos de la paz con justicia social, y que desde tiempo atrás vienen trabajando en la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado que sufre el país.


Objetivos:

1.     Identificar el papel que desempeñan los medios de comunicación privados dentro del conflicto social y armado colombiano.
2.   Posicionar el tema de la paz con justicia social dentro de la agenda de los medios alternativos y populares y periodistas del Valle del Cauca.
3.     Articular acciones conjuntas entre los diferentes medios alternativos y periodistas del departamento en la búsqueda de la salida política al conflicto social y armado y la paz con justicia social.

Metodología:

Se discutirán tres ponencias que aportarán elementos para el trabajo en mesas: Mesa uno: Articulación de los medios alternativos y periodistas amigos de la paz con justicia social; Mesa dos: Los medios alternativos en la construcción de paz; Mesa tres: El papel de los medios privados frente a la guerra.

Producto de la plenaria del trabajo en mesas, al final del día se dará a conocer la declaración pública del Primer Foro Conflicto, medios y solución Política.

Agenda del día

8:00 a.m. Inscripciones

8:30 a.m. a 10:30 a.m. Ponencias

8:30 a.m. a 9:00
Alexander Escobar. Integrante de la Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP), documentalista y con artículos publicados en distintos medios alternativos del país.

9:00 a.m. a 9:45 a.m.
- Cubrimiento del conflicto colombiano
Jorge Enrique Botero. Periodista, escritor y documentalista con experiencia en canales como TeleSur.

9:45 a.m. a 10:30 a.m.
- El papel de los medios alternativos en la construcción de paz
Carlos Lozano Guillén. Escritor y director del Semanario Voz, conocedor y participe de distintos procesos de paz adelantados en Colombia.

10:30 a.m. a 11: 15 a.m. Panel de discusión

11: 15 a.m. a 12:15 a.m. Trabajo en mesas

12:15 p.m. Almuerzo

1:00 a 3:00 p.m. Mesas de trabajo

3:00 a 4:00 p.m. Plenaria

4:30 p.m. Declaración de los medios alternativos y periodistas por la paz con justicia social 

LUGAR:
Hotel Mudejar Calle 8 No. 5 – 53 Cali

FECHA:
Jueves 28 de febrero de 2013

Organizan: Marcha Patriótica Valle del Cauca, Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), Coordinación Estudiantil de la Universidad del Valle, Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP)

Invitamos a: Colectivos, combos, parches, medios alternativos de comunicación, estudiantes, investigadores, periodistas y tod@s aquellos que tienen algo que comunicar, a que asistan al Primer Foro Conflicto, medios y solución política para que junt@s construyamos la paz con justicia social.

Informes:
317 5206485 - 3012913843
remapvalle@gmail.com, comunicacionesmpvalle@gmail.com

Su carácter de líder cívico y campesino, y su pertenencia a procesos como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), hicieron de Félix el blanco de un montaje judicial. Porque su firme convicción en favor de los más necesitados, y su trabajo en contra de la iniquidad del país, es algo que el Gobierno no permite. 
2013/ Febrero 18/ Por: Alexander Escobar

Imagen: http://areitoimagen.blogspot.com/

La falta de rigurosidad en los protocolos de investigación para recaudar pruebas y emitir órdenes de captura bajo el supuesto delito de rebelión, evidencian que la “presunción de inocencia” en Colombia, además de ser nula para la oposición política, es la ilusión creada por un Gobierno que utiliza la cárcel como campo de concentración.

El artículo séptimo del Código de Procedimiento Penal Colombiano reza: “Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal”, a primera vista, en Colombia esto parece justo. Sin embargo, un hecho basta para despertar de la ilusión. Cuando la Ley habla de una “decisión judicial definitiva”, su significado es infame, porque oculta que una persona inocente puede pasar muchos años en la cárcel mientras ocurre una sentencia judicial. Por tanto, resulta de suma importancia entrar a discutir los protocolos empleados por lo entes investigadores de la Fiscalía General de la Nación para acusar y emitir órdenes de captura contra líderes cívicos, comunitarios, defensores de derechos humanos, y en general, contra la población civil opositora al Gobierno colombiano que termina en la cárcel acusada del delito de rebelión.

En los juzgados de la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, encontramos una prueba de lo anterior. Hablamos de un caso en particular, adelantado en esta ciudad contra Félix María Ocampo Urrea, acusado del delito de rebelión.

Y nos remitiremos a un momento en especial, a la audiencia realizada en su contra el 13 de febrero de 2013, pues constituye una experiencia concreta de cómo en los protocolos de los entes investigadores de la Fiscalía no se aplica el Principio de Presunción de Inocencia, y actuando en contra de la oposición política, la Fiscalía emite órdenes de captura con base en testimonios que no verifica, o por simples corazonadas justificadas en la “experiencia” investigativa, en síntesis, toda una suma de excusas criminales para presentar, como capturas legales, los miles de montajes judiciales realizados en Colombia.

A Félix María Campo el montaje judicial no podía ocurrirle en momentos más lamentables: afrontando dificultades económicas había recolectado el dinero necesario para pagar la cuenta de la morgue y recuperar el cuerpo de su tío para brindarle cristiana sepultura. Pero su tragedia continuaría por culpa del Gobierno. Cuando regresaba del funeral hacia su casa en el corregimiento de El Líbano, fue detenido en un retén militar instalado en Lomitas, corregimiento del municipio de Pradera en el departamento del Valle del Cauca. Desde ese día, 18 de enero de 2012, Félix completa más de un año privado de la libertad, y hoy se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad del municipio de Palmira.

Su carácter de líder cívico y campesino, y su pertenencia a procesos como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), hicieron de Félix el blanco de un montaje judicial. Porque su firme convicción en favor de los más necesitados, y su trabajo en contra de la iniquidad del país, es algo que el Gobierno no permite, y en respuesta actúa enviando a sus contradictores a la cárcel, aumentando a diario la larga lista de presos políticos en Colombia.

Antes de lograr demostrar su inocencia deberá pasar mucho más tiempo en prisión, mientras el sistema penal acusatorio decide programar las audiencias de su juicio, lo cual puede durar meses, o años. En el sistema judicial colombiano esto es un crimen cotidiano. Hablamos del sistema carcelario hecho campo de concentración para la oposición política. Casos como el de Liliany Obando, Yira Bolaños, y miles de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, constituyen una prueba de esta siniestra estrategia de “secuestro judicial” implementada por el Estado colombiano, y que por su carácter sistemático y aberrante, hoy también recibe el nombre de “falsos positivos judiciales”.

Pero volvamos a la audiencia del 13 de febrero de 2013. Contra Félix se toma como “prueba” del delito de rebelión, en su caso, de ser miliciano de las FARC, el testimonio de dos pobladores de la zona, y el de un desmovilizado de la guerrilla. Pero durante el juicio el abogado defensor Lucas Restrepo, de la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, interrogó al testigo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) presentado por la Fiscalía, pudiendo evidenciar, entre otros aspectos:

1. La investigación del CTI jamás logró verificar el lugar de residencia del acusado, por lo tanto era imposible establecer que las instalaciones de la casa de Félix estuvieran adecuadas para hospedar y alimentar a miembros de la guerrilla, como lo afirman los testigos de la Fiscalía.
2. Tampoco se comprobó que el acusado portara armas o prendas militares, como establece otra de las acusaciones.
3. No lograron comprobar que Félix comprara víveres para abastecer a la guerrilla.
4. De la moto, que presumen los testigos fue dada al acusado para realizar sus actividades de miliciano, no verificaron su existencia, y ni siquiera se tiene un número de placa o registro de dicho vehículo.
5. No se cuenta con ningún número telefónico, o teléfono, a través del cual el acusado brindara información a la guerrilla sobre las operaciones del ejército en la zona, y tampoco el testigo presentó alguna interceptación telefónica que lo pruebe.
6. Jamás se comprobó que Félix hubiese estado involucrado en acto alguno de secuestro o recibiera dinero producto de extorsiones, como lo afirman los testigos.
7. No hay prueba que vincule al acusado con la instalación de campos minados ni con actividades desempeñadas como explosivista, algo que también aseguran los testigos.
8. No fueron entrevistadas más personas de la zona para establecer si los testigos estaban mintiendo, o si las acusaciones obedecían a retaliaciones por problemas de tipo personal contra Félix María (algo que sí argumentan los pobladores de la zona en favor del acusado).
9. Cuando el abogado de la defensa formula la pregunta sobre las razones que llevaron a pensar que Félix María Ocampo Urrea era un miliciano, el testigo del CTI expone que una de las razones radicaba en su “experiencia” en este tipo de casos.

Es claro entonces que los protocolos empleados en la investigación desarrollada por el CTI carecen de rigurosidad; es más, al no lograr establecer pruebas que verificaran las acusaciones formuladas por los testigos, se pone de manifiesto que para el investigado no aplicaron protocolos en favor de establecer si la información suministrada era cierta o falsa, tratando de entrevistar, por ejemplo, a otros pobladores de la zona que pudieran confirmar o desmentir las acusaciones de los testigos.

Pero la orden de captura fue emitida. La Fiscalía actuó basada, al parecer, atendiendo una especie de corazonada judicial. Así lo demuestra la “investigación” realizada por el CTI. Porque sin lograr comprobación alguna de las acusaciones, Félix María Ocampo Urrea fue llevado a la cárcel tomando en consideración la “experiencia” del testigo del CTI que lo califica de “miliciano”, en otras palabras, se tomó como soporte la especulación de un organismo de investigación de la Fiscalía que no aportó pruebas que verificaran las acusaciones de los testigos. Por tanto, en una investigación donde la apreciación personal de un funcionario del CTI prevalece sobre el hecho de no encontrar pruebas que corroboren los testimonios, es claro que existe una posición sesgada donde no prima el Principio de Presunción de Inocencia.

Y lo más terrible de esta situación es que el caso de Félix es el caso de miles de presos políticos que actualmente son víctimas de los montajes judiciales del Estado colombiano.

Los datos son aberrantes y superan dictaduras. En su artículo Las visitas a las cárceles: el siguiente paso hacia una negociación de paz,  publicado el 3 de abril de 2012 por La Silla Vacía, Dora Montero Carvajal anota que “las autoridades reportaron 8.563 personas arrestadas entre 2008 y 2011 por rebelión, pero solo hay 1.950 presos”. Esto indica que 6.613 personas fueron detenidas sin pruebas suficientes, o que son inocentes, si se prefiere afirmarlo; pero también  faltaría analizar la situación, caso por caso, de los 1.950 presos y verificar cuántos también han sido víctimas de un montaje judicial.

Sin embargo, hay datos aún más preocupantes aportados por organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, hasta enero 31 de 2012, y tomando datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC), la campaña Traspasa los muros informa que en las cárceles de Colombia se encuentran 21.199 personas asociadas al delito de rebelión, y por tanto la cifra de 9.500 presos políticos que acostumbramos difundir, es solo un dato moderado ante esta estrategia criminal del Estado colombiano implementada contra la oposición política, es decir, en Colombia existen entre 9.500 y 21.199 presos políticos.

Félix María Campo Urrea completa más de un año en la cárcel en su condición de preso político. Y los tres testigos que lo acusan no han asistido a las audiencias en su contra. En la última, realizada el 13 de febrero de 2013, la Fiscalía argumentó que dos de los testigos no asistieron por problemas de seguridad presentados en la zona (enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla), algo que también cuestionó el abogado Lucas Restrepo, pues los supuestos problemas de seguridad son desconocidos para los testigos de la defensa, los cuales habitan en la misma zona y sin ninguna dificultad llegaron a la audiencia para declarar en favor del amigo, el líder y hombre comprometido por mejorar las condiciones de vida de su comunidad.

Hoy Félix requiere de una cirugía en su rodilla derecha. En la cárcel su salud se deteriora y se le observa caminar con dificultad. En diciembre de 2012 fue solicitada la casa por cárcel; y a pesar de su condición, la solicitud fue negada argumentando que Félix María Campo “representa un peligro para la sociedad”… (Los comentarios sobran, solo resta exigir su inmediata liberación)

Si bien esta estrategia de convertir las cárceles colombianas en campos de concentración contra la oposición política demanda el alzamiento de todas las voces del país para exigir justicia y libertad, también demanda una campaña internacional que juzgue a Colombia por este tipo de crímenes que evidencian un nuevo tipo de dictaduras que operan bajo el manto de países que los avalan como “gobiernos democráticos”. Es sabido que el problema no es de forma sino de contenido. Y bajo la forma aparente de una democracia, Colombia oculta un contenido siniestro de crímenes de guerra y lesa humanidad contra el pueblo colombiano.

Febrero 16 de 2013

FEBRERO 17 DE 2013



Los 75 delegados de 22 organizaciones campesinas y populares que hicimos presencia en el Primer foro agrario y popular por la paz con justicia social del municipio de Sevilla, declaramos a la opinión pública municipal, departamental y Nacional que:

1. Con este evento estamos ratificando nuestro apoyo al proceso de diálogos por la búsqueda de la paz con justicia social que actualmente desarrollan el gobierno del señor presidente Santos y la guerrilla de las FARC-EP, en la Habana (Cuba).

2. Aprovechando los espacios de participación abiertos por la mesa de diálogos, hemos definido enviar las propuestas y conclusiones de este foro a la mesa de conversaciones de la Habana, Cuba, con el objetivo de contribuir en la construcción de una paz con justicia social y a la solución de los problemas de los sectores agrarios y populares del municipio de Sevilla (Valle), entre las que resaltamos las siguientes:

• La suscripción de la declaración universal de los derechos de los pueblos campesinos de febrero de 2012 de la ONU  y del convenio 141 de 2009 de la OIT sobre derechos de los trabajadores agrarios,

• Fortalecer normativamente el cuerpo jurídico que reglamenta las Zonas de Reserva Campesina, para que estos territorios sean inembargables, imprescriptibles, inexpropiables, inajenables, inalienables, que permita la concreción del Sistema Nacional de ZRC y se posibilite el derecho a la consulta previa.

• Apoyar los procesos de reforma agraria integral, que estimule la desconcentración de la propiedad, el acceso al crédito, a los incentivos a la producción, a la generación de cadenas de valor autónomas, al acceso a mercados y comercio justo, la adecuación de tierras, la creación de cooperativas y el fortalecimiento de los procesos organizativos,

• La protección de los elementos naturales como patrimonio del pueblo colombiano.

• La prohibición de economías extractivistas minero – energéticas y agroexportadoras en los territorios campesinos.

• La derogación de los acuerdos comerciales firmados con gobiernos de países extranjeros que vulneren o desestimulen la producción nacional de alimentos.

• Que se cree un sistema de seguridad social y de salud público, financiados por el Estado, y se promueva que el campesinado y los sectores populares del municipio de Sevilla accedan plenamente a éstos.

• Que el Estado garantice a los sectores populares como los campesinos e indígenas; los trabajadores del campo y la ciudad, el acceso pleno al derecho a la educación primaria, secundaria y universitaria. 

• Se proteja y apoye la producción nacional láctea, avícola, de café, hortalizas, legumbres, cereales, frutales, carnes, leguminosas, entre otros.

• Se garanticen los derechos a la participación política, a la organización, sin que exista ningún proceso de señalamiento, estigmatización o amenaza contra sus dirigentes.

• Que se inviertan recursos para mejorar la infraestructura vial urbana y rural del municipio.

• Que se desarrollen planes para el mejoramiento y construcción de viviendas, como también que permitan el acceso a los servicios públicos (acueducto, saneamiento básico y electrificación)

• Que se deroguen las leyes que violan las relaciones ancestrales de las comunidades campesinas con el territorio, como las leyes que limitan el uso e intercambio de semillas nativas, el código minero, sobre la producción y comercialización de carne y leche, entre otros.

Por la paz con justicia social, vivan los diálogos y la solución política al conflicto social y armado.

Por una paz con justicia social para todo el pueblo colombiano
Trabajemos  las constituyentes por la paz


Municipio de Sevilla, Febrero 19 de 2013




Nada se oculta bajo el sol, dice el adagio popular, como viene ocurriendo con la “Implacable Persecución de la Inspectora de Policía Corina Rojas a la Comunidad del barrio La Fortuna”.

Las familias que habitan en este barrio, mucho más de un centenar, llegaron en la década de 1980, provenientes muchas de ellas del Cauca, por el forzoso desplazamiento ocasionado por la violencia. La realidad no les ha hecho honor a su nombre, pues han vivido la desfortuna de ser perseguidos por las administraciones municipales que han intentado desalojarlas en varias ocasiones, derribando sus humildes casas y agrediéndoles físicamente.

Los funcionarios de marras, encubrieron el bien fiscal y se inventaron desde 1990 un proceso policivo de restitución de bien de uso público, siendo su incansable mentora en los últimos años la Inspectora Corina Rojas y su promotora la Directora del Zoológico de Cali.

La realidad del predio, se originó en una compraventa que la Empresa de Servicios Varios de Cali (Emsirva), le hizo al municipio por escritura pública 174 de 1972 de la Notaría Cuarta. Se ordenó el desenglobe de este lote por Acuerdo Municipal 119 de 2003, mediante el cual el Concejo de Cali autorizó al Alcalde de entonces, para que transfiriera a título de cesión gratuita parte del terreno al Fondo Especial de Vivienda, especificando que dichos bienes fiscales son aptos para desarrollar proyectos habitacionales de interés social. Se construyó una pequeña urbanización y se sometió a sus nuevos moradores a un penoso crédito hipotecario. Las gentes del asentamiento La Fortuna, continuaron en su empeño, viviendo en sus casas de bahareque, pues sus exiguos ingresos no les permitieron asumir esos onerosos compromisos financieros.

En este intermedio, se promulgó la Ley 1001 de 2005, que ordenó a las entidades estatales transferir a título gratuito sus bienes fiscales, que hubieren sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés social, siempre y cuando la ocupación haya ocurrido antes del 30 de Noviembre de 2001.

La municipalidad se demoró siete años en cumplir el mandato legal, hasta que el Concejo de Cali en Diciembre del año pasado, expidió el Acuerdo Municipal 336, mediante el cual autorizó al Alcalde, para que ceda a título gratuito los bienes fiscales inmuebles municipales, mediante resolución administrativa de transferencia de dominio.

Es decir, que los habitantes de La Fortuna, así como todos aquellos que han tenido el valor civil de levantar ilegalmente sus viviendas de interés social en predios del municipio desde hace por lo menos 11 años, tienen el derecho a que se les titule.

Pero Corina Rojas en su implacable persecución, alega que la zona es de alto riesgo, contrario a lo dictaminado por el geólogo Luís Eduardo Padilla, que en estudio geofísico sobre la estabilidad general de la ladera donde se localiza el asentamiento La Fortuna, concluyo que la zona está constituida por rocas dispuestas horizontalmente, duras, masivas, densas y muy poco fracturadas, por lo tanto se cataloga como macizo rocoso estable. La prueba de esta verdad, catalogado jurídicamente como un hecho notorio de público conocimiento, es que durante estos casi 30 años las casas de La Fortuna no se han derribado, a pesar de la influencia de la vibración ocasionada por la carretera al mar.

La Inspectora Corina prefiere darle gusto a la Directora del Zoológico, para que amplíe la deprimente cárcel de animales, en vez de permitirles a los compatriotas de este asentamiento, que tengan de una vez por todas, la fortuna del derecho a gozar de una vivienda digna. Por ello conminamos al Alcalde Rodrigo Guerrero, al Personero Municipal, al Defensor Regional y al Director Seccional de Fiscalías, para que no se siga consumando el punible de prevaricato por acción y omisión, que presenciamos con profunda preocupación, y que puede desencadenar en otro más de los actos de violencia que se comente por agentes del Estado, en los infames desalojos contra los sectores populares menos favorecidos de nuestra patria.

Armando Palau Aldana – Consejero Municipal de Planeación


FEBRERO 17 DE 2013      

INTRODUCCIÓN

Haciendo uso de los espacios de participación creados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP con motivo de los diálogos que están llevando a cabo en la Habana Cuba. La asociación de trabajadores campesinos del Valle del Cauca ASTRACAVA se propone a realizar el “PRIMER FORO MUNICIPAL AGRARIO Y POPULAR POR LA PAZ” el día 17 de Febrero del 2013 en la cabecera del municipio de Sevilla a partir de las 8:00 am.

Como colombianos y como campesinos que hemos sufrido las consecuencias del conflicto social y armado y el abandono del estado, consideramos que es un deber nuestro, ser partícipes de la búsqueda de la paz en nuestro país, que nuestros aportes y exigencias como campesinos sean escuchadas y tenidas en cuenta en la mesa de diálogos ya que la paz es un compromiso de todos. 

El foro tiene como objetivo debatir, recoger y socializar propuestas alternativas y de progreso para los campesinos, los medianos propietarios y los gremios de la producción agropecuaria que tengan propuestas para el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de todas las comunidades que viven el campo de nuestro municipio, las cuales serán recogidas como aporte para la discusión del primer punto de la agenda acordada entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP que luego serán enviadas a la mesa de diálogos a través de la página oficial www.mesadeconversaciones.com.co

METODOLOGIA DEL FORO

El foro se desarrollara en cuatro (4) momentos:

Primer momento: Se inscribirán los delegados de las organizaciones campesinas y/o gremiales que asistan, se realizara un saludo y la presentación del foro por parte de las organizaciones convocantes.

Segundo momento: Se realizara una conferencia de contextualización sobre la problemática del sector agrario en el departamento y las principales propuestas que se discuten a nivel nacional para solucionarlo. En esta contextualización las organizaciones invitadas participaran mediante una ponencia.

Tercer momento: Se presentara el temario y se desarrollara posteriormente la discusión a través de mesas de trabajo. En las mesas se discutirán integralmente todos los subtemas que se contemplan en el punto número uno de la agenda de negociación establecida en el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Los subtema que se desarrollaran serán:

1. Acceso y uso de la tierra, Tierras improductivas, Formalización de la propiedad, Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
2.  Programas de desarrollo con enfoque territorial.
3.  Infraestructura y adecuación de tierras.
4.  Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.
5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y      cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.
6.  Sistema de seguridad alimentaria.

Cuarto momento: Lectura en plenaria de las relatorías de las mesas y lectura de declaración política del foro.

Todas las organizaciones asistentes al foro pueden presentar propuestas por escrito, las cuales se recogerán y se adjuntaran a las relatorías de las mesas para ser enviadas a la mesa de diálogos en la Habana (Cuba). Se sugiere que estas ponencias traten de recoger propuestas concretas por cada uno de los subtemas planteados para la discusión de la política de desarrollo agrario  integral. Cada organización puede participar con máximo tres delegados en el foro agrario por la paz del municipio de Sevilla.



ORGANIZACIONES CONVOCANTES

ASTRACAVA, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Sevilla ANUC, Fundación de Desplazados de Sevilla FUNSEVILLA, Red de Hip Hop, Sevillanos Piden Tierra, Juntas de Acción Comunal de la Vereda Cebollal, Comité de Mujer Rural Nuevos Horizontes, Coordinación de Organizaciones Sociales de Sevilla.

Cifras oficiales de 61.604 personas desaparecidas en Colombia entre los años de 1947 y 2011, son solo una muestra del carácter sistemático de esta política del terrorismo de Estado en Colombia.
2013/ Febrero 13/ Por: Alexander Escobar

“Educación pública, gratuita y de calidad”, es consigna del movimiento estudiantil colombiano. No es la única, pero es suficiente para entender su lucha por alcanzar la paz con justicia social, la misma que incomoda a quienes desean continuar oprimiendo al pueblo con la ignorancia, la injusticia y el terrorismo de Estado.

Con amenazas, hostigamientos y muerte despliegan operativos en toda Colombia para acallar las voces de quienes trabajan por un mejor mañana. Las víctimas, pertenecientes a movimientos políticos y sociales como la Marcha Patriótica, la Minga Social y Comunitaria, el Congreso de los Pueblos, y líderes cívicos, comunitarios, y defensores de Derechos Humanos, evidencian la dinámica permanente de asesinar y desaparecer a la oposición política para sostener la injusticia en el país.

Cifras oficiales de 61.604 personas desaparecidas en Colombia entre los años de 1947 y 2011, son solo una muestra del carácter sistemático de esta política del terrorismo de Estado en Colombia. En su columna Desapariciones y desapariciones, publicada el 2 de febrero de 2013 por el diario El Espectador, Alfredo Molano anota:

De esa cifra, certificada, han sido víctimas de desaparición forzada 16.665 personas; solo 249 se han encontrado vivas y 557 muertas. Sin duda, el capítulo más brutal de nuestra miseria humana. La desaparición forzada es un delito cometido por agentes del Estado o por personas actuando con su autorización, apoyo o consentimiento, que conlleva a numerosas violaciones a los derechos humanos. De las 8.295 investigaciones que se llevaban a cabo cuando la Fiscalía era dirigida por Viviane Morales, 1.598 eran homicidios cometidos presumiblemente por agentes del Estado. Según la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), la fuerza pública es responsable de 3.000 ejecuciones extrajudiciales.

En el Valle del Cauca, hoy el objetivo inmediato son los estudiantes. Las amenazas y hostigamientos denunciados por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” contra Luisa María Zorrilla de la Universidad del Valle en la ciudad de Cali, y contra William Ospina de la Universidad Nacional en Palmira, son el reflejo de la política actual del Gobierno que en la forma aparenta buscar la paz, pero que en fondo trata de perpetuar la injusticia por medio de la guerra sucia contra la población civil.

Y no es algo improvisado. Atacar a quienes acompañan las luchas de todos los sectores sociales en Colombia, y defienden la educación pública como conciencia crítica de la sociedad, es un plan estratégico integral contra esa juventud rebelde del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano que lucha por la salida política al conflicto colombiano y la consecución de la paz con justicia social.

Por eso los hechos no son aislados. Y la responsabilidad de las amenazas, realizadas contra los movimientos estudiantiles de las dos universidades públicas del departamento, recae directamente en el Gobierno colombiano que década tras década implementa el terrorismo de Estado.

El llamado, entonces, es a la solidaridad de todas las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para visibilizar y detener este plan criminal adelantado contra el movimiento estudiantil del departamento del Valle del Cauca que participa del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y la Marcha patriótica.

Febrero 12 de 2013

Denuncias realizadas por la REDFIC:













El 2013  trae consigo nuevos e importantes retos para el conjunto de los estudiantes universitarios y en particular para los estudiantes Univallunos. La tarea histórica de edificar un nuevo modelo de educación superior acorde a las necesidades más sentidas de la sociedad colombiana, será el propósito fundamental en el proceso de construcción de un país en Paz, soberano y democrático.

El actual momento de desfinanciación de la Universidad pública alcanza niveles exorbitantes y por demás alarmantes  para el futuro inmediato de la educación en Colombia.  Debido al proceso de desfinanciación al que ha sido sometido el Sistema de Universidades Estatales, éste enfrenta hoy la mayor crisis que jamás haya tenido que vivir desde 1993[1] a causa del esquema de financiación propuesto por el gobierno nacional y  definido por organismos multilaterales como el Banco BM y la  OCDE[2]. Hoy la Universidad Pública Colombiana, baluarte cultural, científico y crítico de la nación agoniza.

En total son 18.72 Billones de pesos que el Sistema de Universidades Estatales requiere obligatoriamente para garantizar unas condiciones básicas de infraestructura, contratación adicional de personal docente y administrativo, formación de los mismos, bienestar universitario, programas de apoyo socio económico, programas de salud entre otros[3], que garanticen unas condiciones mínimas para el ejercicio de enseñanza docente y aprendizaje en el sistema de universidades. Del total de estos 18.72 Billones de pesos la Universidad ha asumido 7.57 Billones, provenientes del proceso de autofinanciación al cual se ha visto abocada asumir como política administrativa (recursos propios – Venta de servicios, alza de matrículas etc.), dejando un déficit final por cubrir de 11.15 Billones de pesos.

Adicional a esto y como resultado de la evasión en la responsabilidad del ejecutivo del adecuado financiamiento de la educación superior de carácter público, la Universidad ha tenido que asumir dineros adicionales por concepto de puntaje de efecto salarial, puntaje de productividad académica, seguridad social, pensión entre otros, establecidos por la ley y refrendados por diferentes sentencias de la Corte Constitucional que suman en el presente1.2 billones de pesos; dineros no reconocidos por la ley 30 de 1992 con destinación a base presupuestal de las universidades.  Situación que profundiza la actual crisis presupuestal de las Universidad Pública Colombiana.

En palabras de los mismos rectores de las Universidades, “el proceso de autofinanciación del Sistema de Universidades Estatales ha llegado a su límite[4], lo que implica que los niveles de utilización de la planta física, la planta profesoral y demás elementos necesarios para la producción de conocimiento, han llegado al tope máximo,  que de continuar esta situación  decrecerá y estará en riesgo el desarrollo de las actividades de la Universidad y la producción de conocimiento.  La Universidad del Valle no es ajena a esta problemática; está se materializa en las difíciles situaciones en las que nos vemos cotidianamente obligados a vivir, con la pérdida de bienestar universitario y el deterioro de la de calidad académica por el aumento de la relación profesor estudiante, por el déficit de infraestructura, material bibliográfico, por el deterioro de los laboratorios de docencia, etc.  

Por ello, el 2013 deberá ser  el año en que los estudiantes colombianos continuemos avanzando en el proceso de construcción de la Nueva Ley de Educación Superior,  donde  los estudiantes Univallunos caracterizados históricamente por su gran capacidad propositiva, de movilización y transformación avancemos en la consecución de una nueva política educativa que parta de un análisis objetivo sobre el modelo de educación, económico, político y social que necesita el país.  Es necesario que este 2013 sea un año de agitada movilización de nuestro sector y en general de los diferentes sectores sociales de Colombia,  los estudiantes Univallunos no podremos ser ajenos e inferiores al momento y papel histórico que tenemos la fortuna de vivir, El de transformar nuestra educación.

Como estudiantes y conciencia crítica de la nación NO podemos permitir que la educación superior esté al servicio de los grandes monopolios financieros nacionales e internacionales, mucho menos permitir que bajo sofismas de distracción se le quiera mentir al pueblo colombiano afirmando la asignación de “recursos adicionales para la educación” a causa una regresiva reforma tributaria[5]. Por el contrario continuaremos avanzando en niveles de organización y en la concreción de escenarios de movilización masivos de un movimiento consciente y cualificado capaz de erradicar las viejas prácticas del establecimiento y sentar las bases de una nueva educación para un país con soberanía, democracia y paz. Nuestra propuesta es que ¡Cambiemos Juntos Univalle!

Fraternalmente:


Luis Fernando Taylor Orozco.
Representante Estudiantil – Consejo Superior.

Anderson Ospina.
Representante Estudiantil – Consejo Académico.

Heriberto Asprilla Castaño.
Diego Fernando Espinosa.
Representantes Estudiantiles Facultad de Salud.

Vivian Natalia Lucio Vidal.
Jennifer Elvira Castro.
Representantes Estudiantiles Facultad de Artes Integradas.






[1] Año en el cual entra en vigencia la ley 30 por la cual se rige el sistema de educación superior en Colombia.
[2] Banco Mundial,  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
[3] Resultados del estudio Fase II – SUE.
[4] Resultados del estudio Fase II – SUE.
[5] Reforma tributaria Diciembre de 2012, por la cual se asignan 5.000 millones de pesos año a año por un periodo de 3 años para un total de 1.5 billones de pesos.

Por los humanos y por los animales, ¡movilización social!
REMAP │ Febrero 9 de 2013

“Paz con justicia social” continúa escuchándose en todos los rincones de Colombia. Y la ciudad de Palmira no podía quedarse atrás. 


Hoy 9 de febrero distintas organizaciones juveniles, barriales, culturales, y defensoras de los derechos de los animales, se dieron cita en la Casa Escénica y Cultural El ‘Teatro Vive’ para discutir y hacer propuestas para superar la crisis que padece el país desde décadas atrás.

Todo ocurrió al calor del debate del IV Encuentro Sentemos Cabeza por los Derechos Humanos y Derechos de los Animales, organizado por la organización juvenil Kilele, Acción Popular.

Maltrato animal, asuntos étnicos y el asunto nacional, objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, procesos  barriales, y políticas de juventud, fueron temas que avivaron los ánimos en la búsqueda de otro tipo de sociedad respetuosa de los Derechos Humanos y sin maltrato animal, donde se alcance la justicia social para todo el pueblo colombiano. “Nuestro servicio a la patria no es con las armas, es con el trabajo social y cultural. Por eso no estamos de acuerdo con la guerra ni con el servicio militar obligatorio, y en nuestras organizaciones siempre hemos promovido la salida política al conflicto interno y la paz con justicia social”, afirmaron las organizaciones asistentes al evento.

El encuentro también hizo un llamado a evaluar el Plan decenal de Política de Juventud del municipio de Palmira, diseñado en el 2006 durante un proceso de participación incluyente y cuya implementación no ha sido realizada por las administraciones municipales. No obstante, aunque se reconoció la necesidad de construir políticas públicas de juventud, y la importancia de abordar los espacios institucionales de interlocución con la administración municipal, se definió que es la movilización social lo que define los procesos de transformación social por los cuales vienen trabajando las organizaciones juveniles en Palmira.




“CRECE LA AUDIENCIA”
Febrero 20 de 2013


La paz con justicia social es un derecho y un anhelo histórico de los colombianos y colombianas. Desde la Independencia en el siglo XIX, miles de hombres y mujeres han entregado su vida por conocer en nuestra Patria una sociedad más justa y equitativa. Desde distintos rincones de Colombia se escucha, en la hora actual, un inmenso clamor por la solución política del conflicto para sembrar las bases de la paz con justicia social. Trabajadores, campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, intelectuales, sectores de la iglesia, la gente del común, claman en un coro polifónico por la paz en cada provincia y región de nuestro territorio. La paz con justicia social es una responsabilidad con las generaciones futuras y con el mundo.

Una paz estable, vinculante y duradera debe construirse con la participación determinante del constituyente primario. En nuestra tradición republicana ese poder constituyente reside en el pueblo, en la gente del común. Por ello, Simón Bolívar, en su mensaje a la Convención de Ocaña, en 1828, manifiesta: “También participo yo de la mayor ventura devolviéndoos la autoridad que se había depositado en mis cansadas manos; tocan a los queridos del pueblo las atribuciones soberanas, los derechos supremos, como delegados del omnipotente augusto de quien soy súbdito y soldado”.  En la tradición emancipatoria de Nuestra América los procesos que nacen desde abajo, desde las entrañas del pueblo, emergen para permanecer. Debemos perseverar en que los distintos caminos que elijan los movimientos sociales (Congresos; Cabildos; Rutas; Mingas; Marchas; etc.) siempre potencien la soberanía popular. La paz con justicia social debe ser refrendada por el pueblo; esta es nuestra responsabilidad histórica y ejemplo de coherencia con nuestra historia democrática.

Las Constituyentes por la solución política y la paz con justicia social en Colombia son una manifestación de la plena confianza en el constituyente primario, que en este momento debe dirigir el destino de esta patria estremecida por la guerra, la injusticia y los límites a la democracia. Las Constituyentes las concebimos como experiencias de organización, acumulación y politización de las gentes del común y los sectores sociales y populares organizados; expresión permanente de una construcción democrática, directa, comunitaria y autogestionaria del poder popular desde abajo. No tienen como propósito conformarse en estructuras formales, sino en procesos dinámicos orientados por el propio pueblo. Las Constituyentes pueden ser locales, regionales o sectoriales, según las condiciones y posibilidades de cada situación. Sus reivindicaciones, formas de organización, tipos de movilización, repertorios culturales, imaginarios, símbolos, etc., se comprenden como un ejercicio autónomo y soberano por la paz de Colombia.

Convocamos a todos los colombianos y colombianas a iniciar este proceso el 20 de febrero 2013, comprometiendo nuestra experiencia vital a gestar Constituyentes por la paz con justicia social en Colombia. Allí donde cualquier voz de un compatriota esté decidida a contribuir a este largo proceso, encontrará aquí su espacio, que parafraseando al poeta y pensador colombiano Jorge Zalamea: “Crece la audiencia... y seguirá creciendo”, por la paz de nuestra “dulce y tremenda tierra”,






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