Una Política Cultural para el Campesinado

No reconocer la cultura campesina significa negar la construcción histórica del territorio y su derecho a la tierra.

Dentro de la política colombiana las comunidades campesinas son víctimas de una estrategia de invisibilización cultural. El hecho de no consignar su cultura como un asunto de importancia para el país, muestra que el derecho a la tierra y la permanencia y defensa de su territorio no está contemplado por el Gobierno.
2013/ Julio 9/ REMAP/ Alexander Escobar/

Afiche del VII Encuentro de Sabores y Saberes Campesinos (Detalle)

Mencionar la cultura dentro de los distintos procesos y sectores sociales, no implica que el tema siempre se desarrolle con la importancia necesaria. Hay avances en propuestas y procesos adelantados por comunidades y organizaciones en todo el territorio colombiano, lo cual constituye un hecho trascendental para el país. Sin embargo, la importancia de este trabajo y las valiosas experiencias acumuladas hasta el momento son hechos aislados que no están articulados para el estudio, análisis y reformulación de la Política Cultural de Colombia.

Es común que la Ley General de Cultura de Colombia, Ley 397 de 1997, no se analice dentro de las organizaciones y procesos sociales. De allí el desconocimiento de sus alcances y afectación directa en la estructura política y social del país. El tema de las comunidades campesinas nos sirve de ejemplo para analizar estos efectos.

En Colombia la Política Cultural contiene apartados que reconoce los derechos de los grupos étnicos, –sería descabellado si no lo hiciera–, sin embargo, ello no ocurre de igual forma para las comunidades campesinas. Esto obedece a una concepción que, aunque no se mencione, fundamenta la protección de las tradiciones, costumbres y saberes de comunidades étnicas, en relación al genocidio y violencia ejercida contra ellas y su cultura durante el periodo de la Conquista y la esclavitud, es decir, la formulación de este tipo de políticas se da en términos de una reparación histórica y, aunque tampoco se diga, por la organización y lucha de estas comunidades que hicieron evidente la necesidad –o la obligatoriedad– de hacerlo. Pero es una reparación que excluye a un sector de la sociedad: el campesinado, y lo cual trae repercusiones devastadoras.

La forma sutil de negar el territorio

La no inclusión del campesinado dentro de la Política Cultural colombiana tiene una implicación directa con el no reconocimiento del derecho a la tierra. Indígenas, afrodescendientes y campesinos han construido su cultura a partir del territorio que habitan, o luchan por recuperar. Por tanto hablar de preservar la cultura en estas comunidades, es hablar también del derecho a la tierra y preservación del territorio que evite su desaparición y conserve su cultura.

Tierra y cultura son dos aspectos inseparables para la vida de las comunidades. Y omitir o negar alguno significa desaparecer, por defecto, al otro. Dentro de la política colombiana las comunidades campesinas son víctimas de esta estrategia de desaparición. El hecho de no consignar su cultura como un asunto de importancia para el país, muestra que el derecho a la tierra y la permanencia y defensa de su territorio no está contemplado por el Gobierno.

De esta manera el Estado colombiano deja clara la exclusión y desconocimiento del campesinado a través de políticas culturales que emiten mensajes subliminales en su contra, que les expone como colonos invasores sin cultura y territorio, una especie de intrusos con los cuales deben convivir las comunidades indígenas y afrodescendientes. Es una política, por tanto, que borra la cultura campesina de la historia del país.

Y también es una forma de evadir las responsabilidades de la violencia estatal. Porque bajo la fachada –“la buena voluntad”– de “reparar” las injusticias cometidas en el pasado remoto de las comunidades étnicas, se promueve una Política Cultural que se escabulle de la responsabilidad del presente y las últimas décadas de la realidad de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que sobreviven a la violencia gubernamental ejercida con la implementación del paramilitarismo en sus territorios y –en otros casos documentados– en forma directa a través del ejército y la policía[1].

Es claro, entonces, que exigir que la promoción y defensa de la cultura campesina se incluya dentro de la Política Cultural colombiana, es una condición de suma importancia para superar una ideología que despoja de su historia y derechos a estas comunidades. Y es evidente que requieren de un trato especial, en tanto que sus tradiciones, costumbres y saberes, al igual que las manifestaciones culturales de los grupos étnicos, también se encuentran en riesgo y resisten a través de la organización y promoción de su cultura. En el caso del Valle del Cauca, un ejemplo de ello lo constituye la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA), una organización que promueve la defensa del territorio, tradiciones y costumbres a través de eventos como el Encuentro de Sabores y Saberes Campesinos que año tras año recupera y reconstruye la memoria campesina que sobrevive y resiste a la muerte y el despojo.

Lo anterior es de vital importancia para comprender, de modo más amplio, lo que representan las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) planteadas por organizaciones campesinas en distintas regiones del país, y que son tema de discusión en los diálogos de paz en La Habana. Porque el derecho a la tierra, y el ejercicio autónomo a decidir la finalidad, vocación y uso respetuoso del territorio se da también en relación al afianzamiento y recuperación de los saberes y memoria del campesinado que ha sobrevivido a la violencia estatal. Pero además nos sirve para comprender la política del Gobierno frente al campesinado: casos como el de los campesinos heridos y asesinados por la Fuerza Pública en el norte del departamento de Santander, que defienden y exigen la consolidación de la ZRC del Catatumbo, muestra que borrar la cultura campesina de la historia del país es parte integral de la negación del territorio y desaparición física agenciada por el Estado colombiano que dispara y asesina al campesinado[2].

La exigencia de incluir la promoción y defensa de la cultura campesina en la Política Cultural colombiana, es tan solo uno de tantos temas que deben ser abordados para la construcción de una Paz con Justicia Social acorde a las realidades y necesidades de nuestra gente. El no hacerlo significa continuar promoviendo un país pensado para extraños y que desconoce las particularidades de las poblaciones que lo habitan, en este caso específico, que desconoce a la población campesina.

Pero aún quedan muchos temas por tratar. Por ello los artistas han puesto sobre la mesa la necesidad de discutir la Política Cultural en los diálogos de paz que se adelantan en La Habana. El conversatorio “Artistas Populares por la Paz con Justicia Social”, convocado por la Red de Artistas Populares del Suroccidente (RAPSO), hizo pública esta exigencia el 18 de mayo de 2013 dentro del marco del V Festival Nacional de Teatro Popular: Teatro y Realidad Social realizado en la ciudad de Palmira.

La Política Cultural del país es un tema que convoca a todos los sectores de la sociedad para el análisis responsable de sus implicaciones en la estructura social y política colombiana. Es necesario analizar la concepción ideológica de la Política Cultural a fondo: en la forma como repercute en la concepción del territorio y el derecho a la tierra; en cómo concibe “lo popular”; si garantiza condiciones de vida dignas para los artistas; si está concebida para la recuperación y afianzamiento de la memoria frente al bombardeo ideológico de los canales privados de televisión… En fin, sobre estos y otros temas que no requieren solo cambios en las estructuras políticas, económicas y sociales para superar la inequidad, sino que además necesitan de una Política Cultural que permita su afianzamiento y comprensión para superar el odio, la polarización, y las guerras civiles que acostumbran promover los enemigos de la Paz con Justicia Social.

Ver también:
- Una Constituyente para no prolongar la guerra 


[1] Actualmente la Fiscalía investiga a 44 mil integrantes de la Fuerza Pública por diversos delitos, entre los que se encuentran violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
[2] Sobre los hechos ocurridos en el Catatumbo puede consultarse el video realizado por Prensa Rural, Independencia TV y Cine Latina: http://youtu.be/DsM-WofFmyM

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