Seguridad ciudadana y justicia: en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular


Por: Lucas Restrepo Orrego
Agosto de 2013

Que el tridente represivo constituido por la ley 1453 de 2011, el fuero militar y la propaganda militarista generara una respuesta bárbara contra las movilizaciones de agosto no es extraño. Tampoco lo es que fiscales y jueces se plieguen a las necesidades y exigencias de las fuerzas militares y de policía. Pero la complicidad de funcionarios de la Fiscalía y de jueces de control de garantías con la represión y el militarismo en la judicialización ilegal de líderes campesinos, periodistas alternativos y grupos solidarios con el paro nacional agrario y popular, es la bancarrota de la justicia.

Todos hemos sido testigos de la violencia oficial e ilegal que se ha ensañado contra los manifestantes en las carreteras de Antioquia, Boyacá, Cauca y Valle: robo de comida, golpes injustificados, exceso de la fuerza, ataques con arma de fuego, privación de garantías judiciales, etc. Hemos sido testigos también del servilismo judicial con la injusticia: judicialización de los líderes campesinos al tiempo que se desangraban algunos manifestantes por heridas de bala y golpes de macana.

Empero, ni un solo policía ha sido investigado por los excesos de fuerza con que se ha respondido a las justas exigencias del movimiento campesino colombiano. Es así de sencillo: el abandono y el engaño oficial ha criado un monstruo llamado indignación, inconformismo, rabia que se despliega en las carreteras nacionales exigiendo justicia. Y la respuesta de la justicia ha estado al nivel del engaño: reprimir al más débil, congraciarse con el poder ilegal y mentiroso. ¿Cuántos estímulos esperan recibir estos fiscales y estos jueces de garantías por la judicialización de líderes sociales y periodistas alternativos? De seguro ninguno proveniente de una política de protección al campo o de un esfuerzo por incrementar la renta personal del campesino. Al final, el contraste es aberrante: mientras jueces civiles y agrarios brillan por su eficiencia ejecutando a ciudadanos empobrecidos para satisfacer el hambre del capital financiero, pequeños agricultores aún esperan retornar a sus tierras invadidas por empresas multinacionales, esperan ser atendidos para mejorar sus condiciones de trabajo o esperan ser valorados como productores del 70% del mercado de alimentos en Colombia.

 Lo que ocurrió con la justicia en Buga este 22 de agosto supera los límites de la indignación: como en los tiempos de la colonia, los manifestantes detenidos por protestar, fueron aislados, privados de agua y alimentos, amenazados y expuestos en la picota como terroristas. No importó que el robo a sus pertenencias superara los 20 millones de pesos, no importó que algunos estuvieran heridos o hubieran sido amenazados por la Policía. Solo importaba cumplir el triste papel del juez municipal que, ciego frente a los hechos, solo escucha al verdugo a través de la manipulada visión del fiscal del caso para darle término sin dilación a la legalización de todas las injusticias cometidas en el campo.

Triste papel de un juez que puede ser grande cuando aplica su función de garantías. Triste papel la del funcionario judicial de menor rango que se hace grande justo en el momento en que puede hacer grande a la justicia enfrentando la violación flagrante de la Constitución. Pero la pequeñez y la insignificancia es el papel asignado que gustoso ha decidido aceptar, a costa de la justicia.    



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