La "Justicia", instrumento de represión y control social

Huber Ballesteros, prisionero político, escribe desde la cárcel sobre el sistema de justicia colombiano.

Si la investigación duró cuatro años, ¿por qué la orden de captura fue expedida tres horas antes de mi detención, precisamente cuando me encontraba al frente de la comisión de negociación del paro agrario de agosto de 2013? ¿Y por qué, si llevo nueve meses detenido, la fiscalía no presentó en los términos de la ley las supuestas pruebas?
2014/ Mayo 20/ Prisioneros Políticos/ Por: Huber Ballesteros

Como planteara Marx hace muchos años, "el Estado no es neutral, no somos todos, ni nos representa a todos".

Vana ilusión de aquellos que aún creen que el Estado está hecho para administrar lo público y ser garante imparcial de las relaciones entre los asociados.
Esta verdad, descubierta por Marx, se cumple plenamente en  todos los países y, por supuesto, el nuestro no podía ser la excepción.

Colombia viene siendo gobernada, desde hace cerca de 200 años por una burguesía, que hoy, convertida en oligarquía, entrelaza sus intereses con el capital transnacional y sus grandes corporaciones.

Solo algunos, demasiado ingenuos, creen que vivimos en una democracia.

Lo que tenemos es una dictadura burgués oligárquica, que vende cual proxeneta nuestra patria al mejor postor, con tal de que pueda sacar algún provecho para sus intereses personales y de clase.
En el marco de este Estado oligárquico, y de este gobierno apátrida es que se han construido, obviamente, sus instituciones.

Para hacer una explicación bien simple: ¿Dónde se aprueban las leyes? ¿A quién representan los congresistas? ¿A quién entonces benefician las leyes? Imposible entonces pensar, que el aparato de "justicia" sea neutral o imparcial.

¿Qué ha pasado en mi caso particular?

Fui detenido y acusado de rebelión y financiamiento al terrorismo. El proceso de investigación empezó cuando la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional), representada por el intendente Jaime Lizarazo Pidiache, acudió a testigos, a quienes seguramente  ofreció dinero o benéficos jurídicos a través de la fiscalía, para que dijeran lo que ellos necesitaban que dijeran sobre mí y Fensuagro.

Para ello, encontraron testigos de utilería, como los sujetos alias Olivo Saldaña, conocido por el montaje para la falsa desmovilización de un supuesto frente guerrillero, denominado por ellos Cacica Gaitana, delito que cometió en compañía del ex comisionado de paz y altos oficiales del ejército, por el cual están siendo hoy procesados.

Los otros dos, Jorge Polanía, quien fuera por algún tiempo presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima (Sintragritol), sin ser guerrillero aparece como tal en la falsa desmovilización.
Un tercero, llamado Yamit Peñafiel López, me acusa de haber dado un curso a mandos medios de la guerrilla en el centro de capacitación de Fensuagro.

Curso que sí se dio, existen  las planillas con su firma y la de unos cuarenta más participantes, que pueden corroborar que no eran guerrilleros los participantes, y el tema tratado por mí fue, legislación agraria y soberanía alimentaria.

¿Quién les dijo qué decir de mí, y bajo qué ofrecimientos? La fiscalía y el policía Lizarazo Pidiache deben responder por semejante infundio.

Fui hecho prisionero el día 25 de agosto de 2013, cuando hacía parte de la comisión de negociación del paro campesino que había iniciado el día 19 del mismo mes; y mientras me encontraba en Bogotá haciendo acercamientos con el gobierno nacional. Acercamientos que me llevaron dos días antes de mi ilegal retención a reuniones con integrantes de la cámara de representantes y con el propio presidente del senado de la República doctor Juan Fernando Cristo.

Desde mi detención todo ha sido irregular. En la audiencia de imputación de cargos fue la Dijín y no la fiscalía, quien prácticamente me imputó los cargos, con la plena complacencia del juez, dizque de "garantías". Quien ante cada equivocación del fiscal, suspendía la audiencia para que el fiscal y el señor Lizarazo Pidiache se pusieran de acuerdo  y estructuraran mejor el montaje. Es más, el juez, en un acto a todas luces ilegal, señalaba cómo adecuar las supuestas pruebas para imputar bien los delitos.

A pesar de que la ley establece un plazo máximo de 90 días para presentar el escrito de acusación, el que obra en mi contra fue presentado a los 115 días.

En dos ocasiones se ha pedido la libertad por vencimiento de términos, siendo negada en igual número de ocasiones, con el manido argumento de que ya se subsanó el impase.

Como si la libertad de una persona fuese solo un impase, desconociendo que este es un derecho adquirido, al no presentarse el escrito de acusación en los términos establecidos en la ley, la Constitución nacional y los tratados internacionales.

Igual ha pasado con la audiencia de acusación, el juzgado le ha dado todas las garantías al ente acusador, mas no así a la defensa.

Aunque la ley establece que una vez surtida la audiencia de acusación la fiscalía tiene tres días para descubrirlas, el juez de conocimiento, como si su investidura le diera poderes de legislador, planteó sin el menor rubor que la fiscalía podía tomarse un tiempo más si no le alcanzaba el tiempo para presentar las supuestas pruebas.

Un despropósito que raya con la aberración, pues según el ente acusador, la investigación duró cuatro años.

Esa aseveración de la Fiscalía me plantea otra duda en este caso. Si la investigación duró cuatro años, ¿por qué la orden de captura fue expedida tres horas antes de mi detención, precisamente cuando me encontraba al frente de la comisión de negociación del paro agrario de agosto de 2013? ¿Y por qué, si llevo nueve meses detenido, la fiscalía no presentó en los términos de la ley las supuestas pruebas?

Cómo se puede concluir, estamos ante un aberrante caso de falso positivo judicial, en el cual obviamente, pase lo que pase, existe la determinación de condenarme.

No puedo dejar de mencionar el hecho de que las supuestas pruebas incautadas en computadoras de jefes guerrilleros, fueron obtenidas por la inteligencia militar en momentos en que el general Zúñiga oficiaba como comandante de la inteligencia del ejército, hoy removido de su cargo por el conocido caso Andrómeda.

En conclusión, ¿qué puedo esperar de esta "Justicia de clase" que busca cobrarme mis 28 años de militancia en la izquierda, y el papel que he jugado como dirigente sindical agrario desde hace más de 20 años? No mucho por supuesto.

Cómo dijera Marx, el Estado es una máquina, jurídico, política, económica y militar por medio de la cual una clase impone sus interese a la otra clase.

No me extraña entonces que, en mi caso, como en el de todos los prisioneros políticos, la denominada "Justicia" cumpla su papel represor y de control social contra quienes no nos resignamos a ver nuestro país en la miseria y nuestras riquezas explotadas por las transnacionales y un puñado de empresarios apátridas.

Húbert Ballesteros Gómez
Prisionero político.
Cárcel Nacional la Picota.

Mayo 20 de 2014


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