Ni todo el oro del mundo justifica la pérdida de una vida humana, señor Ministro

Vuelven a sentirse los estragos de la locomotora minero-energética en Colombia, esta vez, en el departamento del Cauca, en el municipio de Santander de Quilichao, en donde la semana pasada murieron 12 barequeros aplastados por un alud de tierra.

La comunidad indígena, afro y campesina del departamento, organizada en la Mesa Inter-Étnica y Cultural convocó a autoridades del gobierno nacional a una Audiencia Pública Minero-Energética, en el marco del Paro Nacional Agrario, Campesino, Étnico y Popular, para tomar medidas frente a la problemática que genera este tema.
La audiencia inició a las 11 de la mañana: la delegación del gobierno la presidieron el Ministro del Interior, Aurelio Irragorri, y el Ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, quienes mencionaron tener total capacidad de decisión y acción para ejecutar soluciones. A ellos, los acompañó el Gobernador Encargado del Cauca, el General de la Policía, la Vise-Fiscal de Cali y la Defensoría del Pueblo. Pidieron un minuto de silencio por las víctimas de la avalancha de la mina de San Antonio, e inmediatamente después, uno tras otro, expusieron con un tono “se lo dije”, que la minería “ilegal” no solo trae terribles efectos ambientales, sino también -como se pudo comprobar trágicamente en Santander de Quilichao- pone en riesgo la vida de las personas que se dedican a esta labor. “Ni todo el oro del mundo justifica la pérdida de una vida humana”, enfatizó el Ministro de Minas. La solución: implementar lo que Irragorri llamó “una experiencia piloto en el Cauca”, para eliminar de raíz la minería ilegal, mientras se implementaban una serie de programas con un presupuesto “muy significativo” que el gobierno nacional habría girado para las comunidades de este departamento del país.
“¿Por qué tan callados muchachos? ¿No les parece muy bueno?”, preguntó el Irragorri, ante el silencio escéptico del auditorio. Lo cierto es que durante toda la jornada, no se escucharon aplausos para los delegados del gobierno. El público, compuesto por comunidades de Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios Afros y organizaciones campesinas, expresó que la problemática minera no tiene su raíz en las llamadas minas “ilegales”. No aplaudieron a los representantes del gobierno, porque para ellos, fue el impulso que diera el gobierno Santista a la locomotora minero- energética la que llenara el vaso de la crisis en el Cauca, y en el país. Los mineros nacionales, que el gobierno llama “de título individual”, quienes posee la maquinaria para la explotación minera y la maneja en los departamentos del Cauca y el Chocó, llegan a los territorios pidiendo a las comunidades su autorización para explotar minerales, y a su vez, ellos (los propietarios de título individual) les permitirán a las comunidades trabajar el barequeo 3 horas al día, que se reducen con el pasar de las semanas a 2 horas, a 1... Estos “medianos mineros”, casi todos provenientes de Antioquia, poseen más del 70% de los títulos en Colombia; El gobierno sin embargo, no menciona que el 30% de los títulos restantes, que pertenecen a multinacionales como la Anglo Gold Ashanti, ocupan miles de hectáreas de territorio, mucho mayor en porcentaje que el que ocupan las licencias individuales todas juntas, y que –incluso- pasan por encima del macizo colombiano, territorios ancestrales y con biodiversidad única en el mundo; tampoco mencionan que los títulos otorgados a las multinacionales ignoraron la consulta previa a las comunidades indígenas y afros. Por si fuera poco, el trabajo de exploración y explotación minera, como ocurre con el resto de los proyectos de esta locomotora, ingresa al territorio fuertemente acompañado por batallones del ejército, que persiguen, estigmatizan y desplazan a las comunidades que se atreven a defender sus derechos. “Ni todo el oro del mundo justifica la pérdida de una vida humana, señor ministro –señaló uno de los líderes afros- y sin embargo, vea lo que ustedes están haciendo en el Guaviare por sacar petróleo,  en el Huila por construir la Hidroelectrica del Quimbo, y en el Tolima por tener la mina de La Colosa”. La tragedia de San Antonio es, para la población caucana, responsabilidad del gobierno nacional, por acción y por omisión.
Atrapados por lado y lado, las comunidades de la audiencia expusieron los  argumentos a través de sus voceros. El Cauca no pelea contra la minería “ilegal”, sino también contra la que el gobierno considera “legal”, porque destruye, desplaza y mata. Exigieron derogar todos los títulos mineros del territorio, avanzar en la restitución de tierras para la producción agrícola, respetar y fortalecer la soberanía y liderazgos de las comunidades campesinas, indígenas y afros. Sin embargo, para eso no tenían competencia los ministros asistentes a la audiencia, ni mucho menos voluntad política. De haberla tenido, se habrían sentado a construir una política pública  minero-energética incluyente, cuando los mineros salieron a paro en julio del 2013, en lugar de sentarse a negociar con los “propietarios de títulos individuales” de los que ahora se quejan.
De nada valió que los ministros, en su gira electoral, prometieran recursos y se lavaran las manos culpando al gobierno anterior por “expedir títulos de manera irregular”. El Cauca exige política pública que genere soluciones de raíz, y no paños de agua fría presupuestal. La solución la seguirán construyendo de manera mancomunada, afros, indígenas y campesinos en la Mesa Inter-Étnica y en la Cumbre Agraria. “Si el gobierno no toma medidas realmente efectivas, las tomaremos nosotros” concluyó uno de los voceros del poder popular.
Comisión Nacional de Comunicaciones
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
Santander de Quilichao
7 de mayo de 2014

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