junio 2014
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Fotografía, música y poesía son algunas de las actividades artísticas del Festival internacional de poesía Palabra en el mundo, que durante el 2 y 3 de julio podremos disfrutar en la ciudad de Tuluá.


2014/ Junio 30/ REMAP/ Palabra en el mundo/

“Palabra en el mundo” es el nombre del Festival Internacional de Poesía que busca estrechar el vínculo de la humanidad en pro de la paz y que desde hace ochos años se realiza en distintos países. La propuesta surge en el 2007 por iniciativa de algunos poetas que conformaban el comité de apoyo del Festival Internacional de Poesía de La Habana, propuesta en cuya coordinación también están presentes el Proyecto Cultural SUR Internacional y la Revista Isla Negra.

Hoy el festival ya llega a su octava versión. Y bajo la coordinación de la artista Isabel López, la ciudad de Tuluá se suma por tercer año consecutivo con distintas actividades artísticas que durante el 2 y 3 de julio todos podremos disfrutar.

Programa Festival Internacional de Poesía

Miércoles 2 de julio
Lugar: Malas Artes Café-rock
Cra. 28 con Calle 38 Esquina (Puente de las Chapetas)

3:00 p.m. Apertura Exposiciones:

-Exposición de Fotografía Foto-Lab-Tuluá
-Exposición de Caricatura Estella Peralta
-Audiovisual Festival Tuluá 2012-2014
-Acción poética

4:30 p.m. Concierto de Piano: Andrés Osorio

5:00 p.m. Conversatorio Memoria y dignidad campesina. Por: Alexander Escobar

7:00 p.m. Lectura de Poesía: Felipe McCarthys, Beatriz Eugenia Vera, Carlos Arturo Navarro, Adriana Montes, Juan Carlos García.

Concierto para la poesía y la paz: Salomé Cardona y Luís Ángel Saldarriaga


Jueves 3 de julio
Lugar: Malas Artes Café-rock
Cra. 28 con Calle 38 Esquina (Puente de las Chapetas)

7:00 p.m. Homenaje al poeta Carlos Castro Saavedra
-Lectura de poesía: Alba Lucía Tamayo, José Edier Gómez, Andrés Osorio, Alejandra Echeverri, Isabel López.

-Recital especial: Ancisar Agudelo

-Concierto: Camila Alzate y Luis Salazar
 

Recorrido turístico, olla comunitaria, realización de murales, charlas, picaditos de futbol y mucho más, es el programa de la Ruta Futbolera por la Paz para mañana domingo a partir de las 8 a.m. en el barrio Siloé de Cali.


2014/ Junio 28/ REMAP/ Por: L’etincelle

Esta es la programación de la Ruta Futbolera donde todos podrán participar y bajar unos kilitos sudando la camiseta de la Paz con Justicia Social.  

29 de junio de 2014 - 8:00 a.m

Punto de encuentro: Cosmocentro ( Entrada Calle 5ta)
Ruta turística por Siloé City
Parque Natural Los Guayabales - Pueblo Jóven
Mural
Picaditos de fútbol - Lleva tu equipo
Olla Común - Frijolada
Charla - Fútbol Popular
Proyección audiovisual
Colocación fotográfica: La otra cara del Mundial y Copa América Alternativa

Agradecemos a lxs compañerxs que vayan a asistir y que tengan la posibilidad, llevar un aporte solidario para la olla común (plátanos, limones, cebolla, tomate, panela, carne, etc), además llevar menaje (plato, vaso y cuchara, no desechables) y toda la disposición para caminar, pintar, jugar y charlar por nuestra Paz.

Organiza y apoya: Comité Guayabales - L'étincelle - Merca Toño - Fundación Nueva Luz - Fútbol Subverso

Álvaro José Vega directivo nacional de la Central Unitaria de los Trabajadores -CUT-, fue víctima de un atentado en la mañana de este jueves 26 de junio en Cali. El ataque fue perpetrado por un sujeto que arrojó ácido en la cara del dirigente.


2014/ Junio 27/ Derechos Humanos/ Por: Colombia Informa

Esta nueva situación contra un directivo sindical es la tercera que se produce en Cali en lo corrido del año, pues tan solo el pasado mes de mayo fue incinerado el carro del vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali -Sintraemcali- y un mes antes había sido atacada la sede de este mismo sindicato.

La sustancia arrojada contra Álvaro Vega, causó quemaduras de primer grado en su rostro, tórax y brazos. Así lo confirmó Luis Fernando Pino, director del área de urgencias del Hospital Universitario del Valle -HUV-, “ha sido evaluado por el equipo de la unidad de quemados del hospital, no tiene ninguna situación grave, tiene quemaduras de primer grado. Fue evaluado por el servicio de oftalmología quienes consideran que tiene una conjuntivitis química”.

El directivo sindical manifestó que se encontraba al interior de su vehículo cuando se produjo el ataque “a eso de las 9:30 de la mañana, en la calle quinta cerca al hospital departamental… fue en cuestión de segundos, intervinieron, me iban abordar en el vehículo pero reaccione y en el momento que arranque me atacaron”.

Vega, quien aún permanece en el HUV, afirmó que este ataque hace parte de la acción sistemática que se viene presentando contra  varios dirigentes de izquierda y sindicales en el país. “Acabamos de dejar en evidencia en la OIT (Organización Internacional del Trabajo), a Colombia como uno de los 25 países más peligrosos del mundo para el ejercicio de la actividad sindical. Además de eso, también tenemos situaciones como el crimen de varios sindicalistas en este año, después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se ha agudizado la situación de los dirigentes sociales y sindicales en Colombia, atentados como el que recibió la sede de Sintraemcali y uno de sus dirigentes, nuevas amenazas que se reactivan no solo aquí en la región sino a nivel nacional, son muchas cosas pero todas las relacionamos a un solo asunto y es la retaliación que hay en este país contra la dirigencia de izquierda sindical y social.”

Por su parte, Jorge Iván Vélez, presidente del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali -Sintraemcali-, se manifestó en solidaridad y rechazó a este ataque y agregó: “nosotros estamos en riesgo, hemos visto cómo al adelantar unas últimas denuncias nos han llegado amenazas a través de panfletos, de llamadas, de mensajes a los celulares y con los últimos hechos vienen golpeando a la dirigencia de este país violentando todo los planteamientos nacionales e internacionales que ha sido un compromiso del alto gobierno”.

Así mismo,  Héctor Iván Granada directivo del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas, -Sintrahospiclinicas-, rechazó este ataque y se solidarizó con su compañero: “los directivos sindicales, sociales, quienes nos encargamos de defender los derechos en general somos objeto de ataque de personas e instituciones que están en contra de nuestro actuar, están en contra de que las personas defiendan los derechos de otra y seguramente las agresiones vienen de esas partes. El ataque es debido a la actividad sindical que el compañero viene desarrollando desde hace muchos años.” Además, Granada manifestó que en Colombia no se cuenta con garantías para desarrollar el ejercicio sindical “no hay ninguna garantía, cuando no son los ataques de manera violenta hay la persecución política y judicial que realizan en contra de quienes defendemos los derechos de los trabajadores”.

Cabe mencionar que este hecho ocurrió 15 días después de que se desarrollara la asamblea de la Organización Internacional del Trabajo OIT en Ginebra, Suiza, evento en el cual se denunció la grave situación de derechos humanos que viven los sindicalistas en Colombia.


Tan pronto DARNELLY contesta escucha a una mujer que sin preguntar nada le dice: “ojo con tanto cuento de denuncias y maricadas que nosotros sí que sabemos bien qué hacer en estos casos”, luego la persona desconocida termina la llamada.


2014/ Junio 26/ REMAP/ Derechos Humanos/

Dos denuncias realizó la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, REDDHFIC, sobre hechos que ponen en riesgo la vida de Alonso Valencia, líder campesino de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA) del municipio de Tuluá, y de Darnelly Rodríguez, Coordinadora Departamental de la REDDHFIC.

El primer hecho se registró el 17 de junio en el municipio Tuluá contra Alonso Valencia, a diez días de realizada la Audiencia Humanitaria en el corregimiento La Moralia, y donde se denunciaron las continuas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Batallón de Alta Montaña No. 10.  Narra la denuncia:

A las 5:41 de la tarde, el ciudadano ALONSO VALENCIA, recibe una llamada desde el numero celular 3128519231 a su número celular 3152611560. Cuando ALONSO contesta escucha a un hombre el cuál pregunta si él es el señor Alonso Valencia, a lo que éste responde afirmativamente, el hombre le dice: “debe salir de la región por que usted le ha hecho cosas muy malas a la comunidad”, el señor Alonso pregunta “qué cosas malas?”, el hombre responde: “cosas malas, usted sabe que, y se tiene que ir porque su vida corre peligro” y termina la llamada.

El otro hecho de gravedad se presentó el 24 de junio en la ciudad de Cali contra la Coordinadora Departamental  de la REDDHFIC, Darnelly Rodríguez, organización defensora de Derechos Humanos que también participó de la Audiencia Humanitaria realizada en La Moralia. Denuncia la REDDHFIC:

A las 10:46 de la noche, la ciudadana DARNELLY RODRIGUEZ ORDOÑEZ, recibe una llamada al número celular 3218308305 (teléfono institucional de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes en el Departamento del Valle del Cauca) desde un número que aparecía en su registro como privado.

Tan pronto DARNELLY contesta escucha a una mujer que sin preguntar nada le dice: “ojo con tanto cuento de denuncias y maricadas que nosotros sí que sabemos bien qué hacer en estos casos” luego la persona desconocida termina la llamada.

Tanto Alonso Valencia como Darnelly Rodríguez, así como otros activistas y líderes sociales del departamento, ya han sido víctimas de amenazas que ponen en riesgo su vida, hechos de suma gravedad que evidencian un plan sistemático contra las organizaciones de Derechos Humanos y la oposición política del Valle del Cauca que trabajan por la Paz con Justicia Social.



Hugo Horacio Ramírez Burgos, Félix María Campo, Enrique Moncayo, Hubert Ballesteros, detenidos a través de montajes judiciales, campesinos que pretenden por un lado, ser convertidos en chivos expiatorios y por otra, condenados a encarcelamiento por largas temporadas, por crímenes que no cometieron.


2014/ Junio 25/ REMAP/ Por: Organizaciones campesinas/

En Carta Abierta a la Opinión Pública, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, Astracava, y la Coordinación Campesina del Valle del Cauca, CCVC, denuncian la persecución que por parte del Gobierno vienen padeciendo sus organizaciones. Como prueba de ello exponen los montajes judiciales contra varios de sus integrantes que hoy se encuentran en las cárceles del país en calidad de prisioneros políticos, y para los cuales exigen su liberación inmediata, al tiempo que llaman al pueblo colombiano a movilizarse contra los montajes judiciales y las injusticias del Gobierno.

A continuación el comunicado de las organizaciones campesinas del Valle del Cauca:

Exigimos la libertad de los campesinos detenidos arbitrariamente y demás prisionerxs políticxs del régimen.

* Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca – ASTRACAVA
Coordinación Campesina Del Valle Del Cauca - CCVC
Junio 25 de 2014

No le tembló la mano al gobierno para disparar contra los dirigentes campesinos, obreros y populares desde la segunda mitad de los años ochenta, para no ir más lejos. Tampoco dudó en respaldar grupos de extrema derecha que a la sombra de la ley, desaparecieron, torturaron, asesinaron decenas de miles de dirigentes; siendo connivente, el Estado, con la creación y desarrollo de grupos paramilitares, agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en los noventa. Poco o nada hizo para detenerles o al menos para proteger las comunidades de la barbarie que significaron las fuerzas paramilitares a los inicios del siglo XXI.

En Colombia,  cuanto más ha avanzado la lucha popular, por tierra, justicia social y paz, tanto más ha arreciado “la lluvia de plomo” contra los dirigentes, contra las organizaciones. Paralelo al asesinato, el gobierno ha establecido como política la fabricación de montajes, verdaderos “falsos positivos” judiciales, como medio para impedir la organización social y popular, atemorizar las bases, destruir familias, acallar las voces de protesta que se elevan por millares en todos los rincones de Colombia, impedir el pensamiento crítico.

A través de montajes se han perseguido los movimientos sociales y populares, se estima que a la fecha, el gobierno de Colombia, encarcelado 9.500 dirigentes, obreros, campesinos, luchadores y luchadoras sociales, artistas, escritores, profesores, sacerdotes, médicos, ingenieros, estudiantes; mujeres y hombres del pueblo, cuyo único delito ha sido solidarizarse con las causas de los pobres de Colombia. 9.500 mujeres y hombres prisionerxs políticxs encerrados en las mazmorras de un régimen antidemocrático que niega las mínimas garantías constitucionales.

Este es el caso de los compañeros, Hugo Horacio Ramírez Burgos, Félix María Campo, Enrique Moncayo, Hubert Ballesteros, detenidos a través de montajes judiciales, campesinos que pretenden por un lado, ser convertidos en chivos expiatorios y por otra, condenados a encarcelamiento por largas temporadas, por crímenes que no cometieron. Este es el caso del compañero Hugo Horacio Ramírez Burgos, detenido en Marzo de 2010. Tras un largo juicio que presentó varias irregularidades, será condenado a mediados del mes de julio, sin que exista argumento probatorio para ello.

Entre las irregularidades hechas manifiestas por el abogado defensor del compañero Hugo Ramírez se tienen, el cambio de juez cuando el proceso estaba casi a punto de finalizar; la desestimación de las pruebas aportadas por la defensa, entre ellas las declaraciones de campesinos y personalidades del municipio de Pradera que han afirmado en reiteradas oportunidades la inocencia del compañero; la primacía otorgada por el juez a declaraciones contradictorias formuladas por desmovilizados, no obstante, según sentencias de la Corte Constitucional, éstos, no pueden ser tomados como pruebas veraces en un proceso judicial.

Hugo, Enrique, Hubert y Félix María, soportando las duras condiciones que se viven en las mazmorras del régimen colombiano, han mantenido su dignidad como campesinos, como hombres del pueblo, trabajadores honrados, reiterando altivamente su condición de inocencia ante los crímenes que se les imputa en los procesos judiciales que se les adelanta, pues tienen el apoyo sabio de los habitantes de Pradera, del Valle del Cauca y de Colombia entera; saben de sobra que, este Estado no tiene principios morales y mucho menos éticos, cuando obtiene “positivos judiciales”, aunque estos se basen en montajes, en mentiras, en falacias. Falsos positivos judiciales que no nos amilanan en la lucha. Que no nos doblegan.

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA, la Coordinación Campesina del Valle del Cauca, CCVC, y la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA, convocan a la población indígena, afrocolombiana, campesina y urbana de Pradera, del Valle del Cauca y de Colombia, a rechazar los montajes judiciales, a apoyar los procesos de movilización contra la fatídica práctica de conducir al presidio a los luchadores y luchadoras sociales, mujeres y hombres que hacen parte de los procesos de organización popular.

Por el cese efectivo a la persecución política contra los dirigentes sociales, obreros, campesinos, estudiantiles, sindicales y populares

Por garantías para la libertad de organización y expresión
Exigimos la libertad de los prisioneros políticos:

Hugo Horacio Ramírez Burgos, Hubert de Jesus Ballesteros, Enrique Moncayo, Félix María Campo y demás prisionerxs políticxs que se pudren en las mazmorras del régimen.

Por las declaraciones del Coronel Robinson González del Río, la fiscalía investiga una fuerza denominada “Ejército del Norte”, conformada por batallones del norte del país que habrían asesinado a más de 300 civiles presentados como muertos en combates dentro de un plan de exterminio social.


Coronel Robinson González del Río

2014/ Junio 24/ Por: Noticias Uno/ 

Compañero del Coronel González habla del ‘Ejército del Norte’

Un coronel retirado ratificó la existencia de un “ejército del norte” que tendría responsabilidad en más de 300 ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros falsos.

Cuando este oficial que hizo parte de las Fuerzas Especiales se alistaba a hacer curso de ascenso a Coronel, denunció formalmente en 2006 ante la fiscalía (8 años antes de las declaraciones del Coronel Robinson González del Río), que compañeros suyos habían asesinado campesinos para hacerlos pasar como guerrilleros.

Entonces, el oficial que duró 21 años en el Ejército, fue informado por sus superiores en el año 2010, que no era apto para continuar su carrera militar.

Por las declaraciones del Coronel Robinson González del Río, la fiscalía investiga una fuerza denominada “Ejército del Norte”, conformada por batallones del norte del país que habrían asesinado a más de 300 civiles presentados como muertos en combates dentro de un plan de exterminio social.


El oficial retirado asegura que la mayoría de las víctimas las llevaban de otras regiones del país.

Aclaró que no tiene pruebas físicas sino concatenación de hechos que le hicieron sospechar el origen de ejecuciones extrajudiciales en el norte del país. El oficial también dijo que está dispuesto a contarle todo lo que sabe a las autoridades si lo llaman a declarar en desarrollo de su denuncia.

Sin desconocer las diferencias, dos elementos fundamentales acercan a las realidades colombiana y salvadoreña: la injusticia social y los blindajes con los que las fuerzas retardatarias han protegido el sistema político de cada nación. 

2014/ Junio 23/ Por: Carmenza Elena Villacorta Zuluaga/

Siempre es difícil extrapolar dos realidades distintas, como en este caso son Colombia y El Salvador. No obstante, el hecho de que el país suramericano se encuentre ahora más próximo que en intentos anteriores de lograr la reincorporación de la insurgencia a la vida civil trae resonancias hacia Centroamérica y no son pocos los análisis que, desde Colombia, fijan su atención en los procesos de paz centroamericanos. Valga la experiencia salvadoreña para contribuir a la reflexión en torno del proceso colombiano y sus expectativas. Son muchos los rasgos que particularizan a Colombia. Si bien el surgimiento de las guerrillas coincidió con su aparición en toda América Latina, durante las décadas de 1960 y 1970, las colombianas son las únicas del continente que vienen desde entonces desafiando al Estado y continúan haciéndolo hasta hoy. A ello hay que agregar el fortalecimiento e impunidad del paramilitarismo y el narcotráfico como fenómenos que complejizaron la ya complicada situación colombiana. Se trata de actividades que han permeado profundamente en la realidad económica, política, social y cultural del país, al grado de atentar contra la cohesión nacional, trastocando los valores y desdibujando las fronteras morales.

Sin desconocer las diferencias, dos elementos fundamentales acercan a las realidades colombiana y salvadoreña: la injusticia social y los blindajes con los que las fuerzas retardatarias han protegido el sistema político de cada nación. Al problema de pobreza estructural, que en los dos países se encuentra en la base de los sangrientos conflictos que los caracterizan, se agrega la negativa de los sectores ultra conservadores a permitir la participación de las fuerzas de la izquierda en la escena política. Ejemplos particularmente dramáticos de esto último se presentaron en El Salvador de la década de 1970, cuando, en dos ocasiones, los gobiernos militares acudieron a burdos fraudes electorales para impedir el arribo de una coalición de centro izquierda (la Unión Nacional Opositora, UNO) al Ejecutivo; y en la Colombia de 1980, cuando la casi totalidad de los miembros del partido Unión Patriótica (UP) fue aniquilada. Surgida en el marco de la negociación que el gobierno de Belisario Bentacur (1982-1986) adelantó con las fuerzas rebeldes, la UP nació como brazo político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con un programa a favor de la paz y la profundización de la democracia. Pese a que el Estado colombiano se comprometió a garantizar el accionar político de la UP, dos candidatos presidenciales de este partido, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 5.000 de sus militantes fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por grupos paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del estado (ejército, policía secreta, inteligencia y policía regular) y narcotraficantes. Dicho exterminio no solo ha sido negado por los sucesivos gobiernos colombianos y de ese modo dejado en la impunidad, sino que se reeditó, bajo la política de “seguridad democrática”, durante los dos mandatos de Álvaro Uribe (2002-2006, 2006-2010), dejando al menos 150 militantes de la UP asesinados o desaparecidos.

En los dos países el saldo del conflicto armado es atroz. En El Salvador, con una población actual de casi 6.3 millones de habitantes, se registraron 80 mil muertes por causa de la guerra civil, 500 mil desplazados internos y 500 mil personas que debieron migrar al exterior por razones políticas. En Colombia, que actualmente cuenta con 47.7 millones de habitantes, se habla de más de 500 mil víctimas del conflicto y de la mayor cantidad de desplazados internos en el mundo: cerca de 6 millones de personas. En los dos países la guerra instaló lógicas, moldeó mentalidades e imprimió en la cultura política rasgos propios de la confrontación. También en El Salvador la ultra derecha negaba —y continúa haciéndolo— la existencia de un conflicto armado interno, aduciendo que se trataba de un “complot internacional” al cual había que darle un tratamiento policíaco. Perseguir, torturar, desaparecer y aniquilar a todo adversario político fue la solución encontrada por sectores de la Fuerza Armada y de la clase terrateniente para enfrentar lo que consideraban la “amenaza comunista”. El gran caudillo de la extrema derecha de El Salvador fue el líder paramilitar Roberto D’Aubuisson, quien aglutinó en torno suyo a las fuerzas más obscuras del país para liquidar a buena parte de los mandos medios de las organizaciones populares y a humanistas y religiosos de la talla del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ese es el origen del partido ARENA.

El interés geoestratégico de Centroamérica para Estados Unidos y el delicado momento histórico en el que se desarrolló la guerra civil salvadoreña (durante la última década de la Guerra Fría), hicieron que la Casa Blanca impidiera el arribo del mayor Roberto D’Aubuisson al Ejecutivo del pequeño país. Fue entonces cuando emergió Alfredo Cristiani, expresión de una nueva generación de la clase empresarial salvadoreña interesada en terminar con el conflicto para implementar, sin obstáculos, el modelo neoliberal. Se trató de la política económica impulsada por ARENA, a lo largo de 20 años de posguerra. Fue el aristocrático Cristiani, legitimado por los réditos que le proveyera el haberse convertido en “presidente de la paz”, quien puso a El Salvador en las garras del capitalismo salvaje.

Aunque al salvadoreño D’Aubuisson y al colombiano Uribe los diferencia el hecho de que el primero era un militar y el segundo es un universitario que ostenta un título de Harvard, ambos son expresión del sector más conservador de su respectivo país, ligado a la propiedad de la tierra. Cristiani, en El Salvador, y Santos, en Colombia, representan, en cambio, a los grupos modernizantes dentro de las oligarquías que migraron del latifundio hacia el sector financiero. Las fuerzas enfrentadas durante los últimos comicios en Colombia son esas: la ultraderecha paramilitar terrateniente y la derecha oligárquica financiera. Pero derecha al fin. Por eso no les faltaba razón a quienes, en medio de la enorme controversia generada por el triunfo del uribismo en la primera vuelta, optaron por la abstención o llamaron al voto en blanco como un modo de enfatizar que, en materia socioeconómica, Santos y Uribe son dos caras de la misma moneda. Incluso en el ámbito militar no está de más recordar que Santos, no solo fue el ministro de seguridad durante la segunda administración de Uribe, sino que, desde que es presidente, y aún mientras adelanta negociaciones con las FARC, no ha cejado en su intento militarista de diezmar a la guerrilla.

En El Salvador de principios de los noventa hubiese sido imposible para el insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmar la paz con alguien como D’Aubuisson, máximo líder de aquellos que aseguraban que “negociación es traición” y para quienes la única manera de acabar con el problema de la guerrilla era liquidando a sus miembros (simpatizantes y sospechosos de simpatizantes, inclusive). Con todo y las tensiones que esto supuso para Cristiani, fue con él con quien los Acuerdos de Paz fueron posibles, porque sus intereses económicos superaron los resquemores políticos que la negociación suscitó. Después de la firma de la paz y, en gran medida, gracias a los réditos políticos que esa paz le supuso a ARENA, la larga noche neoliberal duró 20 años. Dos décadas a lo largo de las cuales la guerra política cedió su lugar a una guerra social que puso a las pandillas juveniles en el centro de la escena.

En los albores de la guerra civil, en el año 1970, la posibilidad de que un gobierno popular rigiera los destinos de El Salvador parecía remota, prácticamente inalcanzable. Sin embargo, en 2009 esa quimera se hizo realidad. En 1992, el FMLN se convirtió en partido y, gracias a su habilidad para mantenerse cohesionado, pasó a ser la segunda fuerza política del país. Desde entonces ganó peldaños en la Asamblea Legislativa, se agenció importantes alcaldías, incluida la de San Salvador en varias ocasiones, hasta que, finalmente, accedió a la presidencia, logrando un traspaso de mando. El 1º de junio de 2014 el periodista Mauricio Funes cedió la banda presidencial a Salvador Sánchez Cerén, un ex comandante guerrillero.

A juzgar por ese antecedente, tampoco faltó razón al amplio sector de la izquierda colombiana que votó por Santos y gracias al cual éste consiguió ser reelecto. Dichos votos deben leerse como votos a favor de la continuidad del proceso de paz que se desarrolla en La Habana. Pero es importante que el alivio ante la derrota del paramilitarismo y el entusiasmo por la posibilidad de concretar la negociación con las guerrillas no haga perder de vista que ni Santos ni los Estados Unidos se muestran favorables hoy al diálogo por altruismo. ¿Qué intereses económicos persiguen la derecha financiera y la primera potencia del continente en la salida negociada del conflicto colombiano? ¿Por qué si hasta hace tan poco, apenas en el gobierno anterior, Washington apostó todo a la guerra, por medio del Plan Colombia, ahora está apostándole a la paz? Las respuestas a estos interrogantes se irán esclareciendo en el futuro inmediato. Mientras, es necesario subrayar que solo la continuidad de la lucha popular y la visibilidad del horizonte de justicia social servirán de brújulas al doloroso proceso colombiano e impedirán a su búsqueda de paz naufragar en el electorerismo.


“Sin asumir partido alguno, ha asumido la promoción de una política en favor del pueblo, especialmente de los pobres y excluidos. Esto nos hace sospechar que las amenazas provengan de grupos de ultraderecha, cuyos crímenes él ha denunciado repetidamente”.


2014/ Junio 22/ REMAP/ Comisión Vida, Justicia y Paz/

Rotundo rechazo y solidaridad han sido las respuestas de la sociedad colombiana frente a las amenazas de muerte realizadas contra el Padre Mario Castellar, quien actualmente se desempeña como coordinador de la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Palmira. El Padre Castellar es un reconocido activista que analiza y denuncia con sentido crítico las injusticias que padece el pueblo colombiano, y cuya labor ha estado siempre enfocada a mejorar las condiciones de vida de los sectores excluidos de la sociedad, así como el trabajo incansable por el logro de la Paz con Justicia Social.

A continuación reproducimos el comunicado de la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Palmira:

La COMISIÓN VIDA JUSTICIA Y PAZ DE LA DIÓCESIS DE PALMIRA, rechaza y condena las amenazas de muerte dirigidas contra nuestro Coordinador, el Presbítero MARIO ALBERTO CASTELLAR MONTERROSA y solicita a la comunidad cristiana y a todas las personas que sientan vulnerados sus derechos, especialmente el derecho a la vida, a unirse a este rechazo. La motivación aducida por quienes lo amenazan es por su colaboración permanente con los excluidos obligados a vivir en la Calle.

Creemos que en su cercanía a quienes casi todo el mundo menosprecia, el Padre está poniendo en práctica el Evangelio de Jesús y la enseñanza de la Iglesia que nos ha llamado repetidamente a ver en el rostro de los llamados habitantes de la Calle el rostro del mismo Jesús.

Toda la ciudadanía, conoce el compromiso de nuestro Director con la causa de la Justicia y la Paz. Compromiso que lo ha llevado en la actual situación del País a asumir un protagonismo muy activo a través de las redes sociales, sobre todo promoviendo el fin de la guerra y la búsqueda de un cambio en el modelo económico.
                     
Sin asumir partido alguno, ha asumido la promoción de una política en favor del pueblo, especialmente de los pobres y excluidos. Esto nos hace sospechar que las amenazas provengan de grupos de ultraderecha, cuyos crímenes él ha denunciado repetidamente. Debemos velar por la seguridad del Padre Mario y de todos (as) las personas que están amenazadas por pensar, sentir y actuar diferente en una sociedad donde aumenta el fanatismo a todos los niveles. En nombre de la libertad de pensamiento y expresión, pedimos a todos expresar su rechazo y a quienes corresponde, velar por la seguridad.

Palmira, junio de 2014

Estos hechos son de suma gravedad, al punto que estaríamos hablando de la configuración del ‘paramilitarismo informático’ en Colombia, una realidad que hoy pretende ocultarse al presentar el tema como una disputa de poder entre el gamonalismo uribista y las élites que respaldan al presidente Santos.
Hacker ecuatoriano Daniel Bajaña en la Sala de Redacción de PaZífico Noticias

2014/Junio 19/ REMAP/ Por: Alexander Escobar/

El cierre del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) no terminó con las interceptaciones ilegales y el espionaje contra la oposición política en Colombia. Casos como los de ‘Andrómeda’ y el hacker Andrés Sepúlveda, son solo el comienzo de la descentralización de una estrategia de guerra que busca desvincular a los organismos de seguridad del Estado con actividades ilícitas, al igual que la creación del paramilitarismo pretendía, entre otras estrategias, limpiar la imagen de los Fuerzas Militares que en forma directa asesinaban a la oposición política y la población civil.

Sin embargo, del mismo modo que el paramilitarismo jamás dejó de contar con la complicidad del Estado, con el cierre del DAS el espionaje tampoco se desvinculó de los organismos de seguridad del Gobierno colombiano.

Estos hechos son de suma gravedad, al punto que estaríamos hablando de la configuración del ‘paramilitarismo informático’ en Colombia, una realidad que hoy pretende ocultarse al presentar el tema como una disputa de poder entre el gamonalismo uribista y las élites que respaldan al presidente Santos.

Que el derrotado candidato de la extrema derecha Oscar Iván Zuluaga ocupe la atención de los casos de espionaje, luego de revelados los videos que lo involucran a él y a su hijo con el hacker Andrés Sepúlveda, es solo parte del ocultamiento de información mucho más valiosa que testigos claves deberían aportar sobre las actividades de interceptación ilícita que mantienen un común denominador: atacar a la izquierda y la oposición política colombiana.

El hacker ecuatoriano Daniel Bajaña, hoy detenido por sus vínculos con Andrés Sepúlveda, podría constituir una pieza clave en el asunto. Varios de sus correos fueron interceptados y revelados por PaZífico Noticias el 4 de junio, y en ellos se aprecian las tareas encomendadas al hacker contra la oposición política. En uno de los correos se detalla lo siguiente:

“ya estuve haciendo adelantos jrcominde@hotmail.com es un opositor verraco quizás con contactos con las farc, kata.parejaro@hotmail.com es una opositora que parece la familiar de alguien, quizás es infidelidad, el opositor jrcominde, maneja cosas fuertes contra el gobierno y también vale la pena borrar información”.  (Ver correo)


El correo es del 13 de octubre de 2013, mucho antes que salieran a la luz pública el caso Andrómeda y las actividades ilícitas de Andrés Sepúlveda. El trabajo de espionaje e interceptación ilegal lo realizaba Bajaña para quien nombra como “mi Mayor Carlos”, y en cuyo correo también figura como Andrés Vélez. Para este oscuro personaje, el ecuatoriano además realizaba tareas informáticas para el CTI de la Fiscalía (ver correo), hechos que indican que personas vinculadas a los organismos de seguridad del Estado mantienen relación con los hackers que sirven al paramilitarismo informático.

Otra persona de alto rango estaría vinculada con Bajaña, identificada como ‘Lord x’, y a quien el hacker también se refiere como “mi mayor”.  El siguiente correo es del 7 de mayo de 2014, casi siete meses después de establecidos los primeros contactos con ‘Andrés Vélez’:

“mi mayor manténgame al tanto cuando me llame hábleme de capacitación etc. no hable de interceptación anti delincuencia, me gustaría si puedo ir a Palmira a hablar con el Capitán, ya que no tengo nada que ocultar...”. (Ver correo)

Aunque estos son correos ya difundidos, poco –o nada– se dice sobre lo que realmente significan: la prueba fehaciente del espionaje orquestado contra la izquierda y la oposición política en Colombia, y cuya tarea se encomienda a hackers pagados a sueldo que actúan con la complicidad, o la dirección, de los organismos de seguridad del Estado

Pero no todos los correos han sido revelados. Uno nuevo, y que pasó desapercibido por los medios de comunicación, establece una relación entre ‘Lord x’ y ‘Andrés Vélez’, oscuros personajes vinculados al paramilitarismo informático desde tiempo atrás.

“Bendiciones seguir avanzando mañana para mi mayor J, y ver como llego a Cali, y ya está listo el módulo de infección, web y apenas se carga la ppt solo activa la macro apenas ejecute la diapositiva el virus se ejecuta”. (Ver correo)

El correo describe un tipo de virus que se instala a través de una aplicación de Power Point, sin embargo su importancia radica en la fecha de envío y a quienes va dirigido en forma simultánea:


Como se observa, cumplida la tarea de creación del virus, de inmediato es reportada a ‘Lord x’ y ‘Andrés Vélez’ (to: Lord x Andresd Vélez). Esta revelación constituye un dato de valor incalculable, puesto que establece que los dos personajes trabajaban conjuntamente en el mismo proyecto de espionaje e interceptación ilegal, un dato que se complementa con la fecha del correo, octubre 17 de 2013, porque indica que sus actividades no estaban necesariamente relacionadas con Andrés Sepúlveda. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, que el paramilitarismo informático viene implementándose desde tiempo atrás contra la izquierda, la oposición política, los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos y el periodismo independiente, y que los casos de Andrómeda y Andrés Sepúlveda son solo apartes hoy visibles, o fragmentos de un proyecto de guerra cuyas proporciones desbordan ampliamente las revelaciones del silencio cómplice y sumiso de los hackers.


Son todos estos deseos de cambio y problemas que padecemos como artistas y colombianos, lo que nos lleva a no desligarnos de la lucha por la paz del país.
Por ello entendemos que no estamos solos, y que nuestros problemas también son los problemas de millones de colombianos.


2014/ Junio 12/ Artistas por la Paz con Justicia Social/ 


Manifiesto Conversatorio de Artistas por la Paz con Justicia Social


Los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Quindío y Valle del Cauca, reunidos en el conversatorio de Constituyente de Artistas por la Paz convocado por la RAPSO (Red de Artistas Populares del Suroccidente) y la Fundación El Teatro Vive  y Constituyentes por la Paz, realizado dentro del marco del VI Festival Nacional de Teatro Popular: Teatro y Realidad Social, con sede en la ciudad de Palmira, (Valle del Cauca – Colombia), luego de conversar sobre la salida a la encrucijada del conflicto social y armado colombiano, y de discutir sobre las necesidades de los artistas, manifestamos [Descargar]:

Que la Cultura Popular como expresión del deseo de una nueva sociedad, y en rechazo a un Estado excluyente y a unas políticas que dan más importancia al capital que a nuestras comunidades, es la base para la construcción de una paz con justicia social. Desde nuestra perspectiva estamos convencidos que las  salidas a una paz duradera y verdadera debe comenzar con la educación de nuestra población, con la inversión cultural en las comunidades, con una sistema económico y político donde no sea más importante el capital y las ganancias que el mismo ser humano. Hechos de discusión y de una realidad que dieron origen al conflicto social y armado colombiano. Por lo tanto la salida a la guerra es política, pues la paz no se dará mientras no haya empleo y salarios dignos para los  trabajadores del arte y la cultura; mientras nuestros niños no tengan acceso a una formación artística con perspectiva profesional; mientras no paren las persecuciones y desapariciones a los luchadores sociales y populares, a los artistas; mientras los campesinos no tengan sus tierras; mientras las trasnacionales no dejen de explotar y expropiar nuestras riqueza, nuestras tierras, nuestra agua; mientras las mujeres no sean respetadas en cada espacio de la sociedad; mientras las bases militares extrajeras no se vayan del país; mientras el Ministerio de Cultura no deje de imponer a los artistas las lógicas mercado, obligándoles a tener que inscribirse para poder subsistir, en el monopolio de las industria culturales; por ello, mientras todo esto no cambie, no habrá  paz  en Colombia.

Los/as Artistas por la Paz nos reconocemos como sujetas y sujetos políticos, que comen, utilizan vías, servicios públicos, se educan, se enferman y tienen las demás necesidades que el pueblo colombiano en común tiene. Es por eso que nos pensamos el país y hacemos del arte una propuesta político-pedagógica para generar dentro de la sociedad una conciencia crítica que, además, anuncia a través de los diferentes trabajos artísticos el deseo de una Colombia mejor; y no nos pensamos el arte como el servicio de entretenimiento para la clase hegemónica que se piensa la industria cultural, encabezada por el Ministerio de Cultura. Creemos que el arte y la cultura son un derecho de los y las colombianas y que, por lo tanto, debe garantizárseles a cada colombiano/a su acceso de manera gratuita sin que esto signifique el no pago de nuestro trabajo y el no reconocimiento de nuestra dignidad como trabajadores del arte.

Son todos estos deseos de cambio y problemas que padecemos como artistas y colombianos, lo que nos lleva a no desligarnos de la lucha por la paz del país. Por ello entendemos que no estamos solos, y que nuestros problemas también son los problemas de millones de colombianos. Y en este sentido nos unimos a los anhelos del pueblo colombiano al reiterar nuestro apoyo a los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, por considerar que el conflicto social y armado solo podrá solucionarse por la vía política y dialogada. Por tanto exigimos que el futuro gobierno, que se decidirá en elecciones el próximo 15 de junio, y las FARC-EP, continúen en la mesa y no se levanten hasta que el conflicto armado se resuelva por la vía política, y de esta manera poder avanzar hacia la solución del conflicto social como única posibilidad de alcanzar una paz con justicia social estable y duradera. De igual manera llamamos al Gobierno, al ELN y al EPL a entablar diálogos que pongan fin al conflicto colombiano.

Como constructores/as de la paz con justicia social decidimos realizar Constituyentes de Artistas por la Paz, porque solo cambiando las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que condenan el país a la inequidad, alcanzaremos una paz estable y duradera. Para este propósito realizaremos constituyentes departamentales, regionales y veredales; previo realizaremos talleres metodológicos sobre los principios políticos y culturales en las regiones. Esperamos que de las Constituyentes de Artistas por la Paz resulte la construcción de una política pública alternativa de arte y cultura que dignifique y reconozca a los y las artistas como trabajadores/as del arte; también que las constituyentes sirvan como herramienta de movilización y vinculo social que desemboquen en la construcción de nuestra Constitución Popular y la defensa de ésta en una Asamblea Nacional Constituyente.

Para esto proponemos que la Asamblea Nacional de Procesos Constituyentes se realice en mesas departamentales que construyan la propuesta de la Constitución popular. Los resultados de cada mesa se conocerán en todas las mesas departamentales. De cada mesa se destacaran unas vocerías que irán a una mesa nacional que construirá y afinará las construcciones hechas en los departamentos. Lo que se realice en la mesa nacional deberá volver a las mesas departamentales y estas refrendarán si están o no de acuerdo con lo dicho en la mesa nacional, devolviendo a la mesa nacional las apreciaciones y aclaraciones correspondientes. Es importante este proceso de retroalimentación y la decisión última que quede en las mesas departamentales, para que seamos los colombianos y las colombianas quienes al final decidamos y construyamos nuestra Constitución Popular

También proponemos hacer de los festivales de arte y cultura, de los diferentes departamentos de donde provienen las compañías que participaron en este VI Festival, espacios de formación y concientización, dándole gran importancia a los conversatorios por la paz como parte de nuestra propuesta de construcción de paz y de creación de conciencia crítica dentro de la sociedad.

Invitamos a artistas, artesan@s, gestores culturales y comunidad en general, a la construcción de las constituyentes de artistas por la paz con justicia social, espacios de encuentro desde los cuales expresaremos nuestros intereses, nuestros deseos. Serán las constituyentes la posibilidad directa para que valoremos y visibilicemos nuestras formas de hacer, nuestras cosmovisiones, un lugar de discusión donde el arte no se catalogue como bello solo por el modelo de cultura y estética hegemónica que predomina; estamos convencidos que el arte y la vida son múltiples, al igual que la belleza que las comunidades describen y ven de diferentes formas, una visión de lo bello que ha sido negada y omitida por las lógicas del mercado.

Por todos estos sentires y deseos, estamos convencid@s que no habrá paz verdadera y duradera, si el país, además de continuar desconociendo el derecho a la tierra de campesinos, indígenas y afrodescendientes, también continúa negando su riqueza cultural, sus expresiones, la negación, en últimas, de la libertad para expresar nuestras identidades [Descargar].

Artistas por la Paz con Justicia Social
Palmira, junio 6 de 2014

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