Audiencia Humanitaria para Analizar la Delicada Situación de Derechos Humanos en la Zona Rural de Tuluá.

2014/Junio 01/Audiencia Humanitaria/Tuluá


CONTEXTO
  
Recordemos que las comunidades de la zona montañosa de Tuluá, en la última década durante los años 1999 a 2002, sufrieron la arremetida paramilitar del bloque Calima, que produjo como resultado el desplazamiento forzado de más de un centenar de campesinos hacia el casco urbano del municipio lo que a su vez desestructuró el tejido social y comunitario y la desintegración de las formas asociativas y productivas que poco a poco se han ido recuperando.   

Hoy las organizaciones campesinas han iniciado un proceso de constitución de una zona de reservas campesinas (ZRC), que coincide con la agudización de la crisis humanitaria, particularmente porque el gobierno municipal mantiene reticencia y displicencia para permitir avances, como se evidencia en el desconocimiento político de constitución de una ZRC que sufrieron las Juntas de Acción Comunal (JAC) de las zonas media y alta, quienes por unanimidad propusieron la creación de una ZRC en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), propuesta que no se ha tenido en cuenta.

Paralelo a las iniciativas de las comunidades el gobierno local y nacional con sus proyectos macroeconómicos en el Municipio de Tuluá, zona  de alta y media montaña  desde el año 2008 a través de la EPSA inició la construcción de dos centrales hidroeléctricas (CH) a filo de agua, que condujeron al desvío del cauce del río Tuluá en dos tramos, resultando afectado el lecho del río en más de 15 km y por supuesto sus áreas aledañas.

Así mismo la empresa Perforaciones S.A inició un proceso de actualización del catastro minero, y en muchas ocasiones han ingresado a predios sin el consentimiento de los dueños, producto de esos estudios se identificaron riquezas minerales de distinta naturaleza en estos territorios y el gobierno central lo tiene concesionado a empresas transnacionales;  los campesinos han manifestado que la Agencia Nacional de Hidrocarburos también está realizando exploración en sus territorios; como se puede inferir es la implementación de las locomotoras mineras del gobierno central, con la consecuente instalación de las funciones del batallón Nro. 10 de alta montañosa en esta zona de consolidación de valor estratégico para el Estado.

Estos fenómenos, se encuentran en relación directa a la agudización del conflicto armado, por cuanto la insurgencia ha atacado en varias oportunidades la infraestructura de las CH y de vehículos de las firmas que adelantan estudios para la Agencia Nacional Minera y la ANH y el gobierno ha respondido con aumento de la presencia militar en el territorio, lo cual ha derivado en mayor violación del DIH y DIDH hacia las comunidades, principalmente por estigmatización, ocupación de viviendas, uso de población civil como escudos humanos, intentos de violación sexual, bombardeos de cultivos y ecosistemas estratégicos, etc.

Los señalamientos a los participantes del Paro Nacional Agrario y popular  de  agosto de 2013 ha sido constante, al igual que las amenazas a los integrantes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas, a los integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle por organizarse en contra de estas políticas estatales, amenazándolos con capturarlos, judicializarlos o desaparecerlos si no se van. Es claro que lo que están haciendo es despojar de sus tierras a los campesinos, ya que esta es una zona geoestratégica y una de las zonas del plan de consolidación nacional.

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