La Fuerza Pública atenta contra los diálogos entre el Gobierno Nacional y los voceros del Paro Regional del Pacífico

Estos hechos atentan contra la vida, honra e integridad de los manifestantes del Paro Regional del Pacífico y también son violatorios de los acuerdos adelantados con el Gobierno Nacional el día 18 de agosto de 2014 en santa Bárbara de Iscuandé, que en su punto cuarto dicta que el Gobierno establecerá medidas de protección y brindará todas las garantías necesarias a los manifestantes.

Municipio de Magüi Payán, departamento de Nariño. Paro Regional del Pacífico

2014/ Agosto 20/ REMAP/ Por: Oficina de Prensa Paro Regional del Pacífico

Un día después de firmados los primeros acuerdos entre el Gobierno Nacional y la Mesa de Coordinación Subregional del Pacífico nariñense y caucano, que representa a los once municipios en Paro, se produce la primera violación de lo pactado por las acciones de la Fuerza Pública contra los manifestantes concentrados en el municipio nariñense de Magüi Payán, hechos que los voceros del Paro denuncian como una estrategia que “a través de la intimidación, la persecución y la violación del derecho a la protesta social, busca generar situaciones de confrontación que justifiquen la represión y alteraciones del orden público para atentar contra los diálogos que se adelantan entre el Gobierno y los voceros del Paro”.

La Mesa Coordinadora también declara como víctimas a los líderes y voceros del Paro por las retaliaciones que vendrán contra su vida como consecuencia de su lucha contra la corrupción. Del  mismo modo hacen un llamado a los garantes de los diálogos y exigen al Gobierno que cese la persecución contra los manifestantes del Paro Regional del Pacífico y lo hacen responsable de cualquier daño físico o psicológico que puedan sufrir sus integrantes.

A continuación la denuncia de la Mesa de Coordinación Subregional del Pacífico nariñense y caucano [Descargar documento]:

La Mesa de Coordinación Subregional del Pacífico nariñense y caucano que representa a los once municipios de Cauca y Nariño, que desde el 10 de agosto se  ha declarado en Paro, denuncia la persecución adelantada por la Fuerza Pública y se declara víctima por las retaliaciones y atentados que vendrán por su lucha contra las mafias corruptas de la Costa Pacífica.

Toda nuestra creatividad ha forjado esta histórica lucha, sin embargo la  respuesta estatal es la criminalización de la justa protesta social y popular.

Se han logrado importantes acercamientos y acuerdos con el Gobierno para posibilitar una nueva ruta para la Costa Pacífica nariñense y caucana, pero irónicamente, paralelamente a estos compromisos, la Fuerza Pública arremete contra nuestras comunidades movilizadas.

Denunciamos públicamente la continuos hostigamientos y violaciones a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, los cuales atentan contra la integridad y vida de los manifestantes, cuyo objetivo es provocar situaciones que alteren el orden público para sabotear las negociaciones que se adelantan entre el Gobierno Nacional y la Mesa de Coordinación del paro.

HECHOS

Municipio de Magüi Payán (Nariño), agosto 19 de 2014. El Ejército Nacional que hace presencia en el municipio, desde el día 10 de agosto militarizó la cabecera municipal, y el día 19 de agosto aumentó desmedidamente el pie de fuerza; además ha advertido a los manifestantes que tienen que desalojar los lugares de concentración donde cerca de 1.500 personas, en forma pacífica, permanecen desde el 10 de agosto en el marco del Paro Regional del Pacífico. Estos son hechos que ponen de manifiesto la provocación de la Fuerza Pública que a través de la intimidación, la persecución y la violación del derecho a la protesta social, busca generar situaciones de confrontación que justifiquen la represión y alteraciones del orden público para atentar contra los diálogos que se adelantan entre el Gobierno y los voceros del Paro.

Igualmente denunciamos los hechos ocurridos en el municipio de Mosquera (Nariño) el 9 de agosto de 2014, donde la Fuerza Pública señaló al dirigente Heriberto Campaz de promover un “paro armado”; además lo sucedido en Iscuandé (Nariño) el 18 de agosto, cuando un efectivo del ejército accionó un arma de fuego y causó heridas en tres personas que participaban de la jornada; y los hechos ocurridos en el mismo municipio de Magüi Payán (Nariño) el 16 de agosto, cuando la Fuerza Pública realiza señalamientos a la dirigente Luz Dary Bonilla por su participación en el paro. Por otro lado en el departamento del Cauca, en el municipio de Timbiquí, desde el 8 de agosto, Hugo Nelson Banguera viene siendo citado, señalado y hostigado por la Fuerza Pública con amenazas de ser arrestado por hacer parte del Paro.  Anterior a ello, el 6 de agosto, la Fuerza Pública y el alcalde en reunión realizada con los comerciantes de Guapi tildó de terroristas a los organizadores del Paro. El otro hecho de gravedad, y que atenta contra la libertad de prensa, se registró el 15 de agosto también en el municipio de Guapi, donde un miembro de la Fuerza Pública apuntó su arma de fuego contra el periodista Jefferson Paz, y lo acusó de ser terrorista por cubrir el desenvolvimiento del Paro.

Estos hechos atentan contra la vida, honra e integridad de los manifestantes del Paro Regional del Pacífico y también son violatorios de los acuerdos adelantados con el Gobierno Nacional el día 18 de agosto de 2014 en santa Bárbara de Iscuandé, que en su punto cuarto dicta que el Gobierno establecerá medidas de protección y brindará todas las garantías necesarias a los manifestantes. Por tanto, hacemos el llamado a los garantes de los acuerdos (Germán Sánchez Vargas, Coordinador del grupo de mediación de la dirección nacional de atención y trámite de quejas de la defensoría del pueblo; Luís Alberto Higuera, Contralor delegado para el sector agropecuario de la contraloría general de la Republica; Martha Lucía Alonso, Asesora de la procuraduría general de la nación, delegada para la descentralización y las entidades territoriales) para que exijan al Gobierno Nacional el cumplimiento de lo pactado y el cese de las acciones violatorias a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, y se garantice la vida, la integridad y honra de los manifestantes.

Del mismo modo nos declaramos víctimas por las retaliaciones contra nuestra vida que vendrán por luchar contra las mafias corruptas de la Costa Pacífica, y exigimos al Gobierno Nacional que brinde las garantías necesarias a nuestros líderes y voceros; también le reclamamos que cese la persecución contra los manifestantes del Paro Regional del Pacífico y lo hacemos responsable de cualquier daño físico o psicológico que puedan sufrir sus integrantes.

Mesa de Coordinación Subregional del Pacífico nariñense y caucano
Agosto 20 de 2014

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