Desde la prisión, Hugo Ramírez denuncia su injusta detención y analiza el tema de las víctimas del conflicto


Pero ni las grandes personalidades se han salvado, como es el caso del señor Sigifredo López Tobar, el cual ustedes ya conocen el escándalo que hubo. En este contexto se produce la detención arbitraria mediante un montaje judicial del aquí libretista Hugo Horacio Ramírez Burgos, líder campesino y educador de este municipio presentado como colaborador de las FARC.


2014/ Septiembre 4/ REMAP/ Prisioneros Políticos/

Por: Hugo Horacio Ramírez Burgos, prisionero político de conciencia
Líder campesino, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA

Análisis sobre el tema de víctimas y el sector campesino e indígena del municipio de Pradera, Valle del Cauca [Descargar]

No hay mejor medio de encontrar la libertad que luchar por ella
Simón Bolívar

De manera atenta y respetuosa me dirigió a ustedes con el fin de contar algunos episodios que han ocurrido, específicamente en la zona rural debido al conflicto político, social y armado que se ha presentado desde hace ya mucho tiempo en las regiones más alejadas y olvidadas por parte del Estado colombiano.

El municipio de Pradera, Valle del Cauca, está ubicado geográficamente al sur del Valle, en el cual hay aproximadamente 54 mil habitantes de diferentes razas o etnias, dentro de las cuales podemos nombrar campesinos, indígenas y afrodescendientes, como los principales que habitan. Los límites de este municipio son: al norte con el municipio de Palmira, al sur con el municipio de Florida, al oriente con el municipio de Candelaria y al occidente con el departamento de Tolima (Cordillera Central).

La economía de este municipio depende esencialmente de lo agropecuario, en gran variedad, especialmente su producción viene de la zona rural. Es un municipio demasiado rico en agua, flora y fauna, compuesto por una zona de páramo llamada “Páramo de las Tinajas”. Los habitantes de la zona urbana dependen del trabajo en el monocultivo de la caña de azúcar a través del Ingenio Central Castilla, el cual es muy mal pago, como es el caso de los corteros de caña, que en su gran mayoría son afrodescendientes, ciudadanos que en últimas les ha tocado ceder su terreno a este ingenio porque se vieron acorralados, y no tenían cómo poner a producir sus parcelas, o sea terminaron empleados de esta empresa. Por otro lado, los campesinos e indígenas se desplazan hacia la parte alta de la montaña para buscar su estabilidad familiar, buscando así mecanismos para la producción de alimentos en gran variedad, señalando entonces que la gran mayoría de esta población son de escasos recursos y su estratificación es de nivel 0 y 1 y la gran mayoría tiene muy bajo nivel académico.

En este orden de ideas, dando a conocer algunos pormenores de nuestro municipio, nombraremos a continuación más o menos la historia de los grupos insurgentes que han operado en la región.

En los años 80 aproximadamente, empiezan a hacer presencia los grupos insurgentes o guerrilleros como: M-19, Movimiento Jaime Bateman Cayón, ELN y FARC. Desde esos mismos años estos grupos insurgentes realizaban sus reuniones en diferentes corregimientos, explicando por qué estaban alzados en armas y cuáles eran las causas de su presencia armada no solo en este municipio sino en todo el país (lo que ocurre es que a este municipio llegaron en este año). Para esta época únicamente había presencia de los grupos insurgentes.

Después de los años 80 empieza a hacer presencia el Ejército Nacional. Desde ese mismo momento empiezan los enfrentamientos entre el Ejército y los insurgentes de estas regiones y con esto la problemática para toda la población civil campesina e indígena. En medio del enfrentamiento se da inicio a un conflicto político, social y armado, ocasionando desplazamiento de la población a la zona urbana mientras cesaba el fuego, para nuevamente ir de regreso a las comunidades de origen. Pero con este conflicto lo que se ocasionaba solamente era el desplazamiento, era la pérdida de todos los animales y demás enseres que poseían estos habitantes de diferentes regiones, además de la estigmatización o señalamiento por parte del Estado, o sea se producía conflicto para ocasionar desplazamiento. Esa era la “estrategia del Estado”.

Desde ese mismo momento se empiezan a evidenciar víctimas del conflicto armado, reunidas así entre campesinos e indígenas, que son los que vivían a diario el enfrentamiento entre las parte involucradas. El gobierno adelanta a través de las fuerzas militares del Ejército y la Policía, supuestamente un control de las zonas para sacar de esos lugares a los grupos guerrilleros antes mencionados, argumentando así que causaban demasiado daño a las comunidades.

Pero el control o persecución no lo orientaron contra los grupos insurgente, sino contra la comunidad campesina e indígena que habitaba la región, de esa manera empezaban las persecuciones y asesinatos selectivos de integrantes de estas comunidades, a través de la fuerza (supuestamente legal) F2 del Ejército y la Policía. Miremos entonces la historia, si es que en verdad el gobierno ha hecho presencia para combatir los grupos insurgentes y de esta manera sacarlos o exterminarlos de estas zonas. La historia nos cuenta otro capítulo. Desplazamiento, persecución, desapariciones, asesinatos, señalamientos, estigmatización, detenciones. ¿A quién? A campesinos e indígenas de los cuales tenemos varios ejemplos desde ese momento hasta ahora:

En la zona rural alta de montaña se produce en 1985 el señalamiento y asesinato del líder campesino Gildardo Ramírez Ramírez a manos de las fuerzas “regulares” F2. Él trabajaba como agricultor de una finca de la vereda Bolo Blanco. Un día que bajó a la zona urbana del municipio a comprar alimentos para sus familiares fue asesinado; luego de 15 días fue encontrado en un cañal vía Florida con muchas señales de tortura, entre ellas ácido en su rostro, que quedó totalmente irreconocible. En esa época se hicieron varias denuncias ante las instituciones municipales, departamentales y nacionales por parte de su esposa, familiares, amigos y conocidos ante las autoridades competentes, pero el crimen aún está en la impunidad.

A mediados de los años 90, es perseguido y luego asesinado el señor José Dielber Ramírez Burgos, también trabajador de la zona rural, asesinado a manos del gobierno, únicamente por vivir y trabajar en esta región de conflicto. Luego es encontrado con señales claras de tortura por los lados de Yumbo-Valle. Se hacen múltiples denuncias en la Personería, Fiscalía, Procuraduría, etc., remarcando que José Dielber era hijo de Gildardo Ramírez Ramírez, quien había corrido años atrás con la misma suerte. Este crimen también sigue en la absoluta impunidad.

Por esos años continúa el conflicto en las regiones de alta montaña, municipio de Pradera-Valle, hay enfrentamientos constantes entre partes intervinientes. A mediados del año 2000, aparecen las AUC (paramilitares), llegan a estas regiones. Era lo único que le faltaba a este municipio. Empiezan a hacer presencia en La Buitretra (municipio de Palmira), luego pasan hacia El Arenillo y desde esos lugares se desplazan hacia los corregimientos de Los Pinos, La Carbonera, El Retiro, El Nogal, La Feria, San Isidro, El Líbano, San Antonio, Potrerito, Bolo Blanco y Bolo Azul, entre otros.

Estos grupos paramilitares del Bloque Calima, a mando del señor alias H.H, se despliegan por todas las regiones ocasionando cualquier cantidad de atropellos a las familias que allí habitaban como son: desplazamientos, persecuciones, desapariciones, señalamientos, hurtos, violaciones a las menores de la región, reclutamientos forzados, asesinatos masivos de campesinos e indígenas, total violación de los derechos humanos a la integridad de los habitantes de estas regiones. Es muy fácil señores verificar todos estos atropellos, los cuales fueron denunciados en su momento ante todas las entidades encargadas del tema y aun no hay respuesta de ello. Estas denuncias reposan en los registros a nivel municipal, departamental y nacional como medio probatorio.

Pero lo peor no es esto, las fuerzas armadas del Ejército y la Policía empiezan a operar de manera conjunta con las AUC, como es el caso de los batallones Agustín Codazzi y Pichincha, ambos del Valle y financiados por el sector industrial y grandes comerciantes de Cali, Tuluá, Buga, Pradera, Florida, entre otros. Se suponía que la tarea del Ejército era proteger a la población civil, no unirse a los atropellos de las AUC del Bloque Calima.

De esta manera se agudiza aún más la problemática en estas regiones, ya la población civil perdía las esperanzas de encontrar la tranquilidad, el Ejército se unía a uno de los grupos más sanguinarios del país, como son los paramilitares, se aumentan más los enfrentamientos entre los diferentes bandos en constante conflicto político, social y armado en estas regiones. ¿Quiénes eran los más afectados? Nadie más que campesinos e indígenas.

Entonces, ¿será que no hay suficientes elementos para decir que estas poblaciones sí son víctimas del conflicto armado? Pero es que esto no lo estamos inventado! hay suficiente material probatorio para demostrar los argumentos aquí expuestos y el mismo gobierno conoce de esta situación a través de sus medios de comunicación como televisión y radio, además de las denuncias y códigos de desplazamiento de todos los habitantes.

Se continúa la presencia de los grupos guerrilleros, el gobierno no es capaz con ellos, pero sí es capaz de matar, de perseguir y señalar a todo aquel que viva en las zonas de conflicto, para demostrar entonces sus avances frente a este fenómeno y demostrar así sus positivos de combate a los grupos insurgentes y entonces mostrar falsos positivos, asesinando, desapareciendo y deteniendo masivamente, diciendo que hacen parte de los grupos insurgentes a todos los campesinos e indígenas de estos corregimientos. En realidad sí somos víctimas del conflicto armado en Colombia.

Pero analicemos, señores encargados del tema de víctimas, ¿será que en realidad el gobierno ha dado un golpe contundente a estas estructuras guerrilleras de estas regiones o más bien quiere justificar sus acciones en pobres inocentes incapaces de esta región como son los indígenas y campesinos?



Fortaleciendo aún más este relato, analicemos las detenciones masivas que ha realizado el Estado colombiano a campesinos, indígenas, afrodescendientes, educadores, transportadores, líderes comunales, entre otros, queriendo demostrar así que hacen parte de las redes de apoyo de los grupos guerrilleros que hacen presencia en las regiones, pero a través de sus falsos montajes judiciales para dar resultados a la opinión pública, todos en su mayoría les ha tocado soltarlos, como son los casos de los afro; los corteros de caña que por estar en una movilización reclamando sus derechos fueron señalados como colaboradores del sexto frente de las FARC; los indígenas del resguardo Kwet Wala y su líder Luis Ángel Perdomo, el cual fue señalado como comandante del mismo; los transportadores Tiberio Enrique Morero, Roberson Barcia y otros, también señalados como transportadores de alimentos del mismo frente; la muerte del señor Calima Muñoz como transportador de leche de los corregimientos más distantes. Pero ni las grandes personalidades se han salvado, como es el caso del señor Sigifredo López Tobar, el cual ustedes ya conocen el escándalo que hubo. En este contexto se produce la detención arbitraria mediante un montaje judicial del aquí libretista Hugo Horacio Ramírez Burgos, líder campesino y educador de este municipio presentado como colaborador de las FARC.

Esto lo realiza el gobierno con el fin de mostrar sus resultados a la opinión pública a nivel nacional e internacional, dizque está combatiendo a los grupos insurgentes. ¿Será que sí?

Con esta pequeña argumentación le pregunto a los señores encargados del tema de víctimas, entonces quienes son las verdaderas víctimas del conflicto? Serán los policías o soldados o más bien los habitantes de estas zonas rurales que han sufrido el constante conflicto sin portar un arma. Como estos ejemplos hay muchos más en la zona rural y urbana, pero ni el gobierno municipal, departamental o nacional se han pronunciado ante esta situación.

Con estos elementos materiales probatorios, solicitamos que se tenga en cuenta a las minorías campesinas e indígenas para esta discusión con el gobierno en el actual proceso de paz que cursa en La Habana-Cuba entre las FARC y el gobierno colombiano.

Tenemos mucho por contarle al país y a los países acompañantes de este proceso, que Pradera y Florida han sido estigmatizados por el Estado colombiano como municipios guerrilleros, pero la realidad es otra. Son municipios pujantes de gente buena, trabajadora, honrada pero que en realidad necesitan otras condiciones de inversión social para así encontrar una paz duradera con justicia social para todos sus habitantes. Les ruego entonces señores encargados del tema de víctimas que luchemos por incluir a las verdaderas víctimas (campesinos e indígenas) del conflicto armado de este municipio.

De otro lado señores, no incluyan a aquellos paracaidistas que quieran aterrizar y sacar provecho de estos diálogos que se están desarrollando entre las FARC y el gobierno colombiano.

Por último, señores delegados del tema de víctimas, recojamos las denuncias concretas que se puedan demostrar por medio de campesinos e indígenas y que no se le dé credibilidad a los politiqueros de turno del municipio, que lo único que quieren es sacar provecho de la coyuntura, como es el caso del actual alcalde del municipio de Pradera Adolfo León Escobar Pineda, que quiere meter a todos sus aliados como víctimas del conflicto y ni siquiera conoce las zonas rurales donde se ha presentado el mismo conflicto.

Por todo esto, necesitamos que se pelee la representación de estas comunidades (campesinos e indígenas) en este importante tema de víctimas entre el gobierno y las FARC, el cual se adelanta en La Habana, Cuba.

Documento escrito desde la cárcel de mediana y alta seguridad de Palmira, Valle del Cauca “Villa de las Palmas”.

Atentamente:

Hugo Horario Ramírez Burgos
Líder campesino, educador del municipio de Pradera e integrante de ASTRACAVA
TD: 22065 - NUI: 377151 - Patio No. 01 - Pasillo D, celda No. 12

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Palmira, Valle del Cauca, Agosto de 2014


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