Asesinatos y amenazas contra los líderes del paro contra la corrupción

Amenazas, dos personas asesinadas, detenciones arbitrarias y señalamientos del Ejército, son algunas de las retaliaciones que los líderes y participantes del Paro Regional del Pacífico contra la corrupción deben afrontar actualmente.

La directriz del Gobierno es borrar de la memoria los hechos que provocaron el levantamiento en once municipios de la Costa Pacífica. Y también es clara la necesidad de la clase dirigente de borrar a quienes participaron y dirigieron este acontecimiento sin precedentes en la historia de Colombia.
Municipio de Magüí Payán durante el desarrollo del Paro Regional del Pacífico contra la corrupción

2014/ Octubre 24/ REMAP/ Por: Alexander Escobar

A poco más de un mes de realizado el Paro Regional del Pacífico contra la corrupción, las retaliaciones no se hicieron esperar. Asesinatos y amenazas contra sus líderes es el saldo trágico que actualmente reportan las organizaciones de derechos humanos que ponen de manifiesto la ausencia de garantías para la protesta social y la oposición política en Colombia.

Magüí Payán es el municipio que se convirtió en epicentro de las retaliaciones. Un docente y el secretario de una institución educativa asesinados, hasta el momento son los hechos de mayor gravedad que padece este municipio de la Costa Pacífica nariñense que está ubicado aproximadamente a una hora por carretera de Barbacoas, un municipio con fuerte presencia paramilitar.

El primer asesinato se registró el 28 de septiembre contra Pedro Augusto Arizala Batalla, secretario de la Institución Educativa Liceo Payán del municipio de Magüí, y quien fue uno de los líderes del Paro Regional del Pacífico contra la corrupción.

El crimen fue perpetrado en la vía Junín-Barbacoas por tres sujetos armados que interceptaron el vehículo de transporte público en que se desplazaba Pedro Augusto y, simulando un robo, asaltan a sus ocupantes y sin mediar palabra proceden a dispararle luego de verificar su identidad. (Ver denuncia)

A los pocos días se presentaría en Magüí otro hecho en contra de los líderes del paro. Edison Tenorio, concejal de este municipio, sería el responsable en esta oportunidad, en hechos que ocurrieron el 5 de octubre cuando el concejal amenazó a los dirigentes Pedro Tenorio y Orlando Quiñones manifestando que les consideraba “enemigos personales de la administración municipal y el Concejo Municipal por haber realizado el paro en contra de ellos y que eso no se iba a quedar así”. (Ver denuncia)

Y los efectos de las amenazas no se hicieron esperar. Al día siguiente, 6 de octubre,  el dirigente social Orlando Quiñones recibiría una llamada en su teléfono celular donde le advertían: “Ahora sí estamos de igual a igual” (Ver denuncia). Un día más tarde, 7 de octubre, sería asesinado el docente Norman Ortiz del municipio de Magüí.

Este segundo crimen se perpetraría en Policarpa, municipio de Nariño, donde en forma similar al asesinato del dirigente Pedro Augusto Arizala, un sujeto encapuchado interceptó el vehículo de transporte público en que se desplazaba el docente y, luego de verificar la identidad de los ocupantes del vehículo, procede a disparar en cuatro oportunidades contra el profesor. (Ver denuncia)

Pero no solo las acciones paramilitares y las amenazas del concejal Edison Tenorio de Magüí han sido las retaliaciones contra los dirigentes y participantes del paro. El ejército también ha tenido responsabilidad, como lo reportan los hechos ocurridos en Cumbitara, municipio de Nariño.

En el corregimiento de Sidón, el 28 de septiembre el Ejército detuvo arbitrariamente a Jhon Dany Quiñones y Janey Ortiz, dirigentes y representantes del Consejo Comunitario Manos Amigas y que también habían participado del Paro Regional del Pacífico contra la corrupción. En el lugar los militares los retuvieron por cerca de media hora, les acusó de ser colaboradores de la guerrilla y, para agravar la situación, procedió a robar el material de trabajo comunitario que llevaban los dirigentes. (Ver denuncia)

Al igual que ocurrió durante el desarrollo del paro, las retaliaciones no han tenido cobertura por los grandes medios de comunicación. Porque es claro que la directriz del Gobierno es borrar de la memoria los hechos que provocaron el levantamiento en once municipios de la Costa Pacífica nariñense y caucana. Y también es clara la necesidad de la clase dirigente del país de borrar a quienes participaron y dirigieron este acontecimiento sin precedentes en la historia de Colombia.

Pero la dignidad y la lucha de un pueblo no se borran tan fácilmente. La injusticia y el paramilitarismo que alimentan a la clase dirigente de este país, y sus pretensiones de perpetuarse en el poder, será la que terminará borrada por la lucha de un pueblo que con el Paro Regional del Pacífico comprendió de lo que es capaz cuando se levanta.

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