Marchitamiento de Emcali

La subordinación de EMCALI a los intereses privados pasa necesariamente por la influencia que ejercen empresarios y banqueros sobre los gobernantes de turno que dicen defender el interés general pero que en los hechos se plegan a los sectores económicos y políticos dominantes pertenecientes al gran capital.

2014/ Noviembre 19/ Veeduría Ciudadana/ Por: Betty Jiménez y Pablo Borrero

El proceso de marchitamiento de EMCALI deviene de tiempo atrás y su acrecentamiento ha sido mayor con la intervención del gobierno nacional durante más de trece años, a la cual debe sumarse lo ocurrido en la etapa actual en que la empresa retornó a manos de la municipalidad.

Al igual que otras empresas del Estado, EMCALI también se encuentra en el ojo del huracán de las políticas de privatización inspiradas en la concepción neoliberal que auspicia el deterioro y apropiación del patrimonio público y reduce su acción política e institucional a la simple regulación que poco ó nada ha contribuido a impedir los abusos de los monopolios que hoy manejan los servicios públicos.

Dicho proceso se ha venido cumpliendo con mayor rigor en la medida en que se ha concentrado en manos de los monopolios el control y manejo de los servicios públicos en la ciudad de Cali sometiendo a la empresa a competir en desigualdad de condiciones con grandes consorcios privados, especialmente después de que se aprobara la denominada ley de TICs, que le quitó el carácter de servicio público domiciliario a la telefonía y le abrió el camino al sector privado para que de paso pudiera utilizar la infraestructura de las empresas del Estado sin tener que hacer mayores inversiones de capital para su expansión en el territorio tal como ha sucedido con la utilización de las redes de fibra óptica que posee EMCALI al respecto.

La subordinación de EMCALI a los intereses privados pasa necesariamente por la influencia que ejercen empresarios y banqueros sobre los gobernantes de turno que dicen defender el interés general pero que en los hechos se plegan a los sectores económicos y políticos dominantes pertenecientes al gran capital, para quienes el verdadero propósito es obtener el máximo de ganancias con el mínimo costo posible con la explotación de los servicios públicos.

Los gobernantes que ceden con mayor presteza a las presiones del sector privado tienden en la práctica a limitar la autonomía e independencia de las empresas públicas y a restringir su actividad operativa tal como viene sucediendo con EMCALI que ha comenzado a marchitarse en la medida en que sus unidades de negocios pierden capacidad para competir en el mercado de los servicios públicos. Esta situación ha sido advertida por los usuarios y por los trabajadores a quienes no se les suministra los medios de trabajo indispensables para realizar su labor, en tanto crece la actividad de las empresas privadas que cada vez se expanden ante la mirada complaciente de los directivos y administradores de EMCALI.

A todo lo anterior hay que agregar la transferencia de la actividad comercial y operativa en favor de un sinnúmero de contratistas privados a quienes no les interesa la suerte de la empresa y desarrollan su actividad de manera deficiente e inoportuna, generándose con ello un malestar generalizado en la comunidad de usuarios de los servicios públicos.

Por otra parte, en esta etapa de la existencia de EMCALI se ha venido consolidando lo que podría calificarse como la unión personal entre el sector público y el privado en virtud de la cual integrantes del sector privado pasan al sector público y viceversa, generándose un verdadero contubernio casi siempre en beneficio del sector empresarial ligado a los grandes negocios de la ciudad y del capital financiero nacional e internacional.

Ante la probable escisión del componente de Telecomunicaciones revive la propuesta de privatizar la empresa por la vía de la tercerización en la prestación del servicio públicos de acueducto lo cual significa la entrega a varios operadores privados del manejo y control del agua, tal como se hizo en la capital de la república en donde se parceló su distribución por zonas. Mientras tanto, los estudios y proyectos para la generación de energía de que tanto se habla se encuentran archivados o paralizados en los anaqueles de los tecnócratas de EMCALI obligada a tener que comprar energía costosa en la bolsa para atender a los usuarios del régimen regulado a quienes les incrementaron el costo del servicio de energía so pretexto del cambio climático que finalmente no se produjo con el frustrado advenimiento del fenómeno del niño, circunstancia ésta que no le impidió a la administración para sostener el precio del consumo del kw hora a los usuarios del sistema no regulado del cual hacen parte grandes industriales y comerciantes.

Entretanto fluyen en el limbo jurídico y tecnológico de EMCALI toda clase de argumentos dirigidos a justificar su privatización y la escisión de Telecomunicaciones que de manera organizada y planificada viene haciendo carrera con la complacencia de las viejas y nuevas bancadas mayoritarias del Concejo Municipal que en el pasado aprobaron la privatización del alumbrado público y de la recolección de basuras y del transporte público, etc.

Ante este despropósito que conlleva al despojo del patrimonio público de EMCALI los caleños y vallecaucanos tienen el deber moral y político de apersonarse del asunto teniendo en cuenta que los costos de la privatización se reflejarán más temprano que tarde en la factura de los servicios públicos, según lo indica la experiencia vivida con los costos que hoy tienen que pagar los usuarios con la privatización del alumbrado público que anteriormente era cubierto por EMCALI, el alto costo de la recolección de basuras en manos privadas, y el valor del cargo fijo aplicable a los servicios públicos domiciliarios con lo cual se aumenta considerablemente el valor de la factura que se debe pagar mensualmente.

Desde luego que no basta con indignarse y esperar a que EMCALI sea privatizada y el componente de Telecomunicaciones escindido. La Constitución Política garantiza la participación ciudadana en los asuntos que afectan directa ó indirectamente a los ciudadanos en materia económica, política, social, administrativa, cultural, ambiental, etc., lo que implica que los ciudadanos pueden acudir al mecanismo de la CONSULTA POPULAR que en todo caso podrá adelantarse con ó sin la aprobación de las autoridades municipales en desarrollo del derecho fundamental del pueblo de ejercer su soberanía, valiéndose para ello de los mecanismos de participación democrática establecidos en la norma fundamental y leyes de la república, como la mejor manera de defender el patrimonio público de EMCALI en interés de todos los usuarios de los servicios públicos en la ciudad de Cali.

Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
Cali, Noviembre 14 de 2014

*Foto: Diario ADN 

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