En Tuluá el ejército destruye cultivos y no responde

Sumado al temor por las retaliaciones que puedan tomar los militares, la víctima debe un crédito al banco que deberá pagar en enero. Sin embargo, el ejército no responde por los más de tres millones de pesos en daños que ocasionó a la campesina Alejandra Ruiz.

2014/ Diciembre 5/ Derechos Humanos/ REMAP

Los hechos ocurrieron el 30 de noviembre en la vereda Santa Elena del corregimiento de Monteloro en el municipio de Tuluá, cuando siendo aproximadamente la 4 de la tarde un helicóptero del ejército, con tropas del Batallón de Alta Montaña No. 10, aterrizó destruyendo 240 matas de mora, propiedad de la campesina Alejandra Ruiz Briñes y avaluadas en $3.600.000

Relata la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes (REDDHFIC) que cuando la señora se acercó a realizar el reclamo a los militares, el sargento viceprimero Rabelo “de mala manera le respondió que solo le podían responder con víveres o con $150.000 y que al otro día volvía para arreglar, pero el lunes no se presentó”.  (Ver denuncia)

Previo a los hechos, días atrás el señor Nelson Mejía, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento, junto a otro campesino se percataron que varios soldados cortaban un árbol para permitir el aterrizaje del helicóptero. Los labriegos procedieron entonces a solicitarles “que no hicieran eso porque iban a dañar los cultivos”. Sin embargo los soldados continuaron y dijeron “que cualquier cosa el batallón respondía”.

Pero el ejército no respondió, del mismo modo que la personería del municipio tampoco garantizó los derechos de los afectados. Cuando la campesina Alejandra Ruíz se acercó a presentar la denuncia, este organismo de control se limitó a dejar todo en manos de los militares, al afirmar que se “debía esperar 6 meses a que en el ejército hicieran la investigación”.

Por el momento no hay quién responda por los daños causados por el ejército. Y la situación para la víctima se torna aún más crítica. Como lo denuncia la REDDHFIC, sumado al temor por las retaliaciones que puedan tomar los militares, su situación económica se torna delicada, en tanto que en el mes de enero debe pagar al banco el crédito que solicitó para poder cultivar.


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