Por dignidad, indígena intenta suicidarse al estar condenado sin pruebas a 40 años de cárcel

La autonomía y legislación indígena debe ser ejemplo de trato digno y justo al ser humano y no la reproducción de la barbarie que, bajo la figura de “patio prestado”, entrega a sus hermanos a padecer la muerte lenta de las cárceles.

“El lema por el cual he tomado la decisión de hacer este acto es que no haya más cárcel para los indígenas; sí a las granjas de armonización y resocialización. El motivo por el cual busco solución a mi caso, es por estar junto a mi familia en el territorio, si no es posible, es mejor reunirme con mis ancestros”. Civilino Ul, prisionero político.
  Municipio de Toribío, Cauca. Foto: www.google.com

2015/ Abril 26/ Derechos Humanos/ Por: Alexander Escobar

La tarde del 25 de abril, el prisionero político Civilino Ul Secue, recluido en la cárcel San Isidro de Popayán, intentó quitarse la vida al no obtener respuesta de las autoridades indígenas que lo condenaron a padecer la tortura de los campos de concentración que hoy llaman “cárceles” en Colombia. La Corporación Colectivo de Abogados Suyana describe lo ocurrido:

(…) a la 1:00 de la tarde aproximadamente, el prisionero político Civilino Ul Secue intenta quitarse la vida mediante herida en el cuello, sus compañeros del pabellón lo encuentran y en el intento por salvarle la vida llaman a la guardia para sacarlo del patio mientras perdía mucha sangre. La guardia del INPEC de inmediato lo traslada al área de sanidad del mismo Centro Carcelario San Isidro de Popayán, donde según nos informan sus familiares,  le suturan la herida y cuando ya lo estabilizan es conducido nuevamente a su celda. (Ver denuncia)

Para comprender la decisión tomada por Civilino Ul, es necesario remontarse a hechos ocurridos el 28 y 29 de abril de 2013 en el municipio de Toribío, departamento del Cauca, cuando en “Asamblea Comunitaria” con participación de las autoridades del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca),  Civilino Ul Secue, John Jairo Mayorga Suárez y José Manuel Opocué son condenados a 40 años de prisión por presunta participación en el asesinato de Benancio Taquinás Dagua; condena que fue cuestionada en su momento por presentar varias irregularidades durante el “juicio”.

Una condena sin garantías para la palabra

Dos hechos puntuales ponen en entredicho la “sentencia”. El primero, la ausencia de una participación amplia de los asistentes al momento de formular la condena. Retomando testimonios de los participantes, asegura la Corporación Colectivo de Abogados Suyana que en dicha asamblea “se excluyó a gran parte de la comunidad que estaba en contra del juicio y ni a los acusados ni a los asistentes se les permitió hablar para realizar alguna defensa” (Ver denuncia). El otro elemento es la ausencia de pruebas contra los acusados. “Los audios de la asamblea revelan que los consejeros que presiden la reunión dicen tener pruebas pero en ningún momento presentan alguna concreta y solo se limitan a decir que los comuneros son culpables”. (Ver denuncia)

Así, en un juicio injusto donde la palabra se detuvo, Civilino Ul Secue fue condenado sin brindarle oportunidad de defenderse, como también lo relata la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes:

Civilino Ul, públicamente admite ser miliciano de las FARC, pero aclara que nunca ha atentado contra la población civil, pero que él sí sabe quiénes son los responsables de la muerte de Alfredo Rios, dirigente campesino asesinado el día 23 de julio de 2011, cuando era candidato al Consejo Municipal de Toribio. Inmediatamente le arrebataron el micrófono e impidieron que siguiera hablando. (Ver denuncia)

Se entregaron pruebas que demuestran la inocencia

Suyana junto a comuneros y familiares de los condenados recolectaron pruebas que demostrarían la inocencia de Civilino Ul y John Jairo Mayorga. Parte de este material fue entregado al Cabildo de San Francisco en reunión sostenida con Suyana el año pasado (2014). Sin embargo “la única respuesta que ha habido por parte de las autoridades indígenas fue comunicarse con uno de los testigos presenciales del hecho para presionarlo para que dijera que los dos comuneros eran los responsables. Según información proporcionada por el mismo testigo, este hostigamiento lo realizaron miembros del Cabildo de Jambaló”. (Ver denuncia)

El suicido no es por chantaje, es por dignidad

Cuarenta años condenado a padecer la tortura de la cárcel en contravía de sus costumbres y tradiciones indígenas, y en condiciones infrahumanas e indignas que afectaron gravemente su salud (ver carta de familiares a la ONU), lo llevaron a tomar la determinación de intentar suicidarse, decisión que consigna en carta fechada el 6 de abril:

La decisión del suicidio la he tomado de la historia de 1492 con la llegada de los conquistadores a nuestros territorios, donde empezaron a tomar una serie de reglas, represión y esclavitud; los que se negaron prefirieron suicidarse para ocultar esas reglas impuestas por estos usurpadores. Hoy he tomado este ejemplo para no ser sometido más a esta regla impuesta por el INPEC y nuestras propias autoridades tradicionales. Esto no es un chantaje, es algo que he pensado hacer por la vulneración a los derechos que tenemos los indígenas. (Ver carta de Civilino Ul)

De la carta tendrían conocimiento el CRIC y la ACIN, organizaciones que después de más de un año de misivas y llamados, finalmente acceden a reunirse para tratar el tema el 23 de abril. La reunión se adelantaría en el centro penitenciario de San Isidro con presencia de delegados de la Defensoría del Pueblo (Regional Cauca) y Suyana.  Pero el CRIC y la ACIN jamás asistieron a la cita; y Civilino Ul, sintiéndose burlado una vez más, dejó en firme la decisión de suicidarse, desencadenando los hechos que en la tarde del 25 de abril casi le cuestan la vida.

Hoy Civilino Ul continúa en firme en su decisión de suicidarse. La injusta condena a que ha sido sometido por las autoridades indígenas que se niegan a tratar su situación, refleja la ausencia de una reflexión profunda que busque alternativas diferentes a los campos de concentración y tortura del sistema penitenciario colombiano. La autonomía y legislación indígena debe ser ejemplo de trato digno y justo al ser humano y no la reproducción de la barbarie que, bajo la figura de “patio prestado”, entrega a sus hermanos a padecer la muerte lenta de las cárceles.

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