Crisis humanitaria en Tuluá

Las violaciones a los derechos humanos de las comunidades han sido constantes, particularmente por parte del Batallón de Alta Montaña No. 10

La situación de persecución contra la Marcha Patriótica y sus organizaciones en el municipio de Tuluá está enmarcada en la crítica situación humanitaria que padece nuestro movimiento político y social a nivel nacional, que en sus cinco años de existencia ha sufrido cerca de 100 asesinatos, decenas de detenciones, desapariciones, amenazas y desplazamientos forzados.
Coregimiento La Moralia, Tuluá. Audiencia Humanitaria realizada el 7 de junio de 2014

2015/ Junio 18/ Derechos Humanos/ Por: Marcha Patriótica

La Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica rechaza de manera contundente los señalamientos de los que vienen siendo víctimas integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca ASTRACAVA, de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano PUPSOC y de nuestro movimiento político y social.

En repetidas ocasiones la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes ha alertado y denunciado ante la comunidad nacional e internacional las acciones de señalamiento, hostigamiento y amenazas provenientes de un perfil de Facebook denominado “Resistencia Civil”, desde el cual a partir del 9 de febrero de 2015 se han hecho de manera irresponsable e intimidatoria afirmaciones que ponen en riesgo inminente la vida, integridad y seguridad personal de los señores Harold Ordoñez, Alonso Valencia y Heriberto Niño, integrantes de Marcha Patriótica y líderes reconocidos entre las comunidades campesinas de la zona media y alta del municipio de Tuluá, así como de Norbey Palacio, periodista amigo del campesinado y candidato al Concejo Municipal de Tuluá. Igualmente, en diferentes espacios que se han desarrollado con participación de instituciones municipales –Personería y Alcaldía– instituciones departamentales –Defensoría del Pueblo regional Valle del Cauca-, organismos internacionales –Comité Internacional de la Cruz Roja CICR y Organización de Naciones Unidas ONU– y Fuerza Pública, hemos expresado la profunda preocupación que nos embarga por la situación descrita, sin que hasta el momento haya algún resultado que arroje información útil sobre el perfil de Facebook mencionado.

Todo lo anterior se presenta en un contexto donde las violaciones a los derechos humanos de las comunidades han sido constantes, particularmente por parte del Batallón de Alta Montaña No. 10, que desde su llegada a la zona ha protagonizado múltiples abusos y atropellos contra el campesinado. Es preocupante que el manejo del perfil de Facebook se haga desde el corregimiento de Barragán, donde está ubicada la base militar de este batallón. Actualmente, Tuluá es una de las zonas del Plan Nacional de Consolidación Territorial implementado por el gobierno de Juan Manuel Santos. En este contexto, las comunidades campesinas han desarrollado un proceso de constitución de una zona de reserva campesina (ZRC), que coincide con la agudización de la crisis humanitaria.

La situación de persecución contra la Marcha Patriótica y sus organizaciones en el municipio de Tuluá está enmarcada en la crítica situación humanitaria que padece nuestro movimiento político y social a nivel nacional, que en sus cinco años de existencia ha sufrido cerca de 100 asesinatos, decenas de detenciones, desapariciones, amenazas y desplazamientos forzados.

Una vez más hacemos un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que, en cumplimiento de sus funciones como garantes de los derechos constitucionales, ejerzan un efectivo acompañamiento a las comunidades campesinas y a sus líderes, frenando los señalamientos y estigmatización que históricamente se han presentado en el municipio de Tuluá contra las comunidades, y que lastimosamente siguen estando a la orden del día. Es necesario recordar que en el corregimiento La Moralia se produjo en 1999 la primera incursión paramilitar del Valle del Cauca, protagonizada por el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, que realizó cerca de 60 masacres, dejando más de 800 personas asesinadas y una infinidad de familias desplazadas a sangre y fuego. Todo lo anterior con la participación directa (por acción y omisión) de las fuerzas militares adscritas al Batallón Palacé del municipio de Buga, como lo demuestran las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y los testimonios de los paramilitares que participaron en estas nefastas acciones[1].

Insistimos en la importancia de dar pasos contundentes en la construcción de la paz que Colombia anhela. En un contexto donde existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto armado que ha azotado al país por más de medio siglo, y considerando que las formas de violencia estatal contra la población civil cumplen un papel fundamental en la perpetuación del conflicto, no pueden seguirse presentando violaciones a los derechos humanos y es el Estado y sus instituciones los principales responsables de evitarlo.

¡SEGUIMOS EN MARCHA POR LA SEGUNDA Y DEFINITIVA INDEPENDENCIA,
POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL, LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Y EL CESE BILATERAL AL FUEGO!

Valle del Cauca, Colombia. Junio 17 de 2015


[1] Ver documental Memoria y Dignidad Campesina: https://www.youtube.com/watch?v=bTDONECensc

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