El Frente Amplio por la Paz y la histórica tarea de forjar la unidad del movimiento popular colombiano para construir la paz con justicia social

Todas y todos por un nuevo proceso Constituyente.

La negativa histórica de construir la paz por la vía incruenta fundamentada en reformas políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales y, en lugar de ello escalonar aceleradamente el conflicto, concentrando una porción significativa de los recursos en avivar las llamas de la guerra, constituyen los peores actos de violencia política deliberadamente planificados por los sucesivos gobiernos y sus asesores norteamericanos.

2015/ Julio 8/ Frente Amplio por la Paz/ Por: Marcha Patriótica Valle

En Colombia la Violencia contra el pueblo ha sido una política de Estado a fin de mantener los privilegios de clase de las clases dominantes, imponer modelos económicos, políticos y culturales e impedir la democratización de la nación. Esta Violencia histórica, derivó en el conflicto social y armado insoluto desde los años cuarenta para no ir más atrás.

La negativa histórica de construir la paz por la vía incruenta fundamentada en reformas políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales y, en lugar de ello escalonar aceleradamente el conflicto, concentrando una porción significativa de los recursos en avivar las llamas de la guerra, constituyen los peores actos de violencia política deliberadamente planificados por los sucesivos gobiernos y sus asesores norteamericanos, ingleses e israelíes, decisiones políticas de las altas esferas del gobierno y de los gremios más poderosos del país, que han agudizado -reiteramos deliberadamente- el complejísimo drama humanitario que padecen millones de familias víctimas del conflicto, despojadas de derechos, despojadas de la tierra y hasta de la vida; decimos entonces que, la violencia se ha instalado como política de Estado en función del crecimiento económico acelerado, la concentración del poder político, de la tierra y de la riqueza.

Diría nuestro García Márquez en Estocolmo en 1.982 que esta “realidad no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas”, que “la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a 3 mil leguas de nuestra casa”.

La salida política y dialogada al conflicto social y armado, el mantenimiento de la mesa de diálogo de La Habana entre el Gobierno y las FARC – EP, la apertura de mesas de diálogo similares con el ELN y el EPL, la participación del pueblo y sus organizaciones en las mesas de diálogo, el desescalonamiento del conflicto y el cese bilateral definitivo del fuego, las necesarias reformas sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales, la democratización y la soberanía de la nación a través de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, son y han sido luchas del movimiento popular colombiano desde años atrás en las calles, en las aulas, en los campos, en fábricas, en los semáforos, en los paros, movilizaciones y bloqueos; la Marcha Patriótica como movimiento social y político ha estado presente en todas estas luchas, toda vez que es pueblo, pueblo en lucha, pueblo en movimiento, pueblo en reflexión, pueblo en acción.

Estas luchas por la paz con justicia social y por las necesarias reformas a la sociedad colombiana se plantean en contraposición y contrapropuesta al militarismo y los áulicos de la guerra quienes se han lucrado hasta enriquecerse a costa de la muerte ajena, ante los retardatarios detentores del poder, a los abyectos enemigos agazapados y públicos de la paz, a las mafias - bajo la sombra de los poderosos- que controlan el microtráfico, las bandas criminales y las jugosas tajadas de los contratos.

Aunque en el proceso de diálogo que se lleva a cabo en La Habana, la participación del pueblo ha sido limitada a los foros regionales y nacionales de paz, a la elaboración de propuestas a través de las urnas establecidas en medios virtuales y físicos y la participación de representantes de las víctimas del conflicto –tanto del Estado como de la insurgencia- en la mesa de diálogo, siendo ésta una clara muestra de la negativa del gobierno a fomentar la participación del pueblo en el proceso de diálogo, a la mesa hasta la fecha se han dirigido 9.301 propuestas las cuales pueden ser observadas y analizadas por los equipos del gobierno y la insurgencia. Así mismo, en La Habana se han logrado tres (3) acuerdos parciales, sobre política de desarrollo agrario integral; participación política: apertura democrática para construir la paz y; solución al problema de las drogas ilícitas.

La creación de una Comisión Historica del Conflicto y sus Víctimas que produjo un importante informe en el que varios de los expertos coinciden en la exclusión política, la problemática agraria y la injerencia del militarismo yanqui como causas motrices del conflicto, fue también producto de la mesa, no obstante la agenda de diálogo y discusión que completa ya el ciclo 38, aun tiene por discutir y acordar los puntos de víctimas; implementación, verificación y refrendación de los acuerdos y; fin del conflicto, además de las veintiocho (28) salvedades que deberán ser solucionadas en el transcurso del proceso.

El movimiento insurgente ha elaborado varios documentos de propuestas para la solución de los puntos en discusión que recogen una buena parte de las iniciativas de los participantes en los foros regionales, de éstos vale resaltar los documentos: 100 propuestas para el desarrollo agrario integral con enfoque territorial; 100 propuestas mínimas para la participación política y; 50 propuestas mínimas para las drogas ilícitas, entre otros; por su parte el gobierno nacional, no solo no ha generado propuestas que den respuesta a aquéllas motivadas por el movimiento agrario, los productores de cultivos proscritos o las víctimas, sino que además ha buscado dar al traste con los puntos ya acordados y aquéllos que están en discusión, como lo evidencia el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, el proyecto de ley de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, ZIDRES, el proyecto de ley 133 de 2014 (sobre baldíos) y la reforma constitucional mediante el cual se impuso el fuero militar, actitud que desdice del anhelo de paz del pueblo colombiano que posibilitó la reelección de Santos en las pasadas elecciones de junio de 2.014 cuando en una fiera contienda electoral logró sobrepasar por poco el guerrerismo fascistoide encarnado en Oscar Iván Zuluaga, esbirro y alfil del Uribismo ramplón.

Esta actitud del gobierno del presidente Santos, es coherente con la contradicción existente en las clases dominantes, una parte de ellas convencidas de la vía militar y de la agudización de la guerra como mecanismo de pacificación de la sociedad colombiana y otras desgastadas por el “esfuerzo tributario inherente a la agudización del conflicto durante más de diez (años)”; por otro lado, el pragmatismo santista deriva en la toma de decisiones que no contravengan (o lo hagan en el menor grado posible) el poder de las fuerzas armadas, las verdaderas gobernantes de la nación colombiana; luego, el gobierno ha optado por no ceder o ceder lo menos posible, en consecuencia, en más de una oportunidad el gobierno ha manifestado que el modelo social y económico del país no está en discusión en el proceso de diálogo de La Habana, lo que además coincide con sus fuentes ideológicas y políticas de liberal, plutócrata, despótico y de derecha. Esta actitud de mano dura y poco orientada al diálogo como mecanismo para la solución de las contradicciones sociales, ha sido demostrada en los procesos movilizatorios de los años 2013 y 2014 y en general de la protesta social del movimiento popular colombiano.

En este contexto, es importante señalar que desde ningún punto de vista se debe entender que el proceso de diálogo de La Habana, como los que surjan con los demás grupos insurgentes, lograrán solucionar todos los problemas económicos, ambientales, culturales, sociales y políticos, históricos de la nación colombiana, pero la unidad del pueblo colombiano en la búsqueda y construcción de la paz con justicia social y de la salida política y dialogada al conflicto, sí permitirán democratizar la nación, lo que sin lugar a dudas será una victoria del movimiento popular.

Desde este punto de vista, el Frente Amplio por la Paz, la justicia social, la democracia y la soberanía, (FAPP), tiene el agradable deber y Tarea de defender la salida política y dialogada del conflicto con una amplia participación popular, lograr el cese al fuego definitivo hacia el desescalanamiento del conflicto, promover un nuevo proceso constituyente ampliamente participativo, como mecanismo refrendador de los acuerdos y como pacto para que en Colombia campee la democracia.

Para hacer esto posible, es pertinente que el Frente Amplio desarrolle una estructura nacional, departamental y municipal de representación y participación, la construcción de un programa unificado de lucha y de gobierno, la realización de jornadas de sensibilización y de pedagogía de la paz con justicia social como la victoria del pueblo colombiano, que partan desde el trabajo casa a casa, vereda por vereda, barrio por barrio, que realice seminarios, cátedras, foros, cumbres, asambleas y encuentros populares. El FAPP debe promover, participar, impulsar y dinamizar los Consejos de Paz en todos los niveles, la movilización permanente y bajo esquemas que logren impactar en la ciudadanía. La ruptura del cerco mediático que han impuesto los poderosos conglomerados empresariales que controlan los medios de comunicación, diseñando campañas unitarias de medios por la paz, es también tarea del FAPP y de los demócratas que queremos una paz real, en absoluto diferente a la paz de Santos y el uribismo que se limitan al silencio de los fusiles, sin que ello se traduzca en los necesarias transformaciones de la sociedad colombiana.

Colombia no puede condenar el futuro de los y las que vienen a los descomunales lastres de la guerra y los anacrónicos recetarios de los entes multilaterales de crédito. Allanar un camino de  paz con justicia social y democratizar la nación colombiana, implica por tanto, aislar la mezquindad de la derecha y el asesino monstruo de la ultraderecha de todas las esferas del poder, desde los micropoderes de los sindicatos y organizaciones barriales, campesinas, indígenas, hasta los de los aparatos de poder del Estado.

El sueño de transformar la sociedad colombiana solo será realidad cuando el movimiento popular colombiano, unido en un espacio como el FAPP conjugue los esfuerzos por hacer realidad los mandatos emanados de los históricos procesos de movilización, los emanados en las constituyentes, la lucha por la paz con justicia social y las aspiración del buen vivir de las comunidades urbanas y agrarias, con la lucha por el poder de los aparatos estatales. Desde nuestro punto de vista ser poder derivará en cambios políticos, ampliación democrática, participación en todas las esferas, profundización de la lucha por la democracia, la irrupción en nuevos escenarios de participación política, el posicionamiento de nuestras iniciativas, el fisurar el poder de la derecha y quitarle el poder real en los entes de gobierno; apoderarnos de los aparatos de poder implica remplazar el gobierno de la plutocracia mafiosa por el gobierno democrático.

De la conjugación de todas nuestras luchas y sacrificios dependerá entonces la construcción de una patria distinta a la que nos ha sido impuesta, una patria del tamaño de la dignidad heredada de los luchadores que han caído, del heroico pueblo que lucha, de aquéllos que permanecen indoblegables en las mazmorras del régimen, una patria justa, soberana y en paz.

Diría el Libertador que “la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino”. Hagamos posible este decreto inexorable del destino conjugando cada una de nuestras fuerzas en las calles y en cada una de nuestras luchas. Fundamos pues nuestras propuestas en un programa político de lucha y de gobierno:

Por la paz con justicia social, por la salida política y dialogada de conflicto social y armado, por el cese bilateral del fuego, por el desescalonamiento del conflicto, por la participación del pueblo real y vinculante en los escenarios de ejercicio y construcción de poder, contra la corrupción y por la defensa del patrimonio público, ¡camellemos todas y todos por un nuevo proceso Constituyente!

¡Fundamos pues nuestras propuestas en un programa de lucha y de gobierno!

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