Las multinacionales cierran, despiden trabajadores, se van del país, y el Estado guarda silencio

Como una noticia más son presentados los continuos cierres de empresas que generan despidos colectivos revestidos de "arreglos voluntarios".

El Estado Social de Derecho que tanto invocan los políticos tradicionales y los “nuevos” para feriar el presupuesto en contratos de toda índole, con los que mantienen su base electoral, consagra el trabajo como uno de sus pilares fundamentales y por esto llama la atención el silencio que guardan ante el despido de centenares de trabajadores.
2015/ Agosto 31/ Opinión/ Por: Betty Jiménez y Pablo Borrero

Trabajdores protestan por decisión de multinacional  Mondelez de cerrar Chiclets Adams


¿Cuál será la próxima empresa en cerrar la producción en Cali?

Como una noticia más son presentados los continuos cierres de empresas que generan los consabidos despidos colectivos revestidos de arreglos voluntarios, con los cuales los empleadores eluden las instancias institucionales y los trabajadores  firman actas de “conciliación” en un mal concebido gana-gana mediante el cual, los primeros evitan largas disputas jurídicas pagando a sus empleados una suma superior a las indemnizaciones de ley lo cual resulta atractivo para los asalariados y estos a su vez reciben una mayor suma dineraria que mejora sus expectativas económicas dependiendo de la llamada “resistencia para la defensa” que realizan para “evitar los despidos”.   

La defensa del trabajo casi siempre se reduce a la misma argumentación jurídica de épocas pasadas y a la permanencia en una carpa frente a las instalaciones de la empresa recibiendo visitas de organizaciones sindicales y uno que otro dirigente político. Esta es una forma equivocada de entender la defensa del trabajo como principio esencial del Estado Social de Derecho que termina privilegiando el acuerdo económico para cada trabajador involucrado en el despido y favoreciendo el interés del empleador en disminuir costos relacionados con el pago de salarios por encima del mínimo legal, prestaciones extralegales con base en convenciones colectivas de trabajo, impuestos locales, de renta y patrimonio. Y así se han cerrado las fuentes de trabajo en la ciudad que generaba la industria.

La sociedad en general y sus dirigentes en particular debieran estar alarmados y preocupados con dichas prácticas que solo agravan los problemas sociales en Cali que tiene una de las mayores tasas de desempleo e informalidad en el país y de mayor desigualdad social.

El Estado Social de Derecho que tanto invocan los políticos tradicionales y los “nuevos” para feriar el presupuesto en contratos de toda índole que justifican como “inversión social”, con los que mantienen su base electoral, consagra el trabajo como uno de sus pilares fundamentales y por esto llama la atención el silencio que guardan ante el despido de centenares de trabajadores y el traslado de las grandes empresas a países como México. Esta posición de no comprometerse tiene que ver en primer lugar, con el hecho de que la ciudad se fundamenta en la economía de servicios impuesta en los últimos quinquenios, la cual la dirigencia se niega a modificar y en segundo lugar, con los tratados de libre comercio mal concebidos por los funcionarios que participaron en su estructuración y firma. De no corregirse los errores,  la Alianza Pacífico repetirá la historia.

El gobernador(a), alcalde (alcaldesa), concejales, diputados que se elijan el 25 de octubre tienen una responsabilidad mayor a la de sus antecesores por coincidir su período con el del post conflicto, etapa en la que el Estado debe implementar, estructurar, desarrollar y ejecutar acciones y programas que garanticen en forma efectiva el trabajo, el bienestar general, salud, educación, servicios públicos, vivienda de buena calidad no solo para los sectores de estratos 1 y 2 sino también para las clases medias de la población, sin distinciones por género, edad, raza, convicciones religiosas, políticas, ideológicas,  única manera de hacer realidad la inclusión y la convivencia las que se reducen a palabras atractivas para los ciudadanos en épocas de campaña pero que no se concretan en políticas de gobierno.

Algunos sectores sociales pretenden enfrentar el desempleo promoviendo la informalidad o rebusque sobre la base de formalizar los vendedores ambulantes, que no es otra cosa que ponerlos a pagar impuestos y seguridad social en salud y pensiones dando la apariencia de que los índices de trabajo aumentan y con ello se mejora la calidad de vida porque ingresan al régimen contributivo. Recientemente se dio a conocer el resultado de una encuesta entre estos trabajadores que los presenta como satisfechos con su trabajo, con ingresos mensuales superiores al salario mínimo legal y generadores de empleo, no obstante que el 69% están en el régimen subsidiado en salud y de esta manera fácilmente se lleva a concluir que no debe cambiarse el modelo de economía basada en los servicios. Sin embargo, no dicen cuánto le cuesta al Estado los subsidios que debe otorgar porque el ingreso mensual así sea superior al salario mínimo legal no es suficiente para pagar aportes a salud y pensiones, ni se dice que laboran más de ocho horas diarias sin prestaciones sociales y que el rebusque en ningún caso mejora la calidad de vida.

La ciudad que es eje del suroccidente colombiano debe incentivar la industrialización promoviendo la creación de empresas y la permanencia de las que tienen asiento en la ciudad. Pero los candidatos continúan alejados de la realidad y de las verdaderas necesidades de los caleños. En enero vendrán cambios para que sigan profundizándose los problemas sociales y aumentando la inequidad y con ello la pobreza.

Luz Betty Jiménez Borrero y Pablo Borrero V.
Cali, Agosto 29 de 2015

El Control Ciudadano sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable
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