La Paz no será fácil, escribe prisionero polítco Huber Ballesteros

El establecimiento no está dispuesto a ceder en nada de lo que constituyen las causas que generaron y alimentan el conflicto colombiano.

Nuestra historia ha sido la de la edificación de una República mediante un sistema excluyente en lo económico y en lo político, agravado por el hecho de adoptar como política de Estado la persecución, el encarcelamiento y el exterminio de los opositores políticos.
2015/ Septiembre 12/ Diálogos de Paz

Por. Huber Ballesteros Gómez
 Prisionero Político, integrante de la Junta Patriótica Nacional
del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica


¿Qué nos espera después de firmarse un acuerdo de paz?

A juzgar por las posiciones que el establecimiento ha mantenido durante estos tres años largos del proceso de diálogos en La Habana, aunque se llegue al acuerdo para la terminación del conflicto, la lucha de la oligarquía por mantener sus privilegios seguirá siendo muy fuerte; algo que resulta apenas lógico, la duda que nos queda por despejar realmente es ¿si está dispuesta a renunciar a los métodos tramposos y criminales que ha utilizado durante cerca de doscientos años y que le han merecido el título de la oligarquía más violenta de América Latina?

Su insistencia en una paz barata, desconoce de hecho que el conflicto social y armado colombiano tiene unas causas económicas, políticas y sociales que es necesario remover si queremos que la paz sea cierta y duradera.

Veamos tres aspectos que han sido la constante en las posiciones de los representantes del establecimiento, que quizá de manera equivocada nosotros hemos situado en la derecha y ultraderecha y digo que quizá equivocadamente, porque en lo fundamental ellos representan los mismos intereses de clase.

1. “No estamos negociando el modelo económico, el modelo político ni la estructura de las Fuerzas Armadas” Juan Manuel Santos.

Según lo dicho por el Presidente de la República, el establecimiento no está dispuesto a ceder en nada de lo que para el pueblo constituyen las causas que generaron y alimentan el conflicto colombiano. O acaso ¿no son la pobreza creciente, la concentración de la riqueza y la falta de oportunidades consecuencias del modelo económico?

En materia de tierras, tema tratado y pre-acordado en el punto uno de la agenda de diálogos, se acordó el desarrollo de una Reforma Rural Integral (RRI) como elemento básico para la transformación de las condiciones de los pobladores rurales; pero contrario al espíritu de lo acordado, el PND 2014 - 2018 formula varios programas, pero en lo atinente a tierras, a pesar de que el gobierno repite insistentemente que está dispuesto a firmar el acuerdo de paz con las FARC-EP y se ha comprometido a desarrollar una serie de programas en lo relativo a dotación de tierras y desarrollo rural, esto no se encuentra contemplado en el escrito, siendo ley que lo que no aparezca en el PND, tampoco puede ser presupuestado. Nos encontramos entonces, ante un gran “conejo” a los Diálogos de Paz.

Por su parte, el proyecto de ley de presupuesto para el 2016 vuelve a dejar el campo como la cenicienta con un recorte de 1.6 billones con respecto al destinado para el presente año a programas de desarrollo rural, desconociendo además lo acordado con las comunidades rurales que convergen en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Como complemento perverso a las anteriores medidas económicas, la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro han emprendido una contrarreforma agraria por vía judicial, criminalizando dos de las formas legitimas a través de las cuales las comunidades rurales, (indígenas, afrocolombianos y mestizos campesinos) han accedido a la tenencia de la tierra (la ocupación de baldíos de la nación y la recuperación de tierras abandonadas o inadecuadamente explotadas), fenómenos que se produjeron ante el desinterés y la falta de voluntad del Estado.

El ordenamiento y equipamiento de los territorios urbanos para beneficiar el comercio y los servicios ligados al sistema financiero junto con la insistencia de profundizar un modelo económico (neoliberal) fracasado a nivel planetario, cuyos desastres económicos, sociales, ambientales y culturales tienen hoy en crisis a las economías de los llamados países desarrollados y que en nuestro país fue impuesto mediante la violencia estatal y para-estatal, siembra muchas dudas sobre las reales intenciones de la oligarquía y el gobierno que la representa en la mesa de La Habana, pues resulta obvio que el gobierno Santos representa en la mesa no a todos los colombianos sino a su clase, y busca por todos los medios que los resultados de esta negociación no afecten sus intereses.

“La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una amplia democracia que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz” (Extraído del documento conjunto de preacuerdos de La Habana, mesa de diálogos FARC-EP y Gobierno Nacional. Participación política: apertura democrática para construir la paz).

¿Cómo entender o interpretar las contradicciones, en las que se hunde frecuentemente el gobierno nacional? Contradicciones entre lo que plantea y acuerda en la mesa de diálogos y lo que pone de manifiesto a través de comunicación.

Nuestra historia ha sido la de la edificación de una República mediante un sistema excluyente en lo económico y en lo político, agravado por el hecho de adoptar como política de Estado la persecución, el encarcelamiento y el exterminio de los opositores políticos: Antonio José de Sucre, Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliecer Gaitán, Jaime Pardo leal, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, la Unión patriótica y la Marcha Patriótica que entre otros casos componen lo más representativo de una larguísima lista de crímenes de Estado. Un Estado que asesina, persigue y encarcela a la oposición política no es legítimo, ni democrático, ni mucho menos viable.

Si la oligarquía no está dispuesta a permitir un cambio profundo en las reglas de juego del sistema político, una verdadera apertura hacia un sistema democrático, convertirá a la paz, aun cuando se hayan firmado los acuerdos, en una quimera.

¿Cómo puede un país pasar la página del largo conflicto social armado, sin realizar cambios en la concepción y estructura de sus fuerzas armadas y de policía?

¿Cómo podremos transitar del pos-acuerdo al pos-conflicto si las instituciones gubernamentales y en especial las Fuerzas Armadas y de Policía insisten en considerar a los militantes de izquierda, a los sindicalistas y a las organizaciones sociales como enemigos del Estado?

Sin lugar a dudas, la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno, engendro gringo aplicado en los manuales operativos y de instrucción de la fuerza pública colombiana es la responsable del terrorismo de Estado que se convirtió en política del establecimiento desde hace más de 50 años.

La paz, para ser real y duradera, requiere por lo tanto que haya una verdadera abolición de toda esa doctrina, acompañada de la transformación de las instituciones castrenses, de policía, de los entes de Fiscalía y del aparato de judicial y represivo en su conjunto.

2. “La paz debe hacerse sin impunidad, los jefes de las FARC deben ir a la cárcel”. (Procurador General de la Nación, voceros del Partido Conservador y del partido Centro Democrático).

Al plantear esto, la oligarquía colombiana descarta de plano reconocer la responsabilidad que le cabe en la generación de las causas del conflicto, en la adopción de una política de guerra contra el pueblo y en los crímenes de Estado cometidos mediante instituciones legales e ilegales.

¿Quién sino la oligarquía colombiana con el apoyo de los gobiernos de los EE.UU en los últimos cincuenta años son los responsables de los miles de asesinatos, desaparecidos y de los millones de desplazados?

Vistas las cosas de esta manera, no es posible que se hable solo de la responsabilidad de una de las partes involucradas en el conflicto armado, a menos que como pareciera obvio, el establecimiento confunda una negociación de paz con una rendición de la insurgencia y un sometimiento a la “justicia”.

Para la mayoría de los colombianos, muy a pesar de lo que pregonan Caracol y RCN (multiplicadores de la ultraderecha) la verdad, como forma de justicia debe ser una responsabilidad de las partes. La reparación y las garantías de no repetición deben ser asumidas por el Estado, responsable del surgimiento de la insurgencia armada como respuesta a la falta de democracia en lo político, de la exclusión social y económica y de la violencia que ha ejercido por mano propia en respuesta al descontento popular.

3. “Los jefes de las FARC, no podrán participar en política” (Partidos como Centro Democrático, Partido Conservador, grandes medios de comunicación y Procurador General de la Nación).

Si la vía armada fue la única que les quedó a un grupo de colombianos para preservar la vida y reclamar los derechos económicos, políticos y sociales del pueblo como lo dicen las FARC-EP en el que denominaron: Programa Agrario de los guerrilleros escrito en 1964, y hoy se les dice a quienes con base en ese programa han continuado la lucha armada, que no existen aún garantías, ni se está en la idea de generar transformaciones de fondo en el modelo que lo excluyó ¿Bajo qué argumento se pretende llegar a un acuerdo de paz, terminar con el conflicto y lograr la reinserción de los alzados en armas a la vida constitucional?

Este planteamiento de una parte de establecimiento, carente de lógica, busca en lo fundamental que la insurgencia, además de prescindir del uso de las armas para la lucha política por el poder, renuncie a la lucha política misma, abandone sus postulados y objetivos y quede como un grupo de parias “disfrutando del perdón y los supuestos beneficios que le otorgue el régimen”.

Un acuerdo de paz que pretenda superar el conflicto, debe comprometer una apertura democrática que haga efectivos los derechos de la oposición y garantice la actividad política de todos los excombatientes de la insurgencia para que puedan seguir presentando sus planteamientos, debatir sobre los grandes problemas del país y buscar el favor popular para alcanzar sus objetivos políticos.

Son muy halagadores, los vientos de paz que soplan desde La Habana y los que se darán desde otro lugar de América Latina con el inicio de los diálogos con el ELN, pero persisten aun los peligros de que la paz, no se logre o no sea tan real, estable y duradera.

El reto de lograr un acuerdo es tan grande como lo es el de efectuar lo acordado, la oligarquía hará hasta lo imposible para que su implementación modifique lo menos posible su statu quo.

Corresponde a la izquierda, a los demócratas y al Movimiento Social y Popular, apoyar e impulsar el avance de los diálogos hasta alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, así como corresponde continuar de manera decidida y unitaria trabajando para lograr su materialización, permitiendo lograr esa paz con democracia y Justicia Social que anhelamos la inmensa mayoría de los colombianos.

Cárcel la Picota Bogotá D.C. Septiembre de 2015

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