Paramilitarismo en Colombia: ¿política de Estado o sombra militar?

El Estado ha postulado y legitimado su seguridad bajo desplazamientos, desapariciones forzadas, judicializaciones y miles de fosas comunes.

Esta fascitización desde el Estado deberá desestructurarlo el presidente Juan Manuel Santos. El Estado creó el paramilitarismo, lo promocionó y a él le corresponde acabarlo, no a los movimientos insurgentes FARC-EP y ni al ELN, esa responsabilidad no le corresponde a los movimientos alzados en armas.
2015/ Octubre 2/ Paramilitarismo/ Por: Sara Leukos


Chaque époque rêve la suivante...- Michelet, Avenir ! Avenir.
Walter Benjamin

En Colombia el paramilitarismo está reinante.

Las fuerzas militares, han hecho del paramilitarismo una seguridad nacional y una  instalación de toda una doctrina de pensamiento militar.[1] Esta doctrina ha conllevado a diversas eliminaciones, desapariciones forzadas, persecuciones  políticas, desplazamientos  de miles de ciudadanos y  numerosas judicializaciones de corte político en Colombia. El  paramilitarismo, no es solo una facción militar, es todo un pensamiento para-criminal, el cual introduce y sostiene mecanismos sistemáticos de fascitizacion, bajo una represión y eliminación, donde organismos del gobierno y agentes externos responden a toda una política de Estado nacional.[2] Cabe resaltar,  la sombra militar, bien tenebrosa en la época del periodo presidencial de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), quien recurrió al decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978, que sería conocido como ‘Estatuto de seguridad, éste sirvió para encarcelar a miles de jóvenes, perseguir al  movimiento social y desaparecer a miles de ciudadanos que bajo escuadrones de muerte y respaldado por su  famosito  estatuto,  jóvenes de  universidades, miembros de sindicatos, líderes campesinos, indígenas, afros, se vieron abocados a la más humillante segregación, tortura, encarcelación,  judicialización y muerte en muchos casos. La criminalidad bajo un orden  legal, es decir, una para-fascitización en toda su estela  estatal. 

Así, Colombia en aras de la seguridad nacional, el Estado ha postulado y legitimado su seguridad bajo desplazamientos, desapariciones forzadas, judicializaciones y, lo más terrible, para un territorio: la extensión geográfica de miles de fosas comunes   per secula seculorum.

Se preguntan, ¿qué ha cambiado el Estado hasta ahora? Nada. Hoy día se continúa legalizando la represión y persecución bajo decretos punitivos[3] y de otro lado, se agencian grupos armados, delincuenciales, para perseguir y asesinar en  nombre del bien. 

En el actual  proceso de paz con el movimiento insurgente  FARC-EP y la apertura de  mesa de paz con el ELN, es un gran reto el tema del paramilitarismo.

El paramilitarismo en el acontecimiento de la  Paz, diría, es la maceta principal  para beber y comer en paz. Se debe desestructurar toda una para-fascitizacion del Estado en Colombia. El paramilitarismo es una nidada deshumanizada de para-funcionarios, burócratas, para-legislación, políticos regionales, narcotraficantes, gremios económicos, ultrajadores de la vida, predicadores de moral y  sometedores gota a gota a miles de ciudadanos. Uno de los gestores y amparadores del ejército paramilitar (Auto-defensas) ha sido el actual senador actual  Álvaro Uribe Vélez, que durante  su gobernación y bajo su periodo periodo presidencial gestó y proporcionó el más execrable genocidio político y el etnocidio a las comunidades indígenas, afros  y campesinas del territorio nacional.  Allí, está el punto más álgido de la Paz. Es necesario su desmonte desde el Estado, para alcanzar una vida cotidiana, permitiendo un lenguaje hacia lo humano, lo posible en las  sendas  colectivas para ejercer una  vida política y dialógicamente  en una verdadera justicia. Sí, eso no se cumple, la Paz se logra con acuerdos-lateralizados, pero el curso de la vida política, tendrá otras vertientes para encausarse en el tiempo.      

La niebla que cubre el Estado es tan densa como la que cubre el tiempo del paramilitarismo.               

Por eso el monstruo se encuentra entre nosotros
como mensajero del más real humanismo
Walter Benjamin  

En Colombia, durante demasiado tiempo se ha puesto el énfasis a la creatividad política del Estado. Esa vergonzante creatividad del mal, ultrajadora, y funesta como metal ideal de la vida. Es claro que existe una diferenciación sobre ciertos hechos políticos realizados por la insurgencia y otra, muy distinta, por los organismos del Estado y agentes civiles al servicio de éste, como por ejemplo en las ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de organismo de las fuerzas militares y agentes civiles al servicio del Estado.[4] No es equiparable el actuar de los movimientos en rebelión, con los crímenes cometidos por el Estado.

Los movimientos insurgentes FARC- EP y el ELN se han levantado en armas ante el genocidio, persecución, la pobreza y los mecanismos de violencia del Estado perpetrados por varias décadas en Colombia. Son movimientos en rebelión no delincuenciales, los cuales, como organización en rebelión han trazado un gran proyecto político desde hace más de medio siglo. No hay que enlodarse. Las FARC-EP, está negociando entre otros temas, la cuestión de tierras, la participación política, reparación a las víctimas, sustitución de cultivos, y de manera estructural su seguridad, la dejación de armas, finalización  y verificación del conflicto.

Se atisba un gran modelo de Paz restaurativa para Colombia, pero uno de los grandes retos será derribar el gran tacón prusiano que avisa con todo su modelo filofascista: el paramilitarismo.

El paramilitarismo actual no cesa de proclamar que la crisis en Colombia, de este  siglo, es un conflicto económico, de ideología doctrinal, presenta una búsqueda de  la unidad como idea-fuerza básica en su discurso de cara al exterior.

El  paramilitarismo emplea la violencia como medio para los fines del Estado. Este se halla en la perfecta combinación de  unión de pensamiento y acción de carácter filofascista, con razones políticas y tácticas. Esta fascitización desde el Estado  deberá desestructurarlo el presidente Juan Manuel Santos. El Estado creó el paramilitarismo, lo promocionó y a él le corresponde acabarlo, no a los movimientos insurgentes FARC-EP y ni al ELN, esa responsabilidad no le corresponde a los movimientos alzados en armas.

Es un reto avanzar, sobre los mecanismos que se trazan por el modelo de Paz  restaurativa. Es decir, combatir esa ideología negativa a que los explotados deben permanecer de cara y lado, recostados a toda una fuerza represora. Allí el paramilitarismo, hay de derribarlo no solo como una fuerza armada, sino como una monopolización de la violencia, bajo toda una línea de pensamiento en la sociedad colombiana, que atraviesa la imposición en: lenguajes mediáticos, acciones legislativas, decretos punitivos, persecuciones judiciales, la imposición de una  violencia jurídica, la instalación de una economía moral, el monopolio político local de una vieja clase dirigente anacrónica, es decir, combatir el  modelo de desarrollo restringido, segregacionista y monopolizado. Es primordial adentrase en ese gran consenso de la Paz y no bajo situaciones de orden moral, cuando es al Estado que le corresponde responder por sus acciones militaristas y  criminales.

Hay que generar una reflexión sobre el orden jurídico que no contempla el proceso de Paz,  es decir, las leyes que el derecho protege en su poder, donde la Ley se nos revela amenazante, recayendo en los ciudadanos, que se hallan en diverso espacios sociales, políticos y organizativos.

Sin duda este trazo de la Ley amenazante, es un tema de toda una sociedad y no exclusiva del proceso de Paz con los movimientos insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En esta instancia los movimientos sociales y sus líderes deben  tener claro toda la advertencia histórica de lo que significa las huellas y la permanencia de una Paz con justicia social, de un lado, la proclamación de Paz por parte de los movimientos alzados en armas y, de otro lado, el tendón histórico que ejerce el Estado hacia las persecuciones y judicializaciones a líderes del movimiento social. El Estado debe proteger los derechos de los ciudadanos y dar garantías de convivencia. No hay que confundirse con recostar la responsabilidad a los movimientos insurgentes, de lo que el Estado ha dejado de hacer por más de 100 años. El Estado tiene una responsabilidad  proteger y amparar los derechos de los ciudadanos y desmontar el negocio de la guerra de las grandes oligarquías  monopolizadoras de los  territorios. 

“Quienes aseguran  que pueden predecir el destino que toca  a las personas a partir de unos signos dicen que de algún modo  el destino se encuentra ya presente para el que sabe verlo, para quien halla en sí mismo un saber inmediato del destino.-Walter Benjamin 1921.”   




[1] Ver sobre este punto la reflexión del analista Horacio Duque , sobre el tema de la doctrina de seguridad nacional:    http://anncol.eu/index.php/opinion/item/2067-horacio-duque
Para recordar al  presidente Julio Cesar Turbay Ayala, con el decreto  1923 de 1978  (estatuto de seguridad) y  el  de  Cesar Gaviria de decreto  1994, de Vigilancia y Seguridad, firmado por el  entonces ministro de Justicia Rafael Pardo. Legalizando toda un doctrina de seguridad militar y poniendo al orden  todo un mecanismo  de para-fascitización s
[2] Ver sobre este punto los artículos de José Antonio Gutiérrez :
http://www.anarkismo.net/article/16405
http://www.anarkismo.net/article/15844
http://www.anarkismo.net/article/17240
[3] En este sentido se han dictado en el código penal, diversas tipificaciones  desde 1936, 1970, 1980, 2000 decretos  punibles y sancionatorios. http://www.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/revista_criminalidad/vol50_1/05delitos.pdf
[4] Sobre este tema de la ejecuciones  extrajudiciales, llamadas falsos positivos, hay  toda la que quiera  el lector  distribuida en diversos medios  periodísticos y textos.

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