abril 2015
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En sintonía con la denuncia constante de los campesinos e indígenas colombianos contra la aspersión de glifosato sobre los cultivos ilegales, las FARC apoyan la recomendación del ministerio de Salud de ese país suramericano para parar el uso del pesticida desarrollado por Monsanto.
El vocero de las FARC, Pablo Catatumbo aseguró que Colombia se puede
gobernar de otra manera. | Foto: AFP

2015/ Abril 30/ Derechos Humanos/ Por: teleSUR

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) respaldaron este miércoles la recomendación del ministerio de Salud colombiano de parar las fumigaciones de los cultivos iligales de marihuana, amapola y hoja de coca con glifosato, un pesticida señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ser “probable” agente cancerígeno, publicó AFP.

El comandante de las FARC, Pablo Catatumbo aseguró que "en el mundo entero ya es casi una decisión unánime que el glifosato es un veneno dañino, perjudicial para los seres humanos, para los cultivos, perjudicial para la gente humilde que trabaja en el campo".


La controversia sobre el uso del pesticida generó diferencias dentro del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, luego de que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón apoyara su uso, mientras que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria recomendó a través de una misiva dirigida a las autoridades antinarcóticos de esa nación, la suspensión del empleo de glifosato. El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez solicitó que sea convocado el Consejo Nacional de Estupefacientes para debatir la cuestión.

Pablo Catatumbo dijo que "en ningún país del mundo, incluido Afganistán, que tiene una ocupación militar extranjera (occidental desde 2001), se admite el uso de glifosato (en los cultivos de amapola) por el daño que le causa no solo a su gente, sino al territorio".

Fausto Guerra y Gloria Mendoza, campesinos de los municipios de San Francisco en el departamento de Cundinamarca y de Salinas en Casanare relataron en abril de 2014 a La Silla Vacía que la fumigación de glifosato genera zarpullidos en la piel, rasquiñas intensas, afecciones respiratorias que apenas podían aplacar por algunos minutos con leche de magnesia y agua, pero después volvía.

En junio del año 2000 el Senado de los Estados Unidos (EE.UU.) aprobó el Plan Colombia redactado en la Casa Blanca, el cual se ejecutó un mes después sin previa consulta a los colombianos reseñó la organización internacional Grain que aboga por la defensa de los campesinos. Aunque este plantea las bases de un supuesto "plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado", la realidad se separa de estos ideales porque “las fumigaciones han convertido el territorio colombiano en un gran campo de experimentación de agentes químicos, mucho antes incluso del inicio del Plan Colombia.

Desde 1978 se ha estado ensayando sucesivamente con diferentes fórmulas: Paraquat, Triclopyr, Tebuthiuron, Imazapyr y Hexaxinona. Su éxito, sin embargo, fue escaso, por lo cual desde1986 comenzó a utilizarse el herbicida glifosato de la transnacional norteamericana Monsanto”, explicó el organismo internacional.

Monsanto, empresa estadounidense que cultiva alimentos y productos genéticamente modificados, como es el caso de la amapola: materia prima de la heroína, y a su vez, comercializa el glifosato aseguró que este pesticida es seguro para la salud humana.



"Es apenas lógico que en Colombia se esté considerando la eliminación del uso de ese veneno que solo sirve para enriquecer más a la compañía Monsanto", expresó Catatumbo.

El vocero de las FARC, Pablo Catatumbo subrayó que “es necesario sacar adelante este proceso de paz, que ha encendido nuevamente la llama de la esperanza la unidad nos está diciendo que es factible un triunfo popular frente al mal gobierno (...) Colombia puede ser gobernada de otra manera”.
 

El glifosato es un herbicida producido ante todo por la multinacional Monsanto la cual obtiene millonarios ingresos por su venta. Embajador de Estados Unidos defendió el uso de esta sustancia química que puede generar 4 tipos de cáncer.

2015/ Abril 30/ Derechos Humanos/ Por: PaZífico Noticias

Luego de la solicitud del Ministerio de Salud de suspender las fumigaciones con glifosato las voces más derechistas del país se incomodaron. El primero en pronunciarse fue el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón quién aseguró que se continuará usando este veneno.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS)  advierte que la exposición al glifosato puede generar 4 tipos de cáncer, el expresidente Álvaro Uribe defendió su uso y dijo que lo único que se busca con la posible suspensión de las fumigaciones es complacer a las Farc.

El Procurador Alejandro Ordoñez cuya función constitucional es defender los intereses de la comunidad, entre ella la campesina, salió en defensa del glifosato. En su cuenta en twitter dijo.

El glifosato es un herbicida producido ante todo por la multinacional Monsanto la cual obtiene millonarios ingresos por su venta. Embajador de Estados Unidos defendió el uso de esta sustancia química.



Contrario a los que opinan estos sectores políticos, el Ministerio de Salud espera el pronunciamiento oficial por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes para que se suspendan las fumigaciones con glifosato y no se siga colocando en riesgo el ecosistema colombiano y la vida de miles de campesinos  del país.


La Cumbre Agraria quedó a la espera de respuesta del gobierno ante la solicitud de una reunión con el presidente Santos y una rendición de cuentas por parte del gobierno que solucione la actual crisis, según lo estipulado en el decreto que le da marco normativo y carácter vinculante a este escenario de interlocución y acuerdos.


Bogotá, 28 de abril de 2015

La Cumbre Agraria alerta a todas las bases y organizaciones en las regiones sobre la actual crisis que está viviendo el escenario de concertación que se adelanta con el gobierno nacional que  inició hace un año para conjurar la crisis que en su momento representó el paro agrario de 2013 - 2014.

En carta dirigida al Ministro de Interior Juan Fernando Cristo (ver carta) y en un exhaustivo documento de evaluación entregado al Ministro de Agricultura Aurelio Irragorri, la Cumbre Agraria considera que el gobierno se encuentra en rojo en materia de cumplimiento con nuestros sectores agrarios "por la dilación que ha caracterizado en  gran parte de los temas la respuestas del gobierno" (ver evaluación del proceso).

Cumbre Agraria quedó a la espera de respuesta del gobierno ante la solicitud de una reunión con el presidente Santos y una rendición de cuentas por parte del gobierno que solucione la actual crisis, según lo estipulado en el decreto que le da marco normativo y carácter vinculante a este escenario de interlocución y acuerdos, que contempla reuniones periódicas con el presidente.


La Cumbre Agraria Campesina, étnica y popular reúne a gran parte de organizaciones campesinas, indígenas y negras del país que en unidad se levantaron durante los paros campesinos y Minga Indígena del 2013 y 2014 a quienes alertamos frente a estas permanentes dilataciones por parte del gobierno. 


Atentamente,

COMISIÓN POLÍTICA
CUMBRE AGRARIA: CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR

Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- Congreso de los Pueblos -Movimiento Político y Social Marcha Patriótica - Coordinador Nacional Agrario –CNA- Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo –MIA-  Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –COMOSOC- Proceso de Comunidades Negras -PCN- Autoridad Nacional Afrocolombiana- ANAFRO. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO- Mesa de Unidad Agraria –MUA- Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC- Movimiento por la Constituyente Popular –MCP- Asociación Campesina y Popular –ASOCAMPO- Asociación Nacional Agraria Campesina –ASONALCAM- 

Anexos


Los más de 3 mil estudiantes que hacen parte del Colegio Municipal Politécnico esperan que los problemas entre el magisterio y los maestros sean solucionados para levantar el paro del colegio. Los profesores aclaran que las protestas son decisión autónoma de los estudiantes.  
2015/ Abril 29/ Educación/ Por: PaZífico Noticias


La toma pacífica cumplen los estudiantes del Colegio Politécnico Municipal, quienes decidieron solidarizarse con sus maestros por considerar que la situación que padecen está afectando directamente su calidad educativa.

Los profesores aclaran que las protestas protagonizadas por el gremio estudiantil han sido una decisión autónoma de los estudiantes.

Los estudiantes exigen que el pliego de peticiones planteado por los docentes sea solucionado por el Gobierno Nacional.

Denuncia este docente que hasta el momento esta institución educativa no ha recibido los recursos del Ministerio de Educación para su funcionamiento durante este año.

Los más de 3 mil estudiantes que hacen parte de esta institución esperan que los problemas entre el magisterio y los maestros sean solucionados para levantar el paro del colegio.  

Denunciamos como carente de fundamento la versión que han entregado las autoridades sobre los móviles del asesinato del profesor, afirmando que se trató de un intento de hurto de su carro. No aceptamos el silencio de las autoridades ante el crimen e inseguridad que reina en la ciudad y que no han podido resolver, a pesar de las políticas de seguridad y la permanente inversión en pie de fuerza.

2015/ Abril 28/ Derechos Humanos/ Por: Frente Amplio por la Paz

El Frente Amplio por la Paz de Medellín y Antioquia denuncia y rechaza con indignación el vil asesinato del profesor Luis Fernando Wolff Isaza, ocurrido el lunes 27 de abril en la ciudad.

Luis Fernando Wolff fue un crítico social, sindicalista, intelectual y disidente político. Dedicó su vida a la defensa de la libertad, los derechos humanos y la paz y justicia social que por décadas han reclamado los sectores populares en Colombia. Fue un consecuente defensor de los diálogos de La Habana y de la solución política al largo conflicto armado que desangra al país.

Fue también uno comprometido impulsor del Frente Amplio por la Paz y la Democracia en Medellín. Durante su vida como luchador social y político, participó activamente en diferentes organizaciones y procesos populares. Como docente, investigador, sindicalista, fundador de la Escuela Nacional Sindical, militante de la Unión Patriótica y del Polo Democrático Alternativo, entre otros.

Su asesinato, en circunstancias que están por esclarecerse, nos causa un profundo dolor y nos lleva a preguntarnos si esa será la suerte de los luchadores sociales en Colombia que hoy como ayer estamos del lado de la paz. No podemos permitir que se repita la historia del exterminio de los movimientos sociales y populares que estuvieron a favor de la paz y el fin del conflicto armado. ¿Toleraría el país un nuevo genocidio político?

Denunciamos como apresuradas, irresponsables y carentes de fundamento la versión que han entregado las autoridades de policía, la fiscalía y la alcaldía de Medellín sobre los móviles del asesinato del profesor, afirmando que se trató de un intento de hurto de su carro. No aceptamos el silencio de las autoridades ante el crimen e inseguridad que reina en la ciudad y que no han podido resolver, a pesar de las políticas de seguridad y la permanente inversión en pie de fuerza.

El movimiento social y político y el Frente Amplio por la Paz y la Democracia, exigen y demandan de las autoridades municipales una investigación inmediata sobre los motivos y autores intelectuales del asesinato del profesor Luis Fernando Wolff, para que no quede impune y que por las circunstancias, armas de alto calibre con silenciador, apuntan a un crimen político.

Expresamos nuestras condolencias a su familia, a sus amigos y a los movimientos y organizaciones políticas que crecieron con él, las que hoy lamentamos su partida.

La paz a la que aspira el Frente Amplio, exige que el Estado y sus autoridades cumplan de verdad, no de simple retórica, su obligación de proteger la vida de los ciudadanos, más cuando de líderes políticos como Luis Fernando Wolff se trata, seres que dedicaron su vida a que en Colombia la paz y la vida digna sean una realidad concreta para todos, no la utopía por la que tengamos que morir.


Hace menos de un mes el Consejo Superior Universitario, compuesto en su mayoría por delegados directos o indirectos del Gobierno Nacional, desconoció más de 20 mil votos de la comunidad universitaria (en donde no participan los trabajadores) que no consideraban a Ignacio Mantilla como Rector de la Universidad.

2015/ Abril 28/ Educación/ Por: María Alejandra Rojas

Esta ha sido la pregunta que múltiples estudiantes y profesores nos hemos hecho a partir de un nuevo escenario de conflicto laboral en la Universidad. A diferencia de ocasiones anteriores, en que la discusión se centraba en el bloqueo a los edificios, en la justeza o no de las reivindicaciones de las y los trabajadores o en la importancia de empatar agendas entre los tres estamentos, en esta ocasión el énfasis de la discusión se ubica en si es necesario o no que estudiantes y profesores nos sumemos a la dinámica de movilización en defensa de la Universidad Nacional como universidad pública y que requiere construir a su interior democracia universitaria para la autonomía.

Seguramente, este cambio en la discusión ha surgido por tres elementos principales:

1. El hecho de que hace menos de un mes el Consejo Superior Universitario, compuesto en su mayoría por delegados directos o indirectos del Gobierno Nacional, desconociera por completo más de 20 mil votos de la comunidad universitaria (en donde no participan los trabajadores) que no consideraban a Mantilla como Rector de la Universidad.

2. Las denuncias que han hecho las y los trabajadores en cada facultad y departamento, han mostrado un grave problema en la equidad al interior de la Universidad y en el pésimo manejo de los recursos por parte de la actual administración que contrasta con el recorte de programas de Bienestar Universitario, con el déficit financiero de facultades como Ciencias Humanas y de la Universidad en su conjunto por 150mil millones de pesos, con el problema de infraestructura y con el cupo de endeudamiento asumido por la Universidad por 200mil millones.

3. Una acumulación de condiciones tanto particulares de las distintas carreras, como estructurales de la Universidad y del modelo educativo que han ubicado la discusión sobre la necesidad de una transformación estructural que impida de una vez por todas que esta realidad continúe siendo la cotidianidad de la Universidad y la educación en nuestro país.

Estos tres elementos han devenido en la construcción de unos planteamientos comunes entre los estamentos: 1. La importancia de construir un proceso realmente democrático, que se ha venido proponiendo al grueso de la comunidad universitaria desde hace más de un año, denominado Congreso Universitario cuyo objetivo es realizar una reforma estatutaria a la Universidad Nacional. Esta propuesta, que en efecto surge de sectores estudiantiles específicos, fue creada para dejar de serlo y ampliar la participación hacia el grueso de los estamentos y ello ha sido ratificado por las distintas asambleas en las facultades y departamentos que lo han ubicado como un proceso fundamental para superar la crisis de la Universidad; 2. La necesidad de reconocer y solucionar la crisis presupuestal generada por el Estado colombiano que se constituye como uno de los principales problemas de la Universidad con incidencia en todas las esferas de la vida universitaria, así como forjar mecanismos de control y veeduría al interior evitando prácticas de corrupción y clientelismo en la Universidad; 3. La urgencia de resolver de manera dialogada el conflicto laboral, sin que la administración trate de evitar su responsabilidad llamando a la confrontación entre la comunidad universitaria; 4. Finalmente, la negativa a ser una Universidad que sencillamente reproduce la política educativa del Gobierno Nacional, cuya muestra fehaciente es la nueva reforma al Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica – PEAMA -, que afecta gravemente la libre elección de las profesiones por parte de quienes ingresan desde las sedes de Presencia Nacional pero además la función misma de la Universidad en las distintas regiones del país.

Siendo así, es más claro el por qué muchos estamos diciendo #MeMuevoPorLaNacho. Como siempre la invitación a participar para quienes aún no lo deciden, rompiendo las prevenciones, transformando las prácticas y renovando constantemente un movimiento estudiantil activo y propositivo.

El Movimiento político y social Marcha Patriótica saluda y acompaña la importante movilización que vienen adelantado los maestros y maestras de nuestro país en procura de una educación pública y de calidad, elemento indispensable para la edificación de una Colombia verdaderamente democrática y en paz.
2015/Abril 28/ Educación/ Por: Independencia TV

La denominada "Toma de Bogotá", manifestación de los docentes que han reiterado su paro indefinido, ha sido apoyada por los estudiantes de Colombia, quienes rechazan la propuesta de la Ministra de Educación del país quien ha expresado que el gobierno está dispuesto a dar un incremento salarial gradual del 10% a los maestros.
2015/ Abril 28/ Educación/ Por: teleSUR

Héctor Enrique Martínez quién lleva tres años exigiendo justicia por el crimen contra su hijo, según él, a manos de dos agentes de la policía, denunció ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría regional que personas vinculadas a esa institución le han tomado fotografías a él y a su vivienda sin explicación alguna.

2015/ Abril 28/ Derechos Humanos/ Por: PaZífico Noticias

Los familiares de los desaparecidos por la fuerza pública y defensores de derechos humanos realizaron en la plazoleta de San Francisco en el centro de Cali, un plantón en memoria de las personas que han sufrido esta tragedia en el país. En este evento también se solidarizaron con la comunidad afrodescendiente en  Bogotá, quienes el pasado 9 de abril denunciaron el asesinato de dos líderes sociales de esta colectividad en esa ciudad.

Leonardo Valencia de la Fundación Guagua afirmó que estos crímenes ocurridos en la capital del país no han comenzado a ser investigados por ninguna autoridad a pesar de existir las denuncias correspondientes.

Héctor Enrique Martínez quién lleva tres años exigiendo justicia por el crimen contra su hijo según él, a manos de dos agentes de la policía, denunció ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría regional que personas vinculadas a esa institución le han tomado fotografías a él y a su vivienda sin explicación alguna.

Marleny García, madre de Jairo Iván Hurtado fiscal de la ciudad y desaparecido desde hace 18 años, quién al momento del crimen adelantaba una investigación contra varios políticos de la región,  expresó que este plantón busca visibilizar ante la sociedad el drama que viven estas familias.

Los familiares de las personas víctimas de desaparición forzada en el Valle del Cauca denunciaron que la impunidad en estos casos es absoluta; por eso le solicitan a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos que investiguen estos casos y hagan justicia de lo contrario, estos hechos quedarán en el olvido.


El notario segundo de Montería, Lázaro del Cristo de León, actuó de forma coordinada, organizada y sistemática con los paramilitares para legalizar los despojos de tierras que hicieron los jefes de las autodefensas en Córdoba durante más de dos décadas.

2015/ Abril 27/ Paramilitarismo/ Por: Noticas Uno

El notario Lázaro del Cristo de León, de Montería, que protocolizó las compras de fincas de Jorge Pretelt y su esposa, fue acusado por la Fiscalía de despojo de tierras y concierto para delinquir. León también escrituró más de cien predios despojados por los paramilitares, incluidos uno de alias Mono Leche y otra de Carlos Castaño a ambos lados de La Corona de Pretelt.

El notario segundo de Montería Lázaro del Cristo de León actuó de forma coordinada, organizada y sistemática con los paramilitares para legalizar los despojos de tierras que hicieron los jefes de las autodefensas en Córdoba durante más de dos décadas. Así lo sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación contra ese notario a quien le imputa los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

De 190 escrituras de dudoso origen que llevan la firma del notario del Cristo, el ente investigador encontró que 18 pertenecían a tierras que el Estado le había entregado a campesinos pero que aparecieron en los documentos legalizados en la Notaría Segunda de Lázaro del Cristo, a nombre de los hermanos Carlos y Vicente Castaño.

Cuando en los años 90 la Fiscalía empezó a investigar a los Castaño, estos se inventaron la fundación Funpazcor dirigida por su cercana amiga Sorteresa Gómez, hoy condenada por paramilitarismo, despojo, desplazamiento y por el asesinato de la líder de reclamación de tierras, Yolanda Izquierdo. Carlos y Vicente Castaño simularon en la misma notaría que iban a donar las fincas a otros campesinos para que la Fiscalía no pudiera expropiárselas. Otra vez el notario del Cristo les sirvió para legalizar este segundo fraude.


Para imputarle cargos, la Fiscalía dice que es imposible que el notario del Cristo no tuviera conocimiento de la región en la que él legalizaba supuestas compras y ventas de terrenos. Y que tampoco es creíble que desconociera crímenes como los de la líder Izquierdo.

Lázaro del Cristo es el mismo notario que firmó las escrituras de las fincas del magistrado Pretelt, justamente las que tienen a este togado en problemas ante la justicia. En la edición de El Tiempo de hoy se revela que la hacienda La Corona de Pretelt ,se encuentra entre una finca del jefe paramilitar alias ‘Monoleche’, asesino de Carlos Castaño, y las fincas denominadas La 35, en donde se cometieron varias masacres y se entrenaba a las autodefensas.


“El lema por el cual he tomado la decisión de hacer este acto es que no haya más cárcel para los indígenas; sí a las granjas de armonización y resocialización. El motivo por el cual busco solución a mi caso, es por estar junto a mi familia en el territorio, si no es posible, es mejor reunirme con mis ancestros”. Civilino Ul, prisionero político.
  Municipio de Toribío, Cauca. Foto: www.google.com

2015/ Abril 26/ Derechos Humanos/ Por: Alexander Escobar

La tarde del 25 de abril, el prisionero político Civilino Ul Secue, recluido en la cárcel San Isidro de Popayán, intentó quitarse la vida al no obtener respuesta de las autoridades indígenas que lo condenaron a padecer la tortura de los campos de concentración que hoy llaman “cárceles” en Colombia. La Corporación Colectivo de Abogados Suyana describe lo ocurrido:

(…) a la 1:00 de la tarde aproximadamente, el prisionero político Civilino Ul Secue intenta quitarse la vida mediante herida en el cuello, sus compañeros del pabellón lo encuentran y en el intento por salvarle la vida llaman a la guardia para sacarlo del patio mientras perdía mucha sangre. La guardia del INPEC de inmediato lo traslada al área de sanidad del mismo Centro Carcelario San Isidro de Popayán, donde según nos informan sus familiares,  le suturan la herida y cuando ya lo estabilizan es conducido nuevamente a su celda. (Ver denuncia)

Para comprender la decisión tomada por Civilino Ul, es necesario remontarse a hechos ocurridos el 28 y 29 de abril de 2013 en el municipio de Toribío, departamento del Cauca, cuando en “Asamblea Comunitaria” con participación de las autoridades del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca),  Civilino Ul Secue, John Jairo Mayorga Suárez y José Manuel Opocué son condenados a 40 años de prisión por presunta participación en el asesinato de Benancio Taquinás Dagua; condena que fue cuestionada en su momento por presentar varias irregularidades durante el “juicio”.

Una condena sin garantías para la palabra

Dos hechos puntuales ponen en entredicho la “sentencia”. El primero, la ausencia de una participación amplia de los asistentes al momento de formular la condena. Retomando testimonios de los participantes, asegura la Corporación Colectivo de Abogados Suyana que en dicha asamblea “se excluyó a gran parte de la comunidad que estaba en contra del juicio y ni a los acusados ni a los asistentes se les permitió hablar para realizar alguna defensa” (Ver denuncia). El otro elemento es la ausencia de pruebas contra los acusados. “Los audios de la asamblea revelan que los consejeros que presiden la reunión dicen tener pruebas pero en ningún momento presentan alguna concreta y solo se limitan a decir que los comuneros son culpables”. (Ver denuncia)

Así, en un juicio injusto donde la palabra se detuvo, Civilino Ul Secue fue condenado sin brindarle oportunidad de defenderse, como también lo relata la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes:

Civilino Ul, públicamente admite ser miliciano de las FARC, pero aclara que nunca ha atentado contra la población civil, pero que él sí sabe quiénes son los responsables de la muerte de Alfredo Rios, dirigente campesino asesinado el día 23 de julio de 2011, cuando era candidato al Consejo Municipal de Toribio. Inmediatamente le arrebataron el micrófono e impidieron que siguiera hablando. (Ver denuncia)

Se entregaron pruebas que demuestran la inocencia

Suyana junto a comuneros y familiares de los condenados recolectaron pruebas que demostrarían la inocencia de Civilino Ul y John Jairo Mayorga. Parte de este material fue entregado al Cabildo de San Francisco en reunión sostenida con Suyana el año pasado (2014). Sin embargo “la única respuesta que ha habido por parte de las autoridades indígenas fue comunicarse con uno de los testigos presenciales del hecho para presionarlo para que dijera que los dos comuneros eran los responsables. Según información proporcionada por el mismo testigo, este hostigamiento lo realizaron miembros del Cabildo de Jambaló”. (Ver denuncia)

El suicido no es por chantaje, es por dignidad

Cuarenta años condenado a padecer la tortura de la cárcel en contravía de sus costumbres y tradiciones indígenas, y en condiciones infrahumanas e indignas que afectaron gravemente su salud (ver carta de familiares a la ONU), lo llevaron a tomar la determinación de intentar suicidarse, decisión que consigna en carta fechada el 6 de abril:

La decisión del suicidio la he tomado de la historia de 1492 con la llegada de los conquistadores a nuestros territorios, donde empezaron a tomar una serie de reglas, represión y esclavitud; los que se negaron prefirieron suicidarse para ocultar esas reglas impuestas por estos usurpadores. Hoy he tomado este ejemplo para no ser sometido más a esta regla impuesta por el INPEC y nuestras propias autoridades tradicionales. Esto no es un chantaje, es algo que he pensado hacer por la vulneración a los derechos que tenemos los indígenas. (Ver carta de Civilino Ul)

De la carta tendrían conocimiento el CRIC y la ACIN, organizaciones que después de más de un año de misivas y llamados, finalmente acceden a reunirse para tratar el tema el 23 de abril. La reunión se adelantaría en el centro penitenciario de San Isidro con presencia de delegados de la Defensoría del Pueblo (Regional Cauca) y Suyana.  Pero el CRIC y la ACIN jamás asistieron a la cita; y Civilino Ul, sintiéndose burlado una vez más, dejó en firme la decisión de suicidarse, desencadenando los hechos que en la tarde del 25 de abril casi le cuestan la vida.

Hoy Civilino Ul continúa en firme en su decisión de suicidarse. La injusta condena a que ha sido sometido por las autoridades indígenas que se niegan a tratar su situación, refleja la ausencia de una reflexión profunda que busque alternativas diferentes a los campos de concentración y tortura del sistema penitenciario colombiano. La autonomía y legislación indígena debe ser ejemplo de trato digno y justo al ser humano y no la reproducción de la barbarie que, bajo la figura de “patio prestado”, entrega a sus hermanos a padecer la muerte lenta de las cárceles.

El 22 de abril el Frente Amplio por la Paz presentó el cuarto informe de veeduría al cese unilateral al fuego declarado por las Farc. El acto público se realizó en las instalaciones de la Universidad Surcolombiana en Neiva, capital del departamento del Huila.

2015/ Abril 24/ REMAP/ Por: Alexander Escobar

Cuatro meses completa el cese unilateral al fuego declarado por las Farc. La negativa del Gobierno de frenar las hostilidades y continuar atacando a este grupo insurgente sigue ocasionando muerte y zozobra en la población civil.

Infinidad de comunidades que a pocos metros de sus hogares padecen la guerra, saben el porqué de la exigencia al Gobierno del cese bilateral al fuego. Sin embargo esta realidad contrasta con la ceguera de aquellos que observan el conflicto colombiano desde la comodidad de sus televisores, los mismos que terminan siendo presa fácil del odio promovido por los medios de comunicación que viven del orden de iniquidad existente.

Conscientes de esta realidad, y fiel a su compromiso de superar la guerra en Colombia, el Frente Amplio por la Paz presentó su cuarto informe de veeduría al cese unilateral al fuego declarado por las Farc, donde se vislumbra la importancia de vencer el odio y encontrar caminos de reconciliación hacia la paz con justicia social.  

De este nuevo documento trascendentales conclusiones y recomendaciones se desprenden, entre ellas que el Gobierno pare las hostilidades y acuerde el cese bilateral al fuego como un hecho real en beneficio de la vida y la búsqueda de la paz. Anota el informe que “se debe trabajar por la recuperación de un esfuerzo en entender las ventajas del CESE BILATERAL, y por el desmonte de los factores que mantienen, en riesgo el Cese unilateral por parte de las FARC-EP, como los llamados Planes de Consolidación, Planes de Control Territorial, y desmonte de los teatros de guerra, que traen consigo aumentos inusitados de tropa y bombardeos, en los cuales la población civil, es la más afectada”. (Ver informe)

Otro dato importante son las cifras de integrantes de las Fuerzas Armadas que, de no ser por la tregua unilateral de las Farc, podrían haber muerto: “Un cotejo de datos realizados por el Frente Amplio permitió proyectar con base en los resultados de los años 2009 al 2011 (años en que no comenzaban las negociaciones) que aproximadamente 160 integrantes de las fuerzas armadas habrían perdido la vida y que alrededor de 1000 estarían heridos, si no estuviera en desarrollo la actual fórmula de cese unilateral”. (Ver informe)

Cerca de 160 vidas salvadas y 1.000 heridos que se evitaron con la tregua de las Farc son cifras que no ocupan titulares de prensa, y que para una sociedad sensata son razones suficientes para continuar exigiendo un cese bilateral de hostilidades al Gobierno.

Los hechos del 14 y 15 de abril en el Cauca

Durante la decisión de las Farc de detener las acciones ofensivas contra la Fuerza Pública, anota el informe que aproximadamente 27 insurgentes han muerto, 14 han resultado heridos y 12 han sido detenidos. Estos hechos presentan un panorama de provocación y asedio constante de parte del Gobierno que saca provecho militar de un actor armado que ha decidido no atacarlo mientras dialoga de paz.

Dentro de este clima de guerra deben analizarse los sucesos del 14 y 15 de abril, los cuales cobraron la vida de 11 soldados y un guerrillero en la vereda La Esperanza del corregimiento El Porvenir, en el municipio de Buenos Aires. Porque por un lado nos encontramos un escenario que reclama el esclarecimiento de lo ocurrido (¿acción ofensiva o defensiva de las Farc?[1]), pero desde otro punto de vista la amplitud del contexto también exige analizar el comportamiento del Gobierno dentro de la guerra.

Después de cuatro meses de tregua unilateral de las Farc, el Gobierno colombiano se niega a acordar el cese bilateral al fuego que reclama la sociedad. Son cuatro meses donde las Farc han visto morir a sus hombres a pesar de decidir no atacar a la Fuerza Pública. Esto, en un escenario de guerra, eleva las alertas y aumenta la desconfianza de la insurgencia frente a un adversario que aprovecha los gestos de paz para sacar provecho militar. ¿Cómo evitar más muertes, heridos y capturas cuando te has atado de manos ante la ofensiva de las Fuerzas Armadas que desembarca tropas y toma posiciones estratégicas? Esta es la pregunta que a diario debe pasar por las mentes guerrilleras, y que en un escenario de guerra les lleva a tomar decisiones donde la frontera entre lo ofensivo y defensivo se puede traspasar fácilmente, puesto que es la vida lo que está en juego frente a un adversario (el Gobierno) que ataca a quien ha decidido no hacerlo (la guerrilla).

Fuerza Pública, guerrilleros y población civil han sido víctimas de la política de guerra del Gobierno que durante estos cuatro meses se ha negado a acordar un cese bilateral al fuego. Muertes y heridos que podrían haberse evitado, hoy hacen parte de las estadísticas del conflicto colombiano que madres y familias lloran por igual sin importar el bando de procedencia.

La “otra” guerra

Al igual que en anteriores informes del Frente Amplio, queda claro que los ataques a defensores de derechos humanos, movimientos y líderes sociales, se recrudecen a diario evidenciando la ausencia de garantías para la oposición y participación política en Colombia. Denuncia el documento que en lo transcurrido de este año “19 defensores de derechos humanos han sido asesinados, y que cerca de 300 han recibido amenazas”. Además detalla que “han circulado panfletos amenazantes y se han recibido llamadas telefónicas amenazantes en Sucre, Santander, Valle del Cauca, Meta, Putumayo, Bogotá, Cauca, Antioquia, Chocó y Atlántico”, y reporta el asesinato de “al menos 13 personas en Putumayo, Bolívar, Caldas, Bogotá y Cauca”. También denuncia que las Fuerzas Militares han violado los derechos humanos en casos de empadronamiento e intimidación a civiles y miembros de organizaciones sociales.  (Ver anexo del informe)

Leer la tregua unilateral desde la realidad de la guerra

Medir el cumplimiento del cese unilateral al fuego de las Farc desde la óptica de las acciones militares realizadas por esta insurgencia, resulta una medición incompleta y desfasada de una realidad concreta. El escenario de guerra planteado por el Gobierno demanda un ejercicio de compresión que supere las estadísticas, las cuales constituyen solo un elemento de análisis para el contexto en que se desenvuelve el conflicto colombiano.

Actualmente observamos un escenario desigual donde solo las Farc han renunciado a las acciones ofensivas, mientras que el Gobierno continúa con las operaciones militares en su contra. Producto de este orden desigual de la confrontación armada, en algunas oportunidades veremos que la frontera que divide lo defensivo de lo ofensivo se traspase, o se torne compleja para su análisis por las mismas lógicas de la guerra, o imposible de determinar cuando lo que prima es la supervivencia en medio de la desventaja de una tregua unilateral prolongada en el tiempo.

En este sentido las posibles violaciones a la tregua de las Farc se deben medir en términos de si esos hechos representan acciones aisladas producto del calor de la guerra desigual, o si por el contrario tienen un carácter sistemático independientemente de las situaciones de la confrontación armada.

Teniendo en cuenta lo anterior podemos afirmar que se ha cumplido con el cese al fuego unilateral, en tanto que los informes demuestran que las pocas acciones ofensivas atribuibles a las Farc[2] constituyen hechos aislados dentro del contexto de desventaja militar que deja la tregua unilateral, la cual es aprovechada por el Gobierno para continuar atacando sin importarle las muertes que ello acarrea.

Parar el derramamiento de sangre es un paso importante mientras se discute la paz de Colombia. La posibilidad de cumplir con este objetivo se mantiene en tanto que las Farc han ratificado la continuidad de la tregua unilateral, caso contrario al Gobierno que ha preferido continuar por la senda de la guerra y sacrificar la vida de gente humilde que son quienes van a morir en combate.

La exigencia del cese bilateral al fuego es una decisión política de la sociedad colombiana que se manifiesta en todos los ámbitos, pero también es una decisión humanitaria que busca proteger la vida por encima de quienes promueven el odio desde la comodidad de sus asientos, micrófonos y cámaras serviles.

Ver también:


[1] El Frente Amplio visitó la zona para verificar los hechos sin llegar a una conclusión definitiva. Por tanto determinó la importancia de conformar una comisión de investigación que esclarezca lo sucedido en beneficio del “proceso de diálogo”.

[2] El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) reporta que durante los cuatro meses del cese unilateral al fuego de las Farc, solo doce casos se han presentado como violatorios de la tregua.

El 23 de abril se desarrollaron multitudinarias marchas en todo el territorio colombiano en apoyo al Paro Nacional Indefinido de los educadores. En el Valle la jornada estuvo marcada por la brutal represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que dejó un saldo de cinco educadores heridos. El siguiente es el informe de PaZífico Noticias.
2015/ Abril 24/ Derechos Humanos/ Por: PaZífico Noticias



Hoy se está cumpliendo el Segundo día del paro indefinido de educadores. La ministra Gina Parody afirmó que mientras los docentes continúen en paro no habrá negociaciones.  

Los maestros rechazaron los anuncios de la Ministra de Educación y aseguraron que la funcionaria le miente al país y por eso exigieron su renuncia.

Los estudiantes se unieron a sus maestros para exigir una educación de calidad.

A pesar de que la Jornada que adelantaban los docentes era pacífica, maestros de Palmira denunciaron que fueron agredidos por la fuerza pública, mientras organizaba la marcha cerca al aeropuerto de Palmaseca.

Los educadores rechazaron los ataques del Esmad. Aseguraron que es una injusticia que se maltrate a quiénes educan para la paz.  

Los educadores anunciaron que continuarán con el paro indefinido. Pidieron que no se siga vulnerando su derecho a la huelga, responsabilizaron al Ministerio de Educación por el impacto que genera este paro que perjudica a  casi  9 millones de  estudiantes y exigieron la renuncia de la ministra Gina Parody.



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