Declaraciones del Vicefiscal son contrarias al desescalamiento del conflicto: FARC

Organizaciones de derechos humanos preocupadas por nuevos montajes judiciales. Habrían 1.500 procesos procesos contra líderes sociales.

El Vicefiscal Jorge Perdomo anunció, en días pasados, nuevos procesos penales por delitos de carácter político, en medio de las denuncias de organizaciones de derechos humanos que acusan al Gobierno de “fabricar montajes judiciales”.

 Ricardo Téllez, delegación de paz de las FARC. Foto: Archivo | APA 

2016/ Enero 22/ Diálogos de paz/ REMAP

Este viernes, desde La Habana las FARC valoraron como un hecho positivo las declaraciones del Fiscal General Eduardo Montealegre, quien propuso excarcelación “para los condenados y procesados por hechos del conflicto, no solamente para los casos en que padezcan problemas de salud, indicando que existen vías en el ordenamiento jurídico, para ello incluso antes de la firma del Acuerdo Final de Paz”, afirmó Ricardo Téllez de la delegación de paz de la insurgencia.

Sin embargo, contrarias a las afirmaciones de Montealegre resultan las declaraciones del Vicefiscal Jorge Perdomo que en días pasados anunciaba nuevos procesos penales por delitos de carácter político, en medio de las denuncias de organizaciones de derechos humanos que acusan al Gobierno de “fabricar montajes judiciales” contra líderes sociales que terminan acusados de rebelión.

“Reconocemos la intención del Fiscal de ponerse a tono con el proceso de paz y con los acuerdos del Estado colombiano de desescalamiento del conflicto, aunque aún persistan acciones en contravía de estos fines como el anuncio en días anteriores del vicefiscal Perdomo de 1500 nuevas investigaciones penales contra civiles pretendiendo procesarlos por delitos políticos”, aclaró la organización guerrillera.

Las declaraciones de las FARC se dan un día después de la liberación de 17 guerrilleros que integran la lista de los 30 que serán indultados por el Gobierno. Para la insurgencia, decisiones de este tipo significan “llevar el acordado desescalamiento del conflicto al terreno jurídico”, que requiere de “la aprobación de nuevos indultos” de parte de la Presidencia de la República.

Finalizó la insurgencia recordando que “en potestad de la autoridad del Fiscal General está la extinción de la responsabilidad penal para los miles de condenados y procesados por delitos políticos y de protesta social, así como la inhibición de la Fiscalía para nuevas investigaciones penales por rebelión y hechos del conflicto armado, incluyendo el fin de la expedición de más órdenes de captura derivadas de estos procesos”.

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