febrero 2016
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El juez denuncia persecución política y asegura que a pesar de que hoy se le acusa del delito de prevaricato por acción, hasta el momento ni él ni su abogado han logrado descubrir cuál fue su error.


2016/ Febrero 12/ PaZífico Noticias/ Por: Natalia Vinasco

Muy temprano Edgar Zúñiga Hormiga, quién se desempeñó durante varios años como Juez Segundo Penal Municipal con función de control de garantías en Cali, llegó hasta el Palacio de Justicia acompañado de su familia, para entregarse a las autoridades; la razón: la condena que le impusieron por haberle otorgado el beneficio de detención domiciliaria en el año 2010 a un hombre implicado en un homicidio.

Según el juez la sentencia condenatoria en su contra no es más que una persecución política debido al trabajo comunitario en defensa de los derechos humanos que ha adelantado durante toda su carrera; además de su oposición a las políticas del gobierno nacional, especialmente al de Álvaro Uribe Vélez.

Zúñiga Hormiga asegura que a pesar de que hoy se le acusa del delito de prevaricato por acción con circunstancias de agravación, hasta el momento ni él ni su abogado han logrado descubrir cuál fue su error.

Con grandes limitaciones debido al constante impedimento por parte de los funcionarios de seguridad del Palacio de Justicia para que nuestro equipo filmara la diligencia, acompañamos al juez quién bajo la vigilancia de dos agentes de la policía procedió a firmar un acta de compromiso frente a la orden de captura que se generó en su contra.


Finalmente el juez fue conducido a la Cárcel de Villahermosa para seguir con los trámites que definirá dónde pagará su condena.

El juez Zúñiga llevaba 28 años al servicio de la rama judicial.

Con ganancias promedio anuales de 145.000 millones de pesos, la venta de Isagén constituye el referente más claro de un país donde el pueblo es condenado a vivir como extraño en su propio territorio.

Foto: Archivo | Redes sociales

2016/ Febrero 10/ Por: AlexanderEscobar

Isagén es… bueno, lo fue, una empresa rentable y productiva del Estado que pasó a manos de la multinacional canadiense Brookfield Asset Management que ahora posee el 57.6% de las acciones. Subastadas por el Gobierno el trece de enero, con un solo ofertante, la Brookfield, la venta de la participación mayoritaria del Estado sobrepasa el calificativo de “un pésimo negocio”, como acertadamente lo juzgan diversos analistas. 

La venta de Isagén refleja el tipo de política estatal que originó la guerra en el país y la profundiza en lo social. Más allá del análisis financiero, necesario, y que agradecemos quienes evitamos cifras y porcentajes, está el trasfondo político que incluye elementos coyunturales que atraviesan los diálogos de paz en La Habana. Y de fondo, como la agudización de las causas que provocaron los alzamientos armados del país.

Claro fue el Gobierno en Oslo (Noruega) durante la constitución de la mesa de diálogo con las FARC, el 18 de octubre de 2012, cuando a través de Humberto de la Calle manifestó: “Aquí no venimos a negociar el modelo de desarrollo del país”. Las declaraciones serían el preludio de la continuidad de la política neoliberal que entrega el patrimonio y la soberanía nacional a intereses extranjeros, al tiempo que incrementa impuestos y disminuye la inversión social. La crisis de la red hospitalaria y la Reforma Tributaria que incrementará el IVA al 19%, son solo ejemplos mínimos de esta política donde la paz ha sido vaciada de aquello que pondría fin a la guerra: la justicia social.

El saqueo del país, entregando empresas como Isagén al capital extranjero, derrumba la excusa bajo la cual las empresas del Estado se venden argumentando inviabilidad económica e ineficiencia. Nadie adquiere algo que no es rentable. Tal es el caso de las empresas de servicios públicos que suman billonarias ganancias que hoy están en poder del capital transnacional.

Pero con Isagén se acabaron las excusas. Con ganancias promedio anuales de 145.000 millones de pesos, su venta constituye el referente más claro de un país donde el pueblo es condenado a vivir como extraño en su propio territorio, como consecuencia de la privatización y entrega del bien público a intereses privados. Esta es la política del Gobierno que, de igual modo como operó con Isagen, ofrece el país en subasta sin que las campañas en redes sociales puedan detener aquello que solo se frena con el pueblo protestando en las calles.

La venta de Isagén es una señal preocupante para los diálogos de paz. Es un hecho que expele un olor nauseabundo que viola los acuerdos alcanzados en materia de justicia social con las FARC en La Habana. Pero no es de asombrarnos esta situación, en tanto que el Gobierno nunca mintió con respecto a sus intenciones: “Aquí no venimos a negociar el modelo de desarrollo del país”, recordemos que fueron sus palabras desde el inicio de los diálogos. No hace parte de su política dar solución a la injusticia e inequidad que provocaron el surgimiento de las guerrillas es Colombia. Todo lo contrario. Su interés es profundizar éstas causas mientras posa para la prensa internacional con su máscara de buena voluntad.

La paz del Gobierno es sinónimo de saqueo y traición; recordarlo es fundamental para entender que los acuerdos alcanzados en La Habana se están incumpliendo, antes de entrar en vigencia, con hechos como la venta de Isagén. Corresponde al movimiento social en Colombia prepararse para luchar en las calles por la justicia social que garantice la paz a los diálogos en La Habana, y la mantenga triunfando sobre la inequidad y la injusticia después de “la firma de la paz”.

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*Artículo publicado en Al Galope, órgano informativo del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Valle del Cauca. Edición No. 7 (Noviembre 2015 – Enero 2016)

El abogado Juan Pablo Riveros anunció que si el funcionario insiste en mantenerse en su cargo pese a este fallo formulará una denuncia penal contra él y los integrantes del consejo directivo de Comfenalco.


2016/ Febrero 9/ Corrupción/ Por: PaZífico Noticias

Después de varios meses de espera, finalmente la Procuraduría dio a conocer el resultado del fallo en segunda instancia sobre la investigación que adelantaba contra el director de Comfenalco, Valle Felice Grimoldi por los malos manejos de los recursos de esa caja de compensación. El abogado Juan Pablo Riveros representante del exauditor de esa entidad Juvenal Andrade quién fue el encargado de destapar estas irregularidades, criticó que pese a la ratificación del fallo Grimoldi continúe en su cargo.

Juan Pablo Riveros reiteró que la continuidad de Grimoldi en el cargo sigue representando un riesgo para los vallecaucanos.

Aunque inicialmente la Procuraduría había anunciado una inhabilidad por 10 años finalmente sólo la ordenó por 6. El jurista explicó por qué.


Además de la inhabilidad, la Procuraduría también le impuso una multa de 24 millones de pesos a Felice Grimoldi. El abogado Juan Pablo Riveros anunció que si el funcionario insiste en mantenerse en su cargo pese a este fallo formulará una denuncia penal contra él y los integrantes del consejo directivo de Comfenalco por fraude a resolución judicial, interés indebido en celebración de contratos y usurpación de funciones públicas.

Una de las críticas de la insurgencia se da en torno al número de personas requeridas para la aprobación del plebiscito. De 33’820.199 ciudadanos actos para votar, solo se requiere de 4’396.626 personas que voten afirmativamente.

Iván Márquez, jefe delegación de paz de las FARC. Foto: APA | Archivo

2016/ Febrero 8/ Diálogos de paz/ REMAP

Este lunes, en una carta abierta las FARC ratificaron su desacuerdo con el plebiscito aprobado por el Congreso de la República como mecanismo para refrendar los acuerdos aprobados en el proceso de paz que adelanta el Gobierno y esta organización guerrillera en La Habana.

Afirma la insurgencia que el plebiscito viola el Acuerdo General que establece las reglas del proceso de paz, anotando que el punto sexto determina que son “las partes en la Mesa de Dialogo los competentes para definir el sistema de refrendación que se aplicará a los acuerdos que finalmente se alcancen”.

Para las FARC, al ser el plebiscito una iniciativa unilateral del Gobierno, “puesta en marcha inconsultamente, no solo desatiende la palabra empeñada en la Agenda, sino que constituye una aplicación de instituciones constitucionales y legales fuera de lugar, so pretexto de darle al plebiscito condiciones y alcances de los que carece por naturaleza”.

La postura de la guerrilla no es nueva. Durante el proceso de paz las FARC han propuesto la realización de una nueva Asamblea Constituyente para refrendar los acuerdos, calificando como “improcedente” el plebiscito del Gobierno.

“No es el plebiscito un mecanismo apto para producir normas, o para modificarlas, refrendarlas o derogarlas. Mucho menos constituye tal instrumento, camino alguno para reformar” la Constitución Política, sostienen las FARC. Y agregan: “No en vano indica ésta en el artículo 374 que: ‘La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante Referendo’. Inadecuada entonces, resulta la decisión unilateral del Gobierno y del Congreso de crear la ficción de un ‘plebiscito refrendatorio’”.

Otra de las críticas de la insurgencia se da en torno al número de personas requeridas para la aprobación del plebiscito. De 33’820.199 ciudadanos actos para votar, solo se requiere de 4’396.626 personas que voten afirmativamente para que tenga validez, algo que para las FARC “entraña un serio déficit democrático al fijar un menguado umbral del 13% del censo electoral”.  

Concluye la carta llamando al Gobierno a que se ciña a lo pactado en el Acuerdo General para buscar “conjuntamente vías jurídicas que permitan la inmediata implementación de todo lo acordado en La Habana una vez se firme el Acuerdo Final”, no sin antes calificar el plebiscito como “un engañoso mandato”, que después de aprobado trasladaría “todo lo acordado y lo que resta por acordarse en la Mesa de La Habana a la llamada Comisión Legislativa en vía de creación, al propio Congreso si fuere del caso, al ejecutivo ‘y los demás órganos, instituciones y funcionarios de Estado’, a fin de delegarles lo que fuere ‘de la órbita de sus respectivas competencias’, según lo dicho en el texto conciliado por las cámaras”.

Enrique Santiago dijo que según el protocolo II de los convenios de Ginebra, la amnistía la puede conceder los que están en el poder para todos los que hayan tomado parte en el conflicto.


2016/ Febrero 8/ Diálogos de paz/ Por: Noticias Uno

El general en retiro Jorge Enrique Mora, del equipo negociador del Gobierno dijo que la fecha del 23 de marzo no es camisa de fuerza para que se firmen los acuerdos de paz y que lo importante es consolidar el proceso.

De otra parte, el asesor jurídico de las Farc en La Habana, el español Enrique Santiago dijo que su reunión con el General en retiro, Rito Alejo del Río, condenado por el asesinato del campesino Marino López en 1997, fue para explicar los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz y para decirle que es viable la amnistía para militares procesados que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad.

Santiago, quien estuvo esta semana en un foro de presos políticos ante profesores de la Asociación de Educadores del Distrito en Bogotá, dijo que según el protocolo II de los convenios de Ginebra, la amnistía la puede conceder los que están en el poder para todos los que hayan tomado parte en el conflicto.


En La Habana los negociadores del gobierno y la guerrilla presentarán esta semana el informe sobre paramilitarismo.

Fuente: Noticias Uno

Más de 80 integrantes de Fensuagro se registran como prisioneros políticos en 2015, varios de ellos en espera de juicio y todos llevados a prisión mediante falsos positivos judiciales, Huber Ballesteros Gómez, es uno de ellos.

2016/ Febrero 6/ Huber Ballesteros/ Por: Astracava y CCVC

CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
LIBERTAD PARA HUBER BALLESTEROS GÓMEZ

Palmira, Valle del Cauca. Febrero 4  de 2016

La Junta Directiva Departamental de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA, las subdirectivas de Florida, Pradera, Ginebra, Guacarí, Buga, Tuluá y Sevilla, como las organizaciones campesinas pertenecientes al proceso de Coordinación Campesina del Valle del Cauca, CCVC, organizaciones que son integrantes del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano, PUPSOC, de la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares, CONAP, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, de la Federación Sindical Mundial, FSM, del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, CLOC y de la Vía Campesina Internacional, manifestamos a la opinión pública nacional e internacional que:

1). La detención arbitraria de nuestro compañero Huber de Jesús Ballesteros Gómez el pasado 25 de Agosto de 2013, es parte de una política deliberada por el gobierno nacional de persecución política, estigmatización, y criminalización tanto de la protesta social, como del pensamiento crítico, dirigida contra las organizaciones agrarias, sindicales y populares y sus principales dirigentes.

2). La detención de Huber se dio en el contexto del Paro Nacional Agrario de 2013, en un momento particularmente crítico para el gobierno nacional toda vez que el Paro y las sucesivas movilizaciones que le precedieron, como las desatadas entre 2014 y 2015, hacen parte de una tendencia ascendente de las luchas sociales que han puesto en cuestión la legitimidad del gobierno nacional, sus equivocadas políticas para los distintos sectores sociales, como de la capacidad de los entes estatales para solucionar las demandas de los movimientos sociales y populares.

3). Los argumentos que dieron paso a la detención de Huber carecen de argumento jurídicos a la luz de cualquier entendido en la materia. Aunque la fiscalía ha tomado como veraces tanto las declaraciones del guerrillero desmovilizado alias Olivo Saldaña, quien actuó como cómplice del ex comisionado de Paz y hoy prófugo de la justicia Luis Carlos Restrepo por la falsa desmovilización del frente guerrillero Cacica Gaitana, y la información contenida en los computadores de los comandantes de las FARC – EP abatidos, la Corte Suprema de Justicia, ha desestimado ese material como acerbo probatorio, como quiera que, por un lado, Olivo Saldaña engañó al Estado y al pueblo colombiano fabricando una falsa desmovilización, enlodando con mentiras a los dirigentes agrarios como Huber, con el objetivo de disminuir el tiempo de su condena y por otro, como se ha dicho en reiteradas oportunidades, los entes gubernamentales competentes violaron la cadena de custodia con los computadores de las FARC, razón por la cual éstos han sido utilizados como la mítica lámpara de Aladino para judicializar a todo aquél que se presente como contradictor político del régimen colombiano, en una “cacería de brujas”, que a la fecha no tiene término ni fin.

4). El movimiento popular en su conjunto, prestigiosos académicos críticos del régimen y en particular las organizaciones agrarias han sido víctimas del ensañamiento del gobierno nacional en contra de sus integrantes, de hecho, FENSUAGRO ha reportado que desde su fundación, a mediados de los años setenta, hasta la actualidad más de 1.500 campesinos afiliados han sido desaparecidos y asesinados, por otra parte, en 2015 más de 80 de sus afiliados se registran como prisioneros políticos, varios de ellos en espera de juicio y todos llevados a prisión mediante falsos positivos judiciales, Huber Ballesteros Gómez, es uno de ellos. El gobierno nacional debe generar verdaderas muestras de paz y apertura democrática dejando en libertad a los miles de prisioneros políticos.

5). ASTRACAVA y la CCVC se unen a las centenares organizaciones sociales, personalidades, académicos, de Colombia y el mundo entero que desde el 25 de Agosto de 2013 exigimos la libertad inmediata de Huber Ballesteros Gómez por cuanto los cargos que se le imputan no son más que una falsa argumentación en represalia por los más de treinta años de lucha de nuestro compañero en favor de las comunidades empobrecidas, excluidas, marginadas y atropelladas por el Estado colombiano.

Si el presidio es el precio que deben pagar quienes trabajan por una Colombia democrática y en paz, no habrán cárceles, ni jueces, ni papel suficiente para encerrar, sentenciar, o escribir las condenas, de los cientos de miles de integrantes de los movimientos sociales que día a día asumen el ejemplo de vida y de lucha de dirigentes sociales como Huber Ballesteros Gómez.

Libertad para los prisioneros políticos.
No más montajes judiciales contra los luchadores sociales.

Ante la crisis humanitaria que viven los habitantes de La Guajira, y en especial por la desnutrición infantil, organismos de defensa de DD.HH. exigen al Gobierno tomar medidas.

 La población infantil en la Guajira es la más afectada. | Foto: El Espectador

2016/ Febrero 5/ Por: teleSUR

La Federación de Departamentos de Colombia (FDC) pidió este jueves al Gobierno que tome medidas de emergencia ante la crisis que viven los habitantes de La Guajira, en especial en la población infantil, donde un gran número padece de los embates de la desnutrición.

Luego que la Defensoría del Pueblo alertara sobre los índices de desnutrición en Colombia, el titular de la FDC, Amilkar Acosta, pidió al presidente Juan Manuel Santos que proceda de forma urgente a dar amparo a la niñez en la región caribeña que está castigada por el flagelo del hambre.


Denunció que unos tres mil niños de la étnia wayúu viven en condiciones precarias por la carencia de recursos para su subsistencia.

“Esos hombres y mujeres, que representan el 44.9 por ciento de la población radicada en La Guajira, perdieron valiosas hectáreas de tierra y el acceso al río Ranchería como resultado de la expansión de los programas mineros”, explicó.

La dramática situación de los niños que mueren por desnutrición en Colombia continúa y se extiende, amenazando con convertirse en un problema endémico. Así lo alertó la Defensoría del Pueblo de ese país tras conocerse la muerte de un pequeño de un año en el departamento de Arauca (norte) donde seis niños más están en riesgo de correr con la misma suerte.

EN CONTEXTO     

Activistas y voceros de las agrupaciones aborígenes denuncian que el desabastecimiento de agua y la escasez de alimentos causaron el fallecimiento de cuatro mil 770 pequeños de origen wayú, durante los pasados ocho años.

Colombia es un país que aspira ingresar al club de los países ricos, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuya misión es “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo”.

Pero lo cierto es que en esa nación muere cada 33 horas un menor de cinco años por hambre, según estimaciones del Instituto Nacional de Salud de Colombia.

EL DATO: En La Guajira las más de 400 mil personas que conforman la comunidad wayúu viven los 365 días del año con temperaturas de entre 35 y 42 grados. Deben soportarla sin el suministro de agua, porque desde que se instaló -hace más de 10 años- una empresa minera en la región, han ido disminuyendo las garantías para que se pueda tener acceso al líquido. Las muertes son la evidencia del drama que en esa zona se vive.

Así, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU ha dictaminado que el fundador de WikiLeaks "tiene derecho a su libertad de movimiento y a una compensación".


2016/ Febrero 5/ Por: RT

El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU ha dictaminado que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha sido "detenido arbitrariamente" en la Embajada de Ecuador en Londres, pidiendo al Reino Unido y a Suecia que pongan fin a la privación de libertad de Assange.

"El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (…) considera que el señor Julian Assange fue detenido arbitrariamente por los gobiernos de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", indica el comunicado. Se trata de un informe "vinculante", por lo que los Estados están obligados a cumplirlo.

Además, el grupo ha concluido de que el fundador de WikiLeaks "tiene derecho a su libertad de movimiento y a una compensación". "El Grupo de Trabajo considera que el señor Assange ha sido sometido a diferentes formas de privación de la libertad: detención inicial en la prisión de Wandsworth [en Londres] que fue seguida de arresto domiciliario y su confinamiento en la Embajada ecuatoriana", añade el informe.

El panel ha dictaminado que la detención de Assange "fue arbitraria" porque fue "mantenido en aislamiento durante la primera etapa de la detención" y que "la falta de diligencia" del fiscal sueco en sus investigaciones dio lugar a la "detención prolongada de Assange".

Además, el grupo ha pedido a las autoridades británicas y suecas que "evalúen la situación" del fundador de WikiLeaks y que "garanticen su seguridad e integridad física" y "faciliten el ejercicio de su derecho a la libertad de movimiento de una manera conveniente". "El Grupo de Trabajo también considera que se debe poner fin a la detención", concluyen los expertos.

Cabe destacar que WikiLeaks apunta que el único miembro del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU que se opuso al dictamen publicado este viernes ha sido el ucraniano Vladímir Tochilovsky.

Este jueves WikiLeaks publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de Julian Assange: "Me entregaré a la Policía británica si la ONU anuncia que pierdo mi causa". El fundador de WikiLeaks había presentado una queja contra Suecia y el Reino Unido al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU el 12 de septiembre de 2014.

Los fiscales suecos iniciaron a mediados de 2010 una investigación contra Julian Assange después de que dos mujeres acusaran al fundador de WikiLeaks de acoso sexual. En diciembre de ese mismo año el activista australiano fue detenido en Londres a instancias de Estocolmo, que pedía su entrega para enjuiciarlo en Suecia. Sin embargo, poco después el Reino Unido lo puso en libertad bajo fianza. En junio de 2012 Assange solicitó refugio en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia.

Fuente: RT

RCN se encargó de divulgar versiones editadas de un fiscal costarricense, quien luego aclaró lo publicado por el medio colombiano.

Las hermanas del miembro de la delegación de paz, Pablo Catatumbo, fueron
atacadas nuevamente por RCN | Foto: EFE (Archivo)


2016/ Febrero 3/ Por: teleSUR

Las hermanas de Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, comandante de las FARC - EP, desmintieron que las supuestas casas y haciendas de lujo mencionadas por RCN en Costa Rica le pertenecen a éstas.

Nancy y Betty Torres Victoria desmintieron las versiones divulgadas por RCN, encargado de difundir información sobre presuntos documentos de la Fiscalía de Colombia, que indican que las hermanas son testaferros de Pablo Catatumbo por bienes en Costa Rica valorados en más de 30 millones de dólares.

Durante una entrevista concedida a teleSUR, las hermanas del comandante insurgente, aseguraron que no es la primera vez que viven acusaciones en su contra además, aseguran que las mismas corresponden a un hecho de persecución política.

Ya en 2009 RCN se encargó de difundir versiones en las que aseguraba que las hermanas Torres Victoria pertenecían al grupo guerrillero, tras las declaraciones del entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón sin embargo, la justicia colombiana las declaró libres de delito.


El derechista medio colombiano divulgó que éstas poseen condominios en San José, uno de ellos llamado El Grecal, que pertenecería a familiares de ‘Pablo Catatumbo’, y otro identificado como Lomas de Granadilla, tras unas presuntas declaraciones del fiscal costarricense Celso Gamboa.

Al respecto, una de ellas aclaró que viven en Costa Rica desde hace 18 años "luego de huir de Colombia, cuando secuestraron a mi hermana, la desaparecieron, desde entonces nos declararon objetivo militar", relató Nancy.

El fiscal de Costa Rica agregó que la versión que se dio a conocer por RCN, "es muy diferente a lo consultado por el periodista colombiano, no manejamos cifras ni nombres de sitios donde se supone que hay inversiones. Siempre estamos en contacto con Colombia por estos y otros temas pero no podemos precisar cifras exactas"

Al respecto, Betty Torres Victoria se preguntó "dónde está la investigación" al tiempo que aseguró estar dispuesta responder a la justicia costarricense.

"Yo quiero entregar documentos, yo quiero decir que las FARC nunca nos han dado un peso a esta familia y si lo diera, tampoco lo vamos a recibir (...) además yo quiero que demuestren cuál de esas propiedades está a mi nombre", precisó Betty.


Sobre los presuntos viajes de Nancy, dados a conocer por RCN, aseguraron que fueron dados a conocer de forma irresponsable, asimismo denunciaron que no tuvieron derecho a réplica ante las acusaciones.

Por otra parte, las hermanas Torres Victoria señalaron que las versiónes del fiscal Gamboa fueron sacadas de contexto.

En una entrevista a Diario Extra, el mismo fiscal aclaró que "ninguno de los datos se puede confirmar, hay que señalar que nosotros de momento no estamos investigándolo, y si hubiera una investigación sería por parte de la Fiscalía de Colombia, a quienes le aportaríamos información si ellos lo solicitan".

El fiscal costarricense aclaró en teleSUR que es común la presencia de refugiados provenientes desde Colombia.

En ese sentido, Gamboa argumentó que "hay una gran cantidad de familiares de miembros de las FARC que han pedido refugio en Costa Rica, pero no se puede asegurar que ellos tengan relación con los negocios de sus parientes", destaca Diario Extra.

Agregó que "muchos de ellos (familiares) están en condición migratoria regular, pues huyen de Colombia precisamente para evitar tener relación con sus familiares metidos en esos negocios”, dijo.

Por otra parte, aclaró al corresponsal de teleSUR que "no han acreditado" el hecho de que las FARC tengan inversiones en Costa Rica, hecho que ha sido corroborado en anteriores oportunidad


EL DATO     

En 2002, el ahora expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, involucró a una de las hermanas de Pablo Catatumbo, Amparo Torres Victoria, ante la justicia canadiense de ser jefe de la diplomacia de las FARC, hecho desmentido tiempo después y por el cual, la organización rebelde exige que se reconozca la persecución política durante 25 años contra esta familia.  

Detenido y torturado por informar con objetividad sobre la barbarie israelí, Muhammad Al-Qiq decidió ponerse en huelga de hambre el pasado 25 de noviembre para denunciar al mundo su situación.


2016/ Febrero 1/ Internacional/ Por: Carlos Aznárez

Un llamado urgente en defensa del periodista palestino que está al borde de la muerte
                
Por favor recuerde su nombre. Se llama Muhammad al-Qiq, tiene 33 años y se está muriendo en la cárcel cumpliendo una huelga de hambre. Es periodista y ejerce la profesión en Palestina, un territorio ocupado y horadado por la violencia del invasor israelí desde 1948. Una nación que ha sufrido todo tipo de atropellos década tras década, y que por estos días asiste a una nueva vuelta de tuerca de la represión sionista contra quienes se rebelan a su dominio. En Gaza y en Cisjordania, miles de jóvenes protestan de diversas formas, y muchos de ellos son asesinados vilmente. Otros son detenidos. Todo ello frente al silencio de la mal llamada “comunidad internacional” o la manipulación de los medios corporativos, que no es lo mismo pero es igual.

Sin embargo, no todos callan. Muhammad Al-Qiq, como haría cualquier reportero que se respete a sí mismo, venía informando día a día para el canal “Al Majd”, sobre lo que veían sus ojos y sentía su cuerpo, con sólo dar un recorrido por las calles de Ramalah o de Jerusalén: niños golpeados y detenidos por arrojar piedras contra tanques, mujeres jóvenes asesinadas a las que se les “planta” un cuchillo para justificar el crimen, campos con cultivos de olivos arrasados, casas demolidas por pura venganza, ciudades como Hebrón o campos de refugiadas como Jenín, bloqueados militarmente y su población sufriendo todo tipo de humillaciones.

Precisamente, el informar con objetividad sobre la barbarie israelí, es el “ delito” por el que fue detenido y torturado Al-Qiq hace tres meses en su casa de Ramallah. Numerosas denuncias de organismos de derechos humanos palestinos e internacionales advirtieron que el periodista fue colocado en una posición conocida como la banana -con la espalda sobre una silla y atado de pies y manos por debajo de la misma–, permaneciendo en una posición forzada durante 15 horas en las que sufrió violencia sexual por parte de los interrogadores. Luego de sufrir esas sevicias lo enviaron a una de las tantas cárceles-tumbas que Israel posee para martirizar aún más a un pueblo que no está dispuesto a bajar la cabeza ante su prepotencia.

Pero hay algo más, Al-Qiq, como tantos otros palestinos y palestinas sufre un tipo de detención que se denomina “administrativa”, una figura que permite a las autoridades israelíes mantener bajo custodia indefinidamente a miles de “ ospechosos” sin presentar cargos ni iniciar un proceso judicial, como hacen habitualmente las dictaduras militares. Frente a esta injusticia y convencido de que si no luchaba por su libertad su suerte estaba prácticamente echada, este joven periodista decidió ponerse en huelga de hambre el pasado 25 de noviembre, para denunciar al mundo su situación. A partir de ese momento se intensificaron las medidas represivas y de presión contra el detenido. En dos oportunidades, el 30 de diciembre y el 17 de enero, jueces sionistas prorrogaron su encarcelamiento y rechazaron la apelación presentada por los abogados del Al-Qiq. Su situación de salud comenzó a agrietarse, y en un momento las autoridades israelíes decidieron trasladarlo al centro médico de la ciudad israelí de Afula, donde el colega detenido ratificó su voluntad de continuar la huelga de hambre “hasta conseguir mi libertad”. Si esto no sucediera “estoy dispuesto a morir”, expresó.

Muhammad Al-Qiq ya lleva 64 días peleando por su dignidad, negándose a recibir vitaminas ni tratamiento médico. Quizás evocando el martirio por el que pasó hace décadas otro luchador como él, pero irlandés, llamado Bobby Sands, ha planteado claramente que no quiere que se lo alimente contra su voluntad. Pero estar preso en Israel significa bordear la orilla del infierno en la tierra, y es por eso, que le fue impuesto a Al-Qiq otra forma de tortura. Permaneció cuatro días atado de pies y manos a una cama, consciente, mientras enfermeros militares le inyectaban líquidos a la fuerza. Ahora directamente lo han amenazado con empezar alimentarlo aplicando esta metodología, algo que él y sus defensores han repudiado enfáticamente.

Desde Argentina, la tierra que vio nacer y caer en combate a otro periodista ejemplar como Rodolfo Walsh (ejemplo entre otras cosas, de solidaridad con Palestina) va este mensaje de urgencia para que en Latinoamérica y el mundo, allí donde haya personas que crean que los derechos humanos son una propuesta de autodefensa frente a la barbarie, nos movilicemos por la vida y la libertad de Muhammad Al-Qiq. Él, con su actitud valiente pone sobre la superficie un escenario en el cual miles de presos y presas palestinas, muchos de ellos niños niñas, se encuentran como rehenes de las tropas de ocupación de su pueblo.

No, no es una nota más la que estoy escribiendo, sino la expresión epistolar de un grito de impotencia frente a lo que no debería ser irreversible: SALVEMOS LA VIDA DE MUHAMMAD AL-QIQ y la de tantos hombres y mujeres palestinas que viven en estado de excepción.

Fuente: www.resumenlatinoamericano.org

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