agosto 2016
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La Mesa nace a raíz del abandono estatal y como espacio donde confluyen comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas para exigir inversión social y cumplimiento de sus derechos al Estado.


Cinco meses de trabajo y reuniones iniciados en marzo, dieron origen a la Mesa Interétnica por la Paz y la Reconciliación de Murindó, municipio del departamento de Antioquia, ubicado en la región del Atrato, que este domingo, 28 de agosto, realizó su lanzamiento oficial.

La Mesa nace a raíz del abandono estatal y como espacio donde confluyen comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas para exigir inversión social y cumplimiento de sus derechos al Estado, así como para interlocutar con organismos de carácter internacional.

“Esta mesa se convierte en el escenario donde confluirán distintas organizaciones para defender el derecho a la participación política, el territorio, el medio ambiente, los derechos humanos, y reclamar inversión social, además propiciará la unidad de acción junto al pueblo colombiano que reclama la paz con justicia social”, explicaron voceros de la Mesa.


Al lanzamiento asistieron cerca de doscientos delegados provenientes de los lugares más apartados de Murindó, que por río y largas horas de camino llegaron al casco urbano para conformar la Mesa y dar su respaldo a la campaña por el Sí en el plebiscito, mecanismo acordado para refrendar los acuerdos de paz alcanzados en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

“El apoyo al plebiscito no significa que estemos de acuerdo con el gobierno (del presidente Juan Manuel) Santos, sino a la terminación del conflicto; y esto solo es posible con el silenciamiento de los fusiles de ambas partes y con más inversión social”, aclara la Mesa.

La Mesa Interétnica por la Paz y la Reconciliación de Murindó da testimonio de la lucha de las comunidades contra el paramilitarismo que azota la región del Atrato y de cómo trabajan para alcanzar la paz con justicia social al culminar el conflicto armado en Colombia.

No hay ninguna respuesta concreta o solución total para el tema de garantías. Pero lo que es claro es que si va a tener éxito el proceso de paz, tendrá que haber medidas para proteger a los que anteriormente eran combatientes.

Llegaron desde Canadá, Reino Unido, Irlanda y España para conocer la situación de abogados, defensores de derechos humanos y prisioneros políticos en Colombia. Son personalidades que integran la V Caravana Internacional de Juristas que este lunes estuvo en Cali, y que estará hasta el 24 de agosto en el suroccidente colombiano.

“Yo como abogado irlandés tengo un interés particular en el proceso de paz colombiano. También porque jugué un rol pequeño en el proceso de paz irlandés también. Entonces es un interés muy importante para mí y me gustaría escuchar mucho a las personas acá, en Cali”, afirmó el jurista irlandés Sean O’Reilly, líder de la caravana.

Los temas de Derechos Humanos y prisioneros políticos involucran el tema de garantías para la participación política.



Para O’Reilly “no hay ninguna respuesta concreta o solución total para el tema de garantías. Pero lo que es claro es que si va a tener éxito el proceso de paz, tendrá que haber medidas para proteger a los que anteriormente eran combatientes, que están desmovilizados, además de los defensores de Derechos Humanos de todo el país”.

Los juristas se reunieron con el Defensor Regional del Pueblo, Carlos Hernán Rodríguez, para tratar la crisis carcelaria del Valle del Cauca. Esta y otras actividades comprende la agenda que concluirá el 24 de agosto con la presentación de la relatoría final en la sede del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en Cali.

Las delegaciones de paz de las FARC-EP y del Gobierno Nacional han acordado los criterios y mecanismos que regirán la selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las tres Salas de Justicia, el presidente de dicho tribunal y el director de la Unidad de Investigación y Acusación.

Asimismo, las partes han convenido pedirle al Papa Francisco, al Secretario General de las Naciones Unidas, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y a la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, que hagan parte del comité de escogencia que seleccionará a los magistrados de la JEP.

Dicho comité de escogencia será quien elija a los 20 magistrados colombianos y 4 extranjeros para el tribunal para la paz, 18 magistrados colombianos y 6 magistrados extranjeros para las 3 Salas de Justicia, una lista adicional de 19 nacionales y 5 extranjeros en caso de necesitarse más o de sustituir alguno, así como el presidente o presidenta del tribunal y el director o directora de la unidad de investigación y acusación, quienes deberán ser elegidos teniendo en cuenta los criterios establecidos por la JEP.

Finalmente la Mesa de conversaciones estableció que una vez entrado en vigor el Acuerdo Final, la escogencia de este tribunal deberá concluir lo más pronto posible.

Por: APA | La Habana, cuba

Si el Estado no es capaz de garantizarle la vida a los ciudadanos, si el Estado no es capaz de garantizar que haya unas personas que reclamen sus derechos de manera legal, pues necesariamente volverá la guerra.

La Habana, Cuba

Confiar en el adversario, en quien durante más de cinco décadas fue el enemigo, es un reto que demanda alto grado de confianza y seguridad para la dejación de armas de la guerrilla de las FARC. Pero no es el único reto para el proceso de paz que adelanta esta organización guerrillera con el Gobierno colombiano. Terminar con la violación de Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, es otro de los grandes retos, asegura el comandante guerrillero Pablo Catatumbo.

Si uno deja las armas, lo está haciendo para que el Estado asuma un compromiso de que las armas, que van a estar de ahora en adelante en posesión del Estado, tengan un uso legítimo, y ese uso legítimo no puede ser otro que el respetar los Derechos Humanos”.

Un reto indiscutible también lo constituye el paramilitarismo. La pregunta sobre el tema, incluso, ya constituye una frase de cajón.

“Muchos me preguntan: ‘y qué va a pasar con el paramilitarismo’. Yo les digo: ‘ese es el mayor reto que tiene el Estado y este es el mayor reto que tienen estos acuerdos (del proceso de paz)’. Si el Estado no es capaz de garantizarle la vida a los ciudadanos, si el Estado no es capaz de garantizar que haya unas personas que reclamen sus derechos de manera legal, pues necesariamente volverá la guerra”.

Ver: Las FARC hablan de masacre de La Moralia

Y para que no vuelva la guerra, Catatumbo sostiene que el paramilitarismo debe atacarse no solo militarmente. Afirma que deben acabarse sus fuentes de financiación y la clase política que los conformó. Para ello se requiere de ‘verdad’, otro de los grandes retos.


“La Jurisdicción Especial para la Paz, que fue un acuerdo de la Mesa de conversaciones, estableció que crearía una comisión investigativa especial adjunta a la Fiscalía General de la Nación, pero que va a tener la función exclusiva de investigar los crímenes del paramilitarismo: los aliados del paramilitarismo. Porque es que en Colombia necesitamos establecer cuáles fueron los orígenes y las responsabilidades del paramilitarismo, esa página atroz no puede quedar en el pasado”.

¿Y el reto para la guerrilla? ¿En qué piensa la guerrilla al dejar las armas?

Aquí no han gobernado los gobiernos para todo el país. Y lo que se trata es de eso, de que una democracia elija un Gobierno que tenga en cuenta los intereses de todos los nacionales. Por eso luchó Gaitán, por eso luchó Galán, por eso luchó Manuel Marulanda, por eso luchó Bolívar, por eso han luchado todos los luchadores populares. Y creemos que esta es la oportunidad, de que esta vez sí lo vamos a lograr. Yo soy optimista”, concluye Catatumbo.

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