diciembre 2016
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El campamento del Frente 34 está ubicado en Vegaez, corregimiento del municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia) que tiene previsto, en la vereda Vidrí, la instalación de una de las 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalizacion (ZVTN) para la dejación de armas.

Texto y fotos: Alexander Escobar
FIPU PRESS

Teatro, cumbia y la salsa de Joe Arroyo van acabando con el olor a pólvora del campamento del Frente 34 de las FARC. Cuando no son actividades culturales, futbol o voleibol lo que ocupa el tiempo de los guerrilleros, es el estudio el que toma lugar en el día a día de la guerrillerada que acude al aula de estudio diseñada en la cuenca del río Arquia.


La guerra entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) está llegando a su fin. Ahora los guerrilleros se preparan para “la construcción de paz desde los territorios, y eso requiere la formación de cada uno de los combatientes en el cambio de perspectiva en todas sus actividades y todos los niveles”, cuenta Benkos Biohó, uno de los comandantes del Frente 34 e integrante de la delegación de paz.

                                                  
El campamento del Frente 34 está ubicado en Vegaez, corregimiento del municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia) que tiene previsto, en la vereda Vidrí, la instalación de una de las 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalizacion (ZVTN) para la dejación de armas de la guerrilla durante su transformación en movimiento político y paso a la vida civil.

Sin embargo, por falta de planificación e incumplimiento del Gobierno, tal como ocurre con la mayoría de zonas veredales, el Frente 34 no ha podido desplazarse a su zona en Vidrí. “No está lista la infraestructura necesaria para el traslado a las zonas, algo que compete al nivel gubernamental por los compromisos contraídos para ello”, recuerda Biohó.


Los que sí están listos son los guerrilleros que, al ritmo de “no le pegue a la negra”, estudian, danzan y practican deporte. De la rebelión armada pasaron a la ‘Rebelión’ de Joe Arroyo, canción cuya coreografía la guerrillerada prepara insistentemente durante todo el día.


Aunque la amenaza del paramilitarismo es latente, y el asesinato de dirigentes sociales no cesa, en el campamento del Frente 34 se percibe que la confrontación armada con el Estado está finalizando.


Al abandonar Vegaez, a lo lejos, “no le pegue a la negra” sigue sonando como modo de tránsito de las FARC hacia la política sin armas. “Para las FARC lo que sigue es el desmonte del elemento armado y la construcción de la plataforma política que se requiere para la inserción en los espacios de la vida sin armas y para la transformación del país”, concluye Biohó.

12/21/2016 , ,
Después de más de un mes de campaña, y sortear todos los inconvenientes de transporte, el 20 de diciembre los regalos llegaron a su destino: a las manos de niños y niñas que habitan la cuenca del río Murrí.
Texto y fotos: Alexander Escobar
FIPU PRESS

Diciembre es época de sentimentalismos y realidades que se cruzan para diagnosticar el estado de la sociedad colombiana. Navidad, algo que culturalmente debería ser festejo y alegría, se convierte en muchas regiones del país en confirmación de la desigualdad social y abandono estatal que nos aleja de la paz prometida.

Los territorios bañados por las aguas del río Atrato, compartidos por los departamentos de Chocó y Antioquia, son unos de esos escenarios que además de reflejar falta de inversión social del Estado, han soportado la guerra en carne y hueso: la confrontación armada entre las guerrillas y el Gobierno, y el terrorismo de Estado que opera con o sin paramilitarismo, se vive ahí en forma directa, y no detrás del confort de las pantallas de los televisores de las ciudades.

Falta de hospitales, acueducto y agua potable, son solo algunas de las crueles condiciones que deben soportar sus pobladores. A ello se suma la carencia y mal estado de carreteras, y el transporte fluvial y aéreo de costos elevados que dificultan entrar o salir de la zona, factor que eleva el valor de los productos que ingresan para ser comercializados.

Bajo esas circunstancias crecen los niños en estos territorios. Y con la llegada de Navidad, el recuerdo de su situación se incrementa por la ausencia de regalos que el comercio volvió costumbre comprar.

La adversidad que afrontan requiere visibilización en todos los sectores de la sociedad. Por ello la Navidad no podría ser mejor motivo para evidenciar la situación de estos niños, con una campaña que además llevara regalos donde el Estado no llega con inversión social.

Para este fin, la Fundación para una Nueva Vida (Funuvida) adelantó la campaña #PazALaNavidad, la cual consistió en recolectar regalos para llevaros a los niños de la cuenca del río Murrí, ubicada dentro del municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia).

A la campaña se vincularon personas y comunidades de diferentes estratos sociales, credos ideológicos y religiosos, como la Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes de Palmira (Valle del Cauca) que donaron obsequios para informar que estos niños tienen rostro, nombre y sueños que sobreviven al abandono estatal.

Y los resultados no pudieron ser mejores. Después de más de seis meses de campaña, y sortear todos los inconvenientes de transporte para arribar a la zona, el 20 de diciembre con apoyo de la administración municipal, los regalos llegaron a las manos de niños y niñas que habitan la cuenca del río Murrí, comprendida por la vereda Vuelta Cortada y los corregimientos La Playa y La Loma.

De esta forma #PazALaNavidad recordó que el fin del conflicto armado, en este caso específico entre las FARC y el Gobierno colombiano, no significa el fin de los problemas sociales. Trabajar para que la paz se materialice con justicia social es el mensaje que la sonrisa, los correteos y saltos de los niños de Murrí nos dejaron al recibir cada regalo.

La falta de una ley que reglamente la implementación del Decreto 2467, estaría entregando el comercio de la marihuana a empresas transnacionales, las cuales gozarían de un mercado con ganancias cercanas a dos mil millones de dólares por año.
FIPU PRESS

Solo vacas comiendo pasto se ven ahora cerca al puesto de policía de Toribío, municipio ubicado al norte del departamento del Cauca que fue escenario de la guerra entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Sin embargo, esto no significa que los problemas sociales hayan culminado. La falta de garantías para subsistir de una economía agrícola, llevaron a que parte de sus habitantes hoy vivan de los cultivos de uso ilícito.

Buscando soluciones a esta problemática, 300 agricultores de marihuana, de los cerca cuatro mil que existen en el municipio, conformaron Caucannabis, una cooperativa enfocada al uso medicinal e industrial de esta planta. Para conocer su trabajo hablamos con Carlos Vitonás, representante legal de Caucannabis.

“En la sustitución de cultivos, la propuesta de nosotros es dar otro uso: el uso medicinal y el uso industrial, que son como las alternativas para buscar la sustitución de cultivos”, afirmó Vitonás, enumerando algunos de los productos que están produciendo:

“En este momento nosotros sacamos resinas, sacamos pomadas, sacamos tinturas, sacamos aceites, hacemos cremas, hacemos geles, y así sucesivamente estamos investigando, estamos avanzando, haciendo más investigación para sacar más productos”.

A finales de 2015 Colombia aprobó el Decreto 2467 que permite sembrar marihuana para uso medicinal y científico. Pero la falta de una ley que reglamente su implementación, estaría entregando el comercio de la marihuana a empresas transnacionales, las cuales gozarían de un mercado con ganancias cercanas a dos mil millones de dólares por año.

Caucanabis lucha para que las licencias para cultivo y comercialización de la marihuana queden en manos de quienes han padecido la guerra y falta de inversión social del Estado.

Necesitamos que el Gobierno nos reconozca y que tenga mucha voluntad política frente a estas licencias, y el reconocimiento a nosotros como indígenas, como cultivadores para entrar a este proceso. Al obtener la licencia el mercadeo sería más fácil, ya no nos pondrían tanto problema. También el desarrollo de la comunidad va a ser muy justa. Ya no vamos a ser ilegales, vamos a ser legales”.

Durante muchos años estos cultivadores, injustamente, han sido perseguidos por la Fuerza Pública acusados de ser narcotraficantes y guerrilleros, sabiendo que solo son comunidades que buscan un modo de subsistencia en medio de la guerra y abandono estatal.

Hoy que Colombia llegó a un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, esperan que la implementación de lo acordado reconozca su trabajo y no entregue la soberanía del país a corporaciones transnacionales.

Después de la firma de paz, a nosotros nos beneficia es la implementación del Estado, que nos reconozca: que nosotros realmente sí vivimos de estos cultivos. Ahora, en estos momentos, estamos es buscando la medicina y le vamos a producir es salud”, concluyó el representante de Caucanabis.

Aunque parezca que hay un empate técnico, o protocolario, lo cierto es que las FARC infringieron el protocolo, pero ello no implica que hayan cometido una acción hostil contra la Fuerza Pública, es decir, que hayan atacado al Ejército violando el Cese al Fuego.
FIPU | FOTO: @CINUBOGOTA

Sin formularse preguntas, los medios de comunicación reprodujeron el informe realizado sobre la muerte de dos guerrilleros de las FARC a manos del Ejército en el sur del departamento de Bolívar el 13 de noviembre, hechos que son violatorios del cese al fuego acordado desde el 29 de agosto por Gobierno y guerrilla.

El informe, que provino del Mecanismo tripartito de Monitoreo y Verificación (MM&V) del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, instancia definida por las partes –y conformado por Gobierno, FARC y ONU– para estudiar este tipo de casos, realmente se ciñó a lo protocolario, sin reflexiones que toda Colombia y la comunidad internacional requieren plantearse.

Recordemos que para evitar incidentes y propiciar un clima más seguro para la verificación del cese al fuego, el 13 de octubre se acordaron protocolos que incluían varios puntos de preagrupamiento transitorios para la guerrilla en diferentes zonas del país. No obstante, un mes después, el 13 de noviembre, un incidente prendió las alarmas en Colombia: tres guerrilleros que no estaban en uno de los sitios de preagrupamiento fueron atacados por el Ejército, con un saldo de dos guerrilleros muertos y uno detenido.

Diecisiete días después, el 30 de noviembre, el MM&V produjo el informe oficial donde concluyó que tanto las FARC como el Gobierno violaron el Cese al Fuego. Afirma el informe, o el análisis, que la guerrilla lo violó porque estaba por fuera de “los Puntos de Preagrupamiento Temporal armados y uniformados sin coordinación previa con el MM&V”, y también el Gobierno porque la “Fuerza Pública abrió fuego contra los miembros de las FARC-EP sin mediar otra acción”, pensando que eran guerrilleros del ELN.


Sin embargo, aunque parezca que hay un empate técnico, o protocolario, lo cierto es que las FARC infringieron el protocolo, pero ello no implica que hayan cometido una acción hostil contra la Fuerza Pública, es decir, que hayan atacado al Ejército violando el Cese al Fuego. Porque así suene extraño, o quizá confuso, una cosa son los protocolos para facilitar el Cese al Fuego, y otra cosa son las dinámicas de la guerra, las acciones hostiles y ofensivas entre adversarios que deben tenerse en cuenta dentro de un Cese al Fuego para decir que hubo una violación del mismo.

Caso contrario sucede con la Fuerza Pública que, argumentando atacar a la guerrilla del ELN, disparó a matar contra los guerrilleros de las FARC. Y más grave aún, sin que el "adversario" estuvieran en actitud ofensiva o defensiva, puesto que no hubo combate, según lo estableció la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua) en un informe realizado después de verificar los hechos y analizar los testimonios de la comunidad:

“Narran los habitantes que aproximadamente a la 1:30 p.m, ‘Joaco’ (guerrillero de las FARC) se encontraba hablando por celular y de manera inesperada cayó al piso. El disparo que recibió fue levemente percibido. En ese momento, ‘Mónica’ (otra de las guerrilleras) se inclinó a ver qué le sucedió y también recibió un disparo quedando en el suelo. Las personas allí presentes se dan cuenta que son francotiradores”.

En este sentido, el informe realizado por Aheramigua establecería que quien realizó acciones de guerra, violatorias del Cese al Fuego, habría sido el Ejército. Pero más que acciones de guerra, estaríamos hablando de asesinato, algo que el informe del MM&V denomina, en forma protocolaria, como abrir fuego “sin mediar otra acción”.

Con la información suministrada por Aheramigua quedaría claro que la acción de disparar a matar fue premeditada, que no existió combate o acción ofensiva que detonara el ataque, y que independientemente de si el Ejército creyera que atacaba al ELN, lo que ocurrió ese 13 de noviembre fue el asesinato de dos personas.

Por ello, estos hechos revisten un carácter gravísimo. Porque la responsabilidad del debate sobre lo ocurrido sobrepasa el tema del Cese al Fuego entre las FARC y el Gobierno. Lo que evidencia la acción del Ejército es que aplicó la pena de muerte a dos personas en un Estado que en la forma presume de democrático, pero en cuyo fondo ocurren hechos propios de una dictadura militar, tan graves como los 126 integrantes de Marcha Patriótica asesinados en tan solo cuatro años.

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