febrero 2017
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Por la represión del Estado contra las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que desde el 21 de febrero protestan en Tumaco (Nariño) contra la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, diversas organizaciones han levantado su voz de rechazo.

Hace poco lo hizo la Coordinación Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), llamando al Gobierno para que suspenda las acciones violentas, y ahora se suma la solidaridad de la Coordinación Étnica Nacional de Paz (Cenpaz), la cual integra la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos para el Seguimiento de la Implementación del Acuerdo Final de Paz firmado entre Gobierno y FARC.

La problemática que hoy se presenta en Nariño, se da en principio por las erradicaciones de cultivos de uso ilícito forzadas e inconsultas con las comunidades, situación que va en contra  de lo pactado por el Gobierno Nacional, fundamentalmente en lo acordado en el punto uno y el punto 4 del acuerdo de paz”, explica Cenpaz a través de un comunicado difundido este martes.


Como lo afirma la organización étnica, el punto cuatro del Acuerdo de Paz estipula que Gobierno y guerrilla “acordaron que la sustitución se dará con consentimiento de las comunidades de manera manual para generar empleo”, sin embargo, el Estado, incumpliendo lo acordado, adelanta erradicación forzada sin ofrecer opciones de sustitución de cultivos y empleo digno.

“Así pues, desde Cenpaz, como parte de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos para el Seguimiento de la Implementación del Acuerdo Final, hacemos un llamado inmediato al gobierno nacional para que cesen los ataques contra la población tumaqueña, y proponemos se instale de manera inmediata una mesa de diálogo departamental para dar solución a esta problemática y se implemente de manera consensuada el Programa Nacional  Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”, concluye Cenpaz.

Redacción REMAP

Analistas, académicos, defensores del medio ambiente, líderes sociales y de medios alternativos se dieron cita para expresar la importancia de que se trabaje por espacios que, como Pazífico Noticias, trabajan para informar lo que la prensa al servicio de las élites calla o tergiversa.

Durante una reunión cumplida el sábado anterior en Cali, los participantes destacaron cómo Pazífico Noticias se ha convertido en una apuesta alternativa diferente e informativa, pese al monopolio económico que tienen los grandes medios.

También analizaron el rol de los medios de comunicación en el proceso histórico que atraviesa el país para contextualizar, reconstruir memoria y construir un nuevo país.

Todos coincidieron en la importancia de apoyar y generar medios alternativos que permitan mitigar el efecto nocivo de los grandes medios, que durante décadas han desinformado y han atizado la guerra, para ambientar un entorno de paz, informar y educar a los colombianos.


Por: Paola Fernández / Pazífico Noticias

La libertad de la infanta Cristina y Urdangarín no es más que otro síntoma de la injusticia que se vive en España

Que la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín no vayan a pasar siquiera un día la cárcel tras ser acusados de fraude fiscal, blanqueo de capital y malversación de fondos públicos; no significa que la justicia española sea una vergüenza ahora, simplemente significa un capítulo más de ese circo en el que la vara de medir no es igual para todos.

Recordemos que al antiguo Rey Juan Carlos I de España lo designó jefe de Estado un dictador, debemos comprender también que el actual partido político que gobierna España (PP) fue creado por Manuel Fraga, dirigente y ministro en la época del franquismo.

Por lo tanto, con este panorama España se convierte en un escenario de impunidad para los crímenes franquistas, no sólo lo digo yo, también lo dijo la ONU en el año 2013. [i]

Pero esta impunidad con los crímenes del pasado, significa la oportunidad para continuar cometiendo actos criminales por parte del régimen instaurado por el dictador Franco. La justicia no es igual para todos en España, pues con los disidentes del régimen español la justicia es implacable y eficaz.

Los peligrosos disidentes que ponen en riesgo la seguridad de una nación son: artistas, periodistas de medios de comunicación alternativos, twitteros, manifestantes y demás gente “muy peligrosa”; de vez en cuando Amnistía Internacional se acuerda de las atrocidades que comete la justicia del régimen español y lanza un llamado de atención que obviamente no es tenido en cuenta, [ii] debido a que España es nación miembro de la OTAN, por lo tanto la nación española forma parte del equipo de los buenos.

La justicia en España no es igual para todos, el sol no se puede tapar con un dedo. La población española se debe dar cuenta de que las injusticias no se cometen a miles de km en Venezuela, como están empeñados en mostrar los medios de comunicación convencionales.

Las injusticias se están cometiendo en su país, se están cometiendo contra gente a la que no se le permite ser crítica frente al régimen impuesto, se están cometiendo injusticias contra Alfon manifestante condenado a 4 años de prisión, Boro periodista al cual se le pide 6 años de cárcel, Valtonyc rapero condenado a 3 años de cárcel por injurias a la corona. Así como la injusticia que se está cometiendo contra centenares de presos/as políticos/as y sus familias.

El caso de la infanta Cristina y su marido ha despertado en los/as españoles una sensación de que la justicia no ha actuado bien, pero la realidad es que la justicia lleva actuando de esta forma desde que el bando fascista ganó la guerra civil en 1939 y se ha fortalecido progresivamente bajo unos cimientos llamados: impunidad.

La justicia en España no es igual para todos.

Este sábado la Coordinación Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), a través de un comunicado rechazó la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito que adelanta el Gobierno, y se pronunció en contra de la represión que sufren las comunidades campesinas que exigen erradicación voluntaria y programas integrales para la sustitución de estos cultivos.

En el documento, la Coccam llama de manera “urgente al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, al Alto Consejero para el Posconflicto Rafael Pardo Rueda y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, para que frenen de inmediato las agresiones contra las comunidades campesinas en territorios donde existen cultivos denominados de uso ilícito”.

Para el caso del suroccidente colombiano, desde el ocho de febrero, con la movilización de más de tres mil campesinos en Mercaderes (Cauca), el movimiento campesino está manifestándose en contra de la erradicación forzada, continuando al suroeste las protestes el 21 de febrero en Tumaco (Nariño), donde las comunidades agrarias terminaron reprimidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), tal como lo constatan imágenes difundidas en redes sociales.

El Gobierno Nacional debe suspender de inmediato las acciones violentas, represivas y desesperadas”, manifestó la Coccam, aclarando que esta postura no resuelve “de fondo la situación de miles de familias campesinas que han recurrido a esta actividad porque no existen más alternativas de desarrollo económico en los territorios, somos víctimas del abandono estatal que durante décadas ha imperado en las regiones”.

La organización campesina también recordó que la actitud del Gobierno viola el punto cuatro del Acuerdo de Paz firmado con las FARC, donde se establece sustitución voluntaria y programas integrales que permitan a estas comunidades vivir dignamente, agregando que es necesario “evitar el escalamiento de esta conflictividad social que aumenta la desconfianza de las familias cultivadoras hacia procesos de sustitución concertada, los acuerdos de La Habana y la construcción de paz que todos anhelamos”.

Redacción REMAP / Imagen: Coccam  

Fruto de la negociación colectiva, el Sindicato Unitario de la Gobernación del Valle (Sugov) concretó acuerdos con la administración de Ubeimar Delgado. Sin embargo, al asumir Dilian Francisca Toro como gobernadora del Valle, lo firmado con el sindicato se quiere desconocer.

“Las administraciones nuevas siempre quieren desconocer lo ya pactado con las administraciones anteriores. La administración que llega debe darle continuidad a los acuerdos ya firmados”, expresó Eimer Bejarano, directivo del Sugov.

Uno de los puntos sensibles de lo ganado en la negociación refiere al tema de incapacidades. Cuando un trabajador se enferma, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no cubren el pago completo del salario de los trabajadores. En los acuerdos se establece que la administración lo cubrirá en un 100% cuando el trabajador esté incapacitado.

“Hemos pedido al Gobierno que nos complete el salario en el momento de la incapacidad porque la EPS nos descuenta un 33.3%, y se ve disminuido el salario cuando uno más lo necesita: cuando necesita ir al médico, cuando necesita medicamentos”, explicó el líder sindical.

Según expertos, lo acordado con el sindicato debe cumplirse aplicándose los “principios de progresividad y no regresividad”, tal como se clarificó en el Foro Internacional de Negociación Colectiva para Empleados Públicos donde participaron asesores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), funcionarios de Procuraduría y Gobernación, y en presencia de delegados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Defensoría del Pueblo.

“Nos están dando la razón de que los acuerdos ya firmados son de obligatorio cumplimiento. Ahora quedamos a la espera para interactuar con la administración y se dé su ejecución. De lo contrario, nos tocará tomar otras medidas diferentes: denuncias, movilización social y todas las herramientas jurídicas pertinentes”, concluyó Bejarano.

Redacción REMAP / Foto: Alexander Escobar

Tres de los sitios de recolección de donaciones para las zonas veredales fueron hostigados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el Valle del Cauca, según denunció la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica.


Los hechos ocurrieron este martes en los municipios de Sevilla y Tuluá, cuando miembros del CTI ingresaron “solicitando información sobre un ‘panfleto que anda circulando en las redes sociales’, refiriéndose a la convocatoria para la donación de víveres”, y empadronaron a Everto Marín (Sevilla), Isabel López y Harold Ordoñez (Tuluá), responsables de las organizaciones y centros culturales donde se reciben las ayudas, informó la Comisión.

Por estos actos de hostigamiento y señalamiento los actos del CTI de la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica ha exigido al Estado que responda y proteja “los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad” de estas tres personas, y de igual manera para todos los integrantes de las organizaciones y procesos culturales a los que pertenecen.

La campaña de solidaridad con las zonas veredales (donde las FARC dejarán las armas y transitarán a la vida social, política, económica y cultural del país) es una iniciativa de las organizaciones que integran Marcha Patriótica, y a la cual se han sumado otros procesos sociales debido a la crisis humanitaria desatada por incumplimiento del Gobierno en la adecuación de las zonas.

REDACCIÓN REMAP

El incumplimiento del Gobierno con la adecuación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), (zonas donde las FARC van a dejar las armas y prepararse para pasar a la vida social, económica, política y cultural del país), ha provocado una crisis humanitaria.

En un gran número de zonas veredales se están presentando problemas de salud, con el agravante de que en éstas se encuentran guerrilleras embarazadas y otras que hace poco han dado a luz a sus hijos. Diversas organizaciones sociales han denunciado la grave situación:

A la fecha, son innumerables las dificultades en materia de salubridad que refieren la llegada de alimentos en mal estado o en proceso de descomposición, la falta de adecuaciones mínimas de infraestructura tales como acceso a agua potable, duchas y sanitarios, la inexistencia de alojamientos y la precaria atención en salud, que afecta especialmente a las mujeres guerrilleras en estado de gestación y a los niños recién nacidos”.

Leer: CTI califica de "panfleto" campaña de ayuda para zonas veredales

Como gesto de solidaridad en el Valle del Cauca, Marcha Patriótica y otras organizaciones del departamento han convocado a la sociedad para que no permita que el incumplimiento del Gobierno trunque el camino de la paz, invitándola a solidarizarse con donaciones que serán enviadas a las zonas veredales.

Para la recolección se establecieron cuatro municipios:

Cali:
Sede Sutev, carrera 8 # 8-87
Sede Marcha Patriótica, carrera 4 # 4-43 (Of 201)

Palmira:
Casa Escénica y Cultural El Teatro Vive, calle 30 # 23-32

Tuluá:
Centro Cultural La Casa de Todos, c24 # 29-53
Astracava, carrera 20 # 32-31

Sevilla:
Calle 52 # 50-08 esq, 2do piso, diagonal a la Notaría Primera
Carrera 52 # 53-35, Parqueadero La Pista

REDACCIÓN REMAP

Este lunes Henry Castellanos Garzón ('Romaña'), comandante de las FARC, se pronunció tras el atentado perpetrado este domingo con un artefacto explosivo que dejó heridas a 30 personas (4 civiles y 26 policías) en el sector conocido como La macarena en Bogotá.

Lamento profundamente el dolor y el sufrimiento por la que atraviesan agentes de policía y civiles heridos en el cruel atentado sufrido en el día de ayer en el barrio La Macarena en Bogotá”, afirmó el comandante guerrillero en su cuenta de Facebook.

Por estos hechos los organismos de seguridad del Estado aún no han atribuido responsables del atentado que a cuatro de los policías heridos, según declaraciones del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, podría ocasionar pérdida de alguno de los ojos.

Estos no son tiempos de guerra. Lo que se reclama son hechos de paz y cerrar fila a cualquier acción que implique que se siga derramando sangre en esta martirizada patria”, agregó Castellanos.

El líder guerrillero además llamó a la reconciliación y continuar implementando el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC.

Basta Ya. Lo que queremos es que se continúe por la ruta de la reconciliación y la implementación de los Acuerdos. Esa es el camino que nuestra gente reclama”, concluyó ‘Romaña’.

REDACCIÓN REMAP

Este martes, 21 de febrero, el Sindicato Unitario de la Gobernación del Valle (Sugov) desarrollará el Foro Internacional de Negociación Colectiva para Empleados Públicos, el cual que tendrá lugar en la ciudad de Cali a partir de la 1:30 p.m. en el Salón Gobernadores.

El foro contará con destacados académicos y consultores de la Organización Internacionall del trabajo (OIT), y con funcionarios de la Defensoría del Pueblo y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Para el Sugov, uno de los objetivos del foro es conocer “cuáles son los alcances del Decreto 0160 de 2014, mediante el cual los empleados públicos tenemos el marco para negociar con la Administración Departamental; y algo del interés de todos: de qué manera vamos a presentar nuestra expectativa para negociar el ajuste e incremento salarial para el 2017”.

La asistencia no tendrá ningún costo y está abierta a todas las organizaciones sindicales del país y personas interesadas en la defensa de los derechos de los trabajadores.

“Nadie puede faltar porque es algo que tocará nuestro bolsillo altamente precariado”, concluye el Sugov.

REDACCIÓN REMAP

A la creciente ola de protestas por el cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno, en Cali (Valle del Cauca) se suman las voces de profesionales y académicos que este sábado, 18 de febrero, estarán reunidos en el Hotel Mudejar a partir de las nueve de la mañana para discutir la implementación de lo acordado entre Gobierno y la guerrilla de las FARC.


La actividad es organizada por la Comisión de Paz de Marcha Patriótica en el Valle, quienes han manifestado que además “del desarrollo normativo, que es fundamental para dar inicio a la implementación de lo acordado, es necesario una amplia confluencia social y democrática que posibilite un gobierno de transición para garantizar una apertura democrática”.

La discusión se hará a pocos días de lanzada la campaña ‘Venga esa mano a la Paz’, la cual busca denunciar el incumplimiento del Acuerdo de Paz y exigir garantías para los líderes sociales y la oposición política que está siendo asesinada en Colombia.

Dentro de este contexto, este sábado se darán cita académicos y profesionales para “la construcción de una verdadera paz, donde sin lugar a dudas, en este período, juegan un papel importante los sectores más democráticos de la academia, de los profesionales que se plantean la otra concesión de paz, de la justicia social para nuestros territorios”, según manifiestan los organizadores de la actividad.

REDACCIÓN REMAP

Las voces de protesta por el incumplimiento del Gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, siguen creciendo en todos los departamentos del país.

En el Valle del Cauca, Buga es de los municipios que ahora se suma a esas voces realizando un plantón que tendrá lugar este viernes, 17 de febrero, a las dos de la tarde en la plazoleta de Santo Domingo.

Demora en la aplicabilidad de la ley de amnistía e indulto, zonas veredales sin agua e infraestructura digna para los integrantes de las FARC que dejarán las armas, y el asesinato de cientos de líderes sociales son algunas de las razones de la protesta de la sociedad civil.

“Todos estos hechos, además de preocupantes, imponen un reto grande para todos los convencidos de la paz. El reto, es defender el acuerdo, pero sobre todo, exigirle al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, seriedad, compromiso y cumplimiento de lo acordado”, informó Marcha Patriótica, una de las organizaciones convocantes.

Durante el plantón también se recibirán donaciones para enviar a las zonas veredales, esperando recibir, principalmente, implementos de aseo y ropa para bebé y adultos mayores.

REDACCIÓN REMAP


A continuación la convocatoria oficial del plantón:

Plantón para exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno Nacional



La firma del acuerdo final para la terminación de conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y su aprobación en el Congreso de la República, es un hecho sin precedentes en el país, en tanto marca un punto de llegada de los Diálogos de paz entre las Farc-Ep y el gobierno nacional, así como un punto de partida para la necesaria construcción de la paz con justicia social. 


Este acuerdo, que tanta alegría y esperanza le ha motivado a millones de familias colombianas que desde el fondo de su corazón claman porque culmine para siempre el capítulo de la guerra en el país, es un documento en el que se especifican cada uno de los puntos dialogados y sus especificaciones en materia de compromisos.


Al respecto, este año 2017 recibió a la sociedad colombiana con muchas preocupaciones sobre la implementación de lo acordado, pues se han evidenciado una serie de problemas y de incumplimientos efectuados por el gobierno nacional y las otras ramas del poder, de los cuales se señalan algunos:


- Ciertos congresistas han querido poner palos en la rueda al paquete legislativo que da piso jurídico y constitucional a los puntos del acuerdo.


- Se ha vivenciado con dolor, el asesinato de cientos de dirigentes sociales y populares, hombres y mujeres convencidos de la paz, que han sido acallados por las balas de los enemigos de la paz, mientras que el gobierno nacional, se empeña en desconocer que esto, corresponde a un plan sistemático de exterminio por parte de las fuerzas paramilitares que actúan en diferentes regiones del país.


- Las fuerzas militares, continúan con la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, atropellando a campesinos y pasando por encima de lo acordado en el punto de solución al problema de las drogas ilícitas, donde se estipula que los cultivadores, pueden acogerse al programa de sustitución voluntaria para acceder a beneficios que permitan reemplazar su actividad productiva.


- El ministerio de defensa por medio del ejército nacional, viene haciendo reuniones con pobladores rurales, para vincularlos a lo que llaman “Red de aliados para la prosperidad” que no es más que seguir involucrando a la población civil, en funciones militares que deben cumplir solo las instituciones responsables de ello; pasando por encima de lo pactado en el acuerdo de paz, donde se estipula la creación de un “Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios” que a su vez incluye el programa de “Promotores de Paz” que “impulsará los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los territorios, promoverá la defensa de los Derechos Humanos, estimulando la convivencia comunitaria”.


- Las zonas y puntos veredales transitorios de normalización (ZVTN y PTN), a 15 días de la fecha acordada para estar construidas y listas para su habitabilidad, no están ni al 40% de su construcción, por lo que los integrantes de las Farc-Ep, luego de reafirmar su cumplimiento al desplazarse a dichas zonas, se encuentran en condiciones precarias de vida donde bebes y mujeres gestantes permanecen con un alto riesgo de salud. Situación que muestra la negligencia y falta de humanismo del gobierno nacional que no se ruboriza al aceptar que las obras están atrasadas, y no hace nada efectivo para solucionar pronto está situación.


- La ley de amnistía e indulto aprobada en diciembre pasado, no se ha hecho efectiva por trabas puestas por el Fiscal General; por lo que más de 4000 integrantes de las Farc-Ep, siguen esperando que se aplique para sumarse al proceso de reintegración a la vida civil.


Todos estos hechos, además de preocupantes, imponen un reto grande para todos los convencidos de la paz. El reto, es defender el acuerdo, pero sobre todo, exigirle al gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, seriedad, compromiso y cumplimiento de lo acordado, pues la voluntad de paz no es asunto de discursos ni de reconocimientos, es un asunto de acciones prácticas que realmente posibiliten hacer de la paz un proyecto de justicia social. 


Por ello, desde el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica capítulo Guadalajara de Buga, convocamos a toda la sociedad Bugueña, campesinos, obreros, estudiantes, jóvenes, mujeres, LGTBI, desempleados, profesores, instituciones religiosas, ONGs, y en general a todos y todas los partidarios de la paz, a hacer presencia masiva en un Plantón por la Implementación Ya para manifestarle al gobierno que debe cumplir, y que debe mostrar hechos reales de paz.


La actividad, se llevará a cabo, el día viernes 17 de febrero las 2 p.m. en la Plazoleta de Santo Domingo conjunta a la Alcaldía Municipal. 


Esperamos su activa y decidida participación, porque la paz es compromiso de todos y todos la construimos. 



Pocos recuerdan que el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, iba quedar por fuera de lo pactado. A pesar del compromiso asumido por las partes, el Gobierno pretendió faltar a su palabra.

La reacción de líderes afros e indígenas no se hizo esperar. El 24 de agosto de 2016, horas antes de la firma del Acuerdo de Paz, viajaron a La Habana para hacer respetar lo acordado.

Aiden Salgado, líder afrodescendiente de la Coordinación Étnica Nacional de Paz (Cenpaz), recuerda que “el Gobierno Nacional no tenía intenciones ni interés de que, primero, las comunidades fueran escuchadas en La Habana; segundo, después de ser escuchadas y haber presente un compromiso tanto de las FARC como del Gobierno, el Gobierno quería soslayar ese compromiso”.

La guerrilla también da su opinión. Benkos Biohó, uno de los encargados de la delegación de paz de las FARC para discutir el Capítulo Étnico con el Gobierno, afirma que la inclusión del Capítulo fue “un compromiso adquirido por la Mesa. Y por tanto la delegación de las FARC sentó la postura de que era necesario cumplir la palabra empeñada”.

Salgado va más allá de las palabras reposadas del líder guerrillero, y añade que “si no es por la presión de las FARC,  (que dijo: ‘nosotros dimos una palabra, y no vamos a tirar por la borda nuestra palabra, vamos a reconocer a las comunidades negras realmente como se merecen en los acuerdos’), el Gobierno saca uno o dos párrafos en el marco del acuerdo general, y no le da participación real” a las comunidades.

Para discusión del Capítulo Étnico varias delegaciones de organizaciones indígenas y afrodescendientes dialogaron el año pasado con Gobierno y FARC el 26 y 27 de junio en La Habana. Biohó explica por qué la discusión y posterior inclusión de este capítulo en el Acuerdo de Paz.

“La inclusión de un Capítulo Étnico correspondió a una necesidad sentida de que estos acuerdos contuvieran unas salvaguardas con referencia a derechos adquiridos por estos pueblos, de manera que se hiciera la diferencia en el tratamiento y en la aplicabilidad de los acuerdos que corresponden a la visión, usos y costumbres de esos pueblos, tanto de los territorios como de toda la dinámica social”.

Otras voces se suman para recordar por qué existe este Capítulo. Luz Mery Panche, líder indígena de la Coordinación Étnica Nacional de Paz (Cenpaz), también participó de la discusión en la Mesa de La Habana. Para ella la importancia radica en que permite a los grupos étnicos “plantear desde su visión, desde su cosmovisión, desde su historia, cómo deben implementarse los acuerdos (de paz) en los territorios para que realmente sean efectivos y se concreten acciones acordadas con las comunidades desde las bases”.

Y paso a seguir, como lo afirma Luz Mery, viene la implementación de lo acordado. Para ello “las bases” constituyeron una comisión de alto nivel con las organizaciones étnicas del país, la cual planteará los enfoques normativos para la implementación del capítulo e incidir, de igual modo, en el cumplimiento del acuerdo general de paz.

“Qué sigue, que la gente lo conozca (el Capítulo Étnico), que sea muy bien socializado en las comunidades, que las comunidades se apropien de ello y que comiencen a trabajar en su implementación, cruzados con los otros derechos que tiene la comunidad más el acuerdo general”, expresa Salgado.

Tanto para Salgado como Panche, las luchas de las comunidades indígenas y afrodescendientes no solo están fundamentadas en mejorar las condiciones de vida de los grupos étnicos, además están atravesadas por las necesidades que padece el pueblo colombiano.

El Capítulo Étnico sirve para “ayudar a que toda la problemática estructural que ha afectado el país se pueda ir resolviendo desde los pueblos indígenas hacia toda la población colombiana que ha venido siendo víctima de las imposiciones y de toda esta desigualdad que existe”, concluye la líder indígena.

Por: Alexander Escobar

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