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La presidenta del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), Astrid Álvarez Hernández, deja el puesto en este grupo empresarial con un manto de duda oscuro y criminal, por casos como el escándalo del pago de 2.040 millones de pesos a la empresa BRG que realizó chuzadas a los pilotos de Avianca, que para mala fortuna de la justicia y la verdad, esta pandemia enterró de los medios y del radar informativo en el país que involucra a la también multinacional Enel, sumado a las chuzadas ilegales que salpican hasta Odebrecht y otros procesos hasta hoy objeto de investigación en una línea de dudosas prácticas empresariales, y con los antecedentes conjuntos con su gran amigo Enrique Peñaloza, en lo que refiere al caso también investigado de la reserva natural Van Der Hammen en la sábana de Bogotá.


La GEB también utiliza las mismas prácticas de su presidenta en los territorios de Colombia, donde a todo costo hoy se violan un sinnúmero de derechos a las comunidades indígenas, campesinas y rurales con daños o afectación a los ecosistemas y medio ambiente incalculables, con desplazamientos de familias y violaciones a los derechos humanos que nadie investiga en una sombra constante de corrupción donde Bogotá, como distrito, tiene una participación accionaria del 65%.

La GEB es también considerada la joya de la corona, llegando a un nivel de poder tal que proponen como empresa una reforma constitucional para ponerle normas y límites a las consultas previas y a las audiencias públicas, utilizando al departamento de la Guajira como idiota útil en el marco de un elefante gigantesco que la doctora Álvarez dice llamar “La gran consulta”, que de tener avance y éxito será un golpe mortal para las leyes y defensas ambientales de todo el país, abriendo la puerta al sueño que muchos empresarios y políticos quieren de nuestro país, como lo es darlo al mejor postor por encima de los cadáveres de nuestros líderes sociales y el futuro de Colombia, pero más allá de eso, de nuestro planeta por todo el daño ambiental que será mucho peor al que tenemos hoy en nuestros territorios.

Por: José Salcedo | Foto: Revista Dinero

*José Gabriel Salcedo es ambientalista e integante del Colectivo Prodefensa del Territorio y el Agua.


Este martes, 12 de mayo, excombatientes de la FARC que adelantan su proceso de reincorporación en la Nueva Área de Reincorporación (NAR) en el municipio de Miranda (Cauca), denunciaron a través de un comunicado público que la Agencia Para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad adscrita a la Presidencia de la República, obstaculiza el desarrollo del proyecto Fondo para la consolidación de la paz, que se adelanta en la finca La Elvira, ubicada en Miranda.


La denuncia fue realizada por la Corporación Centro de Promoción del Desarrollo Territorial (Ceprodet), conformada por 52 excombatientes que, a causa de ausencia de opciones de vida, en 2017 abandonaron el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporacion (ETCR) de Monterredondo (Miranda), y conformaron una Nueva Área de Reincorporación (NAR) en la finca La Elvira.


“En la finca La Elvira viven 25 familias campesinas, quienes hacen uso del terreno y nosotros, organizados en la corporación, somos 52, la mayoría con nuestras familias. Trabajamos en conjunto. De los socios de la corporación cada uno aporta 10.000 pesos mensuales”, cuenta Oscar Echeverry (Carlos Antonio), uno de los excombatientes quien lidera el proceso. 


Sin embargo, el trabajo que adelantan en la finca La Elvira se ha visto obstaculizado por decisiones de la  ARN, de las  que los integrantes de   CEPRODET se enteraron el 11 de mayo a través de CNR (Consejo Nacional de Reincorporación) que plantean que el proyecto Fondo para la consolidación de la paz, que desde octubre de 2019 se articula con cooperativas de Toribío, Caloto, Corinto y Miranda, no podía implementarse.


“Nosotros fuimos beneficiados con el programa PBF, que es el Programa para la Consolidación de la Paz, este proyecto lo venimos trabajando desde el año pasado con PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), con CNR (Consejo Nacional de Reincorporación), presentamos toda la documentación necesaria, se han hecho visitas a la finca La Elvira que es donde se supone se iba a implementar, avalaron las condiciones y se creó un comité de impulso. Cuando se iba supuestamente a desembolsar el dinero se da lo de la pandemia, y ahora la ARN nos dice que ellos consideran que en el predio de La Elvira no se puede desarrollar el proyecto”, explica Echeverri.


Para desarrollo del proyecto, 210 millones de pesos debían desembolsarse para invertirse en ampliación de “la producción de ganadería y leche”, pero la decisión de la ARN deja a los excombatientes en proceso de reincorporación en la incertidumbre, agravando la situación de los firmantes de la paz, quienes padecen el incumplimiento sistemático del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno.


“Estamos instando al partido FARC, al CNR, a las instituciones del Estado para que se establezca una Mesa de Tierras, y allí se solucione esta situación. Y que se redefina la política de la ARN, porque para nosotros no está clara en el territorio, lo que ha hecho es convertirse en un obstáculo para el proceso de reincorporación. Creemos que estos temas deben revisarse con seriedad, ya que afectan a todas las cooperativas. El tema de tierras, comercialización, acceso a créditos, productividad, asistencia técnica, soberanía alimentaria, son temas sin solucionar, no solo para nosotros, es una deuda histórica con las comunidades rurales del país”, concluye Echeverri.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Por David Escobar

El Observatorio Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Salud de Colombia, publicó en su página web oficial el documento “Estimaciones del modelo de trasmisión de Coronavirus COVID-19 para Cali”. Este documento plantea dos escenarios al día 300 de epidemia por infección por COVID-19.

En el primer escenario, con una cuarentena implementada entre el 25 de marzo y el 26 de abril, y un 11% de casos asintomáticos sobre el total de infectados, Cali tendría 1’890.723 personas contagiadas, de las cuales morirían 19.200. Las camas habilitadas para Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) necesarias en el pico serían 21.357, y el día del pico sería el 28 de junio de 2020.

En el segundo escenario, con la cuarentena también hasta el 26 de abril, y un 80% de asintomáticos, habría 378.145 casos sintomáticos, de los cuales habría 17.769 críticos (en UCI), y 4.319 muertes.

En ambos casos el Observatorio toma como tasa de letalidad el 1,14%. Sin embargo, según el Boletín Epidemiológico #53, del 1 de mayo de 2020, de la Alcaldía de Cali, la tasa de letalidad en la ciudad es del 5,59%, es decir 5 veces más letal que la tasa que el Instituto había calculado para los dos escenarios, lo cual implicaría 5 veces más muertos en ambos casos.

Infograma Covid en Cali. Fuente: Instituto Nacional de Salud

Se podría contraargumentar que -en el papel- la cuarentena se extendió hasta el 25 de mayo, y que por ende las proyecciones deberían cambiar. La Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP) envió desde el 22 de abril un cuestionario a la Secretaría de Salud de Cali, a través del comunicador Marcelo Carmona, encargado de las comunicaciones de la Secretaria Miyerlandi Torres, quien es además prima de la “baronesa de la salud” y exgobernadora, Dilian Francisca Toro. En dicho cuestionario le preguntamos cuál sería la cifra de contagios y muertes probables para el escenario actual de prórroga de la cuarentena, cuántas nuevas camas de UCI se han conseguido, de qué forma se ha ampliado la capacidad hospitalaria de cara al pico epidemiológico. Todo esto teniendo en cuenta que la ciudad cuenta apenas con 635 camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y que según el informe Cali Como Vamos, de hace dos semanas, Cali tendría la tasa de contagios de Covid-19 más alta del país, frente a otras ciudades capitales, así como una letalidad mayor que Bogotá.

Capacidad instalada para la prestación de servicios de salud en Cali. Fuente Minsalud
Capacidad instalada para la prestación de servicios de salud en Cali. Fuente Minsalud

También le preguntamos a la Secretaría de Salud en qué ley o jurisprudencia se fundamentan los comunicados -como el del Hospital Mario Correa-, que le impiden al personal de salud dar declaraciones a medios de comunicación o expresarse en sus redes sociales respecto a las situaciones que se viven al interior de dichos hospitales. Esto sería ilegal, si se tiene en cuenta que los funcionarios y contratistas del sector público están regidos por la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014).

Hasta la fecha la Secretaría no ha respondido las preguntas. El comunicador Marcelo Carmona se ha limitado a decirnos que son preguntas muy técnicas, y que por eso no tienen las respuestas.

Lo cierto es que en este contexto fue peligrosa y negligente la decisión de reactivar desde la semana pasada las industrias de la construcción y la manufactura -decisión avalada por Minsalud, ejecutada por el Presidente, pero ordenada por el Consejo Gremial, y acatada por el Alcalde de Cali-, así como permitir, desde el próximo lunes, la apertura del comercio al por mayor de textiles, muebles, enseres, calzado, químicos y automotores. En Cali esto implica movilizar alrededor de cuatrocientas mil personas, que van a exponerse al contagio y a contagiar el coronavirus.

En el Congreso de la República, la bancada de la oposición hizo una propuesta viable de garantizar un mínimo vital a los trabajadores, sin embargo el Gobierno decidió exponer a los obreros a todos los riesgos, con tal de que la élite no tenga que redistribuir la riqueza acumulada.

¿Cómo están distribuidos los riesgos de contagio entre la población trabajadora en el momento de levantar la cuarentena? Número de empleados a reactivarse oficio según nivel de riesgo de contacto social. Fuente: Boletín #5 del Centro de Inteligencia Económica y Competitividad (CIEC) de la Alcaldía de Cali. 22 de abril de 2020

Mientras el Alcalde Jorge Iván Ospina le recomienda al Presidente Duque que no levante la cuarentena, en las calles de Cali se escuchan vendedores de mango, piña, mazamorra, champús, pollo, aguacate, y megáfonos de quienes arreglan la olla de presión, ponen soldadura y compran chatarra. En algunos puntos del centro de Cali se ha documentado un casi retorno a la normalidad, y se ha reportado que las normas de distanciamiento social no se están cumpliendo en el transporte masivo. 

La decisión del Gobierno de reabrir la economía no obedece a que disminuyeran los casos, porque todos los días aumentan los infectados y los muertos. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Salud (Gráfico 1), hasta el 6 de mayo en Cali habían confirmado 895 personas contagiadas, y hasta el 29 de abril -según el documento “Analisis del comportamiento del personal de salud positivo para COVID-19 en el Municipio de Santiago de Cali”- había 89 casos de personal de salud contagiado de COVID-19. ¡el 10% de los casos actuales!

Le es difícil al Gobierno disimular su propia ineptitud, pero se esfuerza a través de un programa de televisión dirigido diariamente a la nación por todos los canales, en el cual el subpresidente Duque se promociona como un prócer sanitario. En realidad, todo ese discurso oficial obedece a la necesidad que tienen los dominantes de elegir en la lucha contra la pandemia una necropolítica, y así obstaculizar lo menos posible el funcionamiento de la actividad económica y de sus beneficios, aunque también a la necesidad de ocultar tanto las consecuencias que esto conlleva, como su desprecio de clase.



En estos tiempos difíciles cuando la humanidad no solo se enfrenta a una pandemia mundial, sino que además queda al descubierto la absurda desigualdad social que somete a la mayoría de la población al hambre y la pobreza extrema, es cuando más se necesitan expresiones de solidaridad.

Afortunadamente estas manifestaciones se siguen evidenciando todos los días, desde diversos sectores; muchos, con múltiples necesidades, se organizan para brindar un poco de alivio a la población más vulnerable.

Un ejemplo lo encontramos en dos estudiantes universitarios, Karen Grisales y David Bernal, de quienes surge la idea de hacer panes para ayudar a calmar un poco el hambre de cientos de personas en barrios de Cali y Palmira.

Para llevar esta iniciativa adelante buscaron ayuda por redes sociales, con amigos y conocidos, y encontraron respuesta en estudiantes, egresados, comunidad, instituciones y organizaciones sociales que aportaron dinero, insumo y manos para realizar los panes.

Con estas ayudas, se pusieron los delantales, se encendieron los hornos, – dedicados normalmente a hacer pizza, que es el negocio de David–, y en un bonito trabajo colectivo realizaron más de 500 panes.

Una de las organizaciones que apoya este proceso es la Cooperativa Multiactiva Rescatando Ilusiones para la Paz (Coopripaz), escenario donde convergen reincorporados de FARC y miembros de la comunidad, quienes se vincularon con algún dinero que lograron recolectar, y aportando también sus manos para ayudar a hacer el pan en unión para esta bonita causa.

Hoy domingo, 26 de abril, integrantes de Coopripaz llevaron al sector cancha de Las Veraneras, en la comuna 18 de Cali, 150 panes acompañados de un desayuno con huevos pericos y chocolate, un alivio para la población de este sector que padece la pobreza, el hambre y el olvido estatal en estos tiempos de pandemia.

A las 6 de la mañana se dieron cita para realizar la olla comunitaria, y de casa en casa, entregar el desayuno. “Nos dimos cuenta que acá no han llegado las ayudas del Gobierno; la gente tiene hambre, y aunque con esto no vamos a solucionar, sí ayudamos un poco a hacer más llevadera la situación tan delicada en que está la gente de este sector”, afirma Leonardo, representante legal de Coopripaz.
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Durante este periodo de aislamiento obligatorio, Coopripaz ha realizado de manera permanente entregas de mercados y ollas comunitarias para ayudar y acompañar a la comunidad de la comuna 20. En esta ocasión decidieron solidarizarse con los habitantes de la comuna 18, también zona de ladera de Cali, con múltiples necesidades.

Estas iniciativas solidarias ayudan un poco a menguar la difícil situación que cientos de familias, sin garantías mínimas para vivir, deben enfrentar en este aislamiento obligatorio por el Covid-19. La solidaridad en tiempos de pandemia, una esperanza en este difícil escenario que vivimos. 



Por: David Escobar

La pregunta que da el título a esta nota la expresó Jhon Faber Ramirez, Gerente de la Red de Salud del Centro de Cali, cuando le preguntamos qué elementos de protección para la prevención de contagios del nuevo coronavirus han sido entregados a los internos de la cárcel de Villahermosa por parte de la Secretaría de Salud, que es la autoridad sanitaria y administrativa del gobierno a nivel municipal.

“Los elementos de protección personal se utilizan para personal que atiende población. No para los internos. Y toda persona que tenga sintomatología respiratoria es aislada y se manejan unos protocolos de aislamiento (...) entonces no se entregan elementos de protección personal a diestra y siniestra a toda la población carcelaria (...) cuando usted hace la pregunta pareciera que manifestara que a toda persona que esté interna se le tiene que dar un tapabocas y eso no es así”, respondió el Gerente Ramírez.

La cuestión puede parecer trivial ante una mirada banal, sin embargo hay buenas razones y jurisprudencia para hablar al respecto.

Jhon Faber Ramírez fue designado y autorizado por la Secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, para responder la entrevista que la Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP) realizó para esta nota. Teniendo en cuenta lo anterior, el Gerente Ramírez respondió en nombre de la institución.

Según afirmó Ramírez, desde el inicio de la pandemia se ha mejorado la capacidad de atención en salud en Villahermosa, ampliando el personal con 6 médicos más. Durante este periodo en la cárcel se han realizado de 60 a 80 valoraciones médicas diarias. Entre la información entregada por Ramírez, hay algunos datos relevantes.

Durante la cuarentena en la cárcel de Villahermosa se han diagnosticado 9 personas con tos, 32 personas con rinofaringitis y tienen en este momento 76 pacientes diagnosticados con tuberculosis. A pesar de ello no se ha realizado ni la primera prueba de COVID-19 a los internos. Las razones, según explicó, es que primero que todo no hay pruebas rápidas disponibles en la ciudad, y segundo, que para hacerles las pruebas moleculares para detectar COVID-19, los internos deben cumplir con 2 requisitos: presentar síntomas y tener nexo epidemiológico. Además, afirmó que hasta el momento no se ha comprobado que ninguna persona que haya visitado la cárcel tenga resultado positivo para el nuevo Coronavirus. Es decir, no hacen pruebas porque no ha habido casos registrados, y viceversa: no han detectado casos porque no han hecho pruebas.

Esto deja varias preguntas: ¿acaso a los visitantes de Villahermosa se les exigió un “pasaporte de inmunidad” al ingreso a la cárcel? ¿Se realizaron pruebas de COVID-19 al ingreso antes de la suspensión de visitas? No. Un interno, quien en comunicación con REMAP pidió reserva de su nombre, afirmó que la autoridad de Villahermosa les dijo que no había internos contagiados. Sin embargo, nuestra fuente sostuvo que sí había pacientes con síntomas respiratorios que, de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), podrían asociarse al nuevo coronavirus.

La fuente sostuvo que en Villahermosa suspendieron las visitas, como medida preventiva tomada por las autoridades carcelarias. Pero añadió que antes de suspenderlas, hubo visitas de personas venidas desde el exterior, entre quienes estaba una persona de Italia que fue a ver a un interno en la primera semana de marzo, cuando ya se había extendido la pandemia del nuevo coronavirus en ese país europeo. Sostuvo también que un par de semanas después aparecieron los primeros casos: cinco internos -quienes ya no se encuentran en el patio-, con dificultad respiratoria, dolor torácico, mialgia, artralgia y alza térmica (fiebre) mayor a 39 grados durante 5 días consecutivos. El diagnóstico inicial de uno de ellos fue neumonía, después tuberculosis.

Es importante traer a colación el caso de Plinio Tapiero, un recluso de 78 años, quien fue la segunda víctima mortal de Covid-19 en la cárcel de Villavicencio.  Pese a que Tapiero, según su hija Berta, nunca tuvo antecedentes de enfermedades pulmonares, el 7 de abril el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) afirmó que el recluso había muerto a causa de una supuesta tuberculosis; una enfermedad que tarda meses en desarrollarse.

Lo cierto es que en la prisión no hay posibilidades de distanciamiento social, lo cual crea las condiciones para que haya una alta posibilidad de contagio. Según conoció REMAP, la guardia del INPEC entra y sale de los patios sin ninguna restricción, e incluso a veces sin tapabocas. Además, la base de datos del INPEC reporta que esta cárcel tiene capacidad para 2.046 internos, y actualmente tiene 5.820, lo cual equivale a una sobrepoblación de 3.774 prisioneros, y un hacinamiento del 184%, aunque según el personero Municipal Harol Andrés Cortez, esta superpoblación hoy supera el 300%, lo cual es grave en la situación de pandemia que vive el país.

No hay condiciones dentro de los patios para aislar pacientes respiratorios. En algunos patios –afirma la fuente- los internos comparten colchonetas y duermen hasta en el baño. Los elementos de higiene y protección personal con los que cuentan son algunos antibacteriales y tapabocas sencillos, donados por los familiares de los internos, los cuales han tenido que reutilizar desde hace varias semanas.

En cuanto a la jurisprudencia que sustenta la entrega de la debida protección a los internos de Villahermosa, acá hay algunas notas que la oficina jurídica de la Secretaría de Salud debería conocer:

1. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Santander, al estudiar una tutela presentada en el marco de la pandemia, por la Defensoría Regional de Santander, en la que se recopila detalladamente cada llamado a las autoridades departamentales y municipales -ninguno fructífero hasta la fecha- para solucionar las condiciones en por lo menos seis cárceles de Santander, en las cuales se pedía desde hace meses tomar medidas de protección para los internos y el personal del INPEC, ordenó “que se les garantice los elementos necesarios para afrontar la crisis como tapabocas, guantes, antibacterial, jabones, límpido, entre otros, durante todo el periodo que dure la emergencia social y sanitaria”. 

2. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales ordenó a “la Alcaldía y la Gobernación de Caldas, el INPEC y la USPEC  (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) que deberán "continuar suministrando elementos sanitarios y de aseo, tales como jabones, gel antibacterial y tapabocas a la población privada de la libertad del EPMSC (Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad) de Manizales durante y hasta tanto se supere la pandemia del COVID-19 (...)".

Además, detalla la decisión que: “No podría afirmarse categóricamente que se han vulnerado los derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad humana, igualdad, integridad personal, y seguridad personal de los accionantes como tampoco del grupo poblacional al que se hecho alusión. Sin embargo, mal haría este juzgado en desconocer que una deficiencia en las actividades de prevención, control y manejo de la enfermedad del COVID-19, podría llegar a generar la vulneración de los mencionados derechos con la consecuente ocurrencia de un perjuicio irremediable”.

3. El Gobierno Nacional informó que durante la fase de mitigación por la que atraviesa el país (en la que cualquier persona es potencialmente portadora del virus) será obligatorio el uso de tapabocas convencional en la población en general. El Ministerio de Salud resalta la medida en los siguientes lugares:
- En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros) donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1 metro.

ADENDA:

Mientras la situación carcelaria de Cali es una bomba de tiempo, el Alcalde Jorge Iván Ospina declara que va a enviar a prisión a los pacientes contagiados de COVID-19 que incumplan la cuarentena. ¡Es la fórmula del desastre!






Un médico muerto, tres trabajadores de la salud contagiados con diagnóstico positivo para COVID-19, y al menos 15 más esperando resultados en el Hospital Mario Correa.


Además del Dr. Jesús Antonio Cabrales -quien murió como resultado del contagio de COVID-19, siendo médico del Hospital Mario Correa de Cali-, entre el personal de salud de dicha institución hay otros tres casos de trabajadores con diagnóstico positivo. Del mismo modo hay al menos 15 trabajadores esperando resultados de la prueba, entre ellos algunos con nexo epidemiológico, presentan síntomas que, de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), podrían asociarse al nuevo coronavirus.

Esto refuta las declaraciones del Ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, quien aseguró en entrevista publicada el 15 de abril en la Revista Semana que “los resultados de las pruebas de covid-19 ya están al día y que los colombianos tienen que creer en el Estado (...) El ministro aclaró que la realidad hasta al (sic) momento esque la curva de contagio está aplanándose y que ya los resultados de laspruebas van al día”. La mentira y el ocultamiento están en la raíz de los problemas.

El Hospital Mario Correa no ha publicado información actualizada a la fecha, que de cuenta de la cantidad de personal de salud contagiado de coronavirus en dicha institución. Sin embargo, en el comunicado que publicó el 15 de abril a raíz de la muerte del galeno, afirma que:


Carolina Cabrales, hija del Dr. Cabrales (QEPD), cuestionó de esta forma el comunicado del Hospital:

“Mi padre llegó a Cali el 16 de feb 2020 y el mismo día empezó a trabajar en el Hospital Mario Correa Rengifo, donde se atiende a una población vulnerable. Allí trabajó hasta el 22 de marzo donde empezó a sentirse enfermo. Ese día consultó, le tomaron la prueba para el COVID-19 y 6 días después la prueba salió positiva. Durante todo este tiempo mi papá estuvo aislado en el lugar de su residencia. Mis familiares que vivían con él les hicieron la prueba y gracias a Dios salieron negativos. Una semana después mi papá ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos, por disnea, persistencia de fiebre.

Expreso indignación por la forma en que los medios de comunicación están tratando al personal de salud (...) que no hablan de la negligencia administrativa, y que no se están haciendo las investigaciones adecuadas. Por esto yo exijo al gerente del Hospital Mario Correa, que muestre las evidencias que tiene para decir que mi papá tuvo un contagio externo. En las imágenes de un noticiero vemos pacientes y familiares en uno de los pasillos sin ningún tipo de protección ¿Serían estos casos asintomáticos? Le dejo la respuesta al gerente del Hospital. 

Mi papá durante ese tiempo que estuvo laborando atendió más de 700 pacientes. ¿A todos estos pacientes se les hicieron pruebas de COVID-19, para que el gerente saque un comunicado y diga que mi padre tuvo un contagio externo? (...) Espero que el hospital saque un comunicado con todas las evidencias que tiene”.

Actualmente, el personal de salud del Hospital Mario Correa se encuentra amordazado por orden de sus directivas. Desde el 16 de abril -al día siguiente del comunicado sobre la muerte del Dr. Cabrales-, enviaron otro comunicado (esta vez interno), con el que le impiden a los trabajadores de este centro de salud dar declaraciones ante los medios de comunicación e informar a través de sus redes sociales personales acerca de la situación interna del Hospital, lo cual incrementa la desinformación y el riesgo.

Por miedo a perder el puesto y por lo tanto el sustento, muchos trabajadores no hablan al respecto,  aseguró una fuente, quien pidió reserva de su nombre, en comunicación con REMAP. Nuestra fuente también afirmó que el Hospital Mario Correa entregó a sus empleados mascarillas N95 y los Elementos de Protección Personal (EPP), adecuados para minimizar el riesgo de contagio de coronavirus SARS-CoV-2, apenas hace un par de semanas, cuando ya se habían presentado los primeros casos positivos de COVID-19, y más de una semana después de que en Colombia se hubiera decretado la cuarentena como medida de contención de la pandemia.

El Equipo de REMAP obtuvo copia del comunicado enviado por las directivas del Hospital en el que censuran a los trabajadores, el cual se publica junto a esta nota.




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