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Dentro de poco se completarán dos meses de protestas de la Unión Sindical Obrera (USO) que se oponen a la venta de Ecopetrol, algo que podría materializarse después que el Gobierno promulgara el decreto 811 que permite la venta de aproximadamente 104 empresas del Estado.

 

Una de las primeras víctimas de esta medida privatizadora sería la empresa Cenit, filial del Ecopetrol, que produce ganancias anuales para el pueblo colombiano por más de 4 billones de pesos.

 

Además de la USO, distintos procesos organizativos, sectores sociales y populares, se han unido a esta lucha impulsada principalmente por la Subdirectiva Única de Oleoductos (USO) de este sindicato petrolero.

 

Desde el Congreso de la República también se adelantan acciones para evitar su privatización. Las y los congresistas que adelantan esta lucha se encuentran articulados en lo que se conoce como la Bancada Alternativa.

 

Para conocer qué acciones se adelantan desde el Congreso, REMAP dialogó con el Senador del Polo Democrático Wilson Arias, uno de los integrantes de la Bancada Alternativa.

 

REMAP ¿Cuál es la posición de Wilson Arias frente al decreto 811?

 

Wilson Arias: Bueno, nuestra posición es de rechazo y de denuncia, empezando porque desde la época de Juan Manuel Santos se intentó vender una parte de Ecopetrol, argumentando responder a la emergencia invernal, que también fue económica y social. Por entonces la Corte Constitucional tumbó el decreto gubernamental, precisamente porque consideraba que era una medida de gravísimas consecuencias para el país, ya que, aunque hubiera pretendida conexidad del decreto con la situación de emergencia, el tramite no debía ser el de un decreto de emergencia, sino un debate ordinario en el Congreso de la República.

 

De otra parte, hay que resaltar del decreto su contenido económico, que afecta empresas como Cenit, parte de Ecopetrol, hoy en trance de venta, y que aporta más del 30% de las ganancias permanentes. Ya se ha dicho muchas veces que esto es como vender una gallina de los huevos de oro, so pretexto de una crisis.

 

Aparte de eso, hay que decirle al país que en el proyecto de presupuesto que empieza a discutirse ahora aparecen dos fuentes de financiación muy principales para el Gobierno, una de ellas, la venta de activos, probablemente Cenit, Isa, y empresas de servicios públicos de carácter regional; y el IVA de otra parte, del cual se espera aumentar el 42% de recaudo en este periodo, de modo que se trata de una política integral, antinacional y profundamente antisocial.

 

¿Qué acciones viene adelantando la Bancada Alternativa para frenar la intención del Gobierno de vender el patrimonio nacional?

 

Recordarles que el Senado de la República ya hizo un primer llamado, aprobado en plenaria, donde se le conmina al Gobierno a no utilizar estos decretos para vender, particularmente, Ecopetrol, Cenit y, en fin, el patrimonio nacional.

 

De otra parte, he radicado un proyecto, con el acompañamiento de la Bancada Alternativa, pidiendo la derogatoria del decreto que permite las privatizaciones, y creo que es muy importante explicar que hemos propuesto otras fuentes de financiación para hacerle frente a la crisis, que no sean la venta del patrimonio nacional, ni aumentar el IVA.

 

Hemos propuesto que haya una reforma tributaria, que grave solamente a unas 400 familias, las más súper, súper ricas del país. No a la gente del común, no a sus clases medias. De igual manera que se desmonten los beneficios tributarios que tiene el sector minero energético y el sector financiero en Colombia, que dan cuantías billonarias que servirían para la crisis.

 

También hemos dicho que hay que abandonar la política de austeridad, el sesgo de austeridad que impone el Fondo Monetario Internacional, para pensar en una política expansiva desde el Banco de la República, en otras palabras, que el Banco de la República no le dé liquidez a los bancos privados, sino que se la dé a las micros, pequeñas y medianas empresas, y a las gentes del común.

 

¿Qué acciones proyectan para seguir visibilizando esta situación?

 

Yo creo que desde el Congreso podemos ayudar en dos maneras: por una parte, dando argumentos, razones, explicando y dando debates legislativos, es decir, en el momento de la votación, creo que hemos venido haciendo una buena correlación de fuerzas en defensa de Ecopetrol, de Cenit, del patrimonio nacional; pero creo que el otro aspecto es el extraparlamentario, ir a explicarle al país, a la ciudadanía, desde nuestra función, pero en compañía de las organizaciones sociales y del mundo sindical, la academia, las organizaciones juveniles, en fin, todas las organizaciones sociales pendientes, y acompañar la movilización, porque además del debate parlamentario y la explicación, es importante poner fuerza en la calle en rechazo de tan regresiva política.

 

Un mensaje al pueblo colombiano para que acompañe esta importante lucha

 

La invitación a la población es a que entendamos estas políticas como parte integral de un todo, impuesto por las multilaterales de crédito, lo que llamábamos antes el paquetazo del Fondo Monetario, que produjo movilización en Ecuador, que produjo la gran movilización y explosión social en Chile, que produjo la movilización del 21 de noviembre, que sigue ahora, y peor, en momentos de la crisis. Y creo que hay que levantar una consigna franca y categórica, que la crisis la paguen los súper ricos y no el pueblo y las clases medias.

Redacción REMAP

 

La pretensión del Gobierno de vender empresas rentables del Estado encontró resistencia en las trabajadoras y trabajadores de Ecopetrol. Fue así como desde el 25 de junio la Unión Sindical Obrera (USO), impulsada por la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), se tomó 54 plantas de la empresa.

 

Leer: Trabajadores se toman 54 plantas de Ecopetrol

 

La amenaza directa de privatización vino a partir de la promulgación del decreto 811, el cual permite al Gobierno vender activos de empresas rentables como Ecopetrol, teniendo como objetivo más próximo su filial Cenit, que genera más de cuatro billones de pesos anuales de ganancias al país.

 

Leer: la lucha contra la privatización de Ecopetrol

 

A 43 días de resistencia, hoy la USO reporta un balance positivo, representado en los avances de la movilización social, la firmeza de las trabajadoras y trabajadores en la lucha, y el trabajo conjunto con el sector alternativo parlamentario que trabaja para derogar en el Congreso de la República el decreto 811.

 

Sin embargo, a la fecha, después de instalada una mesa de negociación con las directivas de Ecopetrol, no se ha llegado a ningún acuerdo, y tampoco con el Gobierno que tiene vía libre para vender, además de Ecopetrol, los activos de 104 empresas del Estado.

 

En cuanto a derechos laborales, los riegos se mantienen, en tanto que “Ecopetrol intenta cambiar los contratos de los trabajadores para obligarlos a que firmen con la empresa filial Cenit, donde se pierden muchos o la gran mayoría de sus derechos”, afirma Fabio Díaz, dirigente nacional de la USO.

 

No obstante, los avances de la movilización social han detenido las pretensiones del Gobierno, y “vemos cómo más organizaciones sociales, populares, sindicales, se suman a esta lucha nacionalista; vemos cómo un contingente importante de congresistas hoy le da la razón al movimiento sindical, a los trabajadores de Ecopetrol y afiliados a la USO (Unión Sindical Obrera)”, informa Díaz.

 

Para ello, ya “desde el Congreso vienen haciendo proyectos para derogar el decreto 811, y de esta manera evitar la venta de los activos del Estado, entre ellos Ecopetrol, ISA (Interconexión Eléctrica S.A.) y muchos otros de empresas importantes para los colombianos”, agrega el dirigente sindical.

 

Con el desenvolvimiento y afianzamiento de la lucha social, la relación con el movimiento social y popular, y el trabajo conjunto con parlamentarios que defienden lo público y la soberanía nacional, la USO espera ganar esta batalla

 

“Esperamos que con esas acciones pronto podamos decirle al Gobierno de Iván Duque que respete los derechos de los trabajadores y de la población, no poniendo en venta los activos del Estado, ya que para resolver el tema financiero del déficit fiscal el Gobierno cuenta con otros instrumentos importantes como moratoria de la deuda, el uso de las reservas internacionales y la misma emisión de moneda. Entonces lo que siguen son luchas y por esta vía aspiramos a tener un mejor país un corto plazo”, concluye Díaz.

Redacción REMAP



Por David Escobar



Se llamaba James Solarte y su caso es uno de los muchos que podrían ocurrir en el contexto de esta crisis sanitaria y social por la que atraviesa la ciudad de Cali. A sus 63 años era habitante de calle. Este relato no da cuenta de necesidades insatisfechas, sino de derechos vulnerados.

 

A las 3:02 de la tarde del día 04 de agosto del 2020, los bomberos recibieron una llamada de auxilio que reportaron así: “hombre adulto mayor, en condición de habitante de calle, descompensado sobre vía pública, sale la ambulancia AM2 (...) donde nos encontramos con dificultad respiratoria”. Según refieren los bomberos, su dificultad respiratoria no le permitía hablar, tuvieron que ponerle una máscara de oxígeno, sin poder establecer si tenía familiares, con quien vivía o si era beneficiario de algún programa social del Estado.

 

Lo encontraron tirado en la calle, al lado del centro comercial Carulla de la calle 4B con carrera 34, en el barrio San Fernando, a menos de medio kilómetro del Hospital Universitario del Valle (HUV).  Los bomberos fueron direccionados por el Sistema Integrado de Comunicaciones (SICO) de la Alcaldía de Cali a dicho hospital, al cual llegó somnoliento. En el triage les dijeron que no había cupo, ni aislamiento, ni Unidad de Cuidados Intensivos disponible para un paciente con coronavirus. También les dijeron que estaba estable y orientado, a pesar de que su presión arterial media era aproximadamente 55, es decir que estaba “inestable hemodinámicamente” y su frecuencia respiratoria estaba también por fuera de los rangos de normalidad. Su cuerpo empezó a presentar sacudidas involuntarias -movimientos mioclónicos- y a ponerse rígido o “tónico”, siguiendo el léxico usado por el personal de salud.

 

James había sido valorado en el triage por una enfermera y no por un médico, y a la ambulancia se le estaba acabando el oxígeno que lo mantenía aún en este mundo. Los bomberos estuvieron una hora y media afuera del HUV, sosteniendo su respiración, hasta que el paciente fue valorado por un médico, quien les informó que requería una UCI. Otra ambulancia de apoyo le trasladó oxígeno a la ambulancia de bomberos.

 

Alrededor de las 6:00 pm los Bomberos se comunicaron con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), donde reciben la instrucción de remitir a James al Hospital San Juan de Dios (ubicado a 4 km de distancia) para garantizarle oxigenación y estabilizarlo, mientras esperaban 2 camas de UCI para COVID-19 que estarían disponibles en el Hospital  Mario Correa después de las 7pm.

 

El personal de salud del San Juan de Dios había llevado a cabo un plantón tan sólo 5 días antes, acompañados por los sindicalistas de Sintrahospiclínicas, del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Cali y de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social (ANTHOC). La razón del plantón, según conoció este periodista, es que los trabajadores de este Hospital llevan 7 meses sin recibir su remuneración salarial, y por ende la seguridad social integral (pago a EPS, pago a pensión, etc), así como el no pago de cesantías ni la entrega de elementos de protección personal para manejo de pacientes con el nuevo coronavirus. Ante estas circunstancias, los médicos especialistas (ginecólogos, anestesiólogos, entre otros) habían entrado en cese de actividades 10 días atrás (ver comunicado al final).


El San Juan de Dios, como se afirma en su página, “es un una entidad privada, sin ánimo de lucro, que se asemeja en todo su funcionamiento a una entidad pública”, es decir que recibe recursos públicos. La Secretaría de Salud Departamental, dirigida por la señora Maria Cristina Lesmes Duque, hace parte de la Junta Directiva de ese Hospital. Igualmente participa la Secretaría de Salud Municipal, en cabeza de Miyerlandi Torres Agredo. La planta de dicho centro de salud está conformada por alrededor de 800 trabajadores, que no reciben su salario, a excepción del gerente Ivan Gonzales Quintero (nombrado por Angelino Garzón desde hace 2 décadas), y los 23 integrantes de su grupo administrativo, que tienen su salario y prestaciones sociales al día.

 

Tanto ese día, como los anteriores, no había camas de UCI disponibles en el San Juan de Dios, ni tampoco en el resto de la ciudad, de acuerdo a documentos oficiales que este periodista pudo conocer (ver imagen 1). Sin embargo, según las cifras publicadas por la Secretaria de Salud Municipal de Cali, la ocupación de camas exclusivas para COVID-19 ese día en Cali era de 79.4% (ver imagen 2). ¿El 20% de UCI’s que estaban desocupadas no era suficiente para recibir a este hombre en una situación tan vulnerable?.

 

“¡Uy murió!”. Con esas frías palabras Radio Reloj transmitió en vivo el momento definitivo en que los párpados de James se cerraron despacio, con su último sorbo de aire. Murió sin poder ingresar a una Unidad de Cuidados Intensivos de ningún Hospital, según informó a dicho medio el Cabo Marco Gómez, de la central de telemática del Cuerpo de Bomberos de Cali.

 

 

Imagen 1. Fuente: reservada.

 


Imagen 2. Fuente: Twitter de la  Miyerlandi Torres, Secretaría de Salud Municipal.

 

 


Imagen 3: Comunicado del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Cali

Privatizar, vender y feriar lo público en detrimento de las finanzas del país, la dignidad y la soberanía, es una política gubernamental de saqueo que se agudizó desde la década del 90 durante el Gobierno de expresidente César Gaviria Trujillo bajo la llamada “apertura económica”, que se caracterizó por desarrollar la política neoliberal que solo ha traído miseria y guerra a Colombia.

Hoy el saqueo continúa. Y Ecopetrol, una de las empresas más rentables del Estado colombiano, es la víctima más próxima.

Pero por fortuna, la resistencia de trabajadores y trabajadores de la Unión Sindical Obrera (USO) ha impedido que esto suceda, gracias a las acciones de protesta que adelantan en todo el país. Desde el 25 de junio la USO, encabezada por la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), se tomó 54  plantas de Ecopetrol para impedir su privatización, la cual empezaría por medio de la venta Cenit, empresa que tiene el control de los activos de transporte correspondientes a oleoductos y poliductos, y que aporta al país más de 4 billones de pesos anuales en ganancias.

A pesar del silencio de los grandes medios de comunicación, que solo sirven a las élites, familias y grupos políticos y económicos que gobiernan contra el pueblo, hoy la USO no ha desfallecido en la lucha y, por el contrario, ésta se fortalece, principalmente por medio de la Subdirectiva Única de Oleoductos que echó fuego a la llama de la resistencia desde hace más de un mes.

Para conocer de cerca esta lucha, REMAP dialogó con Fabio Díaz, quien desde hace 34 años es trabajador de Ecopetrol, y es dirigente nacional de la USO, un sindicato que ya cumple 98 años de existencia en su actividad organizativa dentro de la industria petrolera.

REMAP: Cuando pensamos en Ecopetrol, por lo regular pensamos en la Ecopetrol de antaño, como la empresa del Estado de hace unas décadas, pero sabemos que esto ha cambiado. ¿Actualmente cómo está conformada Ecopetrol? ¿Qué ha cambiado, y por qué se dieron estos cambios?

Fabio Díaz: Ecopetrol ha tenido una serie de cambios a lo largo de los últimos 20 años. Antes del 2000 era una empresa industrial y comercial del Estado, esto fue hasta junio de 2003, a partir de allí el Gobierno decide convertirla en una sociedad pública por acciones, del 26 de junio de 2003 al 2007 aproximadamente, y a partir del 2007 Ecopetrol es convertida en una sociedad de economía mixta (Grupo Empresarial Ecopetrol), esto quiere decir que pasa de ser una empresa industrial y comercial del Estado a que se permita el ingreso y la inversión de los capitales privados, situación que por supuesto nosotros los trabajadores no hemos compartido. Nosotros creemos que la industria petrolera del Estado es un modelo empresarial válido, que tal como lo ha hecho históricamente Ecopetrol genere crecimiento, desarrollo y utilidades para el país.

Han transcurrido más de un mes de protestas que buscan frenar la privatización de Ecopetrol, principalmente con el deterioro paulatino de sus finanzas que causaría la venta de la empresa CENIT. ¿Cómo se conformó esta empresa y cuál es su importancia para las finanzas de Ecopetrol?

Hoy estamos transitando por el día 36 de esta patriótica movilización que busca que el Gobierno Nacional desista de la venta del sistema de transporte por oleoductos, hoy a la cabeza de la empresa Cenit S.A, que es una empresa ciento por ciento del grupo empresarial Ecopetrol. Se busca visibilizar al pueblo colombiano a través de esta protesta esas intenciones del Gobierno de Iván Duque de poner en venta esta infraestructura.

Cenit es hoy la segunda empresa más grande de Colombia después de Ecopetrol. Es la empresa que le produce más del 30% (31% el año pasado) de las utilidades de Ecopetrol. En dinero estamos hablando de más de 4 billones de pesos. Eso quiere decir que, si se vendiese Cenit, el Estado dejaría de recibir hacia futuro un ingreso permanente, y también debilitaría enormemente a Ecopetrol. Esto llevaría a que en un futuro cercano esté en riesgo de quiebra, porque sus otros negocios como son la producción y venta de petróleo se encarecerían; la refinación también encarecería, lo que pondría en un alto grado de debilidad a Ecopetrol. Por eso los trabajadores de los oleoductos, y los afiliados a la Unión Sindical Obrera, tenemos la obligación de salir a hacer esta movilización en la vía de evitar la venta.

¿Cómo se enteraron o por qué afirman que el Gobierno pretende vender esta empresa?

La intención de vender a Cenit y otros activos de Ecopetrol no es nuevo. Siempre ha existido la intención de los gobiernos de vender sectores estratégicos rentables y, más recientemente, después de la creación del Grupo Empresarial Ecopetrol, que hoy tiene 29 empresas, consideramos que es un mecanismo creado para vender por partes a la empresa.

En el último periodo, es decir, en los últimos 15 años se ha venido consolidando el sistema de transporte por oleoductos. Se ha configurado a partir del 2012 la empresa Cenit que hace toda la actividad de transporte por oleoductos, y hoy es la segunda empresa más grande del país. Al finalizar el gobierno Santos, el ministro de Hacienda ya había manifestado que había la intención de la venta del transporte por oleoductos, y ya el Gobierno de Iván Duque lo viene señalando en su Plan Nacional de Desarrollo, y más recientemente con los decretos de emergencia, como el decreto 811 que posibilita la venta de infraestructura, donde queda mucho más nítida y más clara la intención de vender sectores estratégicos, como el sector eléctrico en Interconexión Eléctrica S. A – ISA-  y los oleoductos de Cenit. Es un pedido que viene haciendo el sector privado nacional y trasnacional, y es una lucha permanente con nosotros los trabajadores que hemos denunciado ante el país la intención de los gobiernos.

¿Cuáles son las acciones que durante las protestas han realizado para frenar la privatización de Ecopetrol?

La USO permanentemente realiza acciones para proteger el patrimonio nacional y defender a Ecopetrol. Como lo decía antes, la intención de venta ha estado durante la década de los ochenta, noventa y ahora en este siglo, siempre ha estado la intención de venta. Nos ha tocado en diferentes periodos dar luchas con las organizaciones sociales, sindicales, populares, hacer eventos por la defensa de Ecopetrol, hacer foros, hacer campañas para visibilizar este tema.

Y durante esta reciente lucha, que se dinamiza con la intención del Gobierno de vender empresas, esas 205 empresas del Estado, ha llevado a que se empiece a dar un rechazo generalizado de los trabajadores de la central obrera de organizaciones sindicales, sociales y populares, también de un sector de congresistas, senadores y representantes a la cámara, entorno a decirle al Gobierno de Iván Duque que no venda el patrimonio nacional, que no utilice la excusa de la crisis sanitaria y económica para  vender los activos, y que utilice otros instrumentos que no sea la venta de activos, lo que demuestra que en este periodo sí se han hecho muchas acciones de protesta. Desafortunadamente no han sido visibilizadas por los medios de comunicación; y también el estado de cuarentena no ha permitido la movilización general en el país, acciones que aspiramos en el tiempo se sigan mejorando.

Muy poco, o casi nada, se ha conocido de esta problemática en los grandes medios de comunicación, ¿por qué cree que no han tenido eco? 

Nosotros hemos notado un veto de los medios de comunicación corporativos. Es irónico que estando el Machín de la Resistencia, es decir, el punto en el que nos encontramos, solo a dos cuadras de uno de estos medios corporativos (RCN), después de 37 días no se hayan acercado a registrar lo que está pasando con esta lucha de contenido nacional, y de gran repercusión política.

Lo que notamos es que estos medios corporativos, una vez más, demuestran que están al servicio de los grandes capitales, del Gobierno, que no les interesa visibilizar estos temas importantes para el país; notamos que no hay libertad de información, libertad de comunicación. Se comprueba una vez más que estos medios de comunicación están al servicio de la burguesía, de la clase pudiente de este país, y al servicio de este Gobierno que no le importan los intereses de las grandes mayorías ni la defensa de las empresas nacionales.

¿Qué se ha logrado hasta el momento con esta protesta?

La protesta sí ha servido. Podemos señalar que en los 35 días de movilización uno de los intereses de los trabajadores que tiene que ver con sus derechos, los cuales Ecopetrol y la empresa Cenit se habían encargado de borrarlos, hoy ya se está hablando de que es necesario respetar los derechos a los trabajadores. Eso lo estamos discutiendo en la mesa de negociación, vamos a ver hasta qué punto es ese respeto que están manifestando. Y de otra parte la protesta ha permitido que entorno a la lucha nacionalista en contra del decreto 811 para evitar la venta de empresas, esta concentración en el Machín de la Resistencia ha posibilitado aglutinar, reactivar la protesta social, congregar a todas las personalidades y organizaciones comprometidas con la defensa de lo público. 

¿Qué acciones siguen para evitar la privatización de Ecopetrol? ¿Hasta cuándo continuarán las protestas?

Lo que sigue, nosotros lo vemos en la movilización. Desafortunadamente estos gobiernos obligan a que el pueblo colombiano tenga que volcarse a las calles con el fin de no permitir que esos decretos nefastos, por ejemplos, más de 170 decretos que en este Estado de Emergencia ha sacado el Gobierno Duque, todos en contra de los intereses de los trabajadores, el pueblo y la nación, pues prosperen. Entonces lo que sigue es movilización popular.

Lo que sigue también es que, desde el Congreso, con aquellos congresistas alternativos, con sentido patriótico, lo que puedan hacer para derogar estos decretos lesivos y proponer leyes y decretos que favorezcan los interesas del pueblo, de las empresas del Estado, del trabajo digno, de la inversión social.

Háblenos de la situación de seguridad que afrontan por estar defendiendo Ecopetrol, ¿han recibido amenazas?

En cuanto a seguridad, podemos decir que desafortunadamente, entorno a esta protesta y en torno a las protestas que desarrolla la USO en todo el país, ya se han venido dando casos que atentan contra la seguridad de los dirigentes y líderes sociales vinculados a la lucha.

La semana antepasada se registró la amenaza directa de muerte contra uno de los dirigentes sindicales de la USO en el Meta; el atentado que sufriera un líder comunitario también en Villavicencio... Y claro que tememos porque sabemos que se juegan unos intereses muy grandes en el caso del sistema de transporte por oleoductos que, de venderse, estaríamos hablando de una cifra superior a los 15 billones de pesos, intereses que se solucionan por medio de la intimidación a los trabajadores, a los activistas.

¿A veces se ha sentido desmoralizado en esta lucha? ¿Qué lo motiva en los momentos difíciles? ¿Por qué cree que vale la pena protestar en Colombia?

Nosotros sabemos que las luchas son complejas, son difíciles, sobre todo cuando estamos hablando de toda la lucha petrolera y los intereses que se mueven allí, afortunadamente estamos hablando de una USO, un sindicato que le ha tocado dar muchas luchas en este país, luchas enmarcadas en unos intereses muy grandes, largas luchas… por lo que los dirigentes y los trabajadores hemos sido formados para resistir, para no ceder ante la adversidad, ante las presiones.

Y afortunadamente esta es una lucha muy bonita, en la que los trabajadores de los oleoductos han demostrado su compromiso, vienen controlando el proceso productivo del sistema de bombeo en todo el país, y más que denotar cansancio o desmoralización, nos han demostrado en este periodo que hay una nueva faceta de este sindicato, retomando métodos de movilización y de lucha que hace un tiempo no desarrollábamos, por lo que estamos ante un escenario que nos da satisfacción.

Con estos métodos creemos podemos salir adelante en esta tarea compleja que tenemos por defender a Ecopetrol, defender a los oleoductos hoy en cabeza de Cenit y exigirle a la patronal (Ecopetrol y Cenit) que respete los intereses de los trabajadores.


Ecopetrol fue partida y feriada en 29 pedazos, 29 empresas, como estrategia para venderla por partes hasta finalmente producir su privatización. De allí nació el Grupo Empresarial Ecopetrol, donde uno de los pedazos de mayor rentabilidad es Cenit, empresa que en 2019 produjo utilidades netas por más de 4 billones de pesos, y 1.3 billones durante los primeros tres meses de este año, y la cual el Gobierno pretende vender.

 

Leer: Trabajadores se toman 54 plantasde Ecopetrol

 

“Ha sido una resistencia de los trabajadores mantener integrada Ecopetrol para evitar su venta, pero los neoliberales y los privatizadores han recurrido a esta figura de grupo empresarial para vender una a una de estas empresas”, expresó Fabio Díaz, dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO).

 

Desde el 25 de junio esa resistencia se agudizó de la mano de más de 400 trabajadores y trabajadoras que se tomaron 24 plantas de Ecopetrol en todo el país. Sin embargo, el silencio del Gobierno y los medios de comunicación al servicio del neoliberalismo y la explotación, han mantenido esta situación oculta, casi en secreto a la opinión pública.

 

Pero a pesar de las mordazas puestas a la opinión pública, la lucha ha dado frutos, logrando instalar una mesa de negociación para confrontar a las directivas de Ecopetrol e impedir su venta y mantener las garantías laborales.

 

Y los avances empiezan a materializarse. Para Hernando Silva, de la Subdirectiva Única de Oleoductos de la USO, “esta semana será decisiva, será una semana en la cual trabajaremos por buscar un punto de encuentro y, desde luego, que beneficie tanto al Estado, al pueblo colombiano como a sus trabajadores”.

 

No obstante, también es claro que hasta el momento no hay ningún acuerdo de relevancia dentro de la mesa de negociación, y que esta problemática requiere de una mesa que traspase el ámbito patronal e involucre al Gobierno.

 

La lucha ahora también se centra en que el Gobierno se siente a la mesa, porque “queda claro que hay otro aspecto de fondo que tiene que ver con la privatización, la venta de los oleoductos de Ecopetrol que están hoy en manos de la empresa Cenit. Se requiere que haya un diálogo con el Gobierno para definir qué va a hacer con la empresa”, agrega Fabio Díaz.


Mientras ello ocurre, trabajadores y trabajadoras de la USO, de la Subdirectiva Única de Oleoductos, se mantienen firmes completando más de un mes con las plantas del país tomadas, ganando terreno y evitando la privatización de este bien público forjado con el sudor de varias generaciones, resistiendo para que la soberanía y dignidad del país no sean burladas.

Redacción REMAP

En nuestro país, el tema agrario, en lo que concierne a la tenencia y acceso a tierras productivas, ha sido un problema de vieja data. Este es uno de los referentes del inicio del conflicto, político, social y armado de nuestro país que duró por más de 50 años. Y nuestro municipio no es ajeno a esta situación, esta problemática aún no se resuelve y, por el contrario, se está empeorando cada día más por un Estado débil en sus instituciones que no trabajan de la mano con los intereses de los pequeños y medianos propietarios, tanto de la zona plana como de la zona montañosa rural.

En este primer trabajo buscamos evidenciar la situación actual del ordenamiento territorial de nuestro municipio; tendremos referencias de documentos emitidos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como máxima autoridad en tierras de nuestro país.

Como lo dispone nuestra Constitución Política de 1991, en su artículo 64, es obligación del Estado colombiano promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual y colectiva. De igual manera en el artículo 65 dispone que en la producción de alimentos se deberá priorizar el desarrollo integral de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

En este orden de ideas la estrategia de transformación del campo debe tener como objetivo ordenar el territorio rural, buscando mayor acceso y tenencia sobre la tierra por parte de los productores agropecuarios sin tierra o con tierra insuficiente.

Con el fin de facilitar la implementación del punto uno (1) del Acuerdo de paz (Reforma Rural Integral), el Gobierno Nacional expidió el decreto Ley 902 de 2017, el cual dispone que la ANT debe implementar y ejecutar los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), estos planes “deben definir la forma de intervención en el territorio a través de la metodología de barrido predial” [1] 

En el año 2019 la Agencia Nacional de Tierras y el aliado estratégico, quien formuló el documento plan, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hicieron entrega formal del documento “Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural” a la Secretaría de Planeación del municipio de Pradera. Es importante que la comunidad pradereña conozca los resultados de este primer ejercicio realizado en la zona rural, donde se evidencia el alto grado de informalidad sobre la tierra que presenta el municipio, principalmente los sitios de uso público como casas comunales, escuelas, puestos de salud, que anteriormente fueron construidos con recursos públicos en sitios privados y que hoy en día no tienen documentación de formalidad sobre esos predios.

Se hace necesario que la Secretaría de Planeación haya hecho lectura de este documento y que el señor alcalde, doctor Justino Sinisterra, gestione de la mano con la comunidad ante la ANT la segunda etapa del barrido predial, para que en el momento de actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio se tenga en cuenta las conclusiones que arroje este proceso y se le permita a los pequeños y medianos propietarios definir la situación de acceso y tenencia. La formalización de los predios permitirá avanzar en una Reforma Rural Integral verdadera.

Por: Kenedi Campo Chaves

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[1] Documento conceptual POSPR, Subdirección de planeación operativa, ANT. (Nov-2017). Pág. 5     

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