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En el último boletín de Derechos Humanos, la Minga Social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, concentrada en varios puntos del departamento del Cauca, denunció este viernes, 22 de marzo, que se escucharon varias explosiones cerca al punto de concentración de la vereda La Pajosa, sector El Cairo (Cajibío).

Leer: Lanzan artefacto explosivo contra la Minga

Advierte la Minga indígena y campesina que la primera detonación se escuchó a las 2:30 de la tarde, luego que la Fuerza Pública avanzara en horas de la mañana “de forma intimidante hacia las inmediaciones del sitio de concentración de campesinos en el sector de La Pajosa”. Según informes posteriores, la explosión habría sido producto de una “detonación controlada” de un artefacto explosivo encontrado cerca al campamento.

El boletín denuncia que las explosiones continuaron escuchándose después de las 9:00 de la noche, generando zozobra en la comunidad que ya ha sido víctima de represión por parte de la Fuerza Pública en el lugar.

Leer: Represión en el Cauca deja ocho heridos y ataques con tornillos a la prensa

Estos hechos preocupan a organizaciones sociales y de Derechos Humanos, en tanto que, bajo el supuesto de “hallar” explosivos en el sitio de concentración, se estaría fraguando un montaje para arremeter contra la Minga en el sector de El Cairo.

Por lo anterior la Minga exige “al Gobierno colombiano y a las Fuerzas Armadas que cumplan con las garantías para las comunidades campesinas, indígenas y sociales que se movilizan en la Minga social del suroccidente bajo el derecho fundamental a la protesta social”.

Redacción REMAP

La Minga Social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, que desde el 10 de marzo se concentra en varios puntos del departamento del Cauca, denunció este jueves, 21 de marzo, que ocho personas resultaron heridas luego que la Fuerza Pública intentara llegar al campamento ubicado en la vereda La Pajosa, sector El Cairo del municipio de Cajibío.

La Minga indígena y campesina documenta que los hostigamientos iniciaron en la noche del miércoles, 20 de marzo, cuando sujetos vestidos de negro intentaron ingresar al campamento y arrojaron un artefacto explosivo.

Leer: Lanzan artefacto explosivo contra la Minga en El Cairo

Al día siguiente, jueves, continuaron desde las diez de la mañana, cuando empezaron a escucharse “detonaciones cerca del campamento de los comuneros, sin aclararse la procedencia de las explosiones”. A partir de ese momento, explica la Minga, “los mingueros se organizan en forma de defensa ante el despliegue y posible ataque de la Fuerza Pública”.


Posteriormente en inmediaciones al campamento y la vereda El Túnel la comunidad es hostigada con disparos que se escuchan cerca de donde están concentrados. Hasta que finalmente el campamento es rodeado por ESMAD, Ejército y Policía. Durante el avance de la Fuerza Pública se producen enfrentamientos y los habitantes del sector denuncian el accionar represivo del ESMAD: Ver video

La Minga denuncia que en los enfrentamientos la Fuerza Pública empleó “capsulas recalzadas”, las cuales son cartuchos de gas lacrimógeno armados con pólvora y material que al explotar genera esquirlas para herir a los manifestantes.

Ataques a la libertad de prensa

Durante los hechos, un equipo periodístico del Noticiero CMI del Canal Uno se vio afectado por el ataque que sufrió el campamento, viviendo momentos de asfixia en el lugar donde la comunidad se encontraba reunida de forma pacífica: Ver video


De igual manera los periodistas fueron testigos del uso de armas no convencionales empleadas por la Fuerza Pública, en tanto que se vieron atacados, incluso, con tornillos disparados contra el campamento: Ver video

Reporte de personas heridas

La Minga indígena y campesina reporta que la arremetida de la Fuerza Pública dejó ocho personas heridas, tres de ellas con heridas de gravedad (Ver video):

1. Alexander Martínez, Trauma craneoencefálico.
2. Jhon Asdrúbal Conada. Trauma craneoencefálico región occipital, y laceración y contusión en el Abdomen, y contusión en pierna izquierda
3. Jaider Chamizo. Impacto en cuello y hombro derecho con capsula de gas. Posible trauma acústico.
4. Daniel León. Impacto capsula de gas.
5. Jhon Fredy Liz. Herida capsula de gas.
6. Brayan Pillimu. Impacto capsula de gas.
7. Alexander Quiguanas. Impacto capsula de gas hombro y mentón.
8. Gloria Liliana Vega Serna.

Por estos hechos, diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos han denunciado la represión y el trato de guerra dado por el Gobierno a la Minga Social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, y exigen atención a las demandas de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que desde el 10 de marzo se encuentran movilizadas.

Redacción REMAP

Este miércoles, 20 de marzo, la Minga Social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz denunció que las comunidades que permanecen en el punto de concentración del municipio de Cajibío, sector El Cairo, corren serio peligro por la presencia de personas vestidas de negro que han activado artefactos explosivos.

Leer: Amenazan a dirigente de la Minga Social

“Desde las 6:30 de la tarde, las comisiones de seguridad y de garantías y derechos humanos, del sitio de concentración, constataron que en tres oportunidades individuos vestidos de negro se acercaron a escasos metros de la concentración, y tan pronto advirtieron que se acercaba una comisión de campesinos, los desconocidos emprendieron la huida y, en uno de los casos, uno de los individuos lanzó un artefacto explosivo”, denunció la Minga.

Señalaron, además, que los hostigamientos se prolongaron hasta horas de la noche, cuando las comunidades descansaban luego de realizar una jornada pedagógica en la vía Panamericana. Advirtieron que entre las 9:40 y 9:42 de la noche, en inmediaciones al sitio de concentración, continuaron escuchando “el sonido de artefactos explosivos”.

También denuncian el trato represivo que han recibido por parte de la Fuerza Pública la Comisión de Derechos Humanos y las comunidades de la Minga indígena y campesina, anotando que este miércoles, 20 de marzo, un campesino fue golpeado durante una requisa.


Relatan que “cerca de las 10:30 de la mañana, en un puesto de control policial, varios integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) proceden a requisar a un grupo de campesinos. Un integrante del ESMAD les grita que eran unos flojos y que los iban a golpear a todos. Por lo cual (el campesino) Isaías Camayo le dice que se iban a defender, e inmediatamente un integrante del ESMAD procedió a golpearlo en el abdomen y en el costado dorsal”.

Leer: Reiteran que Fuerza Pública sí disparó contra la Minga

Por estos hechos, la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Minga Social ha lanzado una alerta temprana a la comunidad nacional e internacional exigiendo garantías al Gobierno colombiano para el ejercicio de la protesta social, y responsabilizando a la Fuerza Pública por las acciones que ésta pueda cometer “en contra de la vida, integridad y libertad personal de las comunidades campesinas movilizadas en El Cairo (Cajibío)”.

Redacción REMAP

Este martes, 19 de marzo, la Minga Social por la defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz denunció que la Fuerza Pública disparó contra las comunidades que se encuentran en el punto de concentración de la vereda La Agustina del municipio de Mondomo (Cauca). A través de un comunicado, este miércoles la Minga indígena y campesina reiteró sus afirmaciones (Ver comunicado).

Hasta el momento se cuenta con información testimonial, audios y videos en los cuales aparecen hombres con armas de largo alcance pertenecientes al ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), EMCAR (Escuadrones Móviles de Carabineros) y el Ejército Nacional quienes procedieron a lanzar gases lacrimógenos y a disparar indiscriminadamente con ráfagas de fusil contra las comunidades que se encontraban en ejercicio de su derecho a la protesta pacífica”, afirma el comunicado.

Leer: Amenazan dirigente de la Minga Social

En los hechos, también resultaron heridos varios integrantes de la Fuerza Pública, donde lamentablemente perdió la vida el “Patrullero Boris Alexander Benítez, quien recibió dos disparos certeros en el cuello y tórax propinados al parecer por una persona con amplios conocimientos en armas de fuego como un francotirador”, manifiesta el comunicado, agregando que en total resultaron 16 personas heridas: 5 policías, 3 militares y 8 integrantes de la Minga.

Las circunstancias en que murió el patrullero aún son materia de investigación. Sin embargo, el Gobierno trata de confundir a la opinión pública al afirmar que la Minga está “infiltrada” por grupos armados, o diciendo que los heridos son producto del “fuego cruzado” entre la Fuerza Pública y algún grupo de carácter ilegal, algo que la Minga desmiente, en tanto que uno de los videos, que tienen como prueba, demuestra cómo integrantes del Ejército disparan en la carretera hacia los manifestantes y no en respuesta a un ataque armado: Ver video.

El comunicado además expresa que el Gobierno colombiano engaña a las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que desde hace más de una semana se movilizan exigiendo sus derechos y el cumplimiento de acuerdos ya pactados, y que protestan contra “la agenda política y legislativa del despojo y el proyecto de muerte” del Gobierno.

Por lo anterior, denuncian y exigen “al Gobierno Nacional que deje de mentir y engañar a los pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares que participan de la Minga y al país, posando de demócrata en los medios de comunicación, haciendo invitaciones vacías al dialogo, pero aplicando en terreno la más irracional represión física y psicológica contra las comunidades en pie de lucha y resistencia por la exigencia del derecho a la vida y al territorio” (Ver comunicado).

Redacción REMAP

La Comisión de Derechos Humanos de la Minga Social por la defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz denunció este martes, 19 de marzo, que la Fuerza Pública, representada por Escuadrones Móviles de Carabineros (EMCAR) y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), dispararon contra la comunidad indígena que se encuentra en Santander de Quilichao, municipio del departamento del Cauca, dejando tres heridos.

Ver: Video Fuerza Pública disparando

Los hechos ocurrieron en la vereda La Agustina del corregimiento de Mondomo, cuando agentes del EMCAR y el ESMAD, desde las siete de la mañana, iniciaron ataques contra manifestantes de la Minga Social, quienes hace más de una semana protestan en diferentes puntos del Cauca.

“En horas de la tarde del 19 de marzo, en el sector La Agustina la Fuerza Pública, ESMAD, dispara con armas de fuego de largo alcance contra la humanidad de los mingueros, dejando 3 heridos. El primero Manuel Mosquera, el segundo Weimar Lame y el tercero la promotora de la misión médica, todos heridos por armas de fuego”, denuncia la Comisión de DD.HH.

Previo a esto también habían denunciado que junto al ESMAD y el EMCAR, patrullaban personas de civil portando armas de largo alcance, situación que agrava el trato de guerra que el Gobierno colombiano viene dando a la protesta social en el Cauca.

Por lo anterior, la Minga Social reclama al Presidente de la República que haga presencia en el Cauca y atienda sus demandas, del mismo modo que exige “al Gobierno colombiano y a sus agentes armados de represión que cumplan con los estándares nacionales e internacionales que regulan el derecho fundamental a la protesta social y pacífica”.

Coordinación de Medios Alternativos y Populares
del Suroccidente Colombiano


El XYZ de las objeciones del presidente Duque por mandato de Uribe contra el proyecto de ley estatutaria de la JEP
 
El 11 de marzo del año en curso la cancillería de Colombia dio a conocer el documento “ABC de las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP”, en el que se expone los argumentos del gobierno sobre su decisión política disfrazada de inconveniente.  

En este XYZ demostramos que con esta medida, el Centro Democrático se afianza su postura contra la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. ¡Le tienen miedo a la verdad!

Lo primero que hay que decir, es que los seis artículos objetados no son los únicos que acarrean consecuencias. Cobija todo el proyecto al no ser sancionada como ley de la república, acciones que debilitan la esencia de esta justicia transicional. Así lo demostró el presidente de la república en su alocución, en la que manifestó que presentarán una reforma constitucional al acto legislativo 01 de 2017, esto escondido bajo el manto de las “mejoras”.

La decisión presidencial de objetar el proyecto, cuando había pasado el respectivo control constitucional, es un claro desafío a la alta corte.

El fundamento de las objeciones

El fundamento de dichas objeciones se basa en que el partido de gobierno ha sido un férreo opositor de la paz en Colombia y de la solución dialogada al conflicto. En consecuencia, todas sus actuaciones atacan el acuerdo de paz hasta acabarlo. En palabras de ellos: “hacer trizas los acuerdos”

Sobre la reparación integral de las víctimas: artículo 7

El fundamento del gobierno se basa en la falsedad, en la que afirman que las FARC-EP no entregaron todos los bienes. Mediante esta gran mentira, intentan quitar legitimidad a la JEP para avanzar en su cometido: sepultarla.

Las extintas FARC-EP entregaron al gobierno con listado en mano, todos sus bienes materiales, entre ellos: dinero en efectivo, equipos, medios de transporte, oro, hasta carreteras construidas por ellos. Con esta falacia, el gobierno busca no cumplir con su deber de reparar a las víctimas, al remitir su responsabilidad a quienes entregaron las armas.

Sobre la falta de claridad de la suspensión de los procesos

El proyecto de ley estatutaria deja en claro las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, así lo deja en firme la sentencia de la Corte Constitucional, cuando define la competencia de la JEP.

Sobre las personas incluidas en los listados de las FARC

Frente a estos listados la Corte Constitucional determina que es la Sala de Indulto y Amnistía la facultada “de incorporar nombres de personas que, por motivos de fuerza mayor, no hubieren sido incluidas”

Sobre la acción penal de delitos no amnistiables

Ante esto, el gobierno pretende que en la justicia especial haya completa impunidad, al establecer que se debe procesar a toda persona que haya cometido una acción no amnistiable. No hay aparato judicial que pueda procesar a todas las personas que hayan intervenido en violaciones de los derechos humanos. 

Sobre la extradición

Frente a este tema, incluido en el artículo 150 objetado por el presidente, la Corte Constitucional establece el procedimiento: se deberá remitir a la sección de revisión del Tribunal para la paz para que este determine el momento de la acción atribuida. Una vez más, se demuestra como la decisión de objetar ha sido política y con el objeto de acabar con la JEP.

Sobre la extradición de otras personas que ofrezcan verdad

La Corte Constitucional establece que en lo referido a “otras personas”, se refiere a personas que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, a cambio de la verdad, tan urgente y necesaria en nuestro país, quienes se haya sometido a la JEP, tendrá el beneficio de la No extradición. Esto se traduce en que las víctimas podrán conocer que fue lo que sucedió a lo largo del conflicto.

A modo de conclusión

Sintéticamente estas objeciones hechas por el presidente al proyecto de ley estatutaria de la JEP, son estos los verdaderos objetivos de Álvaro Uribe mediante el mandato que puso en manos de Iván Duque. No es más que un ataque al corazón del acuerdo de paz, al desconocimiento de los derechos de las víctimas, el encubrimiento y miedo a la verdad del conflicto colombiano y el miedo a que este acuerdo de paz potencie una verdadera transformación en la democracia en Colombia, brinde justicia, democratice el campo y dignifique las víctimas.

La Jurisdicción Especial para la Paz es la puerta a la justicia y la verdad en nuestro país, algo que no ha sucedido hasta el momento con una justicia ordinaria que lo único que le ha otorgado a las víctimas ha sido silencio e impunidad.

Mientras la comunidad internacional, las organizaciones sociales, colectividades políticas, sectores alternativos de la sociedad y el pueblo digno de Colombia abrazan la JEP, los sectores más conservadores y de ultraderecha, atacan por todos lados la posibilidad real de que el país y las víctimas conozcan la verdad, obtengan justicia, reparación y garantías de no repetición.



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