REMAP

Todas las publicaciones
1ro de Mayo 4CongresoFEU 9 de Abril Abuso sexual ACASA AFP África agro Agropatía Alejandro Ordóñez Alexander Escobar Alternativa Popular Álvaro Leyva Álvaro Uribe Ambiente Amigos de la Paz Ana Maritza Ramírez Análisis Urbano Andrea Aldana Andrés Camacho Andrés Gil Andrés Rodas Ángela Suárez Patiño Angye Gaona ANLA Antonio García ANZORC APA Argentina Ariel Ávila Armando Palau Aldana Arte y Cultura Artistas por la paz Asamblea Constituyente Ascamcat ASTRACAVA Audiencia Pública Audios Avanza Colombia Barrial Bolivar Bolivia Boro Buenaventura Buga Byron Salazar Cabildo Abierto Cabildos Caldas Cali Campesinado y política agraria Caquetá Caravana Caravana Humanitaria Carlos Alberto Sánchez Collazos Carlos Gaviria Carlos Lozano Carlos Lugo Carlos Pedraza Carmen Elena Villacorta Carmen Rosa Aramburo Catatumbo Resiste Cauca CCVC Cenpaz Cesar César Gaviria Cese al fuego Chocó CIA Ciudades Claudia Julieta Duque Claudia Quintero CNMH COCCAM Colombia Humana Comisión de la Verdad Comosopol COMUNES Conflicto territorial Congreso de los pueblos Congreso de paz CONPI Constituyente constituyente campesina Constituyentes Contagio Radio Contienda electoral Contra el Acuerdo 2034 Contravía Convergencia Coopripaz coordinación campesina del valle del cauca Coordinación Medios Alternativos Coordinadora Estudiantil Univalle COPAN COPAN extraordinario Corea del Norte Corrupción CPDH CPV Cromatophoro Crónica Cuba Cumbre Agraria Cumbre por la paz Daniel Bajaña Daniel Coronell DAS David Albarracín David Escobar David Rabelo DEA Defendamos la Paz Deporte Derechos Humanos Desaparecidos Diálogos de Paz Diana Jaramillo Diana María Rengifo Dilián Documentales Doris Rivera Doris Suárez Econoticias Ecopetrol Ecuador Eduardo Galeano Eduardo Pizarro Educación Educación y estudiantes EFE Ejército El Campo El Espectador Elecciones 2019 Eliécer JIménez Julio ELN English Enrique Santiago Enrique Santos Entrevistas Érika Ortega Sanoja ESMAD Estado Islámico Estados Unidos Eva Golinger Evo Morales Falsos positivos Farc Fascismo Feliciano Valencia Fensuagro Fernanda Sánchez Jaramillo Fernando Vallejo festival de música campesina FEU FIPU Florida Formación Foro Social Urbano Alternativo y Popular Fotos Francisco Toloza Franco Vielma Fred Núnez Freddy Agudelo Frente Amplio Funuvida Garantías Políticas Genocidio Ginebra Giorgio Trucchi Gobierno Golpe de Estado Grupo de Energía de Bogotá Guacarí Guajira Guerra económica Haití Harold Ordoñez Hekatombe Hernán Durango Hip-Hop Horacio Duque Giraldo Hota Huber Ballesteros Hugo Chávez Hugo Ramírez Burgos Huila Ignacio Ramonet implementación INCODER Indígenas y afros Indígenas y Campesinos Inernacional INPEC INSPP Internacional Intervencionismo IPC Irak Irán Isabel López Obando Israel IX Festival J. Marcos Jaime Garzón Jamundí Jan Farid Cheng Lugo Javier Giraldo Jeb Bush JEP Jhon Freddy Grisales Jorge Enrique Botero Jorge Pretelt José Antonio Gutiérrez José Marulanda José Salcedo Jóvenes Juan Alejandro Echeverri Juan G. Bermúdez Juan Sebastían Barragán Julian Asange Justice for Colombia Juventud Rebelde Kenedi Campo Kiko Gómez L'etincelle La Haine La Morada Feminista La Oreja Roja Lanzas y Letras Larga vida a las mariposas Lazos de Dignidad Letincelle Libardo Orejuela Libertad de Prensa Liliany Obando Liseth Montero Lucas Carvajal Lucas Restrepo Orrego Lucía Aguirre Luis Alfonso Mena Luis Eduardo Jiménez Luz Betty Jiménez Luz Emilse Romero MANE Marcela Belchior Marcha Patriótica María Alejandra Rodas Marino Grueso Medios Medios de comunicación Megaproyectos Meta México MIA Miguel Ángel Beltrán Minga Nacional Minga Social Misión Canadá Misión Vedad Montajes judiciales Movice Movilizaciones Movimiento Carcelario Mujeres y género Nacional Carcelario Nagham Salman Narcotráfico Nariño Natalia Springer Natalia Vinasco Naya Nazareth Balbás Noam Chomsky Noticias Noticias Paro Nacional Universitario Noticias Uno OEA Omar García ONIC ONU Opinión ORIVAC Oscar Escobar OTAN Pablo Borrero Pablo Catatumbo Pablo Serrano Pacto Histórico Página Popular Palestina Palmiguía Palmira Pandemia Paola Fernández Paramilitarismo Paramilitarismo informático Paro Agrario Paro del Pacífico Paro Minero Paro Nacional Paro Nacional Universitario Partido Comunista Partido Verde Pastoral Social Patoral Social paz Paz con Justicia Social Pazífico Noticias PCPV PDET Pepe Mujica Periferia Petro Piedad Córdoba Poder Ciudadano Polo Popayán. Pradera Prisioneros políticos Proactiva Proceso de Paz protestas PUPSOC Putumayo Qantu Rapso Rastrojos Rebeca Rodríguez Recomendado Reconciliación Colombia REDDHFIC REMAP Renán Vega Resumen Latinoamericano Revista Semana Risaralda Rogelio Osorio Rompiendo Cadenas RPASur RPAZ RT Rusia Sabores y Saberes Salomón Kalmanovitz Salud San Vicente del Caguán Sancocho Fest Sandra Castro Santiago Mayor Santrich Sara Leukos Semanario Voz Sentido Real Servicios Públicos Sevilla Shameel Thair Silva Siloé Silvia Arjona Silvio Rodríguez Sin señal Sintradit Sintraemcali Sintraserviaseo Siria Smurfit Soberanía Alimentaria solidaridad Sputnik SUGOV Suroccidente Suyana Talleres Tania Ospina Taser teleSUR Tercer Canal Terrorismo de Estado Timoleón Jiménez TLC Trabajadores Transporte Trata de personas Tuluá TV Alternativa Bolivariana Unai Aranzadi UNAL Palmira Unasur UNICAUCA Unidad popular Unión Patriótica Univalle Univalle Palmira Universidad del Valle Universidad Libre UP USACA V Festival Valle del Cauca Veeduría Social Veedurías Venezuela VI Festival de Teatro Videos VII Festival Teatro Vivienda WikiLeaks William Espinosa William Whitney Jr. Wilson Sánchez X Festival XI Festival Yira Bolaños Yo te nombro Libertad ZRC

Este jueves, 2 de diciembre, la Misión de Observación y Verificación de Derechos Humanos proveniente de Canadá brindará una rueda de prensa en la ciudad de Cali, en las instalaciones del Canal 2 a las 2:00 de la tarde.

 

La Misión de Observación está integrada por personalidades como Guilliana Fumagalli, alcaldesa de Villeray, el Diputado Federal Simón Pierre Savard Tremblay, y representantes del ámbito social, político, cultural e intelectual de Canadá.

 

Durante la rueda de prensa se conocerán objetivos de la visita al departamento del Valle del Cauca, así como detalles preliminares de los hallazgos de la Misión en materia de violación a los Derechos Humanos en el departamento, principalmente referente a datos recogidos sobre el estallido social que vivió Colombia.

 

Entre los objetivos de la visita, se destaca que la Misión busca “sensibilizar al Gobierno canadiense para que reevalúe sus relaciones con el Gobierno de Colombia, teniendo en cuenta la coyuntura de violencia estatal y de crisis de Derechos Humanos” que padece el país, según lo expresa el Comité de Solidaridad por Colombia.

 

La Misión viene de recorrer los departamentos de Cundinamarca y Antioquia. En el Valle estará los días 1 y 2 de diciembre visitando Cali, y el 3 se desplazará a las ciudades de Buga y Tuluá. El turno para el departamento del Cauca será el viernes 3 de diciembre, donde en horas de la mañana ofrecerán una rueda de prensa en la ciudad de Popayán.

 

Para confirmar asistencia, las y los periodistas deben comunicarse con Isabel Cortés del Canal Dos, al teléfono 3156802021.

 

Descargar carta de invitación: AQUÍ

El 15 de julio y el 3 agosto de este año, Ana Maritza Ramírez, periodista y corresponsal en la ciudad de Popayán de nuestra Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP), e integrante de la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca (CPVC), fue amenazada de muerte a través de mensajes enviados a su teléfono vía WhatsApp. Este miércoles, 13 de octubre, las amenazas pasaron al plano físico, cuando un sujeto se acercó y le amenazó de forma directa.

 

Leer: Amenazan de muerte a periodista de REMAP en Popayán

 

Los hechos ocurrieron a la 1:30 de la tarde en un restaurante del barrio La Pampa, donde se encontraba almorzando con la defensora de Derechos Humanos Giannina Dueñas. Al momento que procedían a cancelar la cuenta y retirarse del lugar, un sujeto se acerca y las amenaza diciéndoles: “¡Quieren que se repita la noche de los lápices y las desapariciones forzadas? Quedan advertidas, después no se anden quejando”.

 

Desde REMAP condenamos enérgicamente la persecución que sufre nuestra compañera periodista Ana Maritza Ramírez, y denunciamos al régimen colombiano que a la fecha no ha tomado medidas para protegerla, ni tiene resultados de investigación alguna sobre las amenazas sistemáticas que, cada vez, son más graves y ponen en riesgo su vida.

 

Estos hechos se dan dentro de un contexto de persecución política y exterminio de líderes y lideresas sociales, ambientalistas, firmantes de paz, defensoras y defensores de Derechos Humanos, y el pensamiento crítico que se manifiesta en contra de las políticas del régimen colombiano, y cuyo descontento se profundizó desde el 28 de abril de 2021 que dio origen al estallido social en Colombia.

 

Además se dan bajo un claro amedrantamiento contra la prensa alternativa, entre ellas REMAP, pues el 24 de mayo de 2021 nuestra compañera periodista Sandra Castro también fue víctima de persecución por parte del régimen colombiano en la ciudad de Cali: la Fuerza Pública allanó su vivienda secuestrando sus equipos periodísticos y de comunicación, en un intento de montaje judicial fallido contra nuestra compañera que el 7 de mayo había sufrido un atentado mientras cubría el Paro Nacional en la capital del Valle.

 

Leer: También dispararon contra periodista de REMAP

 

Por ello denunciamos al régimen colombiano al no ofrecer garantías para el ejercicio periodístico y la libertad de prensa, y llamamos a todas las organizaciones del orden nacional e internacional que creen en la vida, la justicia, la libertad de prensa y la democracia, a que tomen acciones que protejan la vida e integridad física y psicológica de nuestras compañeras periodistas Ana Maritza Ramírez y Sandra Castro, así como la de la defensora de Derechos Humanos Giannina Dueñas.

Redacción REMAP

 

Cuatro personas recibieron amenazas en Palmira este jueves, 16 de septiembre, por paramilitares de las autodenominadas ‘Águilas Negras’, a través de panfletos donde les declaran “objetivo militar”, y les informan que han puesto precio por su vida.

 

Las amenazas fueron dirigidas contra Nora Gaviria, Juan Yepes, José Ibarguen y Fredy Antía, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV).

 

En los panfletos advierten a las los sindicalistas del SUTEV que “ya los tenemos ubicados a cada uno de ellos y accionaremos nuestro brazo militar”.

 

Los paramilitares además hacen extensiva las amenazas de muerte a defensores y defensoras de Derechos Humanos, a jóvenes que participaron del paro nacional y lideres y lideresas sociales, afirmando que van a “lograr la limpieza de líderes sindicales y de izquierda y de primera línea”, y les advierten que “se van o se mueren”.

 

Al analizar las amenazas, preocupa la redacción de los panfletos, en tanto que evidencia un grado de inteligencia militar en la redacción y un lenguaje estructurado propio de comandos armados definidos para cumplir funciones del paramilitarismo urbano que ya viene operando en las ciudades del país.

 

Por estos hechos diversas organizaciones de Derechos Humanos hacen un llamado, a nivel nacional e internacional, a brindar acompañamiento y exigir garantías al régimen colombiano para la vida de las y los sindicalistas amenazados, así como de las distintas organizaciones sociales, sindicatos, líderes y lideresas, y de las y los jóvenes de primera línea que participaron del paro nacional en la ciudad de Palmira.

Redacción REMAP

Este jueves, 15 de julio, Ana Maritza Ramírez, periodista de la Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP) fue amenazada de muerte en la ciudad de Popayán (Cauca) junto al también periodista Juan Carlos Muñoz, integrante de la Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa Cauca.

 

Las amenazas fueron proferidas a través de mensajes enviados por WhatsApp a sus teléfonos celulares, haciéndose extensivas a defensores y defensoras de Derechos Humanos, brigadistas de misiones médicas, líderes y lideresas comunitarias, y otras organizaciones sociales que participan de manera activa del Paro Nacional que inició el 28 de abril y que mantiene actividades organizativas de diversa índole en el país.

 

Los mensajes fueron enviados a las 10:25 de la noche, y en éstos advierten que tomarán represalias contra las primeras líneas que se movilizan hacia Bogotá y contra quienes participan del Paro Nacional, y específicamente contra las actividades de la gran marcha nacional del próximo 20 de julio.

 

En las amenazas advierten a todas las personas que “soldado avisado no muere en guerra”, y reiteran el ultimátum al decirles que deben cuidarse, ya que “por dárselas de salvadores, no vayan a salir crucificados”.

 

Estos hechos se dan a menos de dos meses que otra de nuestras periodistas fuera víctima de persecución por parte del régimen colombiano en la ciudad de Cali, siendo allanada su vivienda y secuestrados sus equipos periodísticos y de comunicación por la Fuerza Pública, en un intento de montaje judicial fallido contra nuestra compañera Sandra Castro que el 7 de mayo había sufrido un atentado mientras cubría el Paro Nacional en la capital del Valle.

 

Leer: También dispararon contra periodista de REMAP

 

Por estos hechos exigimos a los organismos del Estado se investigue el número celular 3135111453, desde el cual se ejecutaron las amenazas que evidencia un trabajo de inteligencia militar previo, en un contexto donde el terrorismo de Estado, en una estrategia conjunta de implementación y fortalecimiento del paramilitarismo urbano, se ha cobrado la vida de más de 70 manifestantes desde el 28 de abril.

 

Exigimos además se proteja la vida, la integridad tanto física como psicológica, de nuestra compañera periodista Ana Maritza Ramírez, y demás personas y organizaciones amenazadas. Del mismo modo llamamos a la comunidad internacional a que se pronuncie sobre estos hechos y que utilice todos los mecanismos posibles para salvaguardar la vida de quienes protestan en Colombia.

Redacción REMAP


Camilo Serrano Corredor, Maestro en Estudios Sociales y Políticos, Universidad ICESI-Cali, Colombia, y estudiante del Doctorado en Ciencia Política-CIDE

Intento iniciar mi escrito pensando en muchas personas, familiares y amigos, que están en la lejanía en un contexto convulso. Pienso también en personas que no conocí pero que hoy son referentes de la movilización social más importante de Colombia en este siglo. Por ejemplo, en Jovita Osorio, una profesora de Cali que murió el 29 de abril cuando la policía antimotines disparó gases lacrimógenos contra su casa, en inmediaciones de uno de los puntos duros de la manifestación. También en Nicolás Guerrero, joven grafitero reconocido por sus murales en espacios públicos. Su muerte a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)[1] en el nororiente de Cali fue presenciada en directo por una multitud de espectadores que seguían las protestas en una transmisión en vivo de Instagram. Tiempos anormales en donde la gente común cobra relevancia y los usos y costumbres se ponen en duda.

Los antecedentes

Toda protesta requiere un contexto. Desde 2019, el gobierno de Iván Duque enfrentaba una radicalización de las movilizaciones sociales en su contra, siendo las del Paro Nacional a finales de noviembre de 2019 las más agudas.[2] Cuando inició la pandemia del coronavirus, las medidas de cuarentena estricta y la crisis económica derivada, así como el pésimo manejo gubernamental de la política de vacunación, exacerbaron un descontento social que se podía medir en los “trapos rojos”: miles de familias de los barrios populares de las principales ciudades del país extendían pedazos de tela roja para indicar que no tenían nada que comer. Iniciativas de solidaridad popular y ollas comunitarias intentaron paliar la situación, sin mayor éxito. La vulnerabilidad de distintos sectores sociales quedó al descubierto ante la falta de respuesta gubernamental frente a la crisis derivada de la pandemia.

En ese marco, el polvorín social solo necesitaba de un detonante. Y este resultó ser la propuesta de reforma tributaria del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.[3] En ella, se gravaban con tributación directa productos de la canasta familiar—como la sal, el café o el azúcar—y se incluían dentro de la población obligada a declarar renta a sectores medios de la economía informal.[4] Una tímida convocatoria de un paro nacional para el 28 de abril por parte de las centrales obreras no se hizo esperar, pero las declaraciones de Carrasquilla a la periodista Vicky Dávila, donde demostraba el desconocimiento sobre los precios reales de un producto de consumo diario como los huevos, terminaron siendo la chispa que incendió la pradera

De los huevos a las calles

Con la rabia acumulada por la falta de empatía de un ministro y con la referencia permanente a los “huevos de Carrasquilla”, las manifestaciones del 28 alcanzaron una convocatoria nunca vista previamente, siendo Cali la ciudad más destacada por capacidad de convocatoria y de disrupción de la protesta. Las confrontaciones con el ESMAD adquirieron enormes dimensiones y la movilización se prolongó teniendo en el 1 de mayo un pico de participación ciudadana que se vio impugnado por una represión policial sin antecedentes. La presión de la movilización llevó a que finalmente el presidente retirara la propuesta de reforma en el Congreso, lo que sin embargo no logró aplacar un paro en pleno ascenso.

Lo novedoso de la movilización reciente no solo era la magnitud de la convocatoria sino la novedad de la misma. Transmitida en vivo a través de lives de Instagram y cadenas de WhatsApp, la protesta se convirtió en un referente permanente de la ciudadanía, estuviera participando en ella o no. Asimismo, lejos de estar dominado por los sectores clásicos de la protesta social en Colombia—estudiantes universitarios y organizaciones sociales rurales—en este paro convergieron gran cantidad de sectores medios—pequeños empresarios, organizaciones comunitarias, grafiteros, iniciativas culturales—y el nuevo protagonista de la coyuntura colombiana: la Primera Línea. Jóvenes de barrios populares, hombres y mujeres, sin oportunidades laborales o de estudio, sin identidades políticas definidas, contradictores del Comité Nacional de Paro y con profundos sentimientos antipoliciales. Muchos han sido barra-bravas, domiciliarios de Rappi o Uber, obreros precarizados. Mientras la intelectualidad discute si son chavs[5], lumpenproletariado o gamberros, en la práctica son quienes mantienen el Paro en las calles.

Violencia estatal, cantidad y calidad

La magnitud de la protesta es difícil de medir dada las complejidades de un suceso en curso y la multiplicidad de cubrimiento de organizaciones de derechos humanos y prensa alternativa. La Red de DD.HH. “Francisco Isaías Cifuentes”, con presencia en el suroccidente del país, reportaba que desde el 28 de abril solamente en Cali habían ocurrido: 314 lesiones graves de manifestantes, 74 desaparecidos y 27 asesinados. Por su parte, la organización no-gubernamental Temblores reportó, para el mismo periodo, un balance nacional que puede resumirse en: 278 víctimas de violencia física, 39 asesinatos, 963 detenciones arbitrarias, 28 personas con lesiones oculares graves, 111 casos de ataque directo con arma de fuego por parte de la fuerza pública y 12 víctimas de violencia sexual.

Una violencia de enorme magnitud, que además cuenta con agravantes en terreno de destacar. De un lado, el uso indiscriminado por parte del ESMAD de Venom, un lanzador múltiple de granadas aturdidoras y gas lacrimógeno, adquirido por el gobierno en plena pandemia y cuyo uso ha sido condenado por Human Rights Watch. Del otro, la implementación en la práctica de una suerte de estado de sitio regional en Cali y el Valle del Cauca donde, de facto, el Comandante General del Ejército, Eduardo Zapateiro, quien se encarga directamente de la respuesta estatal a las protestas.

La respuesta de las élites: Toyotas blancas

Ante la prolongación del paro en Cali, han surgido iniciativas de autodefensas por parte de habitantes de los barrios de altos ingresos de la ciudad—principalmente sur y oeste—, que consideran al paro un secuestro que atenta a su derecho a la movilidad. El caso más sonado es el de Carlos Andrés Betancourth, ex edil de la Comuna 22 y militante del Centro Democrático, quien amenazó a un manifestante con que en su barrio había 25.000 armas y que estarían dispuestos a usarlas. A la amenaza del político se suman videos de pobladores de Ciudad Jardín—barrio tradicional del sur de Cali—donde señalan que contra el secuestro tienen “escoltas y Toyotas”. Precisamente las camionetas de alta gama Toyotas de color blanco son, desde la noche del 6 de mayo, la herramienta para los ataques selectivos con arma de fuego en contra de manifestantes. En Cali ya se habla de un escenario futuro de confrontación abierta entre la Primera Línea y “los Toyotas”, de consecuencias letales. De hecho, el 9 de mayo en horas de la tarde, Toyotas y policías atacaron con armas de fuego a una caravana de manifestantes indígenas que circulaban con el sector de Pance, aduciendo que estos buscaban ingresar a sus unidades residenciales.

***

El paro de 2021 se ha convertido en el evento más importante de la víspera del año electoral colombiano—en el que, por primera vez, un candidato de izquierda lidera la intención de voto. Se liga al reciente auge de la protesta social latinoamericana y reaviva discusiones sobre las desigualdades estructurales de la región, la capacidad de inclusión de los sistemas políticos y las reformas—posibles o no—a las fuerzas de seguridad. Su desarrollo ulterior será, sin duda alguna, de importancia para la reflexión de las ciencias sociales.

Quien esto escribe toma partido; apoya las reivindicaciones del paro; rechaza la violencia estatal y se solidariza con todas las familias víctimas. El actual momento pone sobre el debate no una simple reforma tributaria sino la calidad y alcances del régimen colombiano. Los escenarios de desenlace nos dirán, en últimas, qué tan diversa e incluyente puede ser nuestra sociedad, así como cuánto pesa el caso colombiano en el concierto internacional.

Publicación original en: https://www.cide.edu/pev/2021/05/11/el-paro-en-colombia-que-es-de-donde-viene-para-donde-va/

_________________________________________________________________

[1] Escuadrón Móvil Antidisturbios, unidad especial de la Policía Nacional encargada del trato a la protesta social.

[2] Una importante crónica sobre los sucesos de 2019 ya fue publicada: Sandra Borda. 2020. Parar para avanzar: crónica del movimiento estudiantil que paralizó a Colombia. Bogotá: Crítica.

[3] Alberto Carrasquilla es economista de la Universidad de los Andes y Ph.D. en Economía de la Universidad de Illinois. Se ha desempeñado en el sector público y privado. Fue ministro de Hacienda durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. Un perfil está disponible aquí.

[4] Específicamente a ingresos mayores a cerca de 688 dólares mensuales.

[5] Término despectivo utilizado contra los jóvenes de clase obrera en Inglaterra. La discusión sobre su uso y alcance cobró relevancia con las protestas y saqueos del verano de 2011. Una reflexión a media máquina entre la academia y la crónica en: Owen Jones. 2013. Chavs. La demonización de la clase obrera. Madrid: Capitán Swing.

 

La noche de este viernes 7 de mayo, en la ciudad de Cali, grupos paramilitares atacaron con disparos de arma de fuego varios puntos de concentración del Paro Nacional, dejando hasta el momento un número indeterminado de personas heridas que protestan contra el régimen colombiano.

 

Uno de los puntos atacados fue la Misión Médica ubicada en el sector La Luna, donde también se encontraban organismos de Derechos Humanos y nuestra periodista Sandra Castro, quien por fortuna salió ilesa mientras hacia cubrimiento en el lugar de los hechos.

 

La Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP) denuncia la política criminal del régimen colombiano que, para evitar ser asociada con los asesinatos y masacres contra los las manifestantes del Paro, ahora emplea grupos paramilitares en las ciudades para cometer sus crímenes, como quedó ampliamente documentado en infinidad de registros audiovisuales que muestran a la Fuerza Pública reprimiendo, disparando y asesinando manifestantes.

 

Por estos hechos, solicitamos a la comunidad internacional exija al Estado colombiano el respeto a la libertad de prensa y se proteja la vida de nuestra compañera Sandra Castro, al igual que de las misiones médicas, organismos de Derechos Humanos y manifestantes del Paro Nacional.

 

De igual manera llamamos al mundo entero a que deje de considerar a Colombia como una democracia, y empiece a denominar al actual Gobierno como como lo que realmente es: un régimen que ahora seguirá tomando represalias contra la oposición política, los medios alternativos y prensa independiente, a través del paramilitarismo y terrorismo de Estado en las ciudades.

MKRdezign

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget