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Hace más de un mes José Edgar Otero Medina, líder campesino del corregimiento La Diana, jurisdicción del municipio de Florida en el departamento Valle del Cauca, fue amenazado por grupos paramilitares que cambian de nombre a conveniencia según el lugar donde operan.


Desde entonces el líder campesino no cuenta con ninguna garantía de seguridad. A la fecha, ha recibido dos amenazas. Y este martes, 7 de agosto, la situación se agudizó cuando hombres ubicados en la vía que comunica al municipio de Florida con el corregimiento La Diana, le esperaban para emboscarle.


“El día 7 de agosto, después de asistir a una reunión, ya no pude llegar a mi parcela como normalmente lo hago: personajes en moto me esperaban en la vía”, denunció el líder campesino.

Por fortuna, José Otero, quien se desplazaba en su carro, logró escapar gracias a que una de las personas que le acompañaba divisó a los sujetos y le avisó al líder campesino. Al notar que el carro de Otero cambiaba de rumbo, los hombres empezaron a gritar “¡Ya no viene el carro de Otero! ¡Ya no viene el carro de Otero!”.

La situación es sumamente preocupante. Hasta el momento la Alcaldía de Florida y la Unidad Nacional de Protección (UNP) no han actuado para garantizar la vida del líder campesino.

“A la fecha sobre la investigación de la Fiscalía, en relación al caso, no se sabe aún nada. De lo que está haciendo la alcaldía, tampoco sabemos nada en relación a estas amenazas. La Unidad (Nacional) de Protección no llega. Solo cuento con la preocupación y la buena voluntad de la Defensoría del Pueblo”, afirma Otero.



Este tipo de casos se repiten en Colombia una y otra vez, mientras el Estado colombiano niega la existencia del paramiltarismo y no brinda garantías para la oposición política. 

Leer: El paramilitarismo que no existe

“La pregunta que hago es: ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la institucionalidad actúe realmente?”, se pregunta el líder campesino.

Más de cuatrocientas lideresas y líderes sociales asesinados en menos de tres años es el saldo de un país que en la forma parece democrático, pero que en el fondo es la barbarie de un modelo político y económico que se sostiene gracias al accionar del Terrorismo de Estado.

Por: Redacción REMAP

Del 3 al 5 de agosto la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP) discutió la política de comunicaciones que se verá reflejada en el buen vivir de sus procesos y la población colombiana en general.

Las discusiones se dieron en el marco del Encuentro Nacional de Comunicaciones de la CACEP que, a través de metodologías participativas, de construcción colectiva, cumplió el objetivo de definir lineamientos políticos en materia de comunicaciones para el sector campesino, indígena y afrodescendiente. Del mismo modo posibilitó construir una estrategia comunicativa y un plan de trabajo para incorporar los lineamientos a la política trazada por la CACEP, algo que espera fortalecer el accionar de la Cumbre Agraria en las regiones y a nivel nacional.

Otra experiencia importante radicó en la dinamización de propuestas como Radio Carajo, propuesta que se estableció como metodología para intercambiar experiencias, saberes, y fortalecer lazos afectivos.

“Radio Carajo sirvió para mostrarle a la gente que los procesos comunicativos agilizan, tejen, visibilizan y fortalecen a las comunidades, y de igual manera sirven para limar asperezas”, expresó con entusiasmo una de las comunicadoras populares que asistió al Encuentro.

Aunque la propuesta radial solo fue un ejercicio, una experiencia metodológica, para muchos de los procesos participantes esta podría ser una importante estrategia comunicativa que podría llegar a materializarse.

“Radio Carajo fue un éxito total. ¡Está del carajo! Y creo que Radio Carajo, si se llegase a implementar, podría ser una plataforma de visibilización de las comunidades, para que las mismas regiones puedan enviar sus iniciativas comunicativas y, así, fortalecer el proceso de la Cumbre Agraria”, expresó otros de los comunicadores populares.

De esta manera, con experiencias y propuestas novedosas, concluyó en medio de abrazos y armonizaciones, el Encuentro Nacional de Comunicaciones de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular que seguirá afianzando las luchas de los pueblos para el buen vivir.

“El encuentro permitió cumplir los objetivos planteados y traducirlos en estrategias que se incorporarán al plan de trabajo, algo que constituye un elemento importante que repontecializará a la Cumbre Agraria”, indicaron las vocerías del Encuentro.

Oficina de Prensa
Encuentro Nacional de Comunicaciones
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular

Oficina de Prensa

Con nutrida asistencia de procesos y medios de comunicación alternativa, este viernes, 3 de agosto, inició el Encuentro Nacional de Comunicaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con actividades que se extenderán hasta el 5 de agosto para definir lineamientos de la política de comunicaciones de la Cumbre Agraria.

El encuentro es un logro de la Minga Nacional Campesina, Étnica y Popular de 2016, proceso de movilización donde el Gobierno, fruto de las negociaciones, acordó facilitar los mecanismos necesarios para la construcción de la política de comunicaciones de la Cumbre Agraria.


“El objetivo de este encuentro es dar unos lineamientos generales de la política de comunicaciones desde el mundo rural, donde nos encontramos los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes. Se trata de plantear, a partir de nuestra cultura, esas necesidades que tenemos en materia de legislación, infraestructura, fomento y financiación para el fortalecimiento de las formas propias de comunicar”, explicó Verónica Luna, integrante del Equipo Operativo y la Subcomisión de Comunicaciones de la Cumbre Agraria.


No obstante, el encuentro se da en medio de incumplimientos del Estado, en tanto que previamente debían realizarse siete encuentros regionales, tres sectoriales y uno nacional, pero el Gobierno no facilitó los recursos necesarios.

“Durante dos años el Gobierno no manifestó voluntad política para el desarrollo de los encuentros, y solo hasta este año (2018) avaló su realización con mucho menos presupuesto del requerido; por tanto, la Cumbre se vio obligada, por problemas de tiempo y presupuesto, a realizar solo tres encuentros sectoriales y uno nacional”, indicó Nidia Quintero de Fensuagro, vocera política de la Cumbre Agraria.


Para la Cumbre Agraria esta situación, aunque dificultó la labor, no fue impedimento para avanzar en el diseño de la política de comunicaciones.

“Al final del día el balance es positivo. El trabajo por regiones permitió identificar problemáticas comunes y plantear desafíos de cara al momento político que atraviesa el país. De acuerdo a la agenda se avanzó en objetivos estratégicos para la comunicación del mundo rural que servirán para proyectar el plan de trabajo en los siguientes del encuentro”, concluyó Verónica Luna.

Este martes, 31 de julio, las victimas del paramilitarismo del departamento del Valle del Cauca conmemoraron en La Moralia, corregimiento de Tuluá, 19 años de la resistencia a la estrategia paramilitar que, a través del Bloque Calima de las autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asesinó a miles de personas en el suroccidente colombiano entre 1999 y 2004.


El homenaje a las víctimas del paramilitarismo se realiza desde el año 2012 bajo el nombre Memoria y dignidad campesina, y es organizado por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC) y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.

Ver: Álbum de fotos

Memoria y dignidad campesina significa para el campesinado vallecaucano una forma de resistir al olvido, una lucha de la memoria que exige justicia, verdad y reparación frente a 19 años de impunidad.


“La reparación integral está en veremos. La justicia no ha esclarecido quiénes financiaron y apoyaron los paramilitares. Desconocemos cuáles fueron las razones de los asesinatos. Aún no sabemos qué objetivos tenían “los paras” (paramilitares) para asesinar, desterrar, violar, desaparecer, robar y torturar. Tememos que las garantías de no repetición sean palabras que se las lleve el viento y que la Violencia se vuelva a ensañar con el territorio y nuestras gentes”, expresó Astracava a través de una declaración.



Al evento asistieron, además de organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, la Mesa de Víctimas, funcionarios de la Alcaldía de Tuluá, la Secretaría de Paz del departamento, delegados de la ONU, el PNUD, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Pastoral Social de Palmira y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), entre otros.


“La dinámica de la guerra no fue ajena al área rural de Tuluá y con ella el dolor y la muerte que ocupó este territorio; sin embargo, la dignidad y capacidad de resistencia de la comunidad en los días más oscuros de la acción paramilitar sigue brillando como inigualable ejemplo y mayor homenaje a las víctimas”, recordó en una carta Luis Alberto Albán ('Marcos Calarcá'), representante a la Cámara por la FARC.

Año tras año, la impunidad ha sido tema relevante en Memoria y dignidad Campesina, porque a pesar de existir testimonios de exparamilitares en la Fiscalía que, desde aproximadamente una década, vinculan a sectores de la economía y la clase política con la financiación del paramilitarismo, a la fecha no se conoce proceso alguno de la rama judicial contra quienes auspiciaron el accionar paramilitar del Bloque Calima.


“Queremos saber por qué altas personalidades de la vida pública nacional y departamental, así como empresarios, políticos, terratenientes, militares y policías de alto rango, entre otros, apoyaron la creación y desarrollo de los grupos paramilitares”, reclamó Astracava

Nombres de militares, de empresas como el Ingenio San Carlos y sus exgerentes Maria Clara Naranjo Palau y Bernardo Tezna, son algunas de las menciones de exparamilitares que les vincula como financiadores.


“Queremos saber cuáles fueron las razones de la omisión y la connivencia de muchos sectores gremiales y estatales para que el bloque Calima de las AUC tuviera durante varios años ‘libertad de acción’. Tenemos derecho a que esta historia sea contada, que no se quede en el olvido, a que no se repita la tragedia de cien años de soledad y despojo”, agregó la organización campesina.


Las organizaciones asistentes al evento resaltaron que uno de los instrumentos para que la verdad conduzca a la justicia y reconciliación del país, lo constituye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo emanado gracias al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la exguerilla de la FARC.

No obstante, la Corte Constitucional quitó el carácter de obligatoriedad a empresarios y políticos de comparecer ante la JEP. Pero, aun así, diversas organizaciones e instituciones insisten en que es necesario que concurran a declarar sobre sus responsabilidades en la estrategia paramilitar.


“Yo confío en la importancia de un instrumento como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hago un llamado a esos sectores para que comparezcan a la JEP, entre otras cosas porque es una oportunidad que tienen para evitar ser tomados por la Corte Penal Internacional”, afirmó Fabio Cardozo, secretario de Paz de la Gobernación del Valle.


Para Astracava otro un punto importante de la JEP radica en que está basada en modelo de justicia restaurativa, y no vengativa, que aporta para que la sociedad colombiana pueda reconciliarse, algo que también requiere, por parte del Gobierno, del cumplimiento del Acuerdo de Paz:


“No creemos en el ojo por ojo, diente por diente. Si nos basáramos en esa forma de hacer justicia, al cabo de un tiempo, nuestra sociedad sería de ciegos. En cambio, exigimos una justicia que contribuya a la restauración de los derechos que nos fueron negados, que aporte en transformar nuestras realidades. Por ello, la reparación integral a las víctimas debe incluir programas de dotación gratuita de la tierra, proyectos productivos, vivienda y en el desarrollo de los puntos contenidos en el Acuerdo Final de Paz”.


En Colombia el paramilitarismo continúa blindado por la impunidad. Los asesinatos cometidos en el Valle del Cauca entre 1999 y 2004 por el Bloque Calima, no son los únicos que permanecen sin castigo. Los recientes asesinatos cometidos contra más de 400 líderes y lideresas sociales son la continuidad de esta política paramilitar que, gobierno tras gobierno, opera para sostener a un modelo político y económico criminal.

Redacción REMAP

El 31 de julio de 1999, paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se presentaron oficialmente en el corregimiento La Moralia, jurisdicción del municipio de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca.

Más de 6.000 víctimas dejó el Bloque Calima mientras operó en el suroccidente del país entre 1999 y 2004. Diecinueve años después, estos crímenes permanecen en la impunidad.

Para luchar contra el olvido y la ausencia de justicia por parte del Estado colombiano, organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos organizan en Tuluá, desde el año 2012, el evento Memoria y dignidad campesina, cuya sexta versión inició este fin de semana y se extenderá hasta el 31 de julio.


Durante la apertura de esta actividad, REMAP dialogó con representantes del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava) y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)

Memoria y dignidad campesina es un acto de movilización en contra del olvido para exigirle al Estado que cese la impunidad, y que quienes orquestaron desde altos poderes políticos y económicos este tipo de crímenes, respondan por lo que hicieron y den a las víctimas la verdad, les den una posibilidad de sanar para que avancemos en el camino de la reconciliación y construir la paz real”, explicó Anderson Álvarez de Astracava.

La posibilidad de que la verdad se conozca y la responsabilidad de los terceros, es decir, que los sectores de la economía y clase política reconozcan que financiaron el accionar paramilitar del Bloque Calima, y cuenten la verdad a las víctimas, podría resolverse mediante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismos creados por el Acuerdo de Paz.


“Uno aspiraría a que, por los caminos de la Comisión de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz e, incluso, por medio de la justicia penal tradicional, distintas expresiones organizativas, políticas o institucionales puedan acudir en la defensa y exigencia de la restitución de esos derechos de las víctimas, incluida la plena verdad”, afirmó Diego Arias del Centro Nacional de Memoria Histórica.

A pesar de existir desde el año 2010 testimonios en la Fiscalía que vinculan a políticos y poderes económicos donde aparece el Ingenio San Carlos, en cabeza de sus exgerentes Clara Naranjo Palau y Bernardo Tezna, quienes, según testimonios de exparamilitares, aportaban 20 millones de pesos mensuales, no hay investigación o condena alguna.

La FARC que pasó de grupo insurgente a convertirse, luego de la firma del Acuerdo de Paz, en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, también recuerda la importancia de la JEP, instancia donde toda su dirigencia está compareciendo para asumir responsabilidades dentro del marco del conflicto.

“Reconocer la verdad ayuda a que un país se reconstruya y a que las víctimas sean reparadas de manera integral, eso está dentro del marco del Acuerdo de paz. Por eso es necesario que el sector del empresariado, militares y la clase política que apoyaron el paramilitarismo vayan a la JEP a contar la verdad, porque la JEP no es solo para la FARC”, expresó ‘Camila Cienfuegos’ de la dirección nacional de la FARC.

Sin embargo, contrario a lo acordado en el Acuerdo de paz, la Corte Constitucional quitó el carácter obligatorio para los terceros que debían concurrir a la JEP, decisión que afecta a las víctimas del paramilitarismo que exigen verdad. En eventos como Memoria y dignidad campesina se demuestra que este tipo de decisiones solo perpetúan la impunidad.


PROGRAMACIÓN
  
LUNES 30 DE JULIO

4:00 p.m. Proyección documental Memoria y dignidad campesina. Dirigido por Alexander Escobar. Lugar: Casa de la Cultura.

6:00 p.m. Proyección documental Alaska, entre la memoria y el tiempo. Dirigido por Camilo Ernesto López Meneses. Lugar: Casa de la Cultura.

MARTES 31 DE JULIO

9:00 a.m. Acto central por la Memoria y Dignidad de las Víctimas del paramilitarismo. Lugar: Corregimiento La Moralia.

Informes: 316 663 4536 | astracava.tulua@gmail.com
redfcifuentes.valle@gmail.com

Redaccion REMAP

En Consejo de Seguridad realizado en la ciudad de Florida (Valle del Cauca) este viernes, 27 de julio, se dio a conocer un panfleto que reitera amenazas contra 11 líderes y lideresas sociales que integran organizaciones campesinas e indígenas, y contra otros procesos organizativos como Marcha Patriótica y las Zonas de Reserva Campesinas.

Las amenazas fueron proferidas por paramilitares que dicen pertenecer a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) Bloque Conjunto del Suroccidente Colombiano.

“Reiteramos nuestra opinión a nivel nacional, departamental y municipal, ya estamos haciendo limpieza en algunos municipios del país en donde estamos eliminando ratas, viciosos, jaladores de carros, extorsionistas, y vamos por los mal llamados líderes sociales que se escudan en ONG’s de Derechos Humanos, (Zonas) de Reserva Campesinas, líderes y guardias indígenas, Marcha Patriótica”, advierte el documento.

Las once personas ya habían sido amenazadas en otro panfleto que circuló el 2 de julio firmado por las Águilas Negras. Entre los amenazados se encuentra el líder campesino José Otero, quien en entrevista concedida a REMAP, el 13 de julio, manifestó no contar con garantías de seguridad para su vida.



Lo preocupante de estas amenazas es que evidencian un trabajo de inteligencia detallado de las actividades de las lideresas y líderes declarados objetivo militar. Saben, por ejemplo, quiénes han denunciado los hechos en la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, y quiénes permanecen o han abandonado sus territorios de origen.

“Se le recomienda a la comunidad que se alejen de estas personas ya que las hemos buscado en las comunidades y no se encuentran en sus territorios. Por el bien de su vida váyanse como lo hicieron algunos líderes, como Nilson Casamachin que salió del país, él si estima su vida”, afirman los paramilitares.

La presencia paramilitar en la zona ya fue constatada en municipios como Pradera, donde Islenio Muñoz, dirigente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava) y gerente de la iniciativa campesina Productos Soberano, ya fue amenazado por hombres armados, vestidos de negro y encapuchados, que llegaron a su lugar de residencia.


Actualmente es claro que el paramilitarismo actúa en Valle y Cauca, y que utiliza nombres fachada como “Águilas Negras” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, utilizando diversas estructuras armadas para cumplir su cometido, sin que a la fecha el Estado colombiano tome medidas para evitar los cientos de asesinatos contra líderes y lideresas sociales, algo que se agrava por su postura de negar la existencia de la estrategia y política paramilitar en país.

Leer: El paramilitarismo goza de impunidad generalizada

“Pronto se darán cuenta de nuestra presencia. Ya estamos en Pradera, Florida, Palmira, Jamundí, Miranda y Corinto. Los muertos de estos municipios no son gratis”, sentencian los paramilitares, al tiempo que afirman que darán “muerte a izquierdistas”.

Personas amenazadas: 1. José Otero, líder campesino de Florida (Valle); 2. Raquel Trujillo Mestizo Mayora Indígena de Florida (Valle); 3. Aldivier Dagua, líder Indígena de Florida (Valle); 4. Horacio Dagua, líder indígena de Florida (Valle); 5. Nilson Guainas, líder indígena de Florida (Valle); 6. Jhon Dagua, líder indígena de Florida (Valle); 7. Enelia Mestizo, líder indígena de Florida (Valle); 8. Ernesto Dagua, líder indígena de Florida (Valle); 9. Nilson Casamachín, líder indígena de Miranda (Cauca); 10. Fredy Guevara, Gobernador indígena de Miranda (Cauca); 11. Hilario Guejia, Gobernador Cabildo Indígena de Corinto (Cauca).

Redacción REMAP

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