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El movimiento feminista crece en Colombia, y gana espacio en debates que antes estaban vedados por una sociedad conservadora y oscurantista. Todo ha sido parte de su lucha. Sin ésta, sin rebeldía, debates, investigación, teorización, y acciones de hecho, esos espacios jamás habrían sido ganados.

 

Sin embargo, el patriarcado, aunque ahora es cuestionado y confrontado, y sufre algunas fisuras, realmente sigue intacto dentro de las estructuras de la sociedad.

 

Y es claro que quebrar el actual orden patriarcal, además de adelantar procesos de transformación cultural, implica una lucha por el poder político, escenario fundamental a la hora de adelantar cambios sustanciales en la sociedad.

 

Esa lucha ha llevado al movimiento feminista en Colombia, entre otras cuestiones, a tomarse en serio la participación en la contienda electoral a la Presidencia del país. Así sucedió durante la Convención Nacional Feminista organizada por el movimiento Estamos Listas, realizada los días 5 y 6 de abril en Honda (Tolima), donde las candidaturas presidenciales de Francia Márquez y Angela María Robledo fueron aplaudidas y apoyadas durante el evento.

 

Pero más allá de tener claro que el feminismo necesita disputar el poder político, en este caso, en la forma del poder expresado en la posibilidad de ser Gobierno, es necesario analizar el contexto en que esto ocurre.

 

¿Petro y Fajardo son lo mismo por ser hombres?

 

“¿Qué tenemos qué hacer? Tú ganarle a Petro, y yo ganarle a Fajardo”

Palabras de Ángela María Robledo a Francia Márquez durante la Convención Nacional Feminista

 

Una de las prioridades para defensa de la vida radica en la necesidad de derrotar a la ultraderecha enquistada en el poder. No obstante, las palabras de Ángela María Robledo dirigidas a Francia Márquez centran la atención en una confrontación que puede parecer normal, dada en buenos términos en una disputa sana por el poder, pero que en el fondo despolitiza la realidad del país, en tanto que Sergio Fajardo representa el reencauche de la derecha, y Gustavo Petro una posibilidad de cambio moderado.

 

Aunque se hable de candidaturas alternativas encarnadas en el Pacto Histórico, con Petro a la cabeza, y la Coalición de la Esperanza, donde se encuentra Fajardo, lo cierto es que el calificativo “alternativo” no aplica para ambos espacios, los cuales definirán candidaturas a la Presidencia a través de una consulta popular.

 

Lo uno y lo otro no son lo mismo. La Coalición de la Esperanza, a pesar de contar con gente valiosa, se configuró para posicionar la nueva cara de la derecha, la cara del neoliberalismo representada por Sergio Fajardo que irremediablemente ganará la consulta popular; y el Pacto Histórico es una confluencia de fuerzas donde indudablemente su candidato será Gustavo Petro, defensor del Estado Social de Derecho, de la vida de las personas por encima de los intereses del capital.

 

En este sentido, igualar en el escenario político a Petro y Fajardo, como hombres a vencer por las mujeres, es un mensaje peligroso que despolitiza el debate sobre la situación del país porque no toma en consideración lo que cada uno representa.

 

Y aunque, si bien es cierto Francia Márquez ha sido crítica y marcado su distanciamiento de Fajardo, por otro lado, Angela Robledo justifica estar junto a él en coalición, mientras algunos sectores del feminismo omiten este debate y centran su atención solo en presentar dos candidaturas que reivindican la agenda de las luchas feministas.

 

Existen diferencias, pero prima la defensa de la vida

 

Cuando de pensar en una candidatura a la Presidencia se trata, hay dos factores mínimos a ser considerados: el primero, la propuesta política de país y sociedad, y lo segundo, una cuestión matemática, de ojo frío y calculador, es decir, cuánta votación se puede llegar a obtener.

 

El problema aquí radica en lo segundo, porque tanto Francia como Ángela María, como candidatas alternativas, tienen luchas sociales y acumulados importantes en su vida política, sin embargo, ello no tiene grado de comparación frente al acumulado y posicionamiento ganado por Gustavo Petro en el imaginario de la sociedad, tanto así que es un candidato fácilmente identificable por cualquier persona en la tienda de cualquier esquina de barrio, algo que no ocurre en igual medida con las dos candidatas feministas.

 

Lo anterior es fundamental al momento de realizar un análisis, puesto que es donde la izquierda ha fallado históricamente. Y cuando nos referimos a fallar, hacemos alusión a los desaciertos cuando de posicionar un candidato o candidata se trata, sin tener clara una propuesta de propaganda que impacte, que genere recordación en la población y le permita identificarse en una persona a quien se le delegó ser vocero o vocera de un proyecto político.

 

En el caso de Petro, la recordación en la población es un hecho de contundencia, esto debido, entre otras cuestiones, a dos décadas de figurar en la discusión nacional en medios de comunicación, a su experiencia constatada de llenar plazas públicas y posicionamiento en redes sociales, y a su creciente grado de controversialidad creado por los mismos medios de comunicación que ferozmente le atacan y nunca salen victoriosos.

 

Es en este punto donde no se puede improvisar si ya existe una candidatura alternativa con amplias posibilidades de lograr la Presidencia. Lanzar otras candidaturas, a la espera de recoger resultados en el camino, resulta un desacierto que puede posicionar un nombre, un sector en particular durante una campaña electoral, pero que resta a un proceso y una necesidad más amplia que requiere sumar fuerzas contra la ultraderecha que desangra al país.

 

Existen diferencias con Petro. Y Francia y Ángela no son las únicas personas que las tienen. Muchas y muchos también las tenemos. No obstante, sabemos que detener el desangre del país está por encima de nuestra “pulcritud” ideológica que nos lleva a realizar una mala lectura de la realidad del país, por lo menos, en lo electoral, ubicando en primer lugar un ego ideológico o sectorial que nos enceguece.

 

También sabemos que con Petro en la Presidencia el desangre del país no se detendrá de un momento a otro, pero sí propiciará mejores espacios para defender la vida y fortalecer el movimiento social colombiano. El no pensar en ello sería repetir el desenlace fatal producto de quienes promovieron el voto en blanco en las pasadas elecciones a la Presidencia, dando ventaja a la ultraderecha que continuó con su política de hambre, saqueo y muerte para el pueblo.

 

El voto en blanco fue un victimario más. Y quienes lo promovieron con pleno conocimiento de causa, entre los que se destacan Jorge Robledo y Sergio Fajardo, hoy candidatos de la Coalición de la Esperanza, con algún grado de responsabilidad tienen sus manos manchadas de la sangre y el hambre que trajo la mafia que se enquistó en el poder.

 

Acompañar la candidatura de Petro representa hacerlo a pesar de nuestras diferencias, porque la vida lo reclama en momentos de barbarie, entendiendo que es la única posibilidad real de llegar a la Presidencia, sin otorgar ventajas con discursos de otras candidaturas que, a veces sin saberlo, crean fracturas, envían mensajes confusos, y ponen en riesgo el resultado electoral que requiere el país.

 

Es por ello que algunos procesos de mujeres y género también le apuestan a la candidatura de Gustavo Petro, entre éstos se encuentra Feministas y Plebeyas que, sin abandonar las contradicciones y críticas que tienen al interior de sus movimientos como Colombia Humana, saben que en este momento prima asegurar espacios para defensa de la vida y construcción de otro tipo de sociedad.

Por: Alexander Escobar 

Hace unos años, cuando se llegó a posicionar en la academia y la opinión pública el término “postconflicto”, se consideró como una cuestión anhelada pero profundamente cuestionada en su significado. Hoy en día, la realidad nos da un duro golpe que da razón a dichos cuestionamientos. En el Cauca, difícilmente se pudo decir que llegó a un postconflicto, puesto que la salida de las FARC-EP de la arena político-militar implicó una oportunidad para que los grupos armados que permanecían en la zona, incluso integrantes de las FARC-EP que no se acogieron al Acuerdo de Paz, intentaran tomar control de los territorios vaciados.

 

El día 26 de marzo, la realidad de la guerra se hizo evidente una vez más en dicho departamento: un carro bomba puesto a las afueras de la Alcaldía de Corinto, hostigamientos en Caldono, Inzá y Belalcázar, y combates entre estructuras armadas post-desmovilización denominadas “Carlos Patiño” e integrantes del Frente José María Becerra del ELN en la jurisdicción de El Plateado (Argelia). Esta última situación, sin embargo, no contó con la visibilización necesaria ante la opinión pública. De ahí la necesidad de ubicar un breve contexto para dar cuenta de estos hechos.

 

Argelia se encuentra ubicada en el costado sur del departamento del Cauca, un territorio colonizado en las postrimerías de la Violencia Bipartidista, bañado por las aguas del Rio Micay. A lo largo de su corta historia -fundada en 1967-, su dinámica se encuentra atravesada por la dinámica organizativa de sus habitantes, la presencia histórica de las FARC-EP con sus Frentes 8 y 60, como también la economía cocalera surgida, como en muchas otras partes del país, producto de la falta de oportunidades para el desarrollo de las economías campesinas, sumado a la ausencia de una presencia estatal efectiva en el territorio. Estas tres situaciones han generado todo un fenómeno de estigmatización a su población, y frente a ello, la respuesta histórica del Estado se ha centrado en colmar el territorio de Ejército, glifosato y batallones para la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, una fórmula que ha conllevado a una crisis de Derechos Humanos donde el campesinado ha resultado sumamente afectado por la senda de muerte y atraso que deja, tras su paso, la dinámica de la guerra.

 

De ahí que, con la firma del Acuerdo de Paz, en el municipio emergieron anhelos de esperanza, pues se esperó que, con su implementación, atendiendo puntos como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET y los Planes Integrales de Sustitución de cultivos de uso ilícito PNIS, se solventaría la deuda histórica del Estado con el campesinado argeliano. De hecho, en el municipio se respiró un ambiente de paz durante tres años, entre 2016 y 2018, quebrando con ello la supuesta tesis que afirma “donde hay coca, hay violencia”. Sin embargo, al municipio llegaron actores armados como el Frente José María Becerra del ELN, quienes decidieron bajar de El Tambo para expandir su influencia en Argelia y, posteriormente, el autodenominado “Frente Carlos Patiño – FARC-EP”.

 

Este último grupo, como una estrategia de crecimiento en sus tropas, buscaron a las y los excombatientes, en proceso de reincorporación, que conformaron una Nueva Área de Reincorporación en el municipio, más concretamente en el sector de Santa Clara, donde adquirieron una finca para el desarrollo de sus proyectos productivos. Al encontrar el rechazo del grupo de excombatientes frente a la propuesta de retomar las armas, el “Carlos Patiño” arremetió contra dicha población, ubicándola como objetivo militar, persiguiéndolas e, incluso, organizando una campaña mediática en contra de sus, entonces, comandantes, Caliche y Pocillo, acusándolos de organizar un nuevo grupo armado en el municipio. Mientras tanto, estas dos personas, junto con un segmento de la población excombatiente -pues mucha de esta población tuvo que salir desplazada- permanecen en el municipio, cumpliendo con los compromisos pactados en el Acuerdo Final de Paz.

 

Estos grupos, desde el año 2019 hasta la fecha, se encuentran enfrentados por el control territorial del Cañón del Micay. Y no es para menos, pues en este Cañón se encuentra un enclave cocalero que, de acuerdo con el Informe SIMCI de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito UNODC, hay alrededor de 9.000 hectáreas de coca sembradas, sin embargo, la comunidad de la zona afirma que el número de hectáreas puede superar las 15.000 hectáreas. De igual forma, en el Cañón se encuentra la ruta de salida de la cocaína para el Océano Pacífico.

 

No obstante, lo anterior no es el único factor de disputa territorial, puesto que, desde hace años, existen intereses minero-energéticos que hacen del municipio un botín estratégico y geopolítico de grandes dimensiones: por un lado, existen solicitudes para la explotación de minerales como oro, cobre y derivados, por parte de empresas como Anglo American Colombia Exploration, y otras que suman, aproximadamente, 19.000 hectáreas que representan el 28% del territorio argeliano.

 

Por otro lado, desde la década de los 80 existen intereses de construir una represa sobre el río Micay, denominada “Arrieros del Micay”. A pesar de que se hicieron estudios de prefactibilidad en 1988, el proyecto pretende retomarse desde el año 2016, lo cual afectaría social y ambientalmente la región, teniendo en cuenta las tragedias ocurridas en otras represas como El Quimbo e Hidroituango.

 

Estos enfrentamientos han sumido a Argelia en un recrudecimiento de las dinámicas de violencia similar a lo ocurrido en la Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la operación Espada de Honor I, II y III, como también el escenario de violencia que sacudió, especialmente, al corregimiento de El Mango en el año 2015, lo que conllevó a que la población civil sacara a la Policía de la zona.

 

El otro factor, el último de tantos, es el mencionado al inicio del escrito, cuando integrantes del Grupo “Carlos Patiño” y el ELN, se enfrentaron en el casco urbano de El Plateado, desencadenando un desplazamiento forzado de más de dos mil personas que terminaron refugiándose en el coliseo de la cabecera municipal de Argelia, y en otros corregimientos como Puerto Rico.

 

Hoy en día, la gran mayoría retornaron al corregimiento, quedando tan solo un grupo de cincuenta personas asentadas en el coliseo, esperando que se cuenten con garantías reales para el retorno. Sin embargo, esto parece lejos de consumarse, pues se escuchan rumores de que la “Carlos Patiño” se reforzará con las demás estructuras del “Comando Coordinador de Occidente”, con el fin de desplazar al ELN de la ecuación y tomar control total de Argelia, tanto de su territorio como de su población.

 

Por su parte, el ELN continúa actuando bajo una lógica autónoma, federada, lejos de la expectativa que sería la retoma de los Diálogos de Paz con el Gobierno de Iván Duque, quien descartó dicha posibilidad de tajo, y de la cual las organizaciones sociales continúan en la tarea de solicitar la continuidad de lo iniciado en Quito y La Habana.

 

De esta forma, lo que ocurre en Argelia no puede entenderse desde visiones simplistas ni superficiales, tanto las motivaciones como la caracterización de los actores armados presentes en el municipio. Lo que sí es cierto es que en Argelia la inversión social, a raíz del Acuerdo de Paz, es muy poca. Por ejemplo, aspectos como la implementación del PDET y el Acuerdo de Sustitución de Cultivos en el municipio, firmado por más de 11.000 familias en marzo del 2018, se recargaron bajo la total responsabilidad de la Alcaldía Municipal, y no se han materializado por falta de voluntad política del Gobierno de Iván Duque. Además, afectando en forma contraria a la implementación de estos puntos del Acuerdo de Paz, a través del discurso gubernamental de “Paz con Legalidad”, se sigue con la misma fórmula de siempre: aumento de la Fuerza Pública y erradicación forzosa, incluso, bajo la preocupación de la retoma del uso del glifosato, suspendido desde el año 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

 

En este territorio, sus habitantes consideran que el Gobierno Nacional hizo realidad la premisa de su partido político, Centro Democrático, al proponer “hacer trizas” el Acuerdo de Paz, firmado en La Habana producto, entre otras cosas, de la movilización social protagonizada por las víctimas de la guerra. Mientras tanto, la población civil sufre con los ataques de los diversos actores armados, ante la mirada pasiva de la Fuerza Pública que, siquiera, adelantan acciones contundentes para controlar la escalada violenta.

 

En este rincón del Cauca y, en general en el territorio nacional, la Paz se ha reducido a una mera cuestión de “supervivencia” y el anhelado “postconflicto” en un término que carece de significado en este territorio. 

Por: Cristian Castaño*

 

 

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*Cristian Castaño es Trabajador Social de la Universidad del Valle, Especialista en Educación en Derechos Humanos – Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Estudiante de la Maestría en Estudios Sociales y Políticos, Modalidad Investigación – Universidad ICESI. Integrante del Equipo Coordinador de La Cartilla – Educación para la Paz y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Valle del Cauca.

Vivimos atravesados por afectos efímeros y otros que perduran o son permanentes. Y lo que sentimos está aferrado a la fuerza de las emociones que se ligan a la memoria. De este modo los sentimientos, atravesados por un flujo de afectos que entrañan pasiones y abismos, elevan la memoria más allá de un sistema de datos, sucesos, cifras y acontecimientos que marcan un periodo de tiempo o experiencias particulares, o vivencias de comunidades que son estudiadas por las ciencias humanas.

 

La memoria es sentimiento de permanencia que nutre nuestros cuerpos con historias afectivas de vida, que transforman miradas en mapas que a veces delatan y trasparentan lo que somos, o brújulas que esconden pasos marcados por la espera que habita tras cada puerta, tras cada umbral: trochas zigzagueantes con tropiezos, una aventura en picada o en subida que camina gracias a nuestras experiencias.

 

Sin embargo, el cuerpo –esa bella mezcla de biología, decisiones y memorias– no es eterno, al final se desvanece. Su desaparición no siempre ocurre por los ciclos cambiantes, en movimiento, de la vida, por aquello que llamamos “de forma natural”. Muchos cuerpos son borrados a la fuerza, pretendiendo arrastrar con ello memorias que afectan el orden establecido, el statu quo.

 

Pero la memoria es un sentimiento terco, ligado a la dignidad, donde los afectos toman un lugar político. No hay acciones que no las mueva una emoción, una pasión, una memoria afectiva de dignidad. No hay calle tomada ni consigna contra el poder que no emane de un corazón abierto.

 

Y así como se ama el aliento cercano, las cotidianidades compartidas, de igual modo, en algún momento, se odia y se maldice, o se busca venganza contra lo que desde el poder asesina y nos arrebata cuerpos, vidas que fueron luchas y memorias de dignidad que heredamos.

 

Dentro de ese trasegar puede suceder que nos ocultemos a sentimientos que producen ira, negar la rabia que genera la injusticia. Esta es una situación que refleja un alma que, por vergüenza o prejuicio de lo “políticamente correcto”, niega sus intensidades, provocando el aplazamiento de una responsabilidad afectiva que tramite emociones que pueden terminar en tragedia y desilusión.

 

Sucede también que ello desencadene escenarios donde personas profesan una vida bañada por una luz permanente, un estado de tranquilidad perpetuo, siendo esto una sutil forma de ocultar que al final escogieron el exilio para su alma, una máscara que oculta su decisión de preferir huir del dolor que produce la impotencia, un artificio para tapar con una luz cegadora nuestra incapacidad de cambiar el orden establecido, ya y para siempre. Así sus vidas se convierten en faroles que profesan iluminación para cegarse a ellos mismos y a quienes les rodean y siguen.

 

Está bien el sentirse agotado y querer abandonarlo todo en algún momento, el asilarse y darse un tiempo a solas, porque nuestras vidas son crisis permanentes de tramitar emociones que incluyen la desilusión y el dolor, y las formas en que podemos vivir a pesar de ello.

 

Lo que no está bien es entregarnos a la desesperanza, el profesar una derrota inexistente que se olvida de quienes se encuentran dándolo todo, hasta su vida, como sucede desde hace siglos, desde cuando nuestros pueblos indígenas fueron masacrados al estar en desventaja frente al poderío militar de los españoles.

 

Muy a pesar de las masacres vividas en tiempos de la Conquista, y tiempos de repetidas configuraciones del terrorismo de Estado, de repetidas masacres del paramilitarismo que perpetúa a una clase social en el poder, es importante recordar que a veces somos el camino, la trocha que se transita, pero no siempre la llegada.

 

Y se habrá de llegar porque hay una memoria digna cuya herencia afectiva nos lleva a luchar a las calles, y a todos los escenarios de la vida donde haya que combatir hasta derrotar a la tiranía.

 

Por: Alexander Escobar

En la ciudad de Palmira (Valle del Cauca) existe el Programa Municipal de Concertación Cultural, el cual permite a artistas, organizaciones, gestores y gestoras culturales presentar proyectos que, luego de ser evaluados, obtienen asignación presupuestal para su implementación.


El programa aprueba hasta un 50% del valor total del proyecto. Es decir, por ejemplo, si un proyecto tiene un costo de ejecución de 20 millones de pesos, el municipio solo le otorga 10 millones. Sin embargo, de esos 10 millones, lo común es que realmente se obtenga entre 3, 4, 5, 6 o 7 millones, esto debido a que el presupuesto se asigna según el puntaje dado por el jurado evaluador al proyecto, y según el número de proyectos seleccionados en un área o línea artística, con los cuales se promedia el presupuesto antes de ser asignado.

 

Obviamente no todas las propuestas son seleccionadas. No todas alcanzan el puntaje necesario para ser apoyadas por el municipio. Este año, 2021, uno de los proyectos que no obtuvo el puntaje requerido fue Vení Contame Ve, un festival de narración oral que lleva 15 años realizándose en Palmira.

 

El caso del festival Vení Contame Ve es un tema que ejemplifica dos problemas: el primero, la ausencia de una política que proteja la realización de festivales de trayectoria en el municipio; y el segundo, el desconocimiento del Concejo de Palmira de la problemática cultural y realidades del sector artístico del municipio, algo que quedará claro más adelante.

 

Para entender lo anterior es necesario conocer que las últimas versiones del Vení Contame Ve, durante la administración pasada y el primer año de la actual, gozaron de asignación presupuestal directa del municipio, en otras palabras, no necesitaba pasar por el Programa Municipal de Concertación para obtener recursos, no tenía que concursar. En el 2020, el presupuesto asignado que obtuvo fue de 32.999.000 pesos.

 

Sin embargo, el Vení Contame Ve no es el único festival de trayectoria en el municipio. Otros festivales también cuentan con una antigüedad que va desde los 10 hasta los 15 años de permanencia, y su destino obligado ha sido concursar para obtener recursos, logrando un presupuesto que oscila entre los 7 y 15 millones de pesos aproximadamente, menos de la mitad del presupuesto que asignaban de forma directa al festival de narración oral.

 

Esta problemática es totalmente desconocida en el Concejo de Palmira, cuyos debates centran su preocupación, de forma oportunista, en que la asignación presupuestal para el Vení Contame Ve fue descartada, obligándole a concursar junto a los más de 100 proyectos presentados este año al Programa de Concertación.

 

Pero el Vení Contame Ve no es el único festival que este año no fue seleccionado por el Programa de Concertación. El Titirefestival Internacional de Palmira, que cuenta con una trayectoria de 15 años, tampoco obtuvo el puntaje requerido. Y el año anterior (2020), el festival Cultura al Parque, con 10 años de permanencia, también quedó por fuera de los seleccionados, aunque posteriormente, a través de un dialogo con la Secretaría de Cultura, logró algún tipo de apoyo.

 

Estas realidades no han sido tema de discusión del Concejo de Palmira, como se constata en la sesión del pasado 19 de marzo, cuando fue presentado el informe de gestión a cargo de la secretaría de Cultura del municipio, donde el tema que copó el debate estuvo, en gran parte, orientado a discutir la no asignación de presupuesto directo al Vení Contame Ve.

 

Ver: Sesión del Concejo del 19 de marzo

 

Este es solo un pequeño ejemplo de las realidades adversas que vive el sector artístico de Palmira y el país, y que desconoce el Concejo de Palmira. De igual manera ejemplifica el modo oportunista de quienes, utilizando la tragedia que vive el festival Vení Contame Ve, abanderan vocerías dentro del Concejo en nombre de la cultura para mejorar su imagen en redes sociales, a la vez que ocultan que no agencian presupuesto y políticas culturales para atacar el trasfondo, el cual es, en este caso, que no existe una política pública que proteja los festivales que cuentan con trayectoria en el municipio.

 

Este problema no solo afecta al Vení Contame Ve, afecta también a aquellos festivales que no han sido defendidos dentro del Concejo y que requieren una asignación presupuestal directa para sus actividades. Hoy el Titirefestival Internacional de Palmira, que año tras año debe concursar, también quedó sin presupuesto, y no se ven o escuchan golpes de pecho en el Concejo llamando la atención sobre lo sucedido, y menos formulando proyectos de acuerdo en favor de la política cultural bajo un contexto aterrizado de lo que pasa en el municipio.

Por: Alexander Escobar | Foto: Archivo


Un nuevo capítulo atroz de crímenes de guerra cometidos por el Estado colombiano se abre en Colombia. A las más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, donde personas de familias humildes eran engañadas, asesinadas, y posteriormente uniformadas con camuflado para hacerlas figurar como bajas en combate contra la guerrilla, ahora se suma el bombardeo contra menores de edad reclutados para la guerra.

 

Leer: Bombardear menores ejemplifica la lucha de clases

 

Los casos más recientes sucedieron en 2019 mientras fue ministro de Defensa Guillermo Botero, y este año, 2021, ocurrió ahora que el ministro es Diego Molano, quien ha calificado a los menores bombardeados como “máquinas de guerra”.

 

El bombardeo de 2021 sucedió el 2 de marzo en el departamento de Guaviare contra la guerrilla de las Farc. Y, del mismo modo que ocurrió en el bombardeo del 29 de agosto de 2019 en San Vicente del Caguán, el reporte de los menores asesinados durante la acción atroz del Estado colombiano fue ocultada.

 


Hasta el momento los cuerpos sin vida de tres niñas menores de edad han sido identificados, luego que fueron reportadas como desaparecidas por sus familias. Sin embargo, una larga lista de niñas y niños desaparecidos en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá crece con el tiempo, y parece indicar que el número de menores asesinados en este bombardeo, lamentablemente, irá en aumento.

 

Para las familias de las y los menores desaparecidos que alzaron su voz denunciando lo que está pasando en sus veredas y corregimientos, en la zona rural de la Colombia profunda, las amenazas y hostigamientos contra sus vidas han llegado desde muy temprano, tal como se dio a conocer esta semana en un documento, con fecha del 9 de marzo, dirigido por el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta a funcionarios del Estado y autoridades municipales y departamentales.

 

El documento se da luego que Diego Molano, ministro de Defensa, catalogara a los menores de edad víctimas del conflicto como “máquinas de guerra”, y denuncia “que algunas familias ya están siendo amenazadas con el fin de acallar sus voces y evitar que se conozca la verdad de lo sucedido” (ver documento).

 

El Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta además evidencia la indolencia del Estado y la forma como trata a las y los menores víctimas de la guerra y el abandono estatal.

 

“Genera una alta preocupación que se presente a estos jóvenes y menores de edad como 'máquinas de guerra', según lo afirma el ministro de Defensa, cuando en realidad lo que son es víctimas de los actores armados al margen de la ley, y ahora son revictimizados por el Estado, el que además nunca se preocupó por su suerte”, indica el comité de Derechos Humanos.

 

“Estos jóvenes y menores de edad, junto con sus familias, sufren el abandono estatal y la exclusión social, sus derechos son de continuo vulnerados y nunca garantizados, al tiempo que viven en regiones en las que la guerra y la violencia nunca cesó. No puede ser entonces que las víctimas por esa misma condición, sean tildadas como ‘máquinas de guerra’”, agrega el comité.

 

El documento también contiene una serie de demandas al Estado que permita esclarecer los hechos, del mismo modo que se brinde atención a las familias durante este proceso, y le exige que “se abstenga de seguir realizando este tipo de operativos (bombardeos) mientras no tenga total certeza de que se dirigen contra objetivos legítimos de guerra”.

Redacción REMAP | Foto: @Tercer_Canal


El reclutamiento de menores para la guerra no afecta a familias poderosas de Colombia como la Sarmiento Angulo, la Santos, la Santo Domingo, y menos a la del expresidente Uribe o el ministro de Defensa Diego Molano que, al igual que su antecesor Guillermo Botero, bombardea campamentos guerrilleros sin importar que en éstos haya niños y niñas.

 

Dentro de sus métodos de propaganda para justificar la barbarie, el Gobierno nunca pierde. “Reclutamiento forzado de menores”, dice, con voz quebrada, cuando de responsabilizar a la guerrilla se trata. “Máquinas de guerra”, balbucea, en tono militar, cuando de arrojar toneladas de explosivos contra niños y niñas en campamentos guerrilleros es la tarea.

 

Lanzan bombas a la par que obsequian dineros del Estado a la banca privada durante la pandemia. Muerte y sangre para unos, y prebendas y arrodillamiento frente a otros. Así mientras una niñez desamparada es condenada al fuego y metralla de sus aviones y fusiles, una clase económica privilegiada recibe, a modo de saqueo, el dinero que pertenece al pueblo colombiano.  

 


Es una clase monstruosa en el poder que masacra a través del paramilitarismo, que ha decapitado y jugado futbol con las cabezas de sus víctimas, que ha utilizado hornos crematorios para desaparecer cuerpos, historias de vida y luchas, que ha asesinado a personas humildes para luego uniformarlas y hacerlas parecer combatientes de la guerrilla, y que ha matado miles de líderes y lideresas sociales y militantes de partidos como la Unión Patriótica para apropiarse de territorios, del Gobierno, y mantener un modelo económico que favorece los intereses de una clase criminal.

 

Son una minoría privilegiada, a la fuerza, que solo obra y habla de acuerdo a sus intereses, sed de poder y acumulación de capital. Por ello las palabras del ministro de Defensa Diego Molano que cataloga a niñas y niños bombardeados como “máquinas de guerra”, al tiempo que afirma que sus expresiones son producto de “la realidad de la guerra”, son solo el vómito que esconde una verdad, un trasfondo: todo su accionar obedece a la realidad de la clase que defiende, y que está en guerra contra el pueblo, contra una clase humilde y oprimida.

 

Hablamos de esa misma clase social que induce al pacifismo estéril, con un lenguaje de sometimiento que habla de “formas correctas de protestar” solo para adormecer la indignación y luchas de quienes enfrentan al Gobierno con acciones de hecho y rebeldía en calles y carreteras del país.

 

Es una clase social que manipula para que se castigue y excluya a quienes cuestionan su poder y denuncian sus atrocidades en las paredes, mientras quedan libres para bombardear menores que pertenecen a una clase humilde, sin escuelas, hospitales y trabajo digno en cientos de territorios de la Colombia profunda.

 

Porque cuando bombardean, no bombardean a “maquinas de guerra”, como quieren hacerlo parecer. No. Lo que bombardean es la cotidianidad de la niña que iba de casa en casa tratando de conseguir conexión a internet para asistir a clases y realizar las tareas del colegio, el día a día del niño que debió salir a trabajar recogiendo coca para dar alimento a su abuela enferma y sus hermanos menores, la angustia de la menor que huyó de casa para evitar ser abusada sexualmente por su padrastro o algún familiar.

 

Están bombardeando una clase humilde que no les importa, puesto que sus hijas e hijos no padecen necesidades materiales, y tampoco viven las realidades de la niñez que termina en las filas de la guerrilla, que además incluye el peso de un Acuerdo de Paz incumplido, traicionado, que no trajo el fin de la guerra a sus territorios, que tampoco llevó justicia social, y donde excombatientes están siendo asesinados luego de dejar las armas.

 

Es una clase que usa su poder para bombardear a otra y, de paso, bajo la excusa de combatir “máquinas de guerra”, tratar de esconder toda la iniquidad provocada durante décadas que se han perpetuado en el poder a sangre y fuego.

 

Es una clase social monstruosa y criminal, que niega su existencia para evitar ser incriminada, para evitar ser objetivo de la ingenuidad de una clase humilde, que no se reconoce a sí misma, que piensa que hablar de lucha de clases es algo caduco, sin sentido, que promueve el odio.

 

Hablar de lucha de clases es desenredar cómo nos han explotado, asesinado y masacrado a lo largo de la historia. Es incluir con dignidad discusiones para enfrentar a una clase criminal cuyo grado de barbarie despliega su crudeza, de forma abierta y sin ninguna vergüenza, catalogando a nuestra niñez como “máquinas de guerra”, so pretexto para bombardearles y masacrarles.

 

Debemos recordar que hay una clase monstruosa y criminal que nos ve como cosas, objetos desechables. Del mismo modo que utilizó a comunidades indígenas y afrodescendientes para esclavizarles disponiendo de sus vidas a su antojo, ahora llama a nuestros niños y niñas “máquinas de guerra” para deshumanizarles y asesinarles.

Por: Alexander Escobar

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