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El 2 de julio, 18 personas en los departamentos de Cauca y Valle fueron declaradas objetivo militar por paramilitares que dicen pertenecer al Bloque Occidental de las Águilas Negras. Estas personas se destacan por liderar procesos sociales, comunitarios, campesinos, indígenas y trabajar por la defensa de los Derechos Humanos.


El 13 de julio REMAP dialogó con José Otero, uno de los líderes amenazados que vive en el corregimiento La Diana, zona rural del municipio de Florida (Valle del Cauca).

Para el líder campesino, las amenazas –que hacen parte de la estrategia paramilitar que imparte órdenes desde el poder político y económico– podrían provenir de sectores de la economía que tienen intereses en una zona donde los ingenios azucareros monopolizan el agua, y en la cual el desarrollo de una carretera de 1.450 kilómetros, proyecto conocido como Conexión Pacífico-Orinoquía, pasará afectando gravemente los ecosistemas y la vida de las comunidades.



Florida es uno de los 170 municipios donde se adelanta el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), iniciativa que surgió del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el hoy partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

A pesar de las diferencias con el Gobierno, y el incumplimiento de éste en la implementación del Acuerdo de Paz, los PDET constituyen una herramienta para el empoderamiento de las comunidades en el territorio, las cuales cuentan con procesos organizativos que representan una amenaza para la política neoliberal que requiere del paramilitarismo para continuar imponiéndose a sangre y fuego. Las amenazas contra José Otero son tan solo una pequeña muestra de ello.

Redacción REMAP


Amenazas que fueron conocidas el 6 de julio contra estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Palmira, guardan relación con un trabajo de inteligencia que el paramilitarismo desarrolla en el departamento del Valle del Cauca y que afecta a otros municipios del norte del Cauca como Corinto y Miranda.

Un breve recorrido por los hechos

El sábado, 7 de julio, en el municipio de Guacarí (Valle del Cauca) fue asesinado el líder campesino Fernando Gómez, dirigente de la Asociación Mixta Indígena y Campesina (Asomic). Días antes, 2 de julio, a través de un panfleto paramilitares de las Águilas Negras habían declarado “objetivo militar” a organizaciones indígenas y campesinas de Valle y Cauca.  


Previo a estos hechos, otro caso también se había registrado. El 29 de junio, en zona rural de Pradera (Valle del Cauca), Islenio Muñoz, dirigente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), fue amenazado por hombres armados, vestidos de negro y encapuchados.


Y hace poco otras amenazas contra el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Palmira, fueron conocidas luego que el Proceso de Organización Estudiantil (PROES) denunciara “reiteradas amenazas (vía telefónica y panfletos)” que ponen en riesgo la vida de sus integrantes.

Andersson Montes, representante estudiantil ante el Consejo de Sede, Francisco Romero, representante estudiantil de la Facultad de Agronomía, y Juan Camilo Otero, estudiante de Ingeniería Agronómica, son los estudiantes directamente afectados por hechos que vienen ocurriendo hace más de un mes.

La conexión de los casos

El PROES fue uno de los sectores en Palmira que apoyó la campaña a la Presidencia de Gustavo Petro; y las amenazas contra sus integrantes iniciaron el 29 de mayo, dos días después que el candidato de la ultraderecha, Iván Duque, sacara, en primera vuelta, la mayor votación a la presidencia.

Ese día la amenaza ocurrió durante una actividad del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional, cuando el estudiante Andersson Montes recibió la llamada de una mujer que le advirtió: “Lo mejor es que se vaya con sus ideales a otro país u otro lugar donde sí tengan aceptación”.

Unos días después, el 4 de junio, de nuevo una mujer llamó al estudiante reiterando las amenazas: “¿Ya pensó las cosas? Qué pensó de lo último que hablamos. No sería tan chévere que su familia lo llorara por estar de redentor”.

Luego otro integrante del PROES se vio afectado por las amenazas. En el panfleto de paramilitares de las Águilas Negras del 2 de julio, que ya referenciamos, José Otero, padre del estudiante Juan Camilo Otero, quien vive en el corregimiento La Diana del municipio de Florida (Valle del cauca), fue declarado objetivo militar.



El panfleto hace referencia a organizaciones indígenas y campesinas con presencia en municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca, y Miranda y Corinto en el norte del Cauca. En éste también reiteran las amenazas contra Islenio Muñoz, dirigente campesino de Astracava.

Las amenazas del 2 de julio evidencian, por lo menos, las conexiones con Palmira, Pradera y Florida del trabajo de inteligencia que el paramilitarismo intensificó después que la ultraderecha volvió al poder en Colombia, un hecho de suma gravedad que ya cobró la vida del líder social Fernando Gómez en Guacarí.

Estos casos no son hechos aislados como quiere presentarlos la institucionalidad. Por el contrario, muestran una coordinación en el departamento del Valle que demanda el pronunciamiento y acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales que permitan hacer frente al plan criminal de la estrategia paramilitar que, después de cobrar la vida de 311 líderes y lideresas sociales en dos años y medio, el Gobierno se niega a reconocer.

Redacción REMAP

El paramilitarismo no se define por el tipo de estructura armada empleada para desarticular y asesinar a la oposición política y organizaciones sociales. Al paramilitarismo lo define la intencionalidad política, los autores intelectuales que utilizan cualquier expresión armada para cumplir los fines políticos de perpetuarse en el poder.           

El asesinato del humorista Jaime Garzón, ejecutado por la banda criminal La Terraza, cuya responsabilidad intelectual recae en la Fuerza Pública, los organismos de seguridad del Estado y el excomandante paramilitar Carlos Castaño Gil, es claro ejemplo de cómo cualquier estructura criminal es utilizada para perpetuar un modelo económico y político que derrama la sangre de la oposición y el pensamiento crítico.

Sin embargo, el Estado implantó en el imaginario de la sociedad un referente que asocia paramilitarismo con estructuras armadas y mandos definidos, valiéndose para esto de su experiencia con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estrategia paramilitar que se caracterizó por contar con estructuras armadas identificables y mandos visibles.

Los orígenes del paramilitarismo indican que no es la estructura lo que lo define, sino la política que lo mantiene. Las estructuras se desmontan, descentralizan o mutan, pero la política paramilitar nunca desaparece. Es de recordar que su nacimiento involucra a integrantes de la Escuela Especial de Guerra de los Estados Unidos, quienes en 1962 visitaron el país recomendando la conformación de grupos paramilitares.

Lo anterior se constata, como lo relata el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en el informe del General Yarborough, director de investigaciones de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, quien en un suplemento de carácter secreto recomendó, en caso de ser necesario, “impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra conocidos partidarios del comunismo”.

Ya sea contra el comunismo, el anarquismo, la izquierda, el petrismo, contra quienes “no quieren el progreso”, o cualquier otro calificativo que se les ocurra, el fin de la estrategia paramilitar, principalmente, es asesinar y desarticular procesos sociales y comunidades que representa un obstáculo para el actual régimen corrupto neoliberal.

Bandas criminales (Bacrim), Grupos Armados Organizados (GAO), narcotraficantes y delincuencia organizada, son algunos de los nombres y formas criminales que encubren la política paramilitar, estructuras armadas que asesinan a líderes y lideresas sociales, y bajo las cuales se escuda el Estado para negar la existencia del paramilitarismo.

El paramilitarismo que no existe en Pradera

El 29 de junio, Islenio Muñoz, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Valle del Cauca (Astracava) y gerente de la iniciativa campesina Productos Soberano, fue amenazado por hombres vestidos de negro, encapuchados y armados que llegaron hasta su vivienda ubicada en el corregimiento Bolo Blanco, zona rural del municipio de Pradera (Valle del Cauca).

Las amenazas provocaron el desplazamiento del dirigente agrario y su familia, y estuvo acompañado de un trabajo de inteligencia que incluyó preguntas sobre otras personas de la zona, así como el robo de información depositada en documentos y material audiovisual, según denunció la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes (REDDHFIC).



José Otero, uno de los líderes amenazado

Frente a estos hechos, el Gobierno municipal ha respondido no con preocupación por la presencia paramilitar en la zona, sino con preocupación porque esto ponga en riesgo el proyecto turístico “La vuelta al cielo”, proyecto inconsulto y cuestionado por algunas comunidades campesinas de Pradera que plantean otras necesidades y prioridades en la política pública.

Silenciar esta problemática para beneficio de la “buena imagen” del municipio, mientras el riesgo es inminente para las comunidades de la zona, es la constante que organizaciones como Astracava han sentido por parte del Gobierno municipal, tal como lo expresa Kennedy Campo, dirigente de esta organización campesina:

La administración municipal lo que quiere es callar esta situación, y como organización campesina rechazamos esa posición del Gobierno territorial porque nosotros estamos en peligro latente, es una situación muy crítica”.

El caso de Pradera sirve para ilustrar la estrategia del Estado de negar la política paramilitar. Al no existir estructuras claramente identificables, como lo fueron en su momento las AUC, o dándoles calificativos de “bandas criminales” o Grupos Armados Organizados (GAO), niega la sistematicidad de los asesinatos de líderes y lideresas sociales y permite que los crímenes del paramilitarismo prosigan.

La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes viene acompañando a las comunidades y denunciando esta situación. Darnelly Rodríguez, coordinadora de la red, manifiesta que previo a las amenazas contra Islenio Muñoz ya había presencia de este grupo paramilitar en Pradera.

La defensora de Derechos Humanos también agrega que la situación es preocupante porque “estos casos la institucionalidad ha querido desligarlos de la gravedad que representan, simplemente porque no se tiene concretamente identificado el grupo armado que hace presencia en la zona, porque no se tiene un nombre de ellos”.

Lo que sucede en Padrera es ejemplo de la forma y estrategia generalizada para permitir la expansión del paramilitarismo en el país. Negar su existencia bajo análisis y excusas que solo se refieren a este plan criminal como una estructura armada, es la infamia que invita a desconocer que el paramilitarismo nunca fue desmontado en Colombia, en tanto que como política siempre ha estado vigente para asesinar a la oposición política y el pensamiento crítico.

Por: Alexander Escobar

Paramilitares, que afirman pertenecer al “Bloque Occidental de las Águilas Negras”, este lunes, 2 de julio, declararon objetivo militar a 18 personas pertenecientes a organismos defensores de Derechos Humanos, cabildos indígenas, y otras organizaciones como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y Marcha Patriótica. 

Leer: Amenazas contra estudiantes en Palmira evidencian un plan paramilitar en el Valle del Cauca


José Otero, uno de los amenazados

Las amenazas fueron proferidas a través de un panfleto que busca justificar la estrategia paramilitar, su accionar criminal, acusando falsamente a lideresas y líderes de ser “colaboradores de los disidentes de las FARC”. De igual manera las amenazas las hicieron extensivas para quienes apoyaron la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia, y cubren municipios en departamentos de Cauca y Valle.

Leer: El paramilitarismo que no existe en Pradera

“El comando occidental de las Águilas Negras hemos declarado objetivo militar a todos los colaboradores de los disidentes de las FARC y a todos que apoyaron al HP de Petro en las pasadas elecciones: Astracava, Fensuagro, Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), Marcha Patriótica y Gobernadores Indígenas de Pradera, Florida, Miranda y militantes que apoyaron al hijueputa de Petro”, advierten los paramilitares.

Entre las personas declaradas objetivo militar se encuentra Islenio Muñoz, dirigente de Astracava y gerente de Café Soberano, quien hace menos de una semana, el 29 de junio, fue amenazado por hombres armados que, identificándose como paramilitares, ingresaron a su vivienda y hurtaron dinero, efectos personales e información perteneciente a la organización campesina.


“Para nosotros no existe ningún esquema de seguridad que los proteja, tenemos información concreta de nuestras redes de inteligencia que nos suministran información clara y precisa de todas las actividades diarias de sus familias, de los sitios de trabajo”, afirma el panfleto.

Leer: "La única garantía que yo tengo es mi ángel de la guarda"

Frente a la gravedad de la situación, donde queda claro que el paramilitarismo se extiende por todo el territorio sin control alguno por el Gobierno, diversas organizaciones sociales hacen un llamado urgente y solidario a organismos nacionales e internacionales para que acompañen, verifiquen y adelanten todos los mecanismos necesarios para garantizar la la vida de las personas y organizaciones amenazadas.

Redacción REMAP / Imagen ilustrativa

Este viernes, 29 de junio, en el corregimiento Bolo Blanco, zona rural del municipio de Pradera (Valle del Cauca), un grupo de hombres armados, quienes se identificaron como paramlitares, llegaron hasta la vivienda del dirigente campesino Islenio Muñoz y hurtaron dinero, su pasaporte y teléfono celular, así como documentos de la comercializadora Productos Soberano, iniciativa de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava).

Leer: Paramilitares en Palmira y El Cerrito

Los hechos ocurrieron a la 11:28 p.m. cuando el dirigente se encontraba con su familia, en presencia de dos menores de edad.

Según denunció la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, dos de los hombres ingresaron a la vivienda, le amenazaron y, luego de realizar preguntas sobre Productos Soberano, procedieron a hurtar documentos de la comercializadora, dinero y efectos personales.

Diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por estos hechos que ponen en riesgo la vida de quienes integran la organización campesina Astracava, y en especial la integridad del señor Islenio Muñoz, quien se disponía a salir del país para representar a Astracava en un evento internacional.

El robo de información perteneciente a la organización campesina se da en un contexto de crecimiento del paramilitarismo, donde cerca de 300 lideresas y líderes sociales han sido asesinados en menos de dos años sin que el Gobierno colombiano haya tomado medidas eficaces, un hecho que se agrava por la decisión del Gobierno de negar la existencia del paramlitarismo en Colombia.

Redacción REMAP / imagen ilustrativa

Este sábado la Fundación Escénica y Cultural El Teatro Vive cerró el X Festival Nacional de Teatro Popular: Teatro y Realidad Social que se realizó en Palmira (Valle del Cauca) del 1 al 9 de junio.

Bajo el lema “Teatro popular para la transformación social”, el Festival se desarrolló en medio de una fiesta artística que posibilitó el encuentro con la comunidad que reflexionó y gozó con cada obra.

Al cierre, la organización del Festival manifestó la urgencia de tomar partido por la vida en las próximas elecciones presidenciales del 17 de junio, donde la clase política tradicional que ha gobernado, por más de un siglo, se unió en contra de Gustavo Petro, candidato del movimiento Colombia Humana.

Declaración del Festival: AQUÍ

“Los problemas que afronta el país nos lleva a tomar posición por la vida, por la Colombia Humana. Por eso llamamos a votar masivamente por Gustavo Petro. Esta es una lucha contra la muerte, y votaremos en contra de quienes se unieron para desangrarnos. Así lo sentimos y sabemos como artistas, como humanistas y seres que luchamos contra la injusticia a través del arte”, afirmó Luis Eduardo Jiménez, director del Festival.
El apoyo a la candidatura de Gustavo Petro quedó consignado en la siguiente declaración:

Una Colombia Humana para el Arte Popular

Colombia atraviesa una profunda crisis en la que está en juego la vida. Al parecer, poco de humanidad queda en esta sociedad donde asesinar a líderes y lideresas sociales es una tragedia normalizada, aceptada sin siquiera sonrojarnos.

Entre infinidad de telenovelas en la mañana y reality shows en la noche, renunciamos a nuestra realidad, del mismo modo de quien se droga para no responder por sus actos. Así asistimos al posicionamiento de varias generaciones que convirtieron el dolor en cifras, la dignidad en subasta, y al pensamiento crítico y el mundo del arte en fósiles aún no hallados.

Una sociedad del aplauso y espectáculo nos han impuesto a manera de irreflexión hecha dictadura, donde la muerte y la tragedia solo conmueven siempre y cuando éstas no impliquen tomar decisiones contra quienes nos gobiernan en un estado de iniquidad.

Por eso el exterminio de partidos políticos como la Unión Patriótica no conmueve, y los cerca de 300 líderes y lideresas sociales asesinados, en menos de dos años, tampoco llama a la indignación. Permanecemos en un estado de odio inducido del cual no queremos despertar.

Vivimos dominados por la insensatez que prefiere el llamado de la guerra sin importar las voces corruptas que la anuncian, y que aborrece a quienes dejaron las armas creyendo en la paz, una apuesta que ha costado más de sesenta excombatientes asesinados, muertes que tampoco conmueven porque el odio se impuso por encima de la vida, la sensatez y el derramamiento de sangre.

El Acuerdo Paz despejó parte del humo de la guerra, y bajo éste quedó la corrupción y toda la bajeza de quienes gobiernan para beneficio propio. Ocultar las posibilidades que trajo el Acuerdo de Paz para el diálogo y construcción de país, es la respuesta de la clase política tradicional corrupta que se unió para perpetuar la injusticia.

Ante tal descaro no se puede permanecer ajeno. Desde el X Festival Nacional de Teatro Popular: Teatro y Realidad Social, tomamos partido por la vida, por la propuesta de la Colombia Humana que se enfrenta a la ruindad de todo un bloque manchado de sangre y corrupción que se unió para ganar la presidencia apoyando al candidato del Centro Democrático Iván Duque.

Sabemos que hoy esperaban palabras más reposadas y alegres en alusión a la fiesta teatral que vivimos durante estos nueve días. Pero precisamente es por todo el flujo de afectos, que teje el encuentro de la comunidad con los artistas, de donde provienen las palabras que pronunciamos en favor de la vida y dignidad del pueblo, porque siempre ha sido nuestro lema “Teatro y realidad social”.

Como artistas no nos creemos seres alados o personas iluminadas que estamos por encima del pueblo. Simplemente somos una parte del pueblo que le apostó al arte para cambiar el país y que ahora sabe que nuestro voto debe ser por Gustavo Petro a la Presidencia.

Nuestro voto no será en blanco, nuestro voto será con todo el color de la Colombia Humana donde habitan los rostros y matices de un pueblo que votará para derrotar a la clase política que lo ha traicionado y robado durante más de un siglo.

Gracias por creer en el Festival Nacional de Teatro Popular: Teatro y Realidad Social. Infinitas gracias a todos los grupos participantes y artistas que nos apoyaron. Infinitas gracias a toda la comunidad y organizaciones que creen en el teatro y la transformación social. De ustedes es el arte y el destino que quieran cosechar.

X Festival Nacional de Teatro Popular: Teatro y Realidad Social 
Palmira, junio 9 de 2018

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