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Cuando el neoliberalismo habla de progreso, habla la muerte. Cientos de comunidades lo han comprobado a través de la historia. El megaproyecto Hidroituango es el referente más cercano a esta barbarie que desplaza y asesina a comunidades para imponer intereses económicos.

Y en Palmira, ciudad del suroccidente colombiano, continúa la barbarie, se aproxima con el proyecto de la Unidad de Planeación Minero Energética UPME-04 de 2014, el cual adelanta el Grupo de Energía de Bogotá (GEB).

El proyecto va a atravesar con una totalidad de 92 torres eléctricas tipo gato, grandísimas, el cual trae 500.000 voltios; y es un proyecto apalancado por el Grupo de Energía de Bogotá que se desprende desde Hidroituango”, explica José Salcedo, integrante del Colectivo Pro-defensa del Territorio y el Agua.

Las torres de energía traen consigo daños a los ecosistemas de la zona, afectando especialmente las fuentes hídricas y los acueductos comunitarios.

Es un proyecto que atenta contra las fuentes hídricas, contra específicamente el río Nima, el río Amaime, contra los yacimientos de agua, acueductos comunitarios, contra las especies endémicas, contra las especies nativas y obviamente contra la vegetación y las especies arbóreas”, afirma Salcedo.


Las comunidades han manifestado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) su rechazo al proyecto, y exigen que niegue el permiso para su ejecución. En octubre la entidad visitó a Palmira, donde recibió denuncias por irregularidades de diversa índole.

“Dentro de las irregularidades hemos encontrado que el Grupo de Energía de Bogotá no ha hecho una debida socialización de los resultados del estudio de impacto ambiental, es decir, no se tiene claridad por parte de la comunidad ni de los actores sobre las posibles afectaciones que tendría el trazado de este proyecto”, manifiesta Diego Mauricio Carrera, Secretario de Planeación de Palmira

Salcedo además denuncia que hubo “violación a los Derechos Humanos de las comunidades en cuanto a la forma en la que el Grupo de Energía de Bogotá accedió con mentiras a los predios para hacer unos temas de demarcación”; y agrega que han utilizado reuniones y visitas para afirmar que la comunidad acepta el proyecto, “cosa que es gravísima porque no es así”, siempre las comunidades han dicho no a esta iniciativa.

Y la ANLA también ha actuado de forma irregular al trabajar en Palmira sin notificar a la administración municipal, entidad territorial que ha radicado dos oficios donde expone las irregularidades del proyecto. Sin embargo, extrañamente, en octubre la ANLA dijo desconocer estos documentos.

“La administración municipal está empeñada en solicitarle a la ANLA algún mecanismo para suspender el trámite de la licencia (ambiental), y también estamos estudiando, de manera articulada con el Concejo municipal y la ciudadanía, llevar a cabo una Audiencia Pública para que la ANLA escuche, de primera mano, cuáles son las irregularidades que han llevado a cabo en ese proceso y que la licencia sea negada”, concluye Carrera.

Por: Alexander Escobar

Alcaldías, gobernaciones y la Casa de Nariño se transformaron en oficinas de prensa y propaganda. Escándalos de corrupción, acompañados de estupidez administrativa e incapacidad, terminan olvidados bajo el photoshop de asesores de imagen y community managers que imponen fotografías de mandatarios y funcionarios públicos abrazando niños y mascotas, o tocando algún instrumento musical para ocultar la crisis social y humanitaria que vive Colombia.

Pero miles son las fotos que no publican en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. En cualquier rincón de Colombia, sin mucho esfuerzo, es fácil encontrar imágenes que son descartadas por las oficinas de prensa de la política neoliberal.

A dos horas y media del Puerto de Buenaventura, navegando por mar y río, encontramos una de esas fotos no publicadas. Se trata de la foto descartada por la alcaldía de Buenaventura: la foto del colegio de la vereda San José.

Colegio de la vereda San José
San José es una vereda de Puerto Merizalde, corregimiento de Buenaventura ubicado en la cuenca del río Naya. Es una zona donde luego de firmado el Acuerdo de Paz entre la exguerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano, de forma irresponsable algunos reportajes no pararon, y no paran, de anunciar “el fin de la guerra” y la llegada de “los tiempos de paz”.

Sin embargo, lo cierto es que la guerra permanece en la cuenca del río Naya, al igual que permanecen sus habitantes resistiendo mientras esperan que la paz y la justicia social se materialicen, y dejen de ser solo excusas para multimillonarios proyectos de oenegés que se enriquecen con discursos de paz elaborados.

La ausencia de justicia social se palpa en infinidad de problemáticas que afrontan estas comunidades. Larga es la lista, como la ausencia de agua potable, pero el estado del colegio de la vereda San José ilustra el trato que reciben quienes habitan la Colombia profunda.

San José es vereda del corregimiento Puerto Merizalde
El colegio está devastado, mostrando una estructura que recuerda territorios azotados por la guerra. No obstante, no fue un enfrentamiento militar el responsable de su desmantelamiento. El conflicto social, reflejado en la profundización de la política neoliberal, es el verdugo de las comunidades del río Naya que habla a través de alcaldías, gobernaciones y la Presidencia de la República.

Hace aproximadamente un año el colegio dejó de funcionar. Dos años atrás empezó a deteriorarse hasta quedar en estado de total abandono. La alcaldía de Buenaventura siempre ha tenido conocimiento de la situación; sin embargo, no ha tomado medidas para devolver el colegio a la comunidad, y sus funcionarios tampoco se han acercado a la vereda para verificar su estado.

El colegio está ubicado en la cuenca del río Naya
Las imágenes del colegio de la vereda San José constituyen una muestra de cómo el conflicto social permanece en Colombia, se profundiza y aleja a sus habitantes de mejores condiciones de vida. La cuenca del río Naya además es testimonio de que la guerra no terminó. Sus habitantes son gente alegre que resiste a pesar de la adversidad y la crisis social y humanitaria que viven. Del mismo modo son comunidades que prefieren no hablar del tema y, como regla general, evitan quedar registrados en alguna fotografía.

Esta realidad del territorio son fotos que no publican oficinas de prensa y propaganda de los entes gubernamentales. Porque estas son imágenes que habitan en la memoria de las comunidades, que resisten al secuestro del olvido y, generación tras generación, recuerdan que la paz y la justicia social son fotos aún no tomadas.

Por: Alexander Escobar


El Desarrollo Rural en el en el Valle del Cauca, será el tema de la Audiencia Pública convocada por los congresistas la Bancada de FARC*

Cali, 18 de octubre de 2018 – En el corregimiento La Marina del municipio de Tuluá, símbolo de resistencia y de paz territorial, se realizará la Audiencia Pública que abordará las difíciles condiciones de las y los campesinos del Valle del Cauca. 

El evento que se llevará a cabo el próximo 27 de octubre a partir de las 9:00 a.m., tiene como objetivo abordar desde la voz de las comunidades, las problemáticas desprendidas del abandono estatal, la corrupción y otros lamentables fenómenos que han afectado las condiciones de vida de este sector de la población, en la idea de que las instituciones competentes asuman compromisos concretos para intervenir sobre estas situaciones.

Para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es fundamental escuchar a quienes afrontan día a día las difíciles condiciones que se viven en el campo colombiano. Recordemos que “en el marco de los Acuerdos de Paz suscritos en La Habana, el desarrollo rural es pilar fundamental para la consolidación de la paz, y sostenemos que la implementación de las medidas contenidas en él, aportará decisivamente al mejoramiento de las condiciones del campo vallecaucano”, señaló Luis Alberto Albán Urbano, Representante a la Cámara por el Valle del Cauca. 

La agenda de la audiencia que ha sido construida de mano de las organizaciones campesinas, sociales y populares, que claman soluciones efectivas por parte del estado colombiano, abordará los temas de: proyectos productivos, formalización y tenencia de la tierra, vías rurales, Zonas de Reserva Campesina, conectividad y acceso a internet, entre otros.  

Se han convocado a instituciones y entidades competentes como Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural, Instituto Colombiano Agropecuario, Agencia Nacional de Tierras, Instituto Nacional de Vías, Gobernación del Valle y Alcaldías del departamento. 

Desde estas curules que están al servicio de la gente del común, invitamos a campesinos, campesinas, medios de comunicación, organizaciones sociales y populares, a este importante espacio de debate y construcción conjunta.




En el marco de las manifestaciones estudiantiles que están transcurriendo en todo el país por la defensa de la educación pública y en contra de las políticas del actual gobierno que afectan  la financiación de las universidades, se presentan amenazas que ponen en riesgo la vida de líderes y miembros del movimiento estudiantil.

Por una parte en el municipio de Yumbo, estudiantes de la sede de la Universidad del Valle se encontraban realizando una jornada informativa acerca del paro indefinido  declarado por la Asamblea  Regional  de  la  Universidad del  Valle cuando fueron amenazados por una funcionaria del municipio; la denuncia de la Federación de Estudiantes Universitarios plantea: “Los estudiantes en medio de su acción  pedagógica  pacífica se ven increpados por la Sra, Amanda Castañeda, conocida por su influencia en distintos sectores del municipio, la cual los amenaza verbalmente, calumnia públicamente al denominarlos «vagos marihuaneros» y posteriormente los estigmatiza por redes sociales a través de publicaciones en las cuales cuestiona la autonomía universitaria de los estudiantes de la Universidad del Valle y su derecho a la movilización; en sus reiteradas amenazas en contra de los estudiantes alude a que va perjudicarlos físicamente por medio de su asociación con pandilleros aledaños a la Universidad del Valle sede Yumbo”. Esta situación de  señalamiento pone en riesgo la integridad de los estudiantes.

Por otra parte en la ciudad de Palmira el sábado 6 de octubre es amenazado Carlos Andrés Ipial, representante estudiantil ante el Comité de Regionalización de la Universidad del Valle, ese día  recibió una llamada telefónica en la cual un hombre le dice: "le estamos siguiendo la pista, lo mejor es que se quede callado, eso acá no va a pasar". La intimidación verbal a través del teléfono móvil se repite en dos ocasiones más y posterior a eso, el registro del número celular del cual recibe la amenaza desaparece del teléfono móvil.

En el contexto actual es  importante y necesario tener en cuenta que estos casos no son hechos aislados, sino que hacen parte de una campaña de persecución a líderes y lideresas sociales que se viene dando en todo el territorio nacional  y que hasta la fecha  ha cobrado  la vida de más 3oo líderes sociales en dos años y medio.

El pasado 6 de julio  denunciábamos las amenazas contra estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia,  sede Palmira, que se unían a panfletos y ataques a campesinos e indígenas en los municipios de Pradera y Florida, evidenciando una “relación con un trabajo de inteligencia que el paramilitarismo desarrolla en el departamento del Valle del Cauca y que afecta a otros municipios del norte del Cauca como Corinto y Miranda”.  [1]

A continuación reproducimos  las denuncias realizadas por la Federación de Estudiantes Universitarios


Este viernes, 5 de octubre, se realizará Popayán (Cauca) la Audiencia Pública por la vida y el territorio del suroccidente a partir de las 8:00 a.m. en la Casa de La Moneda.

La Audiencia tendrá como tema central la persecución política y los asesinatos contra líderes y lideresas sociales, cuya cifra crece sin que el Estado colombiano tome medidas para parar este genocidio.

Esta jornada es la primera que se realiza en el país y hace parte de las audiencias públicas “Colombia por la Vida”, promovidas por la Convergencia Alternativa integrada por congresistas de lista de la Decencia, Alianza Verde, Polo Democrático, UP, FARC y MAIS.

“Son audiencias en las cuales van a participar miles de personas para escuchar sus necesidades y problemas más sentidos y para emplazar a todas las autoridades tanto del orden local y regional, como del orden nacional, a que atiendan con soluciones concretas estas problemáticas”, explicó el senador Iván Cepeda Castro.

La Audiencia además espera contar con representantes del Gobierno, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, entre otros.

“Las bancadas de oposición ejercemos de esta manera también nuestro rol de control político que no se restringe simplemente al ámbito parlamentario, sino que puede realizarse también en los territorios”, concluyó el senador.

Para inscribirse en la Audiencia Pública visitar el siguiente enlace:

Redacción REMAP 

En marzo de 2017 el municipio de Ginebra (Valle del Cauca) firmó con el Cabildo Indígena Kofán de Santiago de Cali un contrato por $1.499.175.639 para la construcción de plantas de tratamiento de agua potable. En total cinco plantas fueron construidas para los acueductos rurales de los corregimientos Cocuyos y Juntas, y las veredas El Jardín, Valledupar y Loma Gorda. (Ver contrato)

Pero al poco tiempo de construidas, las denuncias de la comunidad no se hicieron esperar, puesto que las plantas no cuentan con las características necesarias para funcionar de manera óptima, algo que queda constatado al comprobar que, de las cinco plantas instaladas, ninguna está funcionando.

Otra situación que preocupa son los posibles sobrecostos en la construcción. Expertos en el tema, como Álvaro Noreña, representante legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del corregimiento de Costa Rica, manifiesta que los costos no coinciden con los análisis de un grupo de profesionales que asesoran a la Federación de Acueductos Comunitarios Rurales del Valle del Cauca (Fecoser).

“Según los análisis que hemos hecho con ingenieros sanitarios, profesionales en ese tema de tratamiento de aguas, y teniendo en cuenta que son poblaciones rurales, la conclusión es que en promedio una planta de estas se puede construir entre 50 y 60 millones de pesos”, afirma Noreña.

De comprobarse lo anterior, estaríamos hablando de sobrecostos por más de mil millones de pesos en las cinco plantas de tratamiento construidas en Ginebra.

El grupo de profesionales también visitó las zonas donde fueron instaladas las plantas, dejando como resultado un análisis técnico que detalló 15 irregularidades expuestas por la comunidad el 24 de agosto en sesión del Concejo de Ginebra y en presencia del Alcalde del municipio.

Entre las irregularidades encontradas, detallan que la comunidad desconoce el proyecto que se ejecutó en su territorio y que no hubo capacitación para el manejo de las plantas de tratamiento, algo que también preocupa, puesto que uno de los argumentos para otorgar los cerca de $1.500 millones, según estudio previo presentado por la Alcaldía, es que al Cabildo Indígena Kofán de Santiago de Cali “presentó una propuesta con sentido social”. (Ver estudio previo)

A la fecha la administración municipal, en cabeza del alcalde Jhon Jairo Aragón, no ha emitido pronunciamiento luego de tener conocimiento pleno de los hechos. Y mientras tanto, las cinco plantas de tratamiento siguen sin funcionar…


Irregularidades y hallazgos detectados por el equipo de profesionales de Fecoser: 

1. Desconocimiento del proyecto por la comunidad beneficiada.
2. No se ha capacitado el personal para su manejo.
3. No se conocen manuales de operación de los sistemas.
4. No se ha implementado la desinfección del agua.
5. Se desconocen las características físico-químicas y bacteriológicas del agua a tratar
6. Se desconocen las pruebas de tratabilidad, si se requiere de un coagulante químico.
7. Se desconoce si hay sistemas de aforo de caudales de ingreso al sistema
8. Se desconoce el criterio tomado para la escogencia de la presente alternativa de diseño.
9. Se desconocen estudios hidrológicos para el abastecimiento de agua en todas las épocas del año.
10. Se desconocen estudios geológicos por vulnerabilidad del terreno en la ubicación de los sistemas de tratamiento.
11. Se desconocen los estudios de tarifas para la sostenibilidad del acueducto.
12. Se desconocen los estudios de demanda de agua de la población beneficiada.
13. Se desconocen los programas para uso eficiente y ahorro del agua.
14. Las plantas no se encuentran funcionando; por consiguiente, no han sido entregadas, oficialmente, a los respectivos acueductos. Se supone que viene la puesta en marcha y el seguimiento a los diferentes procesos y la entrega de las memorias técnicas.
15. Para el recibido de estos sistemas es muy importante que se solicite a la Gobernación un acompañamiento técnico, a manera de interventoría. Esta puede delegar en funcionarios de la Oficina técnica de vivienda, desarrollo y servicios públicos o Vallecaucana de Aguas o la UES.

Redacción REMAP


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