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El 15 de noviembre, estudiantes de distintas universidades, centros educativos y diversos sectores de la sociedad del municipio de Palmira (Valle del Cauca) fueron atacados por la Fuerza Pública mientras exigían presupuesto para la educación, y del mismo modo protestaban contra la pretensión del Gobierno colombiano de imponer impuestos a la canasta familiar.

Leer: Evitan masacre contra estudiantes en Palmira

REMAP dialogó con estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Valle, cuyos testimonios dejan al descubierto que la Fuerza Pública violó acuerdos y atacó cuando todo estaba controlado y se protestaba de manera pacífica.

Las protestas realizadas en Palmira (Valle del Cauca) que exigen presupuesto para la educación pública y rechazan la imposición del IVA a la canasta familiar, dejaron este jueves, 15 de noviembre, un saldo cuatro estudiantes heridos a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Por el momento, no se reporta ningún detenido.

El caso de mayor gravedad lo presenta un estudiante con una herida en su cabeza que permanece en observación, y cuya lesión está siendo valorada para identificar el tipo de arma utilizada por el ESMAD.



Es de recordar que, durante las protestas, al igual que en otras ciudades del país, los estudiantes han denunciado la utilización de armas no convencionales y el uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD.

Y el caso de Palmira reviste un agravante, en tanto que el ESMAD esperó hasta llegada la noche para confrontar a los estudiantes. Por fortuna, organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, y la Personería del municipio mediaron para evitar una “masacre”.

El otro hecho de gravedad se presentó en la Clínica Palma Real de esta ciudad, donde dos personas de civil, que decían pertenecer a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), se negaron a identificarse e intimidaron a una estudiante que se rehusó a darles información e impedir que interrogaran al joven herido.

Por estos hechos diversas organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones sociales han lanzado una alerta temprana por el riesgo que corre la vida de los estudiantes y frente a las posibles judicializaciones que pueda emprender el Estado colombiano para reprimir la protesta social, y hacen un llamado a la comunidad internacional para estar atentos, solidarizarse y rechazar la represión y asesinatos contra líderes y lideresas sociales que suman más de trescientos.

Nota: REMAP lamenta utilizar este tipo de imágenes, pero no hay otra forma de presentar la violencia del Estado contra la protesta social en Colombia.

Redacción REMAP

Cuando el neoliberalismo habla de progreso, habla la muerte. Cientos de comunidades lo han comprobado a través de la historia. El megaproyecto Hidroituango es el referente más cercano a esta barbarie que desplaza y asesina a comunidades para imponer intereses económicos.

Y en Palmira, ciudad del suroccidente colombiano, continúa la barbarie, se aproxima con el proyecto de la Unidad de Planeación Minero Energética UPME-04 de 2014, el cual adelanta el Grupo de Energía de Bogotá (GEB).

El proyecto va a atravesar con una totalidad de 92 torres eléctricas tipo gato, grandísimas, el cual trae 500.000 voltios; y es un proyecto apalancado por el Grupo de Energía de Bogotá que se desprende desde Hidroituango”, explica José Salcedo, integrante del Colectivo Pro-defensa del Territorio y el Agua.

Las torres de energía traen consigo daños a los ecosistemas de la zona, afectando especialmente las fuentes hídricas y los acueductos comunitarios.

Es un proyecto que atenta contra las fuentes hídricas, contra específicamente el río Nima, el río Amaime, contra los yacimientos de agua, acueductos comunitarios, contra las especies endémicas, contra las especies nativas y obviamente contra la vegetación y las especies arbóreas”, afirma Salcedo.


Las comunidades han manifestado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) su rechazo al proyecto, y exigen que niegue el permiso para su ejecución. En octubre la entidad visitó a Palmira, donde recibió denuncias por irregularidades de diversa índole.

“Dentro de las irregularidades hemos encontrado que el Grupo de Energía de Bogotá no ha hecho una debida socialización de los resultados del estudio de impacto ambiental, es decir, no se tiene claridad por parte de la comunidad ni de los actores sobre las posibles afectaciones que tendría el trazado de este proyecto”, manifiesta Diego Mauricio Carrera, Secretario de Planeación de Palmira

Salcedo además denuncia que hubo “violación a los Derechos Humanos de las comunidades en cuanto a la forma en la que el Grupo de Energía de Bogotá accedió con mentiras a los predios para hacer unos temas de demarcación”; y agrega que han utilizado reuniones y visitas para afirmar que la comunidad acepta el proyecto, “cosa que es gravísima porque no es así”, siempre las comunidades han dicho no a esta iniciativa.

Y la ANLA también ha actuado de forma irregular al trabajar en Palmira sin notificar a la administración municipal, entidad territorial que ha radicado dos oficios donde expone las irregularidades del proyecto. Sin embargo, extrañamente, en octubre la ANLA dijo desconocer estos documentos.

“La administración municipal está empeñada en solicitarle a la ANLA algún mecanismo para suspender el trámite de la licencia (ambiental), y también estamos estudiando, de manera articulada con el Concejo municipal y la ciudadanía, llevar a cabo una Audiencia Pública para que la ANLA escuche, de primera mano, cuáles son las irregularidades que han llevado a cabo en ese proceso y que la licencia sea negada”, concluye Carrera.

Por: Alexander Escobar

Alcaldías, gobernaciones y la Casa de Nariño se transformaron en oficinas de prensa y propaganda. Escándalos de corrupción, acompañados de estupidez administrativa e incapacidad, terminan olvidados bajo el photoshop de asesores de imagen y community managers que imponen fotografías de mandatarios y funcionarios públicos abrazando niños y mascotas, o tocando algún instrumento musical para ocultar la crisis social y humanitaria que vive Colombia.

Pero miles son las fotos que no publican en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. En cualquier rincón de Colombia, sin mucho esfuerzo, es fácil encontrar imágenes que son descartadas por las oficinas de prensa de la política neoliberal.

A dos horas y media del Puerto de Buenaventura, navegando por mar y río, encontramos una de esas fotos no publicadas. Se trata de la foto descartada por la alcaldía de Buenaventura: la foto del colegio de la vereda San José.

Colegio de la vereda San José
San José es una vereda de Puerto Merizalde, corregimiento de Buenaventura ubicado en la cuenca del río Naya. Es una zona donde luego de firmado el Acuerdo de Paz entre la exguerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano, de forma irresponsable algunos reportajes no pararon, y no paran, de anunciar “el fin de la guerra” y la llegada de “los tiempos de paz”.

Sin embargo, lo cierto es que la guerra permanece en la cuenca del río Naya, al igual que permanecen sus habitantes resistiendo mientras esperan que la paz y la justicia social se materialicen, y dejen de ser solo excusas para multimillonarios proyectos de oenegés que se enriquecen con discursos de paz elaborados.

La ausencia de justicia social se palpa en infinidad de problemáticas que afrontan estas comunidades. Larga es la lista, como la ausencia de agua potable, pero el estado del colegio de la vereda San José ilustra el trato que reciben quienes habitan la Colombia profunda.

San José es vereda del corregimiento Puerto Merizalde
El colegio está devastado, mostrando una estructura que recuerda territorios azotados por la guerra. No obstante, no fue un enfrentamiento militar el responsable de su desmantelamiento. El conflicto social, reflejado en la profundización de la política neoliberal, es el verdugo de las comunidades del río Naya que habla a través de alcaldías, gobernaciones y la Presidencia de la República.

Hace aproximadamente un año el colegio dejó de funcionar. Dos años atrás empezó a deteriorarse hasta quedar en estado de total abandono. La alcaldía de Buenaventura siempre ha tenido conocimiento de la situación; sin embargo, no ha tomado medidas para devolver el colegio a la comunidad, y sus funcionarios tampoco se han acercado a la vereda para verificar su estado.

El colegio está ubicado en la cuenca del río Naya
Las imágenes del colegio de la vereda San José constituyen una muestra de cómo el conflicto social permanece en Colombia, se profundiza y aleja a sus habitantes de mejores condiciones de vida. La cuenca del río Naya además es testimonio de que la guerra no terminó. Sus habitantes son gente alegre que resiste a pesar de la adversidad y la crisis social y humanitaria que viven. Del mismo modo son comunidades que prefieren no hablar del tema y, como regla general, evitan quedar registrados en alguna fotografía.

Esta realidad del territorio son fotos que no publican oficinas de prensa y propaganda de los entes gubernamentales. Porque estas son imágenes que habitan en la memoria de las comunidades, que resisten al secuestro del olvido y, generación tras generación, recuerdan que la paz y la justicia social son fotos aún no tomadas.

Por: Alexander Escobar


El Desarrollo Rural en el en el Valle del Cauca, será el tema de la Audiencia Pública convocada por los congresistas la Bancada de FARC*

Cali, 18 de octubre de 2018 – En el corregimiento La Marina del municipio de Tuluá, símbolo de resistencia y de paz territorial, se realizará la Audiencia Pública que abordará las difíciles condiciones de las y los campesinos del Valle del Cauca. 

El evento que se llevará a cabo el próximo 27 de octubre a partir de las 9:00 a.m., tiene como objetivo abordar desde la voz de las comunidades, las problemáticas desprendidas del abandono estatal, la corrupción y otros lamentables fenómenos que han afectado las condiciones de vida de este sector de la población, en la idea de que las instituciones competentes asuman compromisos concretos para intervenir sobre estas situaciones.

Para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es fundamental escuchar a quienes afrontan día a día las difíciles condiciones que se viven en el campo colombiano. Recordemos que “en el marco de los Acuerdos de Paz suscritos en La Habana, el desarrollo rural es pilar fundamental para la consolidación de la paz, y sostenemos que la implementación de las medidas contenidas en él, aportará decisivamente al mejoramiento de las condiciones del campo vallecaucano”, señaló Luis Alberto Albán Urbano, Representante a la Cámara por el Valle del Cauca. 

La agenda de la audiencia que ha sido construida de mano de las organizaciones campesinas, sociales y populares, que claman soluciones efectivas por parte del estado colombiano, abordará los temas de: proyectos productivos, formalización y tenencia de la tierra, vías rurales, Zonas de Reserva Campesina, conectividad y acceso a internet, entre otros.  

Se han convocado a instituciones y entidades competentes como Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural, Instituto Colombiano Agropecuario, Agencia Nacional de Tierras, Instituto Nacional de Vías, Gobernación del Valle y Alcaldías del departamento. 

Desde estas curules que están al servicio de la gente del común, invitamos a campesinos, campesinas, medios de comunicación, organizaciones sociales y populares, a este importante espacio de debate y construcción conjunta.




En el marco de las manifestaciones estudiantiles que están transcurriendo en todo el país por la defensa de la educación pública y en contra de las políticas del actual gobierno que afectan  la financiación de las universidades, se presentan amenazas que ponen en riesgo la vida de líderes y miembros del movimiento estudiantil.

Por una parte en el municipio de Yumbo, estudiantes de la sede de la Universidad del Valle se encontraban realizando una jornada informativa acerca del paro indefinido  declarado por la Asamblea  Regional  de  la  Universidad del  Valle cuando fueron amenazados por una funcionaria del municipio; la denuncia de la Federación de Estudiantes Universitarios plantea: “Los estudiantes en medio de su acción  pedagógica  pacífica se ven increpados por la Sra, Amanda Castañeda, conocida por su influencia en distintos sectores del municipio, la cual los amenaza verbalmente, calumnia públicamente al denominarlos «vagos marihuaneros» y posteriormente los estigmatiza por redes sociales a través de publicaciones en las cuales cuestiona la autonomía universitaria de los estudiantes de la Universidad del Valle y su derecho a la movilización; en sus reiteradas amenazas en contra de los estudiantes alude a que va perjudicarlos físicamente por medio de su asociación con pandilleros aledaños a la Universidad del Valle sede Yumbo”. Esta situación de  señalamiento pone en riesgo la integridad de los estudiantes.

Por otra parte en la ciudad de Palmira el sábado 6 de octubre es amenazado Carlos Andrés Ipial, representante estudiantil ante el Comité de Regionalización de la Universidad del Valle, ese día  recibió una llamada telefónica en la cual un hombre le dice: "le estamos siguiendo la pista, lo mejor es que se quede callado, eso acá no va a pasar". La intimidación verbal a través del teléfono móvil se repite en dos ocasiones más y posterior a eso, el registro del número celular del cual recibe la amenaza desaparece del teléfono móvil.

En el contexto actual es  importante y necesario tener en cuenta que estos casos no son hechos aislados, sino que hacen parte de una campaña de persecución a líderes y lideresas sociales que se viene dando en todo el territorio nacional  y que hasta la fecha  ha cobrado  la vida de más 3oo líderes sociales en dos años y medio.

El pasado 6 de julio  denunciábamos las amenazas contra estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia,  sede Palmira, que se unían a panfletos y ataques a campesinos e indígenas en los municipios de Pradera y Florida, evidenciando una “relación con un trabajo de inteligencia que el paramilitarismo desarrolla en el departamento del Valle del Cauca y que afecta a otros municipios del norte del Cauca como Corinto y Miranda”.  [1]

A continuación reproducimos  las denuncias realizadas por la Federación de Estudiantes Universitarios


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