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Caminar tras las huellas de quienes financiaron el paramilitarismo en el Valle del Cauca es un recorrido que nos devuelve a pisar nuestros propios pasos, volver a lugares donde las pistas de empresarios, batallones y generales que masacraron a plena luz y sin ocultar su infamia ante la sociedad, permanecen vivas gracias a eso mismo, a la impunidad que recuerda que ese camino no tiene fin, que habrá que recorrerlo porque heredamos la memoria de miles de víctimas que, de tanto recordarles, son nuestro único presente, ese que no ha sido, que fue cambiado por una sociedad indolente que vive de genocidio en genocidio sin sacrificar nada para detenerlo.

Volver tras esas huellas es recordar que no hay cifras que den cuenta real de las víctimas; es recordar imágenes y voces de personas que tenían una historia de dolor, tantas, que fue imposible documentar mientras se caminaba ingenuamente creyendo que todo podía registrarse en una investigación, en un discurso de derechos humanos, en una imagen, o en una libreta que finalmente terminaba mojada en licor.

En la pista de esas huellas he visto cómo desaparecen pruebas, testigos, y cómo un pacto de silencio paramilitar, de comandantes y gatilleros que encubren a sus jefes y sus jefas, a la gente de bien, hace del televisor un vómito de imágenes que condena a contemplar políticos y empresarios responsables de este plan macabro que el 31 de julio de 1999 presentó de manera oficial a los paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), terrorismo de Estado que en pocos años asesinó a cerca de 2.000 personas en el Valle del Cauca.

Remascando esas huellas también he visto a exmilitares que evadieron su responsabilidad, sus crímenes, y que, a pesar de las pruebas, nunca fueron condenados. En este insaciable caminar les he visto tomando ejemplo de sus exjefes: camuflando el horror en los negocios, combinándole, y creando empresas para convertirse en contratistas del Estado.

Hace siete años dejé parte de mí, un pedazo de trocha en el documental Memoria y dignidad campesina. Esas huellas las visito a diario. En ellas hasta creo que puedo ver y oler los periódicos de la biblioteca municipal de Tuluá que desaparecieron, fantasmas de papel que hoy sé que contenían fotos de agentes infiltrados del Estado; periódicos que aún hoy trato de encontrar, de conocerles, y que me recuerdan cómo generaron en mí una atmósfera de misterio y cautela, de incertidumbre, como si viviera una película surreal.


Documental Memoria y dignidad campesina

Cuando todo esto se recuerda, resulta imposible aferrarse a la vida sin aferrarse a la tragedia, a sus formas y matices que al final dejan de ser llanto, quejido, para devenir en grito colectivo, en denuncia, resistencia y manos amigas que levantan la dignidad y lucha del pueblo campesino que sigue firme después de tanto dolor e infamia perpetrada por el terrorismo de Estado, sus paramilitares.

A los recuerdos de esas manos uno se aferra, del mismo modo que la gente se aferra al recuerdo que somos cada vez que volvemos a caminar el territorio. Y entonces solo basta mirarnos, sin decirnos nada, mientras los corazones crean puentes, y las huellas los atraviesan.

Gracias por tanto a quienes hoy no están, por esa bella clandestinidad que prolongó la vida enseñando a celebrar el insomnio y sus portales, para conspirar sin tregua a toda hora, y jamás flaquear en esta lucha, nuestra lucha que no termina, que sabremos heredar hasta que la memoria derrote a la tiranía.

Por: Alexander Escobar



El 23 de julio de 2019 la Comisión de la Verdad visitó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Aldemar Galán, ubicado en el corregimiento El Estrecho, municipio del Patía en el departamento del Cauca. La visita contó con la presencia de organizaciones sociales, integrantes de FARC en proceso de reincorporación, autoridades regionales y comunidad en general; allí se socializaron los objetivos de la comisión y se recogieron inquietudes y propuestas para contextualizar su trabajo en el suroccidente e iniciar la recolección de testimonios.

En esta región las comunidades, que han padecido los impactos del conflicto armado en sus territorios, esperan que el trabajo de la comisión permita develar la verdad de lo ocurrido durante el conflicto. “Nosotros aquí hemos tenido que vivir el conflicto en todas sus formas; todos los grupos armados han hecho presencia en nuestros territorios, y seguimos viviendo la violencia; aquí nos han violado los derechos humanos, nos han desplazado, nos siguen matando los lideres, y esperamos que el trabajo de la comisión nos ayude a entender qué pasó y a que pare la guerra en nuestros territorios”, afirma Mario, líder de la comunidad.

“Para nadie es un secreto que en esta región encontramos un escenario muy fuerte de afectaciones en el marco del conflicto y nosotros lo que esperamos es que a través de nuestros equipos podamos  ir escarbando esas verdades,  sabemos por ejemplo que en el departamento del Cauca hay temas complejos en términos de las afectaciones a la democracia, afectaciones generadas por el narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos y sus impactos en las comunidades, así como las formas de estas para soportar todo ese embate de la guerra. Estamos precisamente mirando qué es lo que sale en este territorio para poder contárselo al país y para ello vamos a necesitar las múltiples voces de todos los actores, de las víctimas, de los excombatientes, de la fuerza pública, de tal manera que podamos ir armando ese rompecabezas de la verdad”, explica Alejandra Miller, comisionada para el esclarecimiento de la verdad.



El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Aldemar Galán se estableció en noviembre de 2017 y actualmente en éste viven alrededor de 60 personas que pertenecían a los frentes 8 y 29 de las FARC.

En un inicio este ETCR estaba ubicado en La Paloma, vereda Betania, del municipio Policarpa en Nariño, pero quienes lo integran debieron salir por los incumplimientos en materia de infraestructura y la falta de condiciones mínimas para habitar. Uno de los argumentos por parte del Gobierno era que las condiciones geográficas de la zona hacían muy difícil transportar los materiales necesarios para la construcción. Entonces, estos hombres y mujeres decidieron trasladarse a una finca ubicada en el corregimiento El Estrecho, en el Patía, ubicada a diez minutos de la vía Panamericana, con la esperanza de que esta vez sí pudieran ver realizada la adecuación de sus espacios para habitar. Sin embargo, al día de hoy los incumplimientos para la construcción de infraestructura continúan.

“Hoy nuestro Espacio Territorial sigue sin contar con el acondicionamiento debido y pactado en los acuerdos (de paz) en términos de vivienda y espacios para el desarrollo de los proyectos y procesos de Reincorporación y Capacitación. La esperanza que conservábamos, una vez llegamos a El Estrecho, era que iniciaran la construcción del campamento, situación que a hoy no muestra ni el más mínimo avance, y quizás lo poco visible sea producto de nuestros esfuerzos colectivos como exguerrilleros, sin acompañamiento alguno del CNR (Consejo Nacional de Reincorporación)”, denunciaban el pasado 30 de junio 2019 los integrantes del ETCR en una carta enviada al CNR.


Quienes se mantienen en este espacio viven en habitaciones temporales, hechas con plástico y madera, que hicieron los mismos excombatientes, así como los sitios para el desarrollo de talleres, capacitaciones y reuniones. “No contamos con el suministro constante de agua potable, ni contamos con unidades sanitarias que den respuesta a las necesidades de quienes vivimos en el ETCR. Tampoco contamos con unidad de tratamiento de basuras y residuos sólidos. En términos de conectividad no tenemos red de internet estable, lo cual dificulta algunas tareas propias de nuestros procesos autogestionados de capacitación y de los mismos proyectos productivos que hemos emprendido”, denuncian los integrantes de FARC.

Contexto

La Comisión de la Verdad nace como resultado del punto cinco de los acuerdos de paz firmados en La Habana entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC, allí se crea una nueva institucionalidad para satisfacer los derechos de las víctimas y aportar en la construcción de paz.

La comisión está conformada por once comisionados en cabeza del Sacerdote jesuita Francisco de Roux, con un despliegue territorial a través de Casas de la Verdad ubicadas en diferentes ciudades con equipos territoriales que se desplazan por todas las regiones del país; en el caso de la macroregión Surandina  suroccidente existen Casas de la Verdad en Cali (Valle), Popayán (Cauca) Pasto (Nariño), Puerto asís y Mocoa (Putumayo), mientras en la macroregión del Pacífico se crearon casa de la verdad en Quibdó (chocó),  Buenaventura (Valle), Tumaco (Nar1   , Pasto y enlaces en Guapi. Desde la comisión invitan a la comunidad a que se acerque a estos espacios, donde “cualquier persona que quiera dar su testimonio, que quiera contar su historia, lo que vivió, de lo que fue testigo en el marco de este conflicto armado que va desde 1958 hasta el 2016, puede buscarnos en esas Casas de la Verdad, nuestros equipos están siempre dispuestos a escuchar, a tomar su testimonio para con todas esas voces construir este relato incluyente”, manifiestan.

Con las múltiples voces de los testimonios recogidos en las regiones, la Comisión busca identificar patrones de lo sucedido en el conflicto armado para avanzar a la construcción de unos contextos explicativos. “Es muy importante tener en cuenta que la comisión no hace esclarecimiento de casos individuales, no podría en un país que tiene nueve millones de víctimas, lo que buscamos a través de los testimonios es identificar patrones, actores, formas de operar, y crear estos contextos explicativos, dar razón de las violaciones más graves sucedidas en el marco del conflicto armado,  indagar por los impactos que esas violaciones dejaron en las comunidades, en las personas, en las familias, en las vidas de los excombatientes”.

La Comisión avanza, pero tiene dificultades


Para el caso del Suroccidente, y como parte del despliegue territorial de la Comisión de la Verdad, en la macrorregión Surandina ha establecido Casas de la Verdad en Popayán (Cauca), Cali (Valle), Pasto (Nariño), Puerto Asís y Mocoa (Putumayo); y en la macrorregión Pacífico en Quibdó (Chocó), Buenaventura (Valle), y Tumaco (Nariño), además de enlaces en Guapi, Cauca. A estos lugares toda la comunidad está invitada a acercarse, “cualquier persona que quiera dar su testimonio, que quiera contar su historia, lo que vivió, de lo que fue testigo en el marco de este conflicto armado que va desde 1958 hasta el 2016, puede buscarnos en esas Casas de la Verdad, nuestros equipos están siempre dispuestos a escuchar, a tomar su testimonio para con todas esas voces construir este relato incluyente”, manifestaron durante la visita los representantes de la Comisión de la Verdad.

Por otra parte, a diferencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas que tienen 15 y 20 años de vigencia respectivamente, la Comisión de la Verdad tiene solamente tres años de funcionamiento, un mandato realmente corto para el reto tan grande que implica el explicar qué pasó en un conflicto que se prolongó por más de cincuenta años y que involucró además de múltiples actores armados a empresarios, políticos y civiles que en muchos casos impulsaron y financiaron la guerra en los territorios.

El resurgimiento de escenarios de violencia en las regiones es otra problemática a la que se debe enfrentar el trabajo de la Comisión. “Nos preocupa mucho lo que está pasando con el asesinato de líderes sociales, lo que está pasando con asesinatos a excombatientes, son cosas que generan temores para que la gente pueda hablar ante la Comisión de la Verdad, pero también creo que la esperanza que tiene este país en conocer la verdad y en que este proceso salga adelante, hace que ese deseo sea más fuerte para que la comisión pueda seguir desarrollando su trabajo”.

El trabajo de la Comisión es fundamental para la construcción de país. La verdad no debe ser vista solamente como un derecho de las víctimas. “Estamos convencidos de que la verdad nos va a servir en el futuro para avanzar como sociedad hacia la transformación y la reconciliación de este país, sabemos que la verdad duele, pero creemos que en largo plazo esa verdad es la que ayuda finalmente a reparar; la verdad es también la garantía de avanzar hacia la no repetición, buena parte de las razones por las que este conflicto se recicla, se repite, a pesar de los esfuerzos en los procesos de paz que se han hecho, radica en que no hemos podido decir la verdad de lo que pasó y sobretodo dar una  explicación de lo que había detrás de ese conflicto armado”, concluye Alejandra.


Este sábado, 27 de julio, fue inscrita la candidatura a la Alcaldía de Teresa Consuelo Cardona, y las listas al Concejo y Juntas Administradoras Locales (JAL) de la Convergencia Palmira Humana, integrada por los partidos Colombia Humana-Unión Patriótica y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC); del mismo modo en la convergencia confluyen diversos sectores sociales y comunitarios de Palmira.


La inscripción contó con acompañamiento de la comunidad palmirana que, bajo el coro “yo vine porque quise, a mí no me pagaron”, asistió a la Registraduría recordando que su apoyo es a conciencia y contra el continuismo que ha gobernado por tres períodos consecutivos, y el cual está representado en el “caicedismo”, grupo político que hoy deja al municipio con una deuda cercana a los 200 mil millones de pesos.


La lista al Concejo de la Convergencia Palmira Humana es abierta, es decir, contará con voto preferente y la comunidad palmirana podrá votar por el candidato de su elección.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira (Valle del Cauca) falló en contra de compañía aseguradora La Previsora S.A, dándole razón a la tutela interpuesta por el abogado Carlos Cardona en representación de Colombia Humana Nodo Palmira (Palmira Humana).

Palmira Humana, que integra el movimiento político liderado por Ángela María Robledo y Gustavo Petro, el pasado 5 de julio entuteló a La Previsora por exigir una contragarantía, representada en un CDT de más de 50 millones de pesos, para emitir la póliza de seriedad exigida por la Registraduría a los grupos significativos de ciudadanos que buscan escribir candidaturas a cargos de elección popular por firmas; en el caso de Palmira Humana, inscribir sus candidatos y candidatas al Concejo.


Según explica el fallo, al exigir la contragarantía, además del pago del valor de la póliza, la compañía aseguradora afecta derechos constitucionales, tales como el derecho a elegir y ser elegido, en tanto que condiciona su participación con requisitos adicionales que como entidad privada imponen pasando por alto la Constitución.

Aclara el fallo que la autonomía de las entidades privadas, bajo la cual se escudan para obrar en contra de la Constitución, desaparece para estos casos, puesto que entran “a suplir una posición ‘pública transitoria’ y sus garantías como entidad privada cambian para el tiempo que se encuentren ejecutando este tipo de pólizas, ya que están por encima los Derechos Constitucionales”.

Por esta razón, el juez Albeiro Marín Cataño concedió la tutela a favor de la Palmira Humana, resolviendo:

“Ordenar al representante legal de la Previsora Compañía de Seguros, que proceda a expedir de manera inmediata, la póliza de seriedad que requiere el movimiento social denominado Colombia Humana Nodo Palmira, sin exigencia de la contragarantía, para que esta entidad a su vez pueda completar los requisitos exigidos para la inscripción de su candidatura para las elecciones de 2019”.

Con esta decisión se quita un obstáculo para que Palmira Humana pueda inscribir las candidaturas al Concejo, cuyo plazo vence el próximo 27 de julio. Sin embargo, explican sus representantes que el fallo tiene alcances de carácter nacional y un trasfondo político.

“No se trataba solamente de nuestra participación política, sino de sentar precedentes en la justicia, para que otras candidaturas por firmas que adelantan su proceso en todo el país puedan participar de las elecciones, ya que lo que está afectado es la democracia; la democracia no puede estar en manos del sector financiero”, manifestó Lina Sánchez, precandidata al Concejo de Palmira Humana.

Redacción REMAP

La democracia fue convertida en un banco que sirve de caja menor a la corrupción. Aunque el calificativo de “menor” se aparta de toda realidad, pues de manos de la clase política vivimos el saqueo más despiadado y descarado que entrega la soberanía a particulares e intereses corporativos transnacionales.

Si se desea ser un demócrata ejemplar, hay que poseer el capital que permita entrar en ese círculo selecto de gobernantes “elegidos por el pueblo”. Porque es así como el sistema electoral colombiano traza las reglas del juego, tal como sucede con los comités inscriptores que recogen firmas para inscribir candidatos sin afiliarse a partido político alguno, iniciativas que son de carácter cívico, comunitario y social, pero que también fueron tomadas por la clase política corrupta para tratar de lavar su imagen al mostrarse como independientes o por fuera de la corrupción que les ha lucrado.

Para inscribir candidaturas por firmas la ley exige como garantía una “póliza de seriedad” que, para el caso de candidaturas al Concejo, oscila entre 10 y 200 salarios mínimos mensuales vigentes. En el caso de Palmira la póliza asciende a más de 80 millones de pesos (100 salarios), valor sobre el cual el sistema financiero impone a su antojo un porcentaje a modo de garantía (CDT) para expedirla.

Por esta razón el comité inscriptor de Colombia Humana Nodo Palmira (Palmira Humana), grupo significativo de ciudadanos que integra en la ciudad de Palmira el movimiento político liderado por Ángela María Robledo y Gustavo Petro, radicó el 5 de julio una acción de tutela contra La Previsora, compañía de seguros que exige una contragarantía por el 70% del valor asegurado.

Si tomamos como referente los 100 salarios mínimos mensuales, estaríamos hablando de una contragarantía de más de 57 millones de pesos, un patrimonio que ningún ciudadano del común tendría como prenda de garantía para adquirir la póliza, cuyo costo tendría un valor aproximado, además de la contragarantía, de 5 millones de pesos o más, según estudio que elabora la compañía aseguradora.

De este modo el sistema financiero, en este caso la compañía aseguradora La Previsora, aparece ejerciendo una posición de poder que condiciona la participación política electoral al exigir la multimillonaria contragarantía, conducta en la cual la Corte Constitucional, en Sentencia T-117/16, ordenó a La Previsora abstenerse de incurrir nuevamente, en tanto que viola derechos fundamentales de participación política.

Tal como explica el abogado Carlos Cardona, apoderado de Palmira Humana, “el comité inscriptor se encuentra en una condición de indefensión porque no tiene ninguna entidad a donde recurrir para garantizar sus derechos políticos y evitar que La Previsora, en ejercicio de su posición dominante, exija contragarantías que han sido expresamente prohibidas, no solamente por el Consejo Nacional Electoral, sino también por la Corte Constitucional”.

Sin embargo, la aseguradora continúa exigiendo la multimillonaria contragarantía, afirmando, a través del consultor de La Previsora Mauricio García Cortés, que el fallo de la Corte Constitucional es solo una exhortación, “y que el exhorto es una mera invitación mas no es un mandato”, afirmación alejada de la realidad, puesto que el fallo exhorta es a la Superintendencia Financiera para que informe regulando este tipo de conductas que atentan contra la participación política, mientras que a La Previsora sí ordena abstenerse de exigir contragarantías.


Estas conductas evidencian que el sistema de inscripción de candidaturas mediante recolección de firmas no cumple la función de abrir escenarios de participación política a la gente del común, puesto que se convierte en un mecanismo para que sean los grandes capitales, al igual que en el resto del sistema electoral, los que se impongan.

“En este caso, lo que está ocurriendo es que el Estado no está garantizando a las personas el acceso a una Democracia, y está trasladando este poder a las entidades privadas, y más que a las entidades privadas, al sistema financiero. Y por supuesto, el sistema financiero no está interesado en que se generen nuevos actores políticos, afirma Carlos Cardona.

Hoy la inscripción de candidaturas al Concejo de Palmira Humana se encuentra en riesgo, ya que mientras esperan el fallo contra La Previsora, puede ocurrir que los tiempos no alcancen para que cumplan con los requisitos de inscripción, para los cuales solo hay plazo hasta el 27 de julio.

El sector privado, específicamente el sector financiero, es el que en últimas va a decidir sobre quiénes participan o no en el sistema electoral, algo que atenta contra la democracia en Colombia”, expresa el abogado de Palmira Humana.

Son este tipo de situaciones, y otras discusiones más profundas, las que llevan a pensar que la democracia en Colombia, sus estructuras, reglas, controles, fantasías y promesas, fue un sistema político que, al desconocer diferentes contextos, al parecer, nació jubilado luego que siglos después saliera del ágora griega a predicar su evangelio sin importar el tipo de cultura, credo o cosmogonía de los pueblos latinoamericanos.

Por: Alexander Escobar


El Suroccidente colombiano registra el 9,4% del total de desaparecidos en Colombia. La UBPD adelanta allí sus labores para dar respuesta a las víctimas.


Luz Marina Monzón, directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció el inicio del trabajo de esta entidad en la región Suroccidente del país, que tendrá como fin conocer quiénes fueron desaparecidos en el contexto y en razón del conflicto armado en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño.

Desde este 5 de julio la UBPD contará en la ciudad de Cali con un equipo interdisciplinar encargado del relacionamiento con víctimas, organizaciones sociales, instituciones y diversos actores, y estarán ubicados en la sede de Pastoral Social, en la Av. 5 norte # 8N – 15 (barrio Centenario). “Allí pueden acudir personas que tengan familiares o que tengan información sobre personas desaparecidas y llevar lo que consideren importante para la búsqueda: documentos, filmaciones, recortes de periódicos, papeles o fotografías. No es necesario volver a hacer los trámites que ya han hecho con otras instituciones. También pueden acudir quienes tengan información que contribuya a determinar qué pasó y cuál es el paradero de la persona desaparecida” dijo Luz Marina Monzón.



La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) es un mecanismo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición derivado del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Es un mecanismo humanitario y extrajudicial, por lo que la información que reciba o produzca la UBPD no tiene carácter vinculante o de prueba dentro de procesos judiciales o para la atribución de responsabilidades. Tiene por objetivo buscar a miles personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado, y devolvérselas a sus seres queridos.

“Es importante señalar que se habla de personas dadas por desaparecidas porque nos son solo víctimas de desaparición forzada, si no también personas que fueron secuestradas o reclutadas por grupos armados y sus familias no sabe dónde están. Combatientes que la familia perdió contacto con ellos, pueden ser miembros de la Fuerza Pública o de grupos armados ilegales”.


Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en la región Suroccidente se presentaron alrededor de 7828 desapariciones durante el conflicto, es decir, el 9,4% del total de registros en Colombia. Entre 1958 y 2016 en Valle del Cauca se documentaron 3977 casos de desaparición, mientras que en Cauca fueron 1522, y en Nariño 2329. En cinco zonas del Valle del Cauca se concentra el 57% de los registros de desaparición del departamento: 820 casos en Cali; 779 en Buenaventura; 329 en Tuluá; 175 en Trujillo, y 166 en Buga. 

En Cauca, seis municipios agrupan el 47% de las desapariciones registradas en ese departamento: Popayán, 194 registros; Santander de Quilichao, 137; Buenos Aires, 108; El Tambo, 106; Patía, 99, y Corinto, 91.

Entre tanto, son seis los municipios que concentran el 72% de los casos de desaparición de Nariño: 587 en Tumaco; 316 en Pasto; 247 en Barbacoas; 174 en Policarpa; 163 en El Charco, y 131 en Samaniego.
A pesar de la magnitud de estas cifras, Luz Marina Monzón asegura que el universo de personas desaparecidas aún es desconocido, debido a que cada institución cuenta con estadísticas distintas que obedecen a sus funciones o mandatos, y en muchos casos no existen denuncias oficiales.

El trabajo de la UBPD está apenas iniciando y está proyectado para realizarse por 20 años, teniendo en cuenta que son procesos complejos que implican recolección de información, visitas a territorios y entrevistas. “El trabajo de la Unidad no es el de buscar cadáveres, las comunidades necesitan saber que pasó, donde están sus desparecidos, si muertos o vivos, por qué fueron desaparecidos”, dijo Luz Marina

A pesar del poco presupuesto con el que cuenta, lo que hace que el equipo humano y técnico sea limitado, la UBPD en Suroccidente proyecta consolidar su presencia territorial. “Necesitamos comprender cómo fue la desaparición en este territorio, dónde pueden estar los desaparecidos, dónde están los familiares de los desaparecidos, cuáles son los procesos organizativos de los familiares y las comunidades, cuál es la institucionalidad que está en este territorio que puede apoyar el resultado que el Estado tiene que dar, y es darles respuesta a las víctimas sobre dónde están los desaparecidos”, concluyó Luz Marina.


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