El desmantelamiento de la Universidad Pública Colombiana ha sido un proceso paulatino, cuyo comienzo puede observarse, cuando menos, desde la Ley 80 de 1980, ley que allanó el camino a la antidemocracia al Interior de los claustros universitarios, al despotismo por parte de las directivas y a la violación a la autonomía universitaria; posteriormente, la Ley 30 de 1992 restringió la posibilidad de que la nación disfrutara de Universidades Públicas, entendiendo el carácter público de estas instituciones como aquel que deviene de la total y adecuada financiación por parte del Estado, hecho que redunda en educación de altísima calidad y gratuita capaz de garantizar el acceso a quienes demuestren capacidades académicas idóneas.
Dos décadas de régimen de la Ley 30 de 1992 han avocado a la más aguda crisis financiera a la Universidad Pública colombiana. La formula de asignación presupuestal para los claustros universitarios asignó recursos claramente insuficientes, que condujeron a la merma de la capacidad de la Universidad Pública para responder a las demandas de la sociedad, en términos de cobertura, acceso gratuito y calidad imposibilitando así la consolidación de la Educación Superior como un Derecho. El marchitamiento financiero de las Universidades Públicas incluso hizo mella en su capacidad de responder con sus obligaciones, convirtiéndose éste elemento como la principal causa del desmantelamiento de los programas de bienestar, el deterioro de la calidad académica, el aumento de los costos de matrícula, el desplome de los sistemas de seguridad social al interior de los claustros universitarios, seguido de procesos agresivos de tercerización laboral y el desmonte de las garantías laborales de docentes y trabajadores.
La injerencia directa del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Departamentales al interior de las claustros universitarios, ha conducido a la consolidación de estructuras orientadas por intereses ajenos a los de la universidad, desconociendo que la autonomía reside en los estamentos que componen la comunidad universitaria y que por tanto estos estamentos deben ser quienes definan el rumbo de la universidad, quienes desconocen éste principio han tomado por asalto las universidades públicas, desechando la democracia como principio rector y garante de la autonomía universitaria.
Queda claro que la Universidad Pública atada a un proyecto de nación propio se ha desdibujado, su papel y ante todo su carácter público es puesto en cuestión por el proyecto de nación hegemónico, un proyecto dictado desde Washington y desde los grandes centros financieros del mundo, donde a través de Tratados de Libre Comercio y de la extorsión crediticia se define el rumbo de la nación con el ánimo de abrirle nuevos nichos de negocios al gran capital que le permitan dar un respiro al sistema de acumulación en la crisis que afronta actualmente, un modelo de nación que se abre paso sobre la destrucción del aparato productivo nacional, que perpetúa el estado de guerra, la represión y las violaciones a los Derechos Humanos, pues entiende que el pensamiento crítico, la protesta social y la unidad del pueblo colombiano son la principal amenaza para su conservación.
El modelo de nación que se abre paso no puede ser mejor que el modelo de educación que se ha venido construyendo en Colombia El saqueo de los recursos naturales y la adecuación de cada uno de los sectores de la producción humana a intereses foráneos y monopolistas se han convertido en la regla para definir los destinos de la nación, una nación que vive en función del gran capital financiero y cuyos principales gastos son la deuda y la guerra, este proyecto de nación queda plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos, en donde 40 de cada 100 pesos serán puestos por el sector privado, dejando claro que más que un Plan de Desarrollo, éste constituye un Plan de Inversiones para el gran capital.
La desastrosa situación de la Universidad Pública se refleja en la dramática situación que padecen cientos de miles de estudiantes principalmente de Universidades Privadas, quienes han sido empujados hacia las fauces del sector financiero a fin de hacerse a leoninas deudas so pena de no acceder a la Educación Superior, dejando claro que quienes más padecen la paulatina privatización de la Universidad Pública son quienes no pueden acceder a ella, hecho que se ha reflejado cada vez de manera más clara en las movilizaciones estudiantiles, que se nutren y vitalizan con nuevos sectores.
Ante la nueva Ley de Educación Superior propuesta por el Gobierno de Juan Manuel Santos con el propósito de garantizar la adecuación del país a las exigencias del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, propuesta que constituye la mayor amenaza que haya conocido la Educación Superior Colombiana y en particular la Universidad Pública, el movimiento estudiantil debe hacer esfuerzos impostergables a fin de brindar una hoja de ruta y una propuesta política mínima que unifique al resto del estudiantado, a los demás sectores que componen la comunidad universitaria y a los demócratas de la nación colombiana a fin de derrotar completamente la propuesta privatizadora que hoy se abre paso con Juan Manuel Santos.
Hoy es los estudiantes universitarios nos movilizamos y convocamos a la gran marcha nacional este 7 de septiembre en contra de la ley santos de educación superior el deterioro de la autonomía universitaria, la militarización de los campus universitarios.
*Tomado de: Prensa Universidad
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.