Pradera: Comunidad indígena y campesina exige que el ejército no ejecute obras civiles en sus territorios

ZONA RURAL DE PRADERA

Comunidad indígena y campesina exige que el ejército no ejecute obras civiles en sus territorios

El jueves 20 de octubre de 2011, el ejército colombiano inició obras de mejoramiento de carreteras en zona rural del municipio de Pradera, en el departamento del Valle del Cauca. Y ya en la madrugada del viernes se presentaban hostigamientos de la insurgencia.  La situación no es nueva. Desde el viernes 16 de septiembre el ejército “aseguró la zona” comprendida por el Resguardo Indígena Nasa Kwet Wala y nueve corregimientos: San Antonio, San Isidro, El Recreo, La Fría, El Líbano, La Carbonera, El Nogal, La Feria y Bolo Blanco. Dos días después, el domingo 18, la detonación de tres minas antipersona fue escuchada. A partir de ese momento los hostigamientos y los sobrevuelos de helicópteros han sido frecuentes. Y el riesgo inminente de una confrontación armada provocó que cerca de 500 personas de la comunidad indígena y campesina fuera desplazada, y se refugiara desde el lunes 24 de octubre en el Parque de Pradera.

Otros hechos agravan la situación. La violación del Derecho Internacional Humanitario por parte del ejército, quien con su permanencia en una de las viviendas de la comunidad en el corregimiento de El Líbano, expone en forma directa a la población civil en la confrontación armada. Y problemas de corrupción también salpican la situación. Un contrato por 1.300 millones de pesos para invertir en las vías de la zona rural del municipio de Pradera, hoy se encuentra congelado por irregularidades en su ejecución. El hecho es evidente: con la realización de los trabajos por parte del ejército colombiano se busca diezmar el impacto negativo que ocasiona la no ejecución de las obras contempladas en los 1.300 millones del contrato. Sin embargo este tipo de proyectos no se formulan desde las alcaldías municipales. Hacen parte de una política nacional. Son recursos provenientes del Fondo de Programas Especiales para la Paz que dirige la Presidencia de la República, y que fueron entregados al Ministerio de Defensa para el mejoramiento de carreteras en varias regiones del país, recursos que finalmente terminan siendo ejecutados por el ejército colombiano.

“!Primero está la vida¡” han dicho las comunidades. Por eso desde el lunes 24 de octubre, están exigiendo el cambio de operador del proyecto o la suspensión del mismo, porque mientras se mantenga el ejército ejecutando y realizando las obras en la zona, la tragedia para los habitantes de las nueve veredas y el resguardo es inminente, y de seguro cobrará muchas vidas.

Hoy la fuerza organizativa y la movilización de la comunidad ha dado frutos. Después de dos días de  reuniones con instancias gubernamentales y en presencia del comandante del Batallón de Ingenieros No. 3 Agustín Codazzi, se logró firmar un “Acuerdo de Voluntades” donde el ejército se compromete a parar las obras. Pero el proyecto continúa en pié y el operador aún es el mismo (el ejército). Por tanto el día miércoles dos de noviembre las exigencias serán reiteradas a los representantes del gobierno nacional que (se espera) asistan a la reunión programada en la alcaldía del municipio.

El llamado que hace la comunidad campesina e indígena de Pradera es a acompañar esta lucha, porque las carreteras no pueden ser una excusa para intensificar la guerra, ni un espacio destinado para que bajen solo cadáveres por ellas.