Desde hace tres meses el
ejército colombiano intensificó las violaciones de derechos humanos contra los
campesinos de Miranda en el norte del Cauca. Maltrato sicológico, verbal y
físico, han sido una constante, como lo denuncian los informes de la Red de Derechos
Humanos Francisco Isaías Cifuentes, con casos
tan alarmantes que incluyen
la tortura y el homicidio. La gravedad de las violaciones a los campesinos
y al Derecho Internacional Humanitario son demasiado preocupantes; prueba de
ello es el abuso de poder e imposición por medio de las armas de la Brigada
Móvil No. 28 de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, la cual invadió propiedad
privada de los campesinos e instaló una base militar en la vereda de
Calandaima, sin permiso alguno de sus dueños.
Pero este tipo de hechos no
solo ocurren en Miranda. Municipios como
Pradera y Florida en sur del Valle del Cauca, y otros municipios como Caloto,
Toribío y Corinto en el norte del Cauca, reportan casos similares: ocupación de
viviendas, destrozos materiales, señalamientos, amenazas, detenciones
arbitrarias, y utilización de la población civil como escudo humano, son
denuncias constantes contra el ejército,
violaciones frente a las cuales el ejército niega y el gobierno de Colombia
calla, evidenciando el accionar sistemático de violaciones a los derechos
humanos que caracteriza al gobierno dentro de conflicto social y armado que
vive el país.
Y a raíz de este accionar del
gobierno, cerca de 1.500 personas entre indígenas y campesinos decidieron
recuperar sus tierras de manos del ejército. El 8 junio se desplazaron a la
finca de la vereda Calandaima donde la Brigada Móvil No. 28 mantiene tomada, a
través de las armas, los predios de los campesinos. El ejército se niega a
desocupar la finca, mientras que los campesinos permanecen en la zona hasta que
el gobierno colombiano ordene la retirada de las fuerzas militares de las
tierras de la comunidad.
El caso de Miranda actualmente
se encuentra en estado crítico. Desde el pasado 22 de mayo, al menos unas 700
personas de distintas veredas se desplazaron al casco urbano del municipio por
combates sostenidos entre el grupo insurgente de las FARC y las fuerzas
militares que utilizan como escudo humano a la población civil; el ejército colombiano
ha ocupado viviendas, escuelas, puestos de salud, y también ha disparado contra
la población civil.
Por este motivo distintas
organizaciones de derechos humanos denuncian al Estado colombiano por la violación
sistemática a los derechos humanos de la población civil en los departamentos
del Valle y Cauca, y hacen un llamado a la comunidad internacional para que exijan
al gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, la
retirada inmediata de la base militar impuesta por la Brigada Móvil No. 28 de
la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, instalada en predios de la comunidad
campesina. De igual manera piden su solidaridad y apoyo para la comunidad
desplazada del municipio de Miranda que no cuenta con una atención humanitaria
adecuada para situaciones de conflicto armado interno.
COMISIÓN DE COMUNICACIONES
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
Suroccidente Colombiano
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.