Han sido años, de
tensión y desesperanza las que han tenido que afrontar las comunidades del
departamento del Cauca y de Colombia. En los meses y semanas recientes, ante la
agudización del conflicto social y armado, los pobladores de los corregimientos
de El Plateado y El Mango, en Argelia; de El Palo y Huasano, en Caloto; de las
veredas Calandaima y Monteredondo, en Miranda, o los de Toribio y Jambaló; han
sido sometidos a tratos y hechos inaceptables que constituyen conductas tipificadas
en las jurisdicciones penal, militar y administrativas, las cuales en un estado
social y de derecho deberían ser investigadas y sancionadas por las
autoridades.
Sin embargo, todo tiene
su límite. La extensa lista de muertes, de mutilados y heridos, de desplazados,
de expropiados, de menores y jóvenes sin escuelas o centros de salud y de gentes
humildes que han quedado sin techo para resguardarse o sin tierras para
subsistir debe parar; los mal llamados “héroes de la patria” que ocupan y
utilizan los bienes de las gentes y los utilizan como escudos, deben cesar.
Las comunidades
rurales, del departamento, hasta ahora, habían soportado en una forma pasiva y
estoica, innumerables y atroces agresiones y ofensas. Forma de padecer, que
quizá condujo a equivocaciones a los círculos de poder locales y nacionales,
pues pese a la gallardía demostrada, esas mismas personas que venían optando
por tramitar denuncias, demandas, quejas, reclamos o generando espacios de
dialogo ante instituciones gubernamentales o intergubernamentales, han dicho
basta y se han echado a andar.
Lo que, desde pasadas
semanas, se vive en el Cauca, con la exigencia de reubicaciones de bases
policiales en El Mango, Argelia, y de bases militares en El Palo Caloto,
Calandaima en Miranda, y la exigencia de la comunidad nasa de la salida de
fuerzas regulares e irregulares de sus territorios; no podría ser otra y de
otro modo. ¿Qué reacción distinta se puede esperar de comunidades que a diario
ven correr la sangre de sus familiares y amigos, se quedan sin techo o se mantienen
en constante zozobra? ¿Que reacción
distinta se puede esperar cuando las comunidades, a pesar de tener
identificados a los presuntos responsables, por la impunidad del sistema, estos
les siguen reprimiendo, cuando sus superiores, en la cadena de mando, los
avalan y encubren y a diario encuentran argumentos inocuos para permanecer en
las zonas y justificar sus atropellos?. Es en esta situación que las acciones
colectivas de campesinos e indígenas encuentran su justificación y legitimación.
Teniendo presente que
las causas del conflicto social y armado se mantienen y que los efectos del
componente armado del conflicto social lo padecemos todos, en particular las comunidades
campesinas, indígenas y afro descendientes, las acciones de público conocimiento,
tanto las desarrolladas por el pueblo Nasa, como las desarrolladas por comunidades
campesinas en El Palo y Huasano, en Caloto, El Plateado y El Mango en Argelia,
y Calandaima y Monteredondo en Miranda, se constituyen en acciones de legítima defensa
de pueblos que se cansaron de la legalidad e institucionalidad en abstracto, de
la indolencia de un estado que se niega a un dialogo abierto, democrático y
franco para buscar entre todos soluciones a la crisis social y política generalizada
que afronta la nación colombiana.
El gobierno Santista
continuando con el ya histórico abandono estatal al que ha sometido nuestro
departamento, pretende ahora vender la idea que dicho abandono se resuelve con
el polémico plan cauca; plan que ya generó conflictos interétnicos
recientemente. Un plan reorientado y articulado a los intereses estratégicos
del plan consolidación, que desde el gobierno garantiza un negocio redondo a
los empresarios nacionales y extranjeros secundados por los militares; a los
que han hecho de la guerra su negocio, quienes hablan de inversión social a
partir de las cadenas productivas agroindustriales y de las concesiones a las
grades transnacionales. Un plan donde la inmensa mayoría de caucanos,
campesinos, indígenas y afro descendientes soporta la etapa militar y la
expropiación proyectadas a varios años. Un plan que se erige sobre su cultura y
formas de organización, que proyecta la inversión social sobre tierra arrasada,
comunidades desplazadas, asesinadas, desaparecidas o judicializados.
Quienes suscribimos la
presente declaración, como integrantes del movimiento popular caucano,
rechazamos categóricamente la actitud guerrerista del gobierno nacional y hacemos
un vehemente llamado para que cesen las hostilidades contra las comunidades campesinas
e indígenas y se establezcan inmediatamente canales de diálogo para buscar alternativas
de solución de fondo a la crisis humanitaria, social y política que atraviesan nuestras
comunidades.
Popayán, julio 18 de
2012.
Consejo
Patriótico Departamental Cauca
Movimiento
Social y Político Marcha Patriótica
Proceso
de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano - PUPSOC,
Sindicato
Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca - SUTEC, Asociación
Comunitaria
por la Defensa de los Servicios Públicos - ACODESERP
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