CARTA
ABIERTA A LOS NEGOCIADORES
Bogotá,
octubre 8 de 20
El Movimiento Nacional
de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice-, saluda con mucha esperanza la
proximidad del inicio de negociaciones de paz en Colombia y espera que a esta iniciativa se adhiera
prontamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Nosotros y nosotras,
víctimas de los crímenes del Estado
colombiano, encarnando la experiencia de una de las causas fundamentales del
conflicto social y armado en nuestro país,
consideramos que la negociación política
es la salida efectiva a más de 50 años de
guerra. Sin embargo, creemos que este
proceso no compete únicamente al gobierno y a la insurgencia, sino que debe
contar con la activa participación de
las víctimas y de la sociedad civil en su conjunto, y culminar con cambios
estructurales democráticos e incluyentes; así como con reformas económicas,
sociales, políticas, culturales y
ambientales. También debe
concluir con el esclarecimiento de lo ocurrido, con la reparación y
reconstrucción de los tejidos sociales destruidos, y con el castigo a los
responsables de los crímenes de Estado como elemento fundamental para avanzar
en la reconciliación tan anhelada por la sociedad colombiana.
Desde esta perspectiva,
queremos manifestar algunas propuestas iniciales que deben ser tenidas en
cuenta, en consideración al derecho que nos asiste.
CONSIDERACIONES:
- El conflicto social y armado en Colombia
hunde sus raíces en la exclusión política, económica y social a la que ha
estado sometida la mayoría de la población colombiana. Las desigualdades
sociales son el producto de la concentración
en una minoría de lo que es
producto del esfuerzo y trabajo de toda una colectividad, de allí la necesidad de reconocer el carácter político
de este conflicto.
- Toda consideración sobre la violencia en
Colombia debe partir del reconocimiento de la existencia de crímenes de Estado,
y asumir que su esclarecimiento no es sólo un elemento central del derecho que
tiene la sociedad de conocer las causas que le han llevado a la violencia, o
del derecho de las víctimas a la reparación integral; sino que este
reconocimiento conduce también a sostener el carácter político de este
conflicto.
- Las prácticas genocidas y crímenes de Estado se han
justificado con la existencia de un conflicto armado, pero en realidad no han
tenido otro propósito que debilitar y
eliminar las iniciativas sociales que han realizado propuestas alternativas en
torno a la propiedad de la tierra, a la destinación del territorio; a la
explotación de la naturaleza y de sus recursos; al fortalecimiento de la economía campesina, a la necesidad de
fortalecer la producción nacional, al cambio de modelo político, social y
cultural; a la restructuración y
democratización del poder, y a la redistribución de la riqueza como manera
de superar todas las formas de
exclusión.
- En este sentido la
criminalidad estatal hace parte de una estrategia de represión, acumulación, exclusión económica,
política, social y cultural, que ha
tenido como principal excusa al conflicto armado para debilitar y eliminar las iniciativas sociales
y propuestas alternativas. De aquí, que
las víctimas de los crímenes del Estado en Colombia han sido, y continúan siendo, las expresiones
organizadas e inconformes de la
población civil, los movimientos políticos de oposición, las organizaciones
sindicales, campesinas, indígenas y estudiantiles, los y las defensoras de
derechos humanos, entre otros. Quienes
al ser señalados como “brazos desarmados
y fachadas de la subversión” y como parte de “la guerra jurídica y política de
la guerrilla”, son estigmatizados y judicializados para poner en funcionamiento
planes y prácticas de eliminación y exterminio. El caso del partido político
Unión Patriótica (UP) es uno de los
ejemplos más palpables de nuestra historia reciente.
- Mientras estas
concepciones y prácticas no sean
eliminadas de las instituciones del Estado, no se podrá avanzar hacia la paz,
ni se harán efectivas las garantías de no repetición.
- En la dinámica de la criminalidad
estatal, también ha sido determinante el despojo de 10 millones de hectáreas,
usurpadas a sus legítimos propietarios o tenedores gracias al desplazamiento forzado. Este despojo, y las amenazas de despojo que
en la actualidad subsisten, coinciden con intereses en obras de infraestructura
o de explotación de recursos, y dan vía libre a la implementación de proyectos
de acumulación de capital en el campo.
Un proceso de paz debe entonces redefinir los acuerdos comerciales para
que sean democráticos y justos en lo social y en lo ambiental.
- Los crímenes de Estado han combinado
métodos legales e ilegales, entre ellos el impulso y apoyo a estructuras
paramilitares. La Corte Interamericana
de derechos humanos (CIDH) ha reconocido como un hecho probado la
responsabilidad del Estado en la creación de estas estructuras criminales, no sólo por haber adoptado una serie de
medidas legislativas que permitieron al
Ejército colombiano armar a la población civil; sino por los innumerables fallos
judiciales que han establecido la complicidad entre grupos paramilitares, fuerza pública, organismos de seguridad del
Estado, sectores de la clase política
tradicional, gremios económicos, y empresas nacionales y extranjeras. De aquí que el Estado deba responder de
forma directa por los crímenes cometidos por estas estructuras así como por los
problemas del proceso de desarme y desmovilización.
- En la actualidad continúan ejecutándose
crímenes de Estado sin que se generen avances satisfactorios para su no
repetición y para las garantías de nuestros derechos. La Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) afirma que entre el 7 de agosto de 2010 y el 23 de julio de
2012 se cometieron 58 homicidios contra sindicalistas; la Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC) informa que entre enero y julio de 2012 se presentaron 54 homicidios en
contra de integrantes de los pueblos indígenas; y el Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado ha registrado durante el periodo del gobierno de Juan Manuel
Santos 186 agresiones contra sus integrantes.
-Durante el Gobierno de
Juan Manuel Santos se han implementado numerosos mecanismos legales de impunidad como el Marco
Jurídico para la Paz, la prórroga de la Ley de Justicia y Paz, y la propuesta
de fortalecimiento del Fuero Penal Militar.
Que más allá de facilitar un diálogo con la insurgencia, buscan aplicar
indultos velados a los militares, policías y paramilitares involucrados en la
comisión de crímenes de lesa humanidad.
- Expresamos nuestra
preocupación por la carencia de garantías en materia de participación de la
sociedad en los diálogos de paz. A la fecha no conocemos de la existencia de escenarios o mecanismos para escuchar a
las víctimas de crímenes de Estado y mucho menos de garantías políticas y
materiales para preservar la vida e integridad física de quienes eventualmente
pudiesen participar en el proceso.
Conforme
a lo anterior expresamos lo siguiente:
- Exigimos que se
avance hacia el cese bilateral de hostilidades como garantía fundamental para
la preservación de la vida de las comunidades en las zonas donde se desarrollan
las confrontaciones. En esa perspectiva,
hacemos un llamado a los respectivos actores armados a cumplir con las
prescripciones del Derecho Internacional Humanitario y comprometerse a la
suscripción de un Acuerdo Humanitario que priorice como mínimo aspectos como la
no militarización de centros escolares, la prohibición del desplazamiento
forzado, el no reclutamiento de menores de edad, la protección y respecto a la
misión médica, la prohibición de las minas antipersonales y la proscripción de ataques
a bienes indispensables para la supervivencia de la población
- Exigimos que cesen
los hostigamientos contra la población organizada por parte de las Fuerzas
Armadas y de los grupos paramilitares. Y exigimos el desmonte real de las
estructuras paramilitares.
- En virtud del derecho
a la participación que corresponde a las víctimas frente a todas las decisiones
que les afecten, exigimos la apertura de escenarios de expresión, seguimiento y
diálogo en los niveles nacional y regional.
Esta participación debe ser regida por el respeto a la autonomía de las
víctimas y de sus organizaciones, propender por
el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y garantizar que
las propuestas de las víctimas sea tenidas en cuenta en el logro de una paz
estable y duradera.
- Solicitamos que la
participación de las víctimas de crímenes de Estado se de más allá de la
participación en el Consejo Nacional de Paz (escenario propuesto por el gobierno nacional), por considerar que
este espacio no permite la participación real de las víctimas y es susceptible
de la cooptación por parte de los funcionarios del gobierno.
- Con el fin de dar
pasos adelante, el MOVICE comunica a todas las víctimas, a la sociedad
colombiana, al Estado y a la
insurgencia, la existencia de un trabajo de más de diez años en la construcción
de la verdad y resguardando la memoria de las víctimas de crímenes de Estado en
Colombia, sintetizado en propuestas como el Proyecto Colombia Nunca Más y la
Comisión Ética por la Verdad. Este
trabajo, entre otros, debe fortalecerse, garantizarse e impulsarse como parte
de los escenarios de participación que las víctimas exigimos.
- Exigimos que cesen
los montajes judiciales, las desapariciones forzadas, los hostigamientos y
amenazas, y la injusta persecución y judicialización de la protesta social, ya
que en la movilización y en ejercicio de
la ciudadanía se encuentran las posibilidades de éxito del proceso de paz como proceso de democratización, de no
repetición, de garantía de los derechos humanos y de transformaciones
estructurales.
- Por último, valoramos
que se incluya en las negociaciones el tema de los presos y presas(as)
políticas, pero este punto debe permitir el abordaje de la problemática carcelaria en general como elemento necesario para la construcción
de la paz.
Esperamos que los
hombres y mujeres que hemos sufrido las
causas y los efectos de esta guerra seamos tenidos en cuenta, y que se consulte
de manera prioritaria las propuestas de las iniciativas de la sociedad por la
paz, expresadas en el Congreso de Paz, las Constituyentes por la Paz y la Ruta
Social Común por la Paz.
Agradecemos la
atención.
Cordialmente,
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de
Estado, Movice
En este Primer ciclo se
abordaron temas como el compañerismo, la resistencia colectiva, la organización
y la necesaria conciencia del sujeto político femenino. Se hizo notorio la
capacidad que tienen las mujeres para liderar procesos populares, pero a la vez
el temor que aún se guarda para tomar esta iniciativa. Temores que se deben, entre otras razones, a
las lógicas de dominación impuestas por el gobierno capitalista y por una
sociedad patriarcal.
En este encuentro compartimos experiencias, palabras, emociones
y sensaciones que aportan y retroalimentan en la fuerza organizativa presente
en las mujeres de los sectores populares. En la complicidad que permite la
sororidad, nos encontramos en este
espacio con la firme convicción que existen mujeres capaces de liderar procesos
con tenacidad y creatividad.
