El territorio del municipio de Totoro, en el
Departamento del Cauca, está ocupado principalmente por comuneros indígenas,
grandes hacendados y campesinos. Los campesinos que residen en este municipio
padecen especial desprotección, al carecer de tierras y padecer del desempleo
que caracteriza al departamento, sumiéndoles estas circunstancias en la miseria
y el abandono estatal.
Los grandes propietarios o terratenientes,
principalmente en el Valle de Malvaza, (región de este municipio de gran
riqueza productiva agrícola y ganadera), históricamente han utilizado sus
predios en la ganadería extensiva y otros predios son arrendados a productores
de papa, venideros de los departamentos de Cundinamarca y Nariño, quienes
llegan con sus trabajadores, y en consecuencia no utilizan la mano de obra
campesina de Totoro, acrecentando así la problemática de falta de tierras y
desempleo para los campesinos de esta región.
En este marco difícil para los campesinos de Totoro,
desde hace más de diez años, se organizaron en la Asociación de Trabajadores
Campesinos de Totoro, afiliados a la Federación Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria- FENSUAGRO-CUT. En procura de buscar soluciones a su difícil
situación, en el año 2006 ocuparon un gran predio de más de 300 hectáreas,
propiedad del señor ADOLFO CASTRO BUCHELI, político conservador e integrante de
la SAC, denominado “El Convenio”, el cual se encontraba prácticamente
abandonado, incumpliendo el mandato constitucional de que la propiedad debe
cumplir una función social, y esa función social la adelantaron 51 familias
campesinas de la vereda La Siberia, quienes de inmediato comenzaron a sembrar
diferentes productos para su subsistencia.
La respuesta del propietario, amparado en el poder
político, pues en ese momento desempeñaba el cargo de Secretario Privado
de la Gobernación del Cauca, siendo Gobernador JUAN JOSE CHAUX MOSQUERA, hoy
judicializado por sus vínculos con los paramilitares del Bloque Calima, fue de
agresión. Ejército y Policía, realizaron varias acciones para desalojar a los
campesinos, por un lado, y por otro, las acciones judiciales y de policía
comprometieron a todas las cabezas de familia, esposas e hijos.
La Inspección de Policía ordeno el desalojo y la
Fiscalía local de Totoró, inició la judicialización, llamando a indagatoria
prácticamente a todos los habitantes de la vereda La Siberia. Siendo acusados
por el delito de Invasión de Tierras. Corresponde el juzgamiento al Juzgado
Promiscuo Municipal de Totoro, que basado en pruebas amañadas, las cuales han
sido las declaraciones de HERIBERTO YACUMAL, mayordomo y trabajador de ADOLFO
CASTRO, la esposa e hijo del mayordomo, profieren sentencia condenatoria para
41 campesinos, a la pena de 36 meses de prisión, otorgándoles la libertad
y para dos de ellos a 54 meses de prisión, ordenando la encarcelación.
No contento el señor CASTRO BUCHELI con estas
condenas, solicita al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Popayán, que se
les revoque el beneficio de la libertad para los 41 campesinos, vuelve a
utilizar las declaraciones de su mayordomo y familia HERIBERTO YACUMAL, proceso
de revocatoria de la libertad que se hace, violando el debido proceso y derecho
de defensa, solo con las declaraciones de estos informantes, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Totoro, de manera amañada, recibe las declaraciones y en
una inspección judicial, que se hace sin notificar a los defensores de los
implicados, informa que los procesados han incumplido con la obligación de no
cometer más actos de perturbación.
El día 17 de agosto de 2012, el Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas de Popayán, revoca el beneficio de libertad para 22
campesinos de La Siberia y ordena su encarcelación. El Defensor de los
campesinos apela esa decisión ante el Tribunal Superior de Popayán, y en dos meses
el alto tribunal confirma la decisión el día 10 de diciembre de 2012. Y en
consecuencia el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, ordena la captura
de los 22 campesinos.
El día 11 de enero de 2013, el joven campesino SANIN
ARBEY SANCHEZ CALDON, quien se encuentra desde hace más de un año
trabajando en Bogotá, fue capturado por la Policía Nacional en el
Terminal de Bogotá, atendiendo la orden de captura, sin posibilidad ni siquiera
el traslado al Cauca.
Este es el precio que tienen que pagar los campesinos
que luchan por el derecho a la tierra, sometidos a la persecución de todo el
estamento estatal, de Jueces y Fiscales, que cumplen las imposiciones de los
grandes terratenientes que gobiernan este Departamento.
Por ello, reclamamos la solidaridad de todas las
organizaciones populares, pues son 22 campesinos que están siendo perseguidos,
sin importarle al aparato judicial las condiciones estructurales de la región y
las situaciones particulares de estas familias campesinas.
La falta de dotación de tierra para los campesinos es
latente, pese a ello el aparato judicial de manera amañada se ensaña contra los
campesinos. El campesino colombiano necesita la tierra, el país necesita de una
verdadera reforma agraria integral para que se pueda hablar en Colombia de una
verdadera paz con justicia social.
12 de enero de 2013
COORDINACIÓN
DEPARTAMENTAL AGRARIA CAUCA
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