Cifras oficiales de 61.604 personas desaparecidas en Colombia entre los aƱos de 1947 y 2011, son solo una muestra del carĆ”cter sistemĆ”tico de esta polĆtica del terrorismo de Estado en Colombia.
2013/ Febrero 13/ Por: Alexander Escobar
“Educación pĆŗblica, gratuita y de calidad”, es consigna del
movimiento estudiantil colombiano. No es la Ćŗnica, pero es suficiente para
entender su lucha por alcanzar la paz con justicia social, la misma que
incomoda a quienes desean continuar oprimiendo al pueblo con la ignorancia, la injusticia
y el terrorismo de Estado.

Cifras oficiales de 61.604 personas desaparecidas en
Colombia entre los aƱos de 1947 y 2011, son solo una muestra del carƔcter
sistemĆ”tico de esta polĆtica del terrorismo de Estado en Colombia. En su
columna Desapariciones y desapariciones, publicada el 2
de febrero de 2013 por el diario El Espectador, Alfredo Molano anota:
De esa cifra, certificada, han sido
vĆctimas de desaparición forzada 16.665 personas; solo 249 se han encontrado
vivas y 557 muertas. Sin duda, el capĆtulo mĆ”s brutal de nuestra miseria
humana. La desaparición forzada es un delito cometido por agentes del Estado o
por personas actuando con su autorización, apoyo o consentimiento, que conlleva
a numerosas violaciones a los derechos humanos. De las 8.295 investigaciones
que se llevaban a cabo cuando la FiscalĆa era dirigida por Viviane Morales, 1.598
eran homicidios cometidos presumiblemente por agentes del Estado. SegĆŗn la
Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), la
fuerza pĆŗblica es responsable de 3.000 ejecuciones extrajudiciales.
En el Valle del Cauca, hoy el objetivo inmediato son los
estudiantes. Las amenazas y hostigamientos denunciados por la Red de Derechos
Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco IsaĆas Cifuentes” contra Luisa MarĆa Zorrilla de la
Universidad del Valle en la ciudad de Cali, y contra William Ospina de la
Universidad Nacional en Palmira, son el reflejo de la polĆtica actual del
Gobierno que en la forma aparenta buscar la paz, pero que en fondo trata de
perpetuar la injusticia por medio de la guerra sucia contra la población civil.
Y no es algo improvisado. Atacar a quienes acompaƱan las luchas
de todos los sectores sociales en Colombia, y defienden la educación pública
como conciencia crĆtica de la sociedad, es un plan estratĆ©gico integral contra
esa juventud rebelde del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano que
lucha por la salida polĆtica al conflicto colombiano y la consecución de la paz
con justicia social.
Por eso los hechos no son aislados. Y la responsabilidad de
las amenazas, realizadas contra los movimientos estudiantiles de las dos
universidades pĆŗblicas del departamento, recae directamente en el Gobierno
colombiano que dƩcada tras dƩcada implementa el terrorismo de Estado.
El llamado, entonces, es a la solidaridad de todas las
organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para visibilizar y
detener este plan criminal adelantado contra el movimiento estudiantil del
departamento del Valle del Cauca que participa del Proceso de Unidad Popular
del Suroccidente Colombiano y la Marcha patriótica.
Febrero 12 de 2013
Denuncias
realizadas por la REDFIC:
Publicar un comentario