Cifras oficiales de 61.604 personas desaparecidas en Colombia entre los años de 1947 y 2011, son solo una muestra del carácter sistemático de esta política del terrorismo de Estado en Colombia.
2013/ Febrero 13/ Por: Alexander Escobar
“Educación pública, gratuita y de calidad”, es consigna del
movimiento estudiantil colombiano. No es la única, pero es suficiente para
entender su lucha por alcanzar la paz con justicia social, la misma que
incomoda a quienes desean continuar oprimiendo al pueblo con la ignorancia, la injusticia
y el terrorismo de Estado.
Con amenazas, hostigamientos y muerte despliegan operativos
en toda Colombia para acallar las voces de quienes trabajan por un mejor mañana.
Las víctimas, pertenecientes a movimientos políticos y sociales como la Marcha
Patriótica, la Minga Social y Comunitaria, el Congreso de los Pueblos, y líderes
cívicos, comunitarios, y defensores de Derechos Humanos, evidencian la dinámica
permanente de asesinar y desaparecer a la oposición política para sostener la
injusticia en el país.
Cifras oficiales de 61.604 personas desaparecidas en
Colombia entre los años de 1947 y 2011, son solo una muestra del carácter
sistemático de esta política del terrorismo de Estado en Colombia. En su
columna Desapariciones y desapariciones, publicada el 2
de febrero de 2013 por el diario El Espectador, Alfredo Molano anota:
De esa cifra, certificada, han sido
víctimas de desaparición forzada 16.665 personas; solo 249 se han encontrado
vivas y 557 muertas. Sin duda, el capítulo más brutal de nuestra miseria
humana. La desaparición forzada es un delito cometido por agentes del Estado o
por personas actuando con su autorización, apoyo o consentimiento, que conlleva
a numerosas violaciones a los derechos humanos. De las 8.295 investigaciones
que se llevaban a cabo cuando la Fiscalía era dirigida por Viviane Morales, 1.598
eran homicidios cometidos presumiblemente por agentes del Estado. Según la
Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), la
fuerza pública es responsable de 3.000 ejecuciones extrajudiciales.
En el Valle del Cauca, hoy el objetivo inmediato son los
estudiantes. Las amenazas y hostigamientos denunciados por la Red de Derechos
Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” contra Luisa María Zorrilla de la
Universidad del Valle en la ciudad de Cali, y contra William Ospina de la
Universidad Nacional en Palmira, son el reflejo de la política actual del
Gobierno que en la forma aparenta buscar la paz, pero que en fondo trata de
perpetuar la injusticia por medio de la guerra sucia contra la población civil.
Y no es algo improvisado. Atacar a quienes acompañan las luchas
de todos los sectores sociales en Colombia, y defienden la educación pública
como conciencia crítica de la sociedad, es un plan estratégico integral contra
esa juventud rebelde del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano que
lucha por la salida política al conflicto colombiano y la consecución de la paz
con justicia social.
Por eso los hechos no son aislados. Y la responsabilidad de
las amenazas, realizadas contra los movimientos estudiantiles de las dos
universidades públicas del departamento, recae directamente en el Gobierno
colombiano que década tras década implementa el terrorismo de Estado.
El llamado, entonces, es a la solidaridad de todas las
organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para visibilizar y
detener este plan criminal adelantado contra el movimiento estudiantil del
departamento del Valle del Cauca que participa del Proceso de Unidad Popular
del Suroccidente Colombiano y la Marcha patriótica.
Febrero 12 de 2013
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