Dentro de la política colombiana las comunidades campesinas son víctimas de una estrategia de invisibilización cultural. El hecho de no consignar su cultura como un asunto de importancia para el país, muestra que el derecho a la tierra y la permanencia y defensa de su territorio no está contemplado por el Gobierno.2013/ Julio 9/ REMAP/ Alexander Escobar/
Afiche del VII Encuentro de Sabores y Saberes Campesinos (Detalle)
Mencionar la cultura dentro de los distintos procesos y sectores sociales, no implica que el tema siempre se desarrolle con la importancia necesaria. Hay avances en propuestas y procesos adelantados por comunidades y organizaciones en todo el territorio colombiano, lo cual constituye un hecho trascendental para el país. Sin embargo, la importancia de este trabajo y las valiosas experiencias acumuladas hasta el momento son hechos aislados que no están articulados para el estudio, análisis y reformulación de la Política Cultural de Colombia.
Es común que la Ley General de Cultura de Colombia,
Ley 397 de 1997, no se analice dentro de las organizaciones y procesos
sociales. De allí el desconocimiento de sus alcances y afectación directa en la
estructura política y social del país. El tema de las comunidades campesinas
nos sirve de ejemplo para analizar estos efectos.
En Colombia la Política Cultural contiene apartados
que reconoce los derechos de los grupos étnicos, –sería descabellado si no lo
hiciera–, sin embargo, ello no ocurre de igual forma para las comunidades
campesinas. Esto obedece a una concepción que, aunque no se mencione, fundamenta
la protección de las tradiciones, costumbres y saberes de comunidades étnicas,
en relación al genocidio y violencia ejercida contra ellas y su cultura durante
el periodo de la Conquista y la esclavitud, es decir, la formulación de este
tipo de políticas se da en términos de una reparación histórica y, aunque tampoco
se diga, por la organización y lucha de estas comunidades que hicieron
evidente la necesidad –o la obligatoriedad– de hacerlo. Pero es una reparación
que excluye a un sector de la sociedad: el campesinado, y lo cual trae
repercusiones devastadoras.
La forma sutil
de negar el territorio
La no inclusión del campesinado dentro de la
Política Cultural colombiana tiene una implicación directa con el no
reconocimiento del derecho a la tierra. Indígenas, afrodescendientes y
campesinos han construido su cultura a partir del territorio que habitan, o
luchan por recuperar. Por tanto hablar de preservar la cultura en estas
comunidades, es hablar también del derecho a la tierra y preservación del
territorio que evite su desaparición y conserve su cultura.
Tierra y cultura son dos aspectos inseparables para
la vida de las comunidades. Y omitir o negar alguno significa desaparecer, por
defecto, al otro. Dentro de la política colombiana las comunidades campesinas son
víctimas de esta estrategia de desaparición. El hecho de no consignar su
cultura como un asunto de importancia para el país, muestra que el derecho a la
tierra y la permanencia y defensa de su territorio no está contemplado por el
Gobierno.
De esta manera el Estado colombiano deja clara la
exclusión y desconocimiento del campesinado a través de políticas culturales que emiten
mensajes subliminales en su contra, que les expone como colonos invasores sin
cultura y territorio, una especie de intrusos con los cuales deben convivir las
comunidades indígenas y afrodescendientes. Es una política, por tanto, que
borra la cultura campesina de la historia del país.
Y también es una forma de evadir las responsabilidades de la violencia estatal. Porque bajo la fachada –“la buena voluntad”– de “reparar” las injusticias cometidas en el pasado remoto de las comunidades étnicas, se promueve una Política Cultural que se escabulle de la responsabilidad del presente y las últimas décadas de la realidad de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que sobreviven a la violencia gubernamental ejercida con la implementación del paramilitarismo en sus territorios y –en otros casos documentados– en forma directa a través del ejército y la policía[1].
Es claro, entonces, que exigir que la promoción y defensa
de la cultura campesina se incluya dentro de la Política Cultural colombiana, es
una condición de suma importancia para superar una ideología que despoja de su
historia y derechos a estas comunidades. Y es evidente que requieren de un
trato especial, en tanto que sus tradiciones, costumbres y saberes, al igual
que las manifestaciones culturales de los grupos étnicos, también se encuentran
en riesgo y resisten a través de la organización y promoción de su cultura. En
el caso del Valle del Cauca, un ejemplo de ello lo constituye la Asociación de
Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA), una organización que
promueve la defensa del territorio, tradiciones y costumbres a través de
eventos como el Encuentro de Sabores y Saberes Campesinos que año tras año recupera y reconstruye
la memoria campesina que sobrevive y resiste a la muerte y el despojo.
Lo anterior es de vital importancia para comprender,
de modo más amplio, lo que representan las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) planteadas
por organizaciones campesinas en distintas regiones del país, y que son tema de
discusión en los diálogos de paz en La Habana. Porque el derecho a la tierra, y
el ejercicio autónomo a decidir la finalidad, vocación y uso respetuoso del
territorio se da también en relación al afianzamiento y recuperación de los
saberes y memoria del campesinado que ha sobrevivido a la violencia estatal. Pero
además nos sirve para comprender la política del Gobierno frente al campesinado:
casos como el de los campesinos heridos y asesinados por la Fuerza Pública en
el norte del departamento de Santander, que defienden y exigen la consolidación
de la ZRC del Catatumbo, muestra que borrar la cultura campesina de la historia del país es parte integral de la
negación del territorio y desaparición física agenciada por el Estado
colombiano que dispara y asesina al campesinado[2].
La exigencia de incluir la promoción y defensa de la
cultura campesina en la Política Cultural colombiana, es tan solo uno de tantos
temas que deben ser abordados para la construcción de una Paz con Justicia
Social acorde a las realidades y necesidades de nuestra gente. El no hacerlo significa
continuar promoviendo un país pensado para extraños y que desconoce las
particularidades de las poblaciones que lo habitan, en este caso específico,
que desconoce a la población campesina.
Pero aún quedan muchos temas por tratar. Por ello los artistas han puesto sobre la mesa la necesidad de discutir la Política Cultural en los diálogos de paz que se adelantan en La Habana. El conversatorio “Artistas Populares por la Paz con Justicia Social”, convocado por la Red de Artistas Populares del Suroccidente (RAPSO), hizo pública esta exigencia el 18 de mayo de 2013 dentro del marco del V Festival Nacional de Teatro Popular: Teatro y Realidad Social realizado en la ciudad de Palmira.
La Política Cultural del
país es un tema que convoca a todos los sectores de la sociedad para el
análisis responsable de sus implicaciones en la estructura social y política
colombiana. Es necesario analizar la concepción ideológica de la Política
Cultural a fondo: en la forma como repercute en la concepción del territorio y
el derecho a la tierra; en cómo concibe “lo popular”; si garantiza condiciones
de vida dignas para los artistas; si está concebida para la recuperación y
afianzamiento de la memoria frente al bombardeo ideológico de los canales privados
de televisión… En fin, sobre estos y otros temas que no requieren solo cambios
en las estructuras políticas, económicas y sociales para superar la inequidad,
sino que además necesitan de una Política Cultural que permita su afianzamiento
y comprensión para superar el odio, la polarización, y las guerras civiles que acostumbran
promover los enemigos de la Paz con Justicia Social.
Ver también:
- Una Constituyente para no prolongar la guerra
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[1] Actualmente la
Fiscalía investiga a 44 mil integrantes de la Fuerza Pública por diversos delitos, entre los que se
encuentran violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario.
[2] Sobre los
hechos ocurridos en el Catatumbo puede consultarse el video realizado por
Prensa Rural, Independencia TV y Cine Latina: http://youtu.be/DsM-WofFmyM
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