Retenidos forzosamente
más de 400 campesinos, indígenas y afrocolombianos.
Palmira, Agosto 24 de
2013
Desde que inició el Paro
Nacional Agrario y Popular el 19 de Agosto en el corregimiento de Chambimbal
municipio de Buga, la Mesa de Interlocución Agropecuaria y Popular, MIA, Valle
del Cauca, como en todo el territorio nacional, ha recibido un trato militar
por parte del departamento de Policía del Valle del Cauca, del Ejército
Nacional y por parte de las alcaldías de los municipios de San Pedro, Buga,
Guacarí y Palmira.
Entre el 20 y 22 de
Agosto, en San Pedro, Buga y Guacarí, tanto el Coronel del Departamento de
Policía Valle del Cauca, Coronel Mariano Botero Coy, como el Mayor Wilson
Gutiérrez, Comandante del Distrito de Buga, miembros de la SIJIN y del Batallón
Palacé del Ejército Nacional, impidieron la movilidad de los campesinos,
indígenas y afrocolombianos que convergen en la MIA, prohibiendo el ingreso del
colectivo a los municipios mencionados, citando un supuesto decreto de la
Presidencia de la República que niega el derecho a la movilización por las carreteras
del país a quienes hacen parte del Paro Nacional Agrario y Popular y concede
poderes administrativos extraordinarios
al Ejército y a la Policía Nacional y los declara como únicos entes que
determinan quién se moviliza y quién no, violando los derechos políticos y
sociales contemplados en la Constitución Política de Colombia.
Entre la noche del 22 de
agosto a la fecha, cerca de 400 campesinos se declararon en Asamblea Permanente
en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña
de Azúcar, SINTRAICAÑAZUCOL, en Palmira, espacio que ha sido declarado como
Refugio Humanitario, dado que a las afueras del sindicato se encuentran por lo
menos 100 policías, y aproximadamente un pelotón del Batallón Agustín Codazzi.
En la mañana del 24 de
agosto, se hizo presente el delegado de la Personería de Palmira Dr. Isaza,
quien manifestó que por “orden de la alcaldía municipal de Palmira del Dr.
Ritter López, no se permitiría ningún tipo de movilización o manifestación así
esta fuere pacífica, dada la orden de la Presidencia de la República”.
Aproximadamente a las
9:30 de la mañana, tres grupos de campesinos e indígenas que en total no
sumaban setenta personas, salieron a informar a la ciudadanía Palmirana sobre
el Refugio Humanitario instalado en la sede de SINTRAICAÑAZUCOL, y la Asamblea
Permanente declarada como herramienta para garantizar la vida, la integridad
física y la dignidad humana de los campesinos, indígenas y afrocolombianos que
hacen parte de la MIA, así como solicitar la solidaridad del pueblo para con el
Refugio Humanitario.
Sin embargo, el
Comandante del Distrito Especial de Palmira de la Policía Nacional, Teniente
Coronel Víctor Reina, reiterando las palabras del delegado de la Personería,
manifestó a una comisión de Derechos Humanos que “procedería conduciendo a los
campesinos, indígenas y afrocolombianos que se encontraban repartiendo
volantes, informando y solicitando solidaridad a la ciudadanía palmirana, dado
que estas actividades requieren de un permiso especial de la alcaldía municipal
firmada por el señor alcalde y por el Secretario de Gobierno de Palmira y que
como éste no existía, él procedería a detener a quienes se encontraran
realizando estas actividades”.
El constreñimiento por
parte del Distrito de Policía Palmira, comandado por el Teniente Coronel Víctor
Reina, ha llegado a tal punto que se requisa a todas las personas que pretenden
ingresar al Refugio Humanitario a realizar cualquier acto de solidaridad.
Desde las 7:00 PM del 24
de agosto de 2013, el Coronel Reina instruyó a los efectivos de policía que no
permitiría el ingreso de ninguna persona al Refugio Humanitario, sin que
existan argumentos certeros para ello. Lo que en verdad pretende el Coronel es
impedir que las organizaciones, gremios y personas, conozcan de la situación de
confinamiento y no se solidaricen con el Refugio Humanitario.
Reiteramos que estos
actos de la alcaldía municipal de Palmira, en cabeza del Dr. Ritter López, de
la Fuerza Pública y de la Personería municipal, no solo violan los derechos
constitucionales de los colombianos, sino que demuestran una vez más el
carácter fascista del Gobierno nacional, departamental y municipal, que trata
al Refugio Humanitario instalado en la sede de SINTRAICAÑAZUCOL, como un campo
de concentración en el que se encuentran retenidos forzosamente por lo menos
400 campesinos, indígenas y afrocolombianos.
Desde la MIA Valle del
Cauca, instamos a los entes nacionales encargados de velar por el respeto de
los derechos de la población, a investigar al Teniente Coronel Víctor Reina y
al delegado de la Personería Municipal de Palmira Dr. Isaza, por violar los
derechos a libertad de movilización y protesta pacífica que tienen las
comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas; solicitamos además que la
Procuraduría General de la República investigue el accionar de la Alcaldía
Municipal de Palmira y determine la legalidad del procedimiento de negar la
protesta pacífica, la libertad de información a la ciudadanía y de impedir el
ingreso de personas que representan organizaciones sociales y sindicales que
vienen prestando solidaridad al Refugio Humanitario, siendo esta una clara
muestra de que al régimen lo único que le interesa es bloquear la comunicación,
el interrelacionamiento, el derecho a la libre movilidad; procedimiento que a
su vez confirma, nuevamente, el secuestro que padecen las comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas que se encuentran en el Refugio
Humanitario para salvaguardar su vida de la posible arremetida de la Fuerza
Pública.
Hacemos el llamado a los
organismos internacionales que velen y exijan el cumplimiento de los tratados
firmados por el Estado colombiano en materia de protección de los derechos
sociales, políticos, económicos y culturales que están siendo violentados por el
Gobierno municipal de Palmira y por el Comandante del Distrito Especial de
Policía Teniente Coronel Víctor Reina.
Exhortamos a las
organizaciones sociales, gremiales, campesinas, indígenas, afrocolombianas, a
los viviendistas, a los defensores de Derechos Humanos, a los estudiantes, a
los obreros y trabajadores y, en general a todos los sectores populares a
rodear y solidarizarse con el Paro Nacional Agrario y Popular en el
departamento del Valle del Cauca, exigiendo al Gobierno nacional, departamental
y municipal, el cese definitivo del confinamiento al que han sido sometidos 400
campesinos, indígenas y afrocolombianos que se encuentran en el Refugio
Humanitario de SINTRAICAÑAZUCOL y garantizando los derechos constitucionalmente
adquiridos.
VIVA EL PARO NACIONAL
AGRARIO Y POPULAR
VIVA LA MESA DE
INTERLOCUCIÓN AGRARIA Y POPULAR - MIA
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