La Constitución PolĆtica
de Colombia afirma que, ante la ley, todos somos
iguales. Sin distinción alguna, todos los colombianos tenemos los mismos
derechos y las mismas obligaciones; Sin embargo, a pesar de estar en la Constitución, este enunciado no se cumple en la realidad. Campesinos, IndĆgenas,
Afrocolombianos y pobladores urbanos
hemos vivido en la injusticia y la desigualdad; la marginación económica
y polĆtica ha sido constante: se nos criminaliza y persigue.
Somos colombianos que hemos buscado por distintos mecanismos acceder a polĆticas pĆŗblicas que favorezcan nuestra situación social, para que se salde la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con el mundo rural. No hemos pedido imposibles, solo pedimos que se nos garanticen los derechos humanos. Con nuestra lucha y organización hemos logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos so pretexto del dĆ©ficit presupuestal a pesar que cada aƱo los gremios económicos hablan de abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello se ha aplicado todo un paquete legislativo y normativa en materia de producción agropecuaria, minera, energĆ©tica, vivienda y de servicios pĆŗblicos que favoreciendo intereses del capital va en contra de los intereses del pueblo.
SegĆŗn cifras del mismo DANE el INB es mĆ”s alto en lo rural que lo urbano, pese a ello no ha existido una polĆtica por parte del Estado
que resuelva esta situación; por el contrario, el abandono estatal
y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores,
como lo seƱala el informe
del PNUD (Colombia Rural, razones para el esperanza del 2011) la tercera parte de
la
población rural
vive
en
pobreza
extrema
(PƔg. 63).
Este mismo informe
plantea, según el IR, que el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población; un porcentaje mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural representa el 94,4% del territorio que ha estado
históricamente excluida del ejercicio del poder y de la toma decisiones. No existe un estudio que pueda ubicar en términos presupuestales a cuanto haciende
la deuda social
que hoy se tiene con el campo,
sin embargo, en nuestra realidad,
la deuda social se refleja
en el despojo,
la no adjudicación y dotación
de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente polĆtica
para fortalecer la producción agropecuaria, en la polĆtica
minera a favor de multinacionales y en contra
de comunidades, y mineros pequeƱos
y artesanales, y la ausencia
estatal en cuanto programas de inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios
pĆŗblicos se refiere.
Ante el tamaƱo de la crisis social, el gobierno
nacional no ha tomado cartas en el asunto que enfrenten estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha aplicado una paupĆ©rrima polĆtica
social que se ha enfocado a solucionar con paƱos de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artĆculo 65 de la Constitución PolĆtica de Colombia de 1991 define
“La producción de alimentos gozarĆ” de la especial protección del Estado”. Sin embargo, la polĆtica agraria
no ha resuelto la situación
de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre de los pobladores del sector urbano y rural:
el 58,3% de los hogares
rurales se encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria el 20% de los niños menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en situación de desnutrición aguda.
SegĆŗn la DefensorĆa del pueblo el 40,8% de la población total en el paĆs se encuentra
en condiciones de inseguridad alimentaria y el Informe
Nacional de Desarrollo Humano muestra que el Coeficiente de Autosuficiencia Alimentaria pasó de 1,04%
a 0,95%entre 1991 y 2008.
Ante las injusticias vividas, hemos enviado cartas,
sostenido reuniones, audiencias, hemos hecho uso del derecho legĆtimo
a la protesta llegando a acuerdos
con distintos gobiernos
municipales, departamentales, e incluso con el gobierno nacional,
para dar solución
a los problemas que se generan y viven en la ruralidad, y que afectan
al conjunto de la sociedad
colombiana. Cada uno de estos
acuerdos
se
ha
sido
incumplido
de manera sistemƔtica por el Estado
y sus diferentes instituciones.
Ante tal situación, se requiere
la construcción de una polĆtica
pĆŗblica agraria estructurada y coherente con las necesidades del pueblo colombiano, de la que debe hacer parte el Estado, con la participación directa y decisiva del movimiento agropecuario y popular; una polĆtica pĆŗblica
que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana,
afro e indĆgena, que fortalezca y potencie la economĆa campesina y ancestral como un renglón estratĆ©gico de la economĆa
nacional.
La inversión social en seguridad
social, educación, salud, infraestructura es fundamental para garantizar los derechos humanos que tenemos las comunidades rurales.
Debe ser capaz
de atender las demandas sociales, y que
requiere la participación del Presupuesto
General de la Nación y del Sistema General de RegalĆas
y
en especial de las carteras
de Defensa, Salud,
Educación, Hacienda, Vivienda,
Agricultura, y de instituciones estatales
como el INCODER, el Instituto
Nacional de vĆas, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Unidad Administrativa
para la Consolidación Territorial, Agencia
Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción
coordinada para enfrentar de manera integral
los problemas que aquejan el campo y lo popular.
Nos asiste las razones justas para protestar
y exigir al gobierno que cumpla con su compromiso, ante ello tenemos 6 exigencias centrales,
cada uno de estos puntos tiene sub-puntos que las sustentan.
1. Exigimos la
implementación de medidas
y acciones frente
a la crisis
de la producción agropecuaria.
2. Exigimos acceso a la propiedad
de la tierra.
3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros
pequeƱos y tradicionales en la formulación y desarrollo de la polĆtica
minera.
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantĆas
reales para el ejercicio de los derechos polĆticos de la población rural.
6. Exigimos inversión social
en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios pĆŗblicos y vĆas.
Las organizaciones y comunidades del sector agropecuario y popular presentamos ante el Presidente Juan Manuel Santos
como jefe de Estado nuestras
demandas sociales, económicas y polĆticas, buscando
que mediante el dialogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto
económico, polĆtico y social que vivimos. De parte nuestra ya estĆ”n los voceros nacionales para iniciar el diĆ”logo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria y Popular, escenario
que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.
Anunciamos al paĆs que nos sumamos a la realización al Paro Nacional
Agrario para el 19 de Agosto, teniendo en cuenta los antecedentes de incumplimiento y abandono por parte del Estado. Ponemos a consideración este pliego general a sectores sociales
y populares, para que en unidad, organización y movilización, en una voz potente le exijamos
al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece.
1. EXIGIMOS IMPLEMENTACIĆN DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE
A LA CRISIS DE
LA PRODUCCIĆN AGROPECUARIA.
1.1 Exigimos que el Estado
fije precios de sustentación para la producción campesina, de manera independiente al comportamiento de los precios
internacionales, los cuales
garanticen una remuneración efectiva a los productores, asà como precios accesibles para los consumidores. Para tal fin, se deberÔ implementar un fondo nacional de compensación que cubra las diferencias existentes entre los costos de producción y el precio
de venta de los productos, acompaƱado de la garantĆa de compra de cosechas por parte del Estado
para pequeƱos y medianos productores agropecuarios.
1.2 Reducción de los precios
de los combustibles y peajes,
concertando nuevas tarifas
con transportadores y productores agropecuarios.
1.3 Reducción de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demÔs insumos agropecuarios.
1.4 Exigimos la modificación de la polĆtica
antidroga y solicitamos acordar una polĆtica
de sustitución gradual
y concertada de cultivos de coca, marihuana y amapola, asà como el fin de las fumigaciones y de la erradicación manual.
1.5 Derogatoria de la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización agropecuaria de pequeños y medianos productores, incluyendo lo relativo
al
manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos productivos para el sector. Concertación de legislación para la promoción de la producción agropecuaria de pequeƱa y mediana escala y garantĆas efectivas
para el acceso a los mercados.
1.6 Frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de cafƩ, cacao, arroz, papa, leche y productos lƔcteos.
Suspensión y revisión de los Tratados de Libre Comercio
con
Estados Unidos, la Unión Europea,
China y demĆ”s paĆses.
1.7 Condonación total de las deudas adquiridas por pequeƱos y medianos productores agropecuarios con el sistema financiero. Definición de una polĆtica
de crƩditos blandos
para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.
1.8 Adopción de seguros de cosechas frente a problemas derivados de condiciones
climƔticas y/o fitosanitarias,
para la pequeƱa y mediana
producción agropecuaria que sean otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado
del sistema financiero.
2. EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA.
2.1 Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indĆgenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o estĆ”n en posesión de baldĆos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al INCODER: La compra directa
de tierras en cantidad suficiente y de buena
calidad, y La titulación inmediata
de las tierras baldĆas que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios.
2.2 La compra directa de tierras por el
INCODER para ser tituladas de manera colectiva
a las comunidades afrodescendientes e indĆgenas.
2.3 Detener la polĆtica de extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o transacciones que han permitido su extranjerización; revertir
estas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo para la adjudicación y dotación de quienes no la tienen.
2.4 Iniciar, adelantar
y culminar en el tƩrmino
mÔximo de un (1) año, los procedimientos de extinción administrativa de dominio de las tierras
poseĆdas por campesinos, para luego adjudicarlas a Ć©stos.
2.5 Detener la reformulación del tamaño de la Unidad
AgrĆcola Familiar (UAF),
y en todo caso no disminuir la extensión que actualmente estÔ definida.
3. EXIGIMOS RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA.
3.1 La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina
en los territorios en los que ya se cumplieron todos
los trÔmites para su constitución.
3.2 Iniciar y culminar los trƔmites
de delimitación y constitución de las
Zonas de Reserva Campesina en los territorios que las comunidades soliciten,
en un tƩrmino no mayor a un (1) aƱo a partir de la solicitud.
3.3 La financiación y ejecución
de los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva Campesina constituidas y las que se constituyan.
4. EXIGIMOS LA PARTICIPACIĆN EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS TRADICIONALES Y PEQUEĆOS EN LA FORMULACIĆN DE LA POLĆTICA MINERA.
4.1 Detener la concesión de tĆtulos mineros
y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la polĆtica
minera del paĆs, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades Ć©tnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden
garantĆas para la minerĆa artesanal.
4.2 Reconocimiento y formalización de la minerĆa
artesanal, pequeƱa y mediana.
4.3 Definición concertada con los mineros
artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo Código de Minas.
Redefinir los tiempos
mÔximos para la explotación minera,
los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los métodos para su realización y la participación nacional y local de los réditos económicos.
4.4 Construcción de una nueva ley de regalĆas que redefina la participación nacional
y local de los beneficios económicos
de la actividad minera.
4.5 Realización de estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos mineros en ejecución
y en proyección, como base para la toma de definiciones frente a la realización o continuidad de dichos proyectos. Estos estudios deben tener por base los efectos ambientales y sociales que la ejecución
de cada proyecto acarrearĆa, asĆ como el consentimiento previo,
libre e informado de las comunidades.
4.6 Sujeción del desarrollo de actividades mineras a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, asà como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención
a estudios sobre vocación del suelo.
4.7 Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.
5. EXIGIMOS SE ADOPTEN MEDIDAS Y SE CUMPLAN GARANTĆAS REALES PARA EL EJERCICIO
DE LOS DERECHOS POLĆTICOS DE LA POBLACIĆN RURAL.
5.1 Adopción por parte del Estado colombiano, de la convención de los derechos
de los campesinos y las campesinas, aprobada en la reunión de la comisión de los Derechos
Humanos de las ONU.
5.2 Participación efectiva
y con carƔcter decisorio en los consejos
y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención
a la población rural.
5.3 Otorgar el derecho a la consulta
previa, a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno,
en lo social, en lo polĆtico, en lo ambiental,
en lo económico y en lo cultural.
5.4 Participación amplia,
efectiva y con carƔcter decisorio
en las instancias de planeación del desarrollo rural.
6. EXIGIMOS INVERSIĆN SOCIAL
EN LA POBLACIĆN RURAL Y URBANA EN EDUCACIĆN, SALUD, VIVIENDA,
SERVICIOS PĆBLICOS Y VĆAS.
6.1 Exigimos un plan progresivo para el acceso,
cobertura integral de población rural al sistema
de educación bÔsica y media, superior
y tƩcnica.
6.2 Exigimos el nombramiento de planta docente.
6.3 Exigimos la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, asà como la concertación con la sociedad
de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral
y que contenga
elementos diferenciales para el campo.
6.4 Exigimos partidas
presupuestales para inversión
social en infraestructura y dotación para educación, salud, producción, vĆas, red elĆ©ctrica, saneamiento bĆ”sico, agua y alcantarillado.
6.5 Exigimos se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento bÔsico, agua y alcantarillado con un criterio
social.
6.6 Exigimos la condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos
y se levanten los embargos
que se han efectuado
por este motivo.
6.7 Devolución de las micro-centrales hidroeléctricas a las comunidades.
6.8 Exigimos una nueva tabla de tarifas
justas de servicios
pĆŗblicos, que correspondan a los costos
y no a la especulación.
6.9 Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial.
6.10 Exigimos la destinación de recursos para
el mejoramiento y construcción de vivienda urbana y rural. Mientras se resuelva, el gobierno otorgarÔ el derecho de arrendamiento mensual a la población de los asentamientos sin vivienda y quienes estÔn en arrendamiento.
MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE
INTERLOCUCIĆN Y ACUERDO
INTERLOCUCIĆN Y ACUERDO
−MIA NACIONAL−
¡Por la vida y contra
el desarraigo!
¡Viva el Paro Nacional Agrario y Popular del 19 de Agosto!
¡Viva el Paro Nacional Agrario y Popular del 19 de Agosto!
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