Por: Lucas Restrepo Orrego
Agosto de 2013
Que el tridente represivo constituido por
la ley 1453 de 2011, el fuero militar y la propaganda militarista generara una respuesta
bárbara contra las movilizaciones de agosto no es extraño. Tampoco lo es que
fiscales y jueces se plieguen a las necesidades y exigencias de las fuerzas
militares y de policía. Pero la complicidad de funcionarios de la Fiscalía y de
jueces de control de garantías con la represión y el militarismo en la
judicialización ilegal de líderes campesinos, periodistas alternativos y grupos
solidarios con el paro nacional agrario y popular, es la bancarrota de la
justicia.
Todos hemos sido testigos de la violencia
oficial e ilegal que se ha ensañado contra los manifestantes en las carreteras
de Antioquia, Boyacá, Cauca y Valle: robo de comida, golpes injustificados,
exceso de la fuerza, ataques con arma de fuego, privación de garantías
judiciales, etc. Hemos sido testigos también del servilismo judicial con la
injusticia: judicialización de los líderes campesinos al tiempo que se
desangraban algunos manifestantes por heridas de bala y golpes de macana.
Empero, ni un solo policía ha sido
investigado por los excesos de fuerza con que se ha respondido a las justas
exigencias del movimiento campesino colombiano. Es así de sencillo: el abandono
y el engaño oficial ha criado un monstruo llamado indignación, inconformismo,
rabia que se despliega en las carreteras nacionales exigiendo justicia. Y la
respuesta de la justicia ha estado al nivel del engaño: reprimir al más débil,
congraciarse con el poder ilegal y mentiroso. ¿Cuántos estímulos esperan
recibir estos fiscales y estos jueces de garantías por la judicialización de
líderes sociales y periodistas alternativos? De seguro ninguno proveniente de
una política de protección al campo o de un esfuerzo por incrementar la renta
personal del campesino. Al final, el contraste es aberrante: mientras jueces
civiles y agrarios brillan por su eficiencia ejecutando a ciudadanos
empobrecidos para satisfacer el hambre del capital financiero, pequeños
agricultores aún esperan retornar a sus tierras invadidas por empresas
multinacionales, esperan ser atendidos para mejorar sus condiciones de trabajo
o esperan ser valorados como productores del 70% del mercado de alimentos en
Colombia.
Lo
que ocurrió con la justicia en Buga este 22 de agosto supera los límites de la
indignación: como en los tiempos de la colonia, los manifestantes detenidos por
protestar, fueron aislados, privados de agua y alimentos, amenazados y
expuestos en la picota como terroristas. No importó que el robo a sus
pertenencias superara los 20 millones de pesos, no importó que algunos
estuvieran heridos o hubieran sido amenazados por la Policía. Solo importaba
cumplir el triste papel del juez municipal que, ciego frente a los hechos, solo
escucha al verdugo a través de la manipulada visión del fiscal del caso para
darle término sin dilación a la legalización de todas las injusticias cometidas
en el campo.
Triste papel de un juez que puede ser
grande cuando aplica su función de garantías. Triste papel la del funcionario
judicial de menor rango que se hace grande justo en el momento en que puede
hacer grande a la justicia enfrentando la violación flagrante de la
Constitución. Pero la pequeñez y la insignificancia es el papel asignado que
gustoso ha decidido aceptar, a costa de la justicia.
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