Las
organizaciones campesinas, indígenas y afro descendientes, vinculadas a la MIA
(Mesa de Interlocución Agraria y Popular) departamental, ante los hechos que se
han dado en el marco de la jornada de Paro Agrario Nacional y Popular, citado
para el pasado 19 de Agosto, declaramos a la opinión pública nacional e internacional
que:
1.En
el marco de dicha jornada, la fuerza pública arremetió contra los campesinos,
indígenas y afrodescendientes que marchaban en la vía panamericana entre Los
municipios de Buga y Tuluá, violando los derechos humanos de los manifestantes,
y ocasionando graves heridas e intentando asesinar al joven Alejandro Niño,
quien recibió un impacto de bala a la altura del estómago y lo tiene en un
estado crítico de salud. También detuvo a setenta y tres personas, incluyendo a
seis periodistas de REMAP (Red de Medios Alternativos y Populares) y cuatro
defensores de Derechos Humanos, de los cuales aún permanecen detenidos tres de
ellos, tratando de ocultar la realidad del Paro y el accionar censurable de la
Fuerza Pública.
2. Que durante tres días nuestras comunidades
han sido sometidas a trato inhumano al ser ubicadas por la Fuerza Pública del
departamento del Valle del Cauca y administraciones municipales, como las de
Guacari y Buga, a la intemperie y sin
servicio de baterías sanitarias, cercadas por un dispositivo de más de 80
miembros de la fuerza pública entre policía, ejercito y CIJIN, y sobrevoladas
permanentemente por un helicóptero de la policía, todo con el ánimo de
desmoralizar a nuestras comunidades; hasta que finalmente les acorrala y detiene
arbitrariamente por más de seis horas en Guacari, con el argumento de que
estaba prohibida la realización de movilizaciones. Bajo esta presión ilegal
realizada por el mayor de la policía Wilson Gutiérrez, se realizó un documento
que permitió la salida de ese sitio hacia la sede sindical del municipio de
Palmira, donde estamos confinados sin poder continuar nuestra movilización
hacia Cali.
3. Que el “acuerdo” firmado obedece a la
presión y amenaza de la Fuerza Pública del departamento del Valle del Cauca,
que haciendo uso del amedrentamiento como táctica de guerra (sobrevuelo de
helicóptero, acordonamiento de la zona) e impidiéndonos nuestro desplazamiento
en transporte hasta Cali, e imponiéndonos que debíamos llegar caminando hasta
la capital del departamento, como única opción, fuimos obligados a firmar dicho
documento que nos propone abandonar la ciudad de Palmira a las ocho (8) de la
mañana y desistir de nuestra participación del Paro Agrario Nacional y Popular.
4. Que al quedar claro que el “acuerdo”
firmado fue realizado bajo la presión militar de la Fuerza Pública del
departamento del Valle del Cauca, y para salvaguardar nuestras vidas ante el
brutal desalojo insinuado por ésta, el acuerdo carece de validez y evidencia
una usurpación de funciones de la Fuerza Pública que actúo en forma similar a
dictaduras ya vividas en América Latina.
5. En este sentido, denunciamos ante la
opinión pública nacional e internacional, que el Gobierno colombiano y su
fuerza pública desconocen el derecho a la movilización que tenemos los pueblos
y no quieren permitir la visibilizacion del Paro Nacional Agrario Popular
planteado por la MIA, implantando un régimen de silencio frente a las
desigualdades y falta de inversión que tienen las comunidades rurales de
nuestro país.
6. Por consiguiente, ante la persecución y
confinamiento que nos impone la Fuerza Pública en la sede de SINTRAICAÑAZUCOL,
ubicada en el municipio de Palmira (Valle), nos declaramos en asamblea
permanente, como un mecanismo de respaldo al Paro Nacional Agrario.
7. Igualmente, ante la amenaza verbal
permanente de los comandantes de la
policía y el ejército de reprimir a las personas que no salgamos el día de hoy
de este espacio, hacemos responsable al Presidente de la República, al ministro
del Interior y el ministro de Defensa por las agresiones y judicializaciones
que se realicen contra los miembros de las comunidades rurales y demás sectores
populares que nos encontramos en este sitio, así como también exigimos
garantías para la libertad de prensa y la vida de los corresponsales de los
medios alternativos que cubren el Paro en el Valle del Cauca y a las
organizaciones de Derechos Humanos que ya fueron agredidas y detenidas
arbitrariamente el 19 de agosto en Buga junto a seis periodistas de REMAP.
8. Proponemos para seguir insistiendo en las
garantías políticas para desarrollar nuestra movilización a la ciudad de Cali,
la realización de una reunión con las autoridades civiles de la secretaria de
Gobierno departamental, la alcaldía de Palmira y la alcaldía de la ciudad de
Cali, donde expondremos nuestros argumentos a favor de que se nos den las
garantías para la movilización y visibilizacion de nuestras propuestas
expuestas en el pliego presentado al Gobierno nacional y departamental.
9. Solicitamos que las instituciones
estatales que tienen el deber de garantizar los derechos civiles y políticos de
nosotros como manifestantes, es decir, que Procuraduría y Defensoría del
Pueblo; así como a la comunidad internacional, en especial a las organizaciones
defensoras de DDHH, hagan presencia en
el punto de confinamiento en el que estamos hacinados por presión de la
Fuerza Pública. (policía y ejército).
10. Informamos a la opinión pública que a partir
de este momento declaramos a la sede sindical de SINTRAICAÑAZUCOL, Refugio
Humanitario de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que hacemos
presencia en este lugar
Municipio
de Palmira, Agosto 23 de 2013
VIVA EL PARO AGRARIO NACIONAL
VIVA LA MIA
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