2013/
Octubre 10/ La tierra para el que la trabaja/ REMAP/
Como
un “pasquín” definió el Secretario de Gobierno de Sevilla la
denuncia realizada por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle
del Cauca (Astracava), cuyo contenido alertaba sobre el desalojo policivo
ordenado por la administración municipal contra diez humildes familias
campesinas de la vereda Cimitarra.
Octubre 10: Reunión alcaldía de Sevilla con campesinos de Astracava
La
denuncia se hizo pública el pasado 8 de octubre por la subdirectiva de Astracava
en Sevilla, provocando de inmediato la solidaridad de la comunidad y el
acompañamiento de distintas organizaciones de Derechos Humanos. “Fue una
denuncia pública, y no un ‘pasquín’ como afirma el Secretario de Gobierno
Nubier Borrero. Se hizo para salvaguardar los derechos de diez familias
campesinas honestas y trabajadoras que pertenecen a nuestra Asociación. Y gracias
a ella ahora vemos los resultados: la administración municipal decidió aplazar
el desalojo y convocar a una reunión el día de hoy”, afirmó Fabián Esquivel,
asesor técnico de la subdirectiva Sevilla.
Sin
embargo, el aplazamiento del desalojo tiene caducidad, y se hará efectivo el
lunes 21 de octubre. Para ello la administración municipal argumenta que las
diez familias están ocupando predios de la finca Bellavista que pertenecen al
municipio, y ante los cuales la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca) ha ordenado actuar por razones ambientales.
Pero
los campesinos, basados en el conocimiento del terreno, y testimonios de
antiguos dueños y pobladores de la zona, siempre han estado seguros de que sus
parcelas se encuentran en la finca La Rivera, ocupada por ellos desde hace más
de seis años y la cual no pertenece a la municipalidad. Y proponen una
solución: “Nosotros estamos solicitando que se conforme una comisión de
peritaje que confirme que nuestras parcelas están ubicadas en la finca La
Rivera y no en Buenavista, como argumenta la alcaldía a través de estudios
ajenos a la realidad”.
Lamentablemente
la propuesta no fue acogida hoy por la administración, argumentando no contar
con el presupuesto para la realización del peritaje. Y como única “solución”, o
en otras palabras, actuando para lavarse las manos, afirmaron que solo detendrán la orden de
desalojo si las gestiones de los campesinos logran, en tan corto tiempo, que la
CVC realice los estudios en la vereda.
Este
caso, como muchos otros que suceden en Colombia, indigna a propios y extraños
que no se explican porqué no se actúa contra empresas como Smurfit Cartón de Colombia, responsable del daño
ambiental más grave que sufre el municipio de Sevilla, y en cambio se opta por
perseguir a diez humildes familias campesinas que luchan por salir adelante, campesinos
trabajadores, honestos, y que como prueba de su transparencia han declarado:
“Dijimos a la alcaldía que si se comprueba que estamos en Buenavista, saldremos
de nuestras parcelas sin ningún problema, pero que si se confirma que estamos
en La Rivera, debe apoyarnos a buscar salidas para continuar cultivando la
tierra como campesinos que somos. No queremos salir desplazados hacia la
ciudad, ahí nos moriríamos de hambre; nuestra vida está en la tierra y no en el
cemento”.
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