Colombia necesita abolir la legislación que criminaliza la protesta social y recuperar la noción clásica del delito político que alcanzó su desarrollo jurisprudencial entre 1950 y 1995, que comprende y da un tratamiento diferencial a quien de manera altruista ejerce violencia contra el Estado.
2014/
Diciembre 26/ Por: Seminario prisioneros políticos
DECLARACIÓN PÚBLICA
2º SEMINARIO NACIONAL PARA LA DEFENSA DE
PRISIONERAS
Y PRISIONEROS POLÍTICOS EN COLOMBIA
“EDWIN ALBERTO RUIZ CHAPARRO”
Durante
los días 14 y 15 de diciembre de 2014, en la ciudad de Bogotá D.C., nos dimos
cita abogados y abogadas, estudiantes de derecho, activistas de derechos
humanos, defensores y defensoras de prisioneras y prisioneros políticos en
Colombia, integrantes de las organizaciones abajo firmantes, miembros de la
Coalición Larga Vida a las Mariposas, quienes realizamos el 2º Seminario
Nacional para la Defensa de Prisioneras y Prisioneros Políticos en Colombia
“EDWIN ALBERTO RUÍZ CHAPARRO”, llamado así en homenaje a nuestro
compañero fallecido en un accidente de tránsito el 28 de junio de 2014 a sus 53
años de edad. EDWIN ALBERTO RUÍZ CHAPARRO, reconocido abogado defensor de
derechos humanos e integrante de la Corporación Colectivo de Abogados Suyana,
desde muy joven y hasta el último instante de su vida se entregó a la lucha
social y popular, especialmente a la defensa de las y los prisioneros políticos,
ejercicio en el que se caracterizó por una entereza y convicción ejemplar,
siendo éste su legado para las generaciones que desde la defensa de los
derechos humanos hacemos parte de la construcción de un país con justicia
social.
El
2º Seminario Nacional para la Defensa de Prisioneras y Prisioneros Políticos en
Colombia “EDWIN ALBERTO RUÍZ CHAPARRO” se concentró en analizar con enfoque
académico, jurídico y político el Delito Político, la Amnistía y el Indulto, la
Justicia Transicional, la Jurisdicción Especial Indígena, las Dificultades y
Estrategias para Ejercer la Defensa de las y los Prisioneros Políticos, y la
Situación de las y los Prisioneros Políticos en el contexto de los actuales y
futuros Diálogos de Paz, concluyendo y declarando que:
1.
Identificamos el sistema capitalista, el modelo neoliberal y su doctrina de
seguridad global, como la causa del conflicto social y armado en Colombia, que
durante décadas ha despojado y bañado en sangre a nuestro país, constituyendo
actualmente un obstáculo para nuestra libre determinación como pueblo y la
integración latinoamericana.
2. La
prisión en Colombia es una institución al servicio del neoliberalismo y la
acumulación de capital, enfocada en el control y represión contra los pobres y
quienes optan por el ejercicio del derecho a la resistencia y/o el recurso a la
rebelión ante la tiranía y la opresión.
3.
Reconocemos la existencia de prisioneras y prisioneros políticos como producto
del conflicto político, social y armado. Son hombres y mujeres que se
encuentran en prisiones de Colombia y Estados Unidos como sanción estatal
por:
a)
Ejercer desde la vida civil la oposición política de manera altruista, el
pensamiento crítico, la libertad de expresión, la libertad de organización, el
derecho a la protesta social y la movilización contra el régimen vigente, a
quienes identificamos como Prisioneros Políticos de Conciencia.
b)
Ejercer la resistencia insurreccional y/o levantamiento armado -considerado por
el Estado como delito político- contra el régimen vigente bajo la bandera de
transformar el sistema económico y político colombiano por otro que mejore las
formas políticas y las condiciones de las mayorías, a quienes identificamos
como Prisioneros Políticos de Guerra.
c)
Vivir en zonas altamente afectadas por la confrontación armada y en razón a
ello padecer el señalamiento y acusación de colaborar y pertenecer a
organizaciones insurgentes, a quienes identificamos como Prisioneros Políticos
Víctimas de Montajes Judiciales.
4. Reiteramos
nuestros respaldo a los Diálogos de Paz en La Habana entre el gobierno nacional
y la guerrilla de las FARC- EP y la necesidad de reconocer la condición de
víctima de los prisioneros y las prisioneras políticas colombianas, quienes han padecido las torturas y, tratos crueles, inhumanos y degradantes de
la vida en prisión. Hacemos un llamado a las partes en diálogo a acordar un CESE
AL FUEGO BILATERAL como un paso decisivo en la culminación exitosa de
esta etapa del proceso de paz.
5. Colombia
necesita ABOLIR la legislación que criminaliza la protesta social y RECUPERAR
la noción clásica del DELITO POLÍTICO que alcanzó su desarrollo jurisprudencial
entre 1950 y 1995, que comprende y da un tratamiento diferencial a quien de
manera altruista ejerce violencia contra el Estado, así sean errados o
desproporcionados los mecanismos usados. Se deben erradicar los desaciertos de
la Sentencia C-456 de 1997 que dejó sin cuerpo el delito político y limitó la
conexidad al caprichoso del congreso de turno, para recuperar el móvil
altruista del delito político y aplicar de manera eficaz las instituciones
constitucionales de AMNISTIAS e INDULTOS, conforme a la realidad
y necesidad social vigente.
6. Colombia
ha acudido a las instituciones constitucionales de AMNISTÍAS e INDULTOS en
múltiples oportunidades para iniciar o finalizar procesos de paz entre el
Estado y organizaciones insurgentes. Desde el año 1820 hasta el 2014, la
República de Colombia ha ofrecido 25 AMNISTÍAS y 63 INDULTOS, bajo la
condición de no repetición, en los cuales no sólo se han perdonado delitos
políticos sino también comunes, como sucedió con la amnistía general en 1863 y
la Amnistía amplia de 1954, entre otras. Así mismo, estas figuran no han
dependido del derecho transicional ni de la justicia
transicional, se han ofrecido de acuerdo a la coyuntura, algunas veces con
fines de mejorar las relaciones sociales, bajar la intensidad a la confrontación
o simplemente como estrategia política, como sucedió en el año 2007 con la
liberación incondicional de RODRIGO GRANDA, insurgente de las FARC-EP, en el
segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez bajo el argumento de
“razones reservadas de Estado”.
Bajo
la actual coyuntura, la paz es más que una razón de Estado, es una necesidad,
por lo que rechazamos dilapidar los esfuerzos realizados en La Habana, que
abren campo a los futuros Diálogos de Paz, y exigimos al ESTADO Y AL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA que libere a todas y todos los prisioneros políticos en
Colombia mediante una AMNISTÍA AMPLIA Y GENERAL, como mecanismo central que
permita avanzar hacia la solución política del conflicto y abra puertas a la
identificación de los mecanismos de derecho transicional a aplicar con la firma
del Aacuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera. de la Habana.
7. No
estamos en un Estado de Justicia Transicional, sino en un momento de aplicación
del DERECHO TRANSICIONAL, con el propósito de poner fin a la confrontación
armada entre el Estado y una de las insurgencias existentes en Colombia. La
justicia transicional dependerá de los resultados del cumplimiento de los
acuerdos que se pacten en La Habana y de los Diálogos de Paz que se desarrollen
entre el Estado colombiano, el ELN y el EPL. Es competencia de las comisiones
de paz en diálogo considerar si el modelo de justicia transicional es
adecuado o no para solucionar el complejo conflicto que ha atraviesa nuestro
país. Más allá de esto, un verdadero gesto de paz sería la aplicación de
la amnistía y el indulto para las y los prisioneros políticos.
8. Es
indispensable que la ciudadanía en su conjunto sea incluida en las formas de
participación para propiciar una verdadera transformación social. Nuestra
apuesta de construcción de un país nuevo, incluyente, democrático y respetuoso
de los derechos humanos es la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Es
allí donde iniciaremos otros estándares de justicia y donde viviremos una
verdadera transición a un país mejor, un país con Paz y Justicia
Social.
9.
Entendemos la Jurisdicción Especial Indígena como un elemento importante en la
lucha de los pueblos por su reconocimiento, sin embargo rechazamos radicalmente
el mal manejo que se le está dando por parte de algunas autoridades indígenas,
que guiadas por sus intereses individuales distorsionan el propósito real de la
jurisdicción especial, en contra de las comunidades que dicen representar.
10.
Dentro del país por construir se hace necesario romper con el actual MODELO
IMPERIALISTA DE LAS PRISIONES mal llamado “Nueva Cultura Penitenciaria” y
ajustar la institución de la prisión a los estándares de respeto a la dignidad
humana y los Derechos Humanos, por tanto exigimos al Estado colombiano y su
gobierno no engañar más al pueblo colombiano con la calificación de “crisis
carcelaria” para disfrazar la política de prolongación del Estado de Cosas
Inconstitucionales con fines de profundizar y expandir este modelo de prisiones
al servicio del capital privado. Rechazamos la reciente reforma al Código
Penitenciario y Carcelario como proyecto que obedece a los intereses del modelo
neoliberal, que copia y pega el modelo estadounidense de represión e
industrialización de las prisiones, poniendo el sistema carcelario en función
de la ganancia y rentabilidad por encima de la dignidad
humana. Garantizar plenamente el derecho a la defensa con todos los mecanismos
que ello implica sigue siendo una deuda del sistema judicial colombiano que es
urgente saldar.
11.
Hacemos un llamado a fortalecer el MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO, empezando
con la necesidad urgente de la instalación de la MESA NACIONAL DE CONCERTACIÓN
como primer paso a la solución de los graves problemas carcelarios y
penitenciarios en el país.
12.
La Coalición por el Trato Digno y la Libertad de las y los Prisioneros
Políticos “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS” realizará su Segundo Encuentro Nacional
e Internacional durante los días 20, 21 y 22 de marzo de 2015. Por ello
invitamos a las demás organizaciones solidarias y defensoras de prisioneros y
prisioneras políticas para que se articulen a la Coalición y tracemos un
accionar colectivo por el trato digno y la libertad de todas y todos los
prisioneros políticos.
Aprovechamos
esta oportunidad para enviar nuestro más fraterno saludo de reconocimiento y
admiración para los prisioneros y prisioneras políticas en todo el territorio
colombiano y en las prisiones de los Estados Unidos. Ratificamos nuestro
compromiso y solidaridad, porque no estamos todos, faltan ustedes, los estamos
esperando, nuestra lucha es por la dignidad y la libertad.
Firman
la declaración:
Corporación
Jurídica Libertad
Corporación
Semilla y Memoria
Corporación
Solidaridad Jurídica
Corporación
Colectivo de Abogados Suyana
Fundación
Lazos de Dignidad
Fundación
Solidaridad y Defensa con la Población Carcelaria “Juan David Pineda”
La
lucha social no es un delito, es un paso hacia la libertad!
Libertad
a las y los Prisioneros Políticos!
Diciembre
de 2014
