La Cumbre considera que mediante un ejercicio de soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las comunidades agrarias para su pervivencia.BOGOTÁ, MARZO 16 DE 2014
Foto: Marcha Patriótica
Por convocatoria de la Mesa de Interlocución Agraria - MIA, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario - CNA, el Congreso de los Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras - PCN, la Mesa de Unidad Agraria - MUA, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia - COMOSOC, la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, el Movimiento por la Constituyente Popular - MCP, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y Asociación Campesina Popular- se realizó en la ciudad de Bogotá, del 15 al 17 de marzo, la Cumbra Agraria: ampesina, étnica y popular. La Cumbre reunió a 30 mil personas provenientes de todas las regiones del país.
La Cumbre es un proceso
que ha venido construyéndose a partir de los paros agrarios e indígenas del
2013, movilizaciones que cobraron la vida de 19 compañeros, otros 600
resultaron heridos y decenas fueron detenidos y encarcelados. El gobierno
nacional se sentó a concertar una serie de pliegos y acuerdos en mesas de
interlocución y negociación. La Cumbre nace porque después de esta “rebelión de
las ruanas, los ponchos y bastones” que suscitó el más amplio respaldo nacional
e internacional, el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites
agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al movimiento
agrario de las definiciones y medidas a adoptar en materia de política agraria
nacional.
La Cumbre realizó un balance del incumplimiento del gobierno nacional ante los compromisos adquiridos, los pliegos y acuerdos firmados; avanzó en el proceso de unidad del movimiento agrario en Colombia y desde éste; definió una ruta unificada de la movilización y mecanismos para una negociación articulada y unitaria. La Cumbre definió los caminos para enfrentar conjuntamente las nefastas políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de turno y a sembrar dignidad, labrar esperanza y cosechar un nuevo país desde las iniciativas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La Cumbre considera que mediante un ejercicio de soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las comunidades agrarias para su pervivencia.
Nuestras propuestas
territoriales exigen el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y
la defensa de los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y
afrocolombianas.
La reforma agraria
integral sigue siendo para nosotros la solución estructural para los problemas
de acceso a la tierra, formalización de la propiedad y desarrollo rural, con inversión
social y políticas públicas.
En este propósito es
preciso detener el modelo extractivista que concentra la propiedad de la
tierra, la entrega a empresas multinacionales, acaba con la economía campesina
y destruye la vida.
La Cumbre propone un
modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del
fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afrodescendientes y de
los sectores populares. La autonomía territorial es un factor determinante en
la construcción de una política económica y de producción de alimentos
soberana. Para tal fin se debe derogar la normatividad que permite el monopolio
transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral.
El acceso a la riqueza
minero-energética conlleva al respeto por los bienes de la madre tierra, su
explotación debe ser una decisión consultada a las comunidades y desarrollada
como ejercicio de soberanía nacional.
El plantearnos una
alternativa a los cultivos de coca, amapola y marihuana, nos llama a rechazar
el prohibicionismo que admite tratamientos represivos, las fumigaciones
indiscriminadas, la erradicación forzada y el encarcelamiento de los
cultivadores como solución. Entendemos el reconocimiento de su uso tradicional,
ancestral y los usos alternativos. Proponemos programas de sustitución
autónoma, gradual y concertada, el impulso a los cultivos alternativos con
garantías de comercialización.
Para el pueblo
colombiano es imperativo conocer la verdad, complementarla con mecanismos de justicia
y reparación; la memoria histórica es un aporte importante para avanzar hacia
la no repetición.
Las garantías políticas
incluyen la no criminalización y judicialización de la protesta social, el
desmonte del fuero penal militar. Se debe permitir la participación amplia,
efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición
de la políticas de producción agropecuaria y de desarrollo rural, teniendo en
cuenta las propuestas construidas por las comunidades de manera autónoma.
Los pueblos tenemos
derecho a la vida digna y a que se nos garanticen las condiciones materiales
necesarias. Se debe apropiar un presupuesto especial para garantizar la
financiación de las iniciativas territoriales, con mecanismos autónomos de
ejecución.
El Estado debe reconocer que muchas de las
problemáticas que viven las ciudades son una consecuencia de la aplicación de
modelos económicos y de despojo en el sector rural.
El impulso a las
economías agrarias y populares tiene un soporte importante en el apoyo que
reciba de los grandes centros poblados, es necesario adelantar pactos entre las
grandes capitales y los municipios que le aportan los alimentos de la canasta
familiar.
La solución política al
conflicto social y armado sigue siendo un anhelo de la sociedad en la búsqueda
de la paz con justicia social, por esa razón es fundamental y urgente, que se
inicie un proceso de diálogo con las insurgencias del ELN y el EPL. Respaldamos
los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC. Resaltamos el papel que
debemos jugar las organizaciones y procesos como movimiento social con voz
propia. Los diálogos regionales son una herramienta importante para avanzar en
la construcción de la agenda social y política por la paz. La Cumbre Agraria
asume el impulso a un gran movimiento social que trabaje por la paz como
condiciones de vida y exija garantías para la participación de la sociedad.
La Cumbre Agraria logró,
por primera vez en la historia de los movimientos sociales del país, construir
un pliego unitario de las organizaciones campesinas, indígenas y
afrocolombianas. El pliego unitario representa las exigencias políticas,
económicas, sociales, ambientales, culturales y territoriales de comunidades
históricamente marginadas y excluidas, es un llamado de atención al gobierno
nacional sobre la urgencia de atender estructuralmente a un mundo rural que
reclama ser sujeto de derechos. La Cumbre propone también una mesa única de
negociación, un escenario que permita cualificar el nivel de interlocución,
evitar la dilación y dispersión gubernamental y lograr acuerdos ejecutables en
el corto y mediano plazo. La unidad alcanzada hoy es también la unidad de
acción, contamos ahora con una ruta de movilización social que haga exigibles y
alcanzables los derechos negados. La Cumbre y sus propuestas son una apuesta
definitiva por el logro de la paz. Una paz, que para ser estable y duradera
requiere de ser construida desde abajo, con nosotros y nosotras, una paz socialmente incluyente, basada en la
verdad, la justicia, la efectiva participación política y la vigencia plena de
los derechos humanos en los campos de Colombia.
La Cumbre es parte
transitoria de un proceso constituyente caminado de la mano de la Minga
indígena, los congresos de los pueblos, consejos territoriales del pueblo, los
procesos constituyentes por la paz con justicia social, los mecanismos de
participación directa y la autonomía que a diario ejercen las comunidades del
campo y la ciudad que reclaman ser reconocidas. El acuerdo político y social
que edifique la paz deberá ser la parte culminante de este proceso
constituyente. La posibilidad de un proceso de asamblea nacional constituyente
está en el horizonte de reflexión de la sociedad colombiana en su conjunto.
Estamos construyendo una ruta propia desde el movimiento popular para llegar a
este momento. El camino hacia la paz, requiere, mientras tanto, de un decidido
y vigoroso movimiento social por la paz, al cual convocamos a todos los
sectores políticos y sociales del país. La paz incluyente no se construye con
“acuerdos de élites y corbatas” que desconocen a los de poncho, a los de ruana,
a los de azadón y machete, a los sujetos políticos y sociales del campo y sus
propuestas.
Ante el reiterado
incumplimiento del gobierno nacional frente a la palabra y los compromisos
adquiridos para levantar el paro agrario del año pasado, la decisión de la
Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular es la de volver al paro nacional
agrario, cuya hora cero dependerá de la respuesta gubernamental. La Cumbre
extiende un plazo al gobierno hasta la primera semana de mayo. A partir de este momento la Cumbre bajará a
los resguardos indígenas y a las veredas de los territorios afros y campesinos,
a las barriadas y organizaciones sociales de las ciudades, a los sindicatos, a
organizar los comités de paro y a convocar a todos los sectores sociales y
populares en conflicto para acordar una dinámica coordinada en perspectiva de
bloque popular.
Las propuestas del
gobierno no son soluciones. El Pacto Agrario es una repartija más de recursos
públicos con fines clientelares y electoreros. El gobierno nacional tiene la
oportunidad histórica de solucionar la crisis estructural del campo a partir de
nuestras propuestas recogidas en el pliego unitario, creemos en el diálogo
social como la ruta para alcanzar la justicia social y la anhelada paz estable
y duradera para Colombia. Nuestras propuestas están sobre la mesa, le queda la
responsabilidad histórica al gobierno de atenderlas.
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