En el mes de octubre de 2013 fue cerrado el Hospital San
Vicente de Paúl de Palmira. La gravedad del hecho, que profundizó la crisis
humanitaria que vive el municipio por la carencia de cobertura en salud, conllevó
a que diferentes sectores de la sociedad conformaran la Mesa por la Defensa de
la Salud del municipio, cuya actividad viene tomando fuerza desde el mes de
febrero y que mañana jueves se reunirá a las 10 a.m. en las instalaciones de la
Asociación de Jubilados y Pensionados del municipio de Palmira, ubicada en la
carrera 32 # 31-48. En la reunión también estarán presentes representantes de
las distintas IPS y EPS, así como la Secretaría de Salud y directivos del
Hospital Raúl Orejuela Bueno.
La crisis tiene sus raíces, principalmente, en la Ley 100 de
1993 que convirtió el sistema de salud colombiano en un negocio de compra y
venta, donde el Estado colombiano acabó con la salud como derecho fundamental y
lo trasladó a manos privadas que lo ofrecen como mercancía.
Los resultados de esta política neoliberal han sido nefastos
para los colombianos, quienes para salvar su vida deben recurrir a la tutela
para suministro de medicamentos y atención hospitalaria. Sin embargo son pocos
los que logran la atención requerida, y muchos los que mueren en las puertas de
las EPS, Entidades Promotoras de Salud que quebraron la red pública
hospitalaria, que para sobrevivir dentro de la lógica perversa del mercado, y
sin importar que son empresas del Estado, cada vez más están obligadas a la
autofinanciación y al sometimiento de precarias condiciones laborales que
padecen los trabajadores de la salud.
Y esta política neoliberal también ha afectado a Palmira. Entre
los responsables de la crisis se encuentran la administraciones relacionadas a
los grupos políticos de la exsenadora Dilian Francisca Toro y de los hermanos
Caicedo Zamorano, quienes llevaron finalmente, durante el desarrollo de las dos últimas administraciones,
al cierre del Hospital San Vicente de Paúl, cuya liquidación se dio al amparo
de la propuesta del alcalde Ritter López Peña de fusionar y crear un nuevo
“hospital cero Kilómetros”.
Pero hoy la solución ofrecida por el alcalde evidencia solo
un intento desesperado por ocultar la crisis y a los responsables de su grupo
político. Son ellos quienes tendrán que responder por lo que sucedió con los
dineros de la Gobernación del Valle y la administración municipal inyectados en
el 2009 al hospital para subsanar el pasivo de 6.273 millones de pesos
reportado en 2008, miles de millones de pesos que, al parecer, se esfumaron,
porque al terminar el 2010 el Hospital reportaba nuevamente un pasivo de 9.000
millones.
Y también tendrá que responder la Superintendencia Nacional de
Salud, porque fue durante su intervención que los pasivos del hospital pasaron
de 9.000 millones a una cifra que supera los 16.000 millones de pesos.
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