En las ciudades, en especial en las grandes capitales, se deben realizar pactos con las áreas rurales y municipios que las abastecen de alimentos. Tales pactos o alianzas deben priorizar la articulación de las zonas agroalimentarias, las de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos indígenas y territorios ancestrales, como despensas alimentarias y apoyo a las economías campesinas.2014/ Marzo 18/ El Campo/ Por: Cumbre Agraria
Mandatos para el buen vivir, la democracia y la paz
1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial
El país necesita un proceso de
Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera
como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el
subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los
medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a
armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la
pervivencia de las comunidades agrarias.
Por lo anterior, Exigimos:
- Que sean las comunidades y los pueblos
quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de
habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y
comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya
a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la
seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos.
El ordenamiento territorial exigido tendrá
como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de gobierno
propio y defensa del territorio, incluyendo:
Resguardos indígenas y territorios
ancestrales
Territorios colectivos afrocolombianos
Zonas de Reserva Campesina
Zonas Agroalimentarias
Zonas de biodiversidad
Territorios interétnicos e
interculturales
Otras formas de ejercicio de la
territorialidad de las comunidades.
Estas tendrán el carácter de
inalienables e imprescriptibles.
Las organizaciones, comunidades,
autoridades y pueblos movilizados o que por decisión autónoma se incluyan en el
proceso, desarrollaremos una ruta propia de definición de los términos del
ordenamiento territorial para garantizar la permanencia en el territorio y
convivencia interétnica e intercultural. Esa ruta propia hace parte de una
iniciativa de paz impulsada por las organizaciones campesinas, indígenas, afro
y urbano-populares que participen del proceso.
- Que el gobierno nacional nos dé
garantías para la elaboración de esa ruta de ordenamiento territorial y que las
figuras mencionadas sean consignadas en la normativa colombiana y sean
reglamentadas conforme a las decisiones de las organizaciones, pueblos y
comunidades participantes; incluyendo el reconocimiento constitucional de la
territorialidad colectiva campesina y afro.
- Una política de reforma agraria
integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que desmonte
el latifundio como expresión histórica de la desigualdad y genere acceso seguro
a la tierra para quienes carezcan de ella, así como la garantía de la autonomía
territorial para campesinos, indígenas y afro. Esa política de reforma agraria
deberá construirse de la mano con las organizaciones rurales y
urbano-populares.
Esta política debe tener un enfoque
territorial y no simplemente de acceso a la tierra, de ahí que no se deba
limitar a la dotación de tierra para las comunidades rurales, sino que
redistribuya el conjunto de bienes comunes que se encuentran en los territorios
rurales y en los márgenes entre lo rural y lo urbano, asegurando su cobertura,
garantía y acceso para los pueblos indígenas, afro, campesinos y
urbano-populares.
- La construcción de un fondo de tierras
que se alimente de los predios despojados, que sean propiedad de
narcotraficantes o que no cumplan con la función social de la propiedad, o que
atenten contra su vocación natural (el caso de ciénagas y playones) y los
baldíos apropiados ilegalmente por la agroindustria.
- Que se reconozcan los derechos
históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades afro a
sus territorios, y en especial la propiedad colectiva inalienable de los
resguardos indígenas, territorios ancestrales y territorios de las comunidades
afro.
- Que se completen los procesos de
titulación colectiva para pueblos indígenas y afros que aún están pendientes.
- Que se detengan todos los planes y
proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades, entre ellas
el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de empresarios
nacionales o extranjeros, sobre los territorios y las tierras de campesinos,
indígenas y afro. Consideramos que esas medidas son otra forma de despojo
contra los pueblos.
- Que se aplique el derecho de
prevalencia para los territorios de las comunidades indígenas, afro y
campesinas, en caso de disputas con transnacionales, terratenientes y
despojadores.
- Que la consulta previa, y el
consentimiento previo libre e informado, se extienda a las comunidades
campesinas, extendiendo la aplicación del convenio 169 de la OIT.
- Que se declaren nulas las compras
masivas de tierras que han hecho las empresas que han violado la ley 160 de
1994, al adquirir más de las UAF autorizadas en dicha norma.
- Que los baldíos se destinen
exclusivamente a garantizar el derecho a la tierra de los campesinos,
trabajadores rurales, población afrocolombiana e indígena.
- Que se proscriban todas las formas de
extranjerización de la tierra. En ningún caso personas naturales o jurídicas de
origen extranjero podrán apropiarse, usar, arrendar superficie o generar
ninguna forma de tenencia sobre la tierra.
- El cumplimiento y fortalecimiento de
la legislación relativa a la extinción de dominio de las tierras que no cumplan
con la función social y ambiental de la propiedad.
- La restitución integral de las tierras
despojadas a las familias, comunidades y pueblos víctimas del desplazamiento
forzado, teniendo en cuenta enfoques colectivos y énfasis comunitarios en tales
procesos de reparación.
- La devolución de tierras expropiadas
por endeudamiento campesino.
- El reconocimiento del enfoque
diferenciado y con perspectiva de género del acceso, uso y goce del territorio
y la tierra para las mujeres.
- La creación de una nueva
institucionalidad pública para darle cumplimiento al nuevo ordenamiento
territorial, la reforma agraria y la protección ambiental.
2. La economía propia contra el modelo
de despojo
El avance y profundización del modelo
neoliberal ha generado graves perjuicios a la economía nacional, en especial a
las formas de producción, comercialización y consumo propias de las comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas. Lo anterior ha impactado negativamente
la soberanía alimentaria de los pueblos y de la nación. Las normas que regulan
el libre mercado han generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de
las y los pequeños productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y
multinacionales del agro. Como resultado se han afectado no solo los intereses
económico de las comunidades rurales, sino las prácticas culturales y de vida
asociadas a estos.
Por lo anterior, Exigimos:
- La transformación del modelo
productivo del país, apuntando a una política económica planificada y
agroecológica, que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la
economía campesina, ind ue se debe impulsar un ento a unao del paenamineto
terrstencia de las comunidades agrarias. las comunidades campsinas os y
comuígena y afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de economía
campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo
colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de libre
comercio.
- La implementación de una política que
restrinja y regule el uso y precio de los agroquímicos, así como el inicio de
un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un modelo
agroecológico, creando un sistema nacional de asistencia técnica basada en el
respeto al ambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades.
- Condonación de las deudas y retiro de
los embargos a tierras y propiedades del campesinado adquiridas a través del
sistema financiero y acceso al crédito agropecuario con tasas no determinadas
por la lógica de mercado.
- Creación y fortalecimiento de
cooperativas de ahorro para el campesinado y comunidades rurales, con
financiación del Estado y dirigidas por las organizaciones comunitarias.
- El desmonte de todos los tratados de
libre comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios firmados por
Colombia, deteniendo la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos
internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria
nacional. Exigimos que se priorice la integración con los pueblos de Nuestra
América Latina y el Caribe, en el marco de la protección de la producción
nacional. Entretanto, exigimos que todo tratado de comercio internacional,
inversiones, propiedad intelectual y servicios sean consultados con el pueblo
colombiano.
- Un régimen de subsidios que proteja la
producción nacional, en especial a los sectores afectados por la apertura, en
la cual se establezca por parte del Estado precios de sustentación rentables y
seguros de cosecha. De igual manera, exigimos la instauración de un sistema de
compra y distribución estatal de alimentos y productos agropecuarios, así como
establecer subsidios al transporte de alimentos y productos de comunidades
campesinos, indígenas y afros.
- Un plan de choque para el estímulo a
la producción de alimentos básicos por parte de los pequeños productores, que
tendrá como base el apoyo a la economía campesina en los términos propuestos en
el punto anterior. Así como el fortalecimiento de los mercados campesinos y
locales, buscando la integración regional, en el marco de las prácticas de
comercio justo y eliminando la figura de los intermediarios.
- Una política de apoyo a la
transformación de alimentos y productos agropecuarios desde las comunidades
rurales, generando procesos de industrialización acordes con los intereses de
las mismas.
- La prohibición de la importación de
los productos agropecuarios estratégicos para la economía nacional.
- La derogación de las leyes de semillas
que regulan su propiedad intelectual (patentes y derechos de obtentores
vegetales), y que propician su privatización, de manera que el gobierno deje de
perseguir al campesinado por guardar, proteger o intercambiar semillas.
Exigimos que no aplique las leyes 1032 de 2006 y la 1518 de 2012 y derogue la
resolución 970 del ICA.
- La creación de un sistema nacional,
regional y local de promoción y apoyo a la producción, selección,
multiplicación y difusión de semillas originarias, que no tengan registro de
propiedad intelectual, ni normas que controlen la producción, la libre
circulación y comercialización por las comunidades campesinas, indígenas y
afrocolombianas. Así como el apoyo económico y técnico, de forma
descentralizada, para el establecimiento de casas custodios de semillas,
manejadas y controladas por las organizaciones y comunidades agrarias.
- Enfocar la propuesta investigativa y
académica de las universidades según el contexto y las necesidades del agro
colombiano, en particular de los pequeños productores, reconociendo y
articulando los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de
campesinos, indígenas y afrodescendientes.
- El avance en la protección de la
soberanía alimentaria nacional desde lo local y que sea declarada como utilidad
pública, interés social y bien común de la nación.
- La reglamentación del capítulo VII de
la ley 70, en lo relacionado con el fomento al desarrollo de los territorios
colectivos y tradicionales afro. Dicha reglamentación se hará conforme a la
consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos.
- Financiación del sector agrario, en
particular del fortalecimiento de la pequeña y mediana producción especialmente
de alimentos mediante un fondo nacional cuyos recursos provengan, entre otros,
de la eliminación de las exenciones tributarias a grandes empresas de capital
nacional y trasnacional, así como de la explotación de recursos minero
energéticos.
3. Minería, energía y ruralidad
La mala gestión y el saqueo de los
recursos naturales minero – energéticos afecta gravemente a la madre tierra y
las comunidades rurales, genera impactos ambientales que ponen en riesgo la
vida de los pueblos y la biodiversidad, persigue y criminaliza a los pequeños
mineros, y solo beneficia las empresas transnacionales que se enriquecen
gracias al modelo económico impulsado por el gobierno colombiano. En ese marco,
reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo minero–energético
basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento planificado, el desarrollo
tecnológico propio, la protección ambiental y la redistribución de los
rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas.
Por lo anterior exigimos:
- Que se inicie un proceso democrático
de discusión de una nueva política nacional minero–energética, con
participación efectiva de las comunidades campesinas, indígenas, afro y los
pequeños mineros tradicionales y de sobrevivencia, a través de un ejercicio de
legislación popular e incluyente.
- Exigimos la reformulación de un nuevo
modelo de redistribución de las rentas petrolera y minero-energética, con el
fin de fomentar, promover e invertir en el desarrollo rural y urbano; y obtener
mayores recursos para la inversión social y la garantía de los derechos de las
comunidades.
- Detener la concesión de títulos
mineros y la adjudicación de bloques petroleros, hasta tanto se defina
concertadamente con las comunidades rurales y los trabajadores del sector la
política minero- energético del país.
- Una moratoria minera que congele la
adjudicación de títulos mineros en todo el país. La moratoria se aplicará hasta
que se den condiciones reales para una explotación minera razonable para el
país y las comunidades.
- La reversión de los bloques petroleros
y las concesiones otorgadas a las multinacionales en casos de grave deterioro
ambiental, detrimento de los recursos de la nación y violación de los derechos
de los trabajadores.
- La reversión de todos los títulos
mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, indígenas y afros sin
haber efectuado la consulta previa, libre e informada.
- Que no se aprueben nuevos títulos
mineros en territorios ancestrales, en territorios indígenas y afros, sin pasar
por el requisito de la consulta en la que se garantice el derecho prevalente de
las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden
garantías para la minería artesanal.
- Que deje de considerarse la minería
como actividad de utilidad pública y de interés social de la nación.
- Que en el desarrollo de la política
minera se garantice el estricto respeto por el agua, los páramos, bosques,
áreas protegidas, zonas de biodiversidad y agroalimentarias, fuentes de agua y
todos los ecosistemas estratégicos para la vida y la biodiversidad. Por lo
anterior, que no se apruebe ningún título minero en dichos territorios.
- En ningún caso se aprueben proyectos
minero–energéticos, (títulos, concesiones y similares) sin el requisito de la
licencia social, es decir, sin la autorización derivada de la realización de
consultas campesinas y populares en los territorios que puedan verse afectados.
Tales consultas se realizarán durante la fase de solicitud del proyecto, del
título o la concesión.
- Suspender la implementación de
megaproyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y comunidades
campesinas, indígenas y afros, y promover la implementación de alternativas de
abastecimiento energético a partir de tecnologías apropiadas y limpias.
- Revocar las licencias ambientales de
megaproyectos hidroeléctricos, hasta tanto no se tenga una comisión nacional de
represas que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados por las
hidroeléctricas.
- La reestructuración de la fórmula que
define los precios de combustibles, para garantizar un costo de vida más
equitativo para el conjunto de la población, procurando la regulación ambiental
de la extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos.
- Reconocer y reparar a las víctimas y
afectados por los proyectos minero-energéticos e hidroeléctricos.
- Suspender
los proyectos de fracking apelando de principio de precaución.
4. Cultivos de coca, marihuana y amapola
Ante el fracaso y la arbitrariedad de la
política antidrogas del Estado Colombiano, consideramos crucial redefinir los
lineamientos que han configurado el tratamiento a los cultivos de coca,
marihuana y amapola.
Por lo anterior, Exigimos:
- El cumplimiento de los compromisos adquiridos
con los procesos organizativos representantes de los cultivadores de coca,
marihuana y amapola en movilizaciones pasadas.
- Un programa de sustitución social,
gradual, concertada, estructural y ambiental que permita generar una fuente
alternativa de ingresos frente a los derivados por cultivos de usos ilícitos
como la coca, la marihuana y la amapola. Dicho programa deberá hacerse con
énfasis en ordenamiento y la planeación territorial, acordando procedimientos,
tiempos y mecanismos; con la participación de las comunidades agrarias y sus
organizaciones representativas, basado en el reconocimiento, la formulación y
ejecución de Planes de desarrollo sostenibles, integrales y/o de vida.
- Un programa de sustitución de cultivos
de hoja de coca, marihuana y amapola que supere la puesta en marcha de
programas de erradicación violenta y aspersión con glifosato que atentan contra
la vida digna de las comunidades agrarias (Indígenas, Afro descendientes y
Campesinos).
- La liberación de las y los presos
judicializados por el cultivo de marihuana, coca y amapola; no relacionado
directamente con comercialización de estupefacientes.
- No aplicación de la extinción de
dominio en los predios en los que se cultive marihuana, coca y amapola.
- Una política de sustitución gradual
que tenga como base la inversión social en la comunidad y el impulso a cultivos
alternativos desde las propuestas campesinas. Rechazamos la sustitución basada
en la imposición de cultivos agroindustriales como la palma de aceite, el
caucho y otros similares.
- Una política de sustitución basada en
la promoción de cultivos productivos propios de la economía campesina que sean
comerciables y con seguros de cosecha a corto, mediano y largo plazo. Los
planes se sustentaran en dos ejes orientadores: el primero se refiere al diseño
e implementación de Sistemas Productivos Sostenibles y el segundo a la
estabilización y garantía de la integralidad de derechos.
- Programas de
sustitución basados en la estabilización de los Sistemas Productivos Sostenibles
y atendiendo a 6 líneas de acción: acceso a tierra, sistemas productivos
sostenibles, mejora de infraestructura, transformación agregación de valor en
el predio, acceso a asistencia técnica y tecnología, y acceso a mercados.
- Respetar y fortalecer los usos
tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de la hoja de coca,
amapola y marihuana, en el marco de los sistemas productivos de las comunidades
agrarias.
- La sustitución debe ser manejada por
las comunidades y las organizaciones agrarias (Indígenas, Afrodescendientes y
Campesinos). Serán las comunidades quienes impulsen las propuestas de
sustitución, no el gobierno nacional.
- Implementar propuestas de inversión
agropecuarias desde las comunidades agrarias, con garantías para la producción.
- Respeto y promoción la producción e
industrialización, por parte del Estado, de alimentos y medicinas basados en
los cultivos de coca, amapola y marihuana.
- Garantizar el despliegue comunicativo
nacional a través de todos los medios disponibles para difundir, educar y
capacitar a las comunidades sobre el uso de las plantas sagradas, ancestrales y
todo lo relacionado con el cultivo de la coca, amapola y marihuana.
- No otorgar patentes para las plantas
de coca, marihuana y amapola y los productos derivados de los procesos de
transformación.
- El tratamiento del consumidor como un
tema de salud pública, con el ingreso al sistema de salud.
5. Derechos políticos, garantías,
víctimas y justicia
Debido a la falta de reconocimiento
político de los derechos de los campesinos, la insuficiente garantía de los
derechos de afrocolombianos e indígenas, el alto número de violaciones a los
derechos humanos, la falta de garantías para las organizaciones sociales y
populares, la constante estigmatización, persecución y criminalización de
quienes se movilizan para buscar una sociedad más justa y en paz, persistimos
en reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar las garantías
mínimas para vivir en una sociedad democrática
Por lo anterior, Exigimos:
- La verdad, justicia y reparación
integral por las violaciones a derechos humanos perpetradas contra las
comunidades agrarias y populares, y la no repetición de estas prácticas.
- Desmonte total de las estructuras
paramilitares y la judicialización penal de sus actores, propiciando una
veeduría internacional y la conformación de una comisión de la verdad. Así como
realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos entre el sector
económico, político, y militar con los paramilitares.
- La conformación de una comisión de la
verdad y una política de recuperación de la memoria histórica de las
violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la verdad, la justicia y la
reparación, que difunda de manera masiva sus resultados. Dicha política debe
garantizar el acompañamiento psicosocial y pedagógico, así como el
reconocimiento tanto a las comunidades vulneradas como a las asociaciones de
víctimas, de manera concertada.
- Garantías para la permanencia en los
territorios, en especial para las comunidades campesinas, indígenas y afro.
- Justicia, verdad, reparación integral
y no repetición por las personas detenidas, heridas y asesinadas por el Estado
en el marco de las movilizaciones sociales.
- Garantías para el derecho a la
protesta social y garantías para la movilización, así como la libertad
inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos; y
que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio.
- Celeridad y efectividad en las
investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves
violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados.
- El traslado de todas las
investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la
justicia penal militar a la unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía.
- Investigación, judicialización y
castigo de los autores, así como el reconocimiento de la responsabilidad del
Estado, de los 19 homicidios y cerca del millar de heridos ocurridos en el
marco de las movilizaciones del paro agrario y la minga del 2013. Reivindicando
así su memoria y garantizando los derechos de verdad, justicia, y reparación
que le asisten a los familiares de las víctimas.
- Solución estructural a la crisis
carcelaria y la declaratoria de la emergencia social, la cual pasa por la
reformulación de la política criminal actualmente basada en la privación de la
libertad, la criminalización de la pobreza, la protesta social y otras
garantías y libertades ciudadanas, hacia una política que garantice la
prevención del delito, la inclusión social y el respeto de garantías.
- Abolir la mal llamada “limpieza
social” ejecutada, principalmente en contra de los jóvenes, por funcionarios
del Estado y las estructuras paramilitares, e imponer ejemplares sanciones a
los responsables.
- Garantías jurídicas y administrativas
para el ejercicio de la política y la oposición.
- Derogación de la ley de seguridad
ciudadana, y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo su
vigencia.
- Desmonte del ESMAD y prohibición del
uso de las mal llamadas “armas de letalidad reducida”.
- Fin de la doctrina de seguridad
nacional y que se dote a las fuerzas armadas de una doctrina basada en el
respeto a los derechos humanos y la defensa de la nación.
- Reforma al régimen de servicio
militar, que incluya el fin del servicio militar obligatorio, la prohibición
del reclutamiento forzado y la garantía en la aplicación de las sentencias
frente a la objeción de conciencia. Se deben llevar a cabo Investigaciones
disciplinarias y penales por parte de autoridades civiles para miembros de la
fuerza pública que realicen prácticas de reclutamiento forzado, tanto en el
campo como en la ciudad. Además exigimos acceso universal de la libreta militar
para jóvenes y personas que no tengan resuelta su situación militar, y se
elimine su carácter de requisito para trámites con el Estado.
- Igualdad de derechos políticos,
sociales y económicos entre hombres y mujeres, desde una perspectiva de género
y de libertades sexuales y reproductivas, asegurando una equitativa participación
política en las instancias de decisión en los asuntos que afectan sus vidas.
- Garantías reales para que los cuerpos
de las mujeres y niñas no sigan siendo un instrumento, ni botín de guerra.
- Tipificación del feminicidio como un
delito autónomo.
- Aplicación efectiva de la ley 1257 de
2008 y el cese de la violencia contra la mujer.
- Reconocimiento con carácter vinculante
de los derechos plasmados en el proyecto de la declaración sobre los derechos
de las campesinas y los campesinos que hace trámite en la ONU; exigimos que el
Estado colombiano adopción plena y perentoria de la Declaración Universal sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Exigimos la incorporación de estas
directrices y derechos a la legislación interna, desarrollando políticas
públicas que garanticen su promoción y exigibilidad. Mientras se surte el
trámite para el cumplimiento de la exigencia anterior, requerimos el desarrollo
de una política transitoria en favor de campesinos indígenas y negritudes.
- Participación amplia, efectiva y con
carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la política
de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y
comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma.
Exigimos la democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros y otras
federaciones. Exigimos la participación efectiva y con carácter decisorio en
los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver
con la atención a la población rural.
- Otorgar reconocer y garantizar con
carácter vinculante el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo,
libre e informado a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y
comunidades urbanas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo
social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y lo cultural.
- Garantías para una verdadera y genuina
política de restitución de tierras despojadas así como el reconocimiento de los
territorios sagrados para los pueblos indígenas.
- Garantías para la construcción de
planes de vida donde se determine lo que sucede en los territorios,
reconociendo la posibilidad de desarrollar modelos autónomos en cuanto al
desarrollo de la tierra, la educación, la salud, y la economía propias.
- Cumplimiento perentorio de los autos
004 y 005 de la sentencia T-025 de 2004, relativos a la situación de peligro de
desaparición de los pueblos indígenas y afro.
- Respeto al DIH, incluyendo la
prohibición de puestos de policía y militares en los cascos urbanos y poblados;
así mismo el respeto al principio de distinción del Derecho internacional
Humanitario, buscando no involucrar a la población civil en los conflictos
armados. Lo anterior incluye el cese de la persecución a la población civil mediante
montajes judiciales.
- Reconocimiento y la no estigmatización
y persecución a las y los Defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas
sociales y populares
- Desmonte, supresión y ordenamiento
jurídico de la figura del fuero penal militar, que deje de aplicarse la figura
del blanco legítimo, ejecuciones extra judiciales (falsos positivos), y otras
arbitrariedades similares.
- Democratización de los medios de
comunicación existentes, así como el fortalecimiento de los medios
alternativos, comunitarios, regionales, y locales. Y la creación de nuevos
medios de comunicación con alta difusión y participación de los sectores
populares.
- Democratización del espectro electromagnético.
6. Derechos sociales
Para los pueblos afro e indígenas y para
las comunidades campesinas, la educación, salud, el trabajo, vivienda digna y
la recreación serán concebidas como derechos, no como servicios, y se
desarrollarán de acuerdo a las necesidades y realidades de las comunidades.
Por lo tanto, Exigimos:
- El aumento de las partidas
presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para
educación, vivienda, salud, vías, producción, redes eléctricas, saneamiento
básico, agua y alcantarillado en las zonas rurales.
- Una política educativa que propenda
por un proyecto de educación pública propia campesina que le permita a los
estudiantes campesinos tener una formación acorde a sus realidades y sus
necesidades. Lo anterior implica la construcción de un currículo y una
pedagogía diferenciada acorde con las territorialidades, y con la participación
decisoria de las comunidades campesinas y sus organizaciones. También exigimos
mayor formación docente y fortalecimiento de la planta docente en el sector
rural.
- Derogar el acto legislativo 01 del
2001, el cual modifica los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Política
Nacional relacionados con la educación; la ley 715 del 2001 y la ley 1294 del
2010, los cuales sustentan la privatización de la salud y educación,
entendiéndolas como servicios y no como derechos.
- Derogar la ley 30 de 1992, de
educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva ley de
educación pública, gratuita y de calidad, que reconozca la educación como
derecho fundamental, bien común y con enfoque diferencial.
- Condonación y congelamiento de las
deudas del Icetex apuntando al subsidio a la oferta.
- cumplimiento y garantía de los
programas de educación propia para pueblos afro, comunidades negras e
indígenas.
- Reconocimiento y plenas garantías al
ejercicio, prestación y promoción de la medicina ancestral como parte de un
nuevo sistema de salud.
- Implementación de planes de medicina
preventiva, tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo a las prácticas
culturales de cada comunidad o región.
- Que la salud deje de concebirse como
negocio o mercancía para que se garantice como derecho humano y fundamental
que. Exigimos la derogatoria de todas las normas que mercantilizan la salud y
niegan la garantía de este derecho, entre ellos los artículos 48 y 49 de la
constitución, la ley 100 de 1993 y el proyecto de ley estatutaria sobre la
salud y la seguridad social.
- El fin de la política del subsidio a
la demanda y se instauren políticas de subsidio a la oferta en salud y
educación, una nueva política presupuestal que fortalezca las instituciones
educativas de todos los niveles y que saque de la crisis a la red hospitalaria
que ha sido sistemáticamente debilitada por los gobiernos nacionales desde
1993, el fin de la intermediación financiera privada en salud y educación, la
derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la
concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el
derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales
para el campo.
- El derecho fundamental al Trabajo
digno, por medio de contratación directa, garantías laborales, protección y
reparación de la libre asociación, huelga y reparación a las personas
perseguidas.
- La definición de un sistema de
seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el cual se
otorgue pensión y aseguramiento en riesgos profesionales.
- Un plan progresivo para el acceso,
cobertura integral de población rural al sistema de educación básica, media,
superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades
agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.
- El nombramiento inmediato de la planta
docente calificada para la educación que requieren las comunidades agrarias,
dotada de los derechos y condiciones laborales.
- Que se detenga la privatización y se
reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico,
agua y alcantarillado teniendo un criterio social. Que los acueductos
comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no
empresarial. El agua concebida como un derecho y bien común.
- Derogatoria de la ley 142 que
posibilita la privatización del uso del agua.
- La condonación de las deudas de los
usuarios de servicios públicos y que se levanten los embargos que se han efectuado
por este motivo.
- Que se garantice un mínimo vital
gratuito para las comunidades rurales, urbanas y se implementen veedurías
comunales a la prestación de servicios públicos.
- El servicio de energía eléctrica rural
y agua potable para los lugares que aún no cuenten con estos servicios.
- Programas masivos de vivienda rural
digna y de educación técnica y acceso a la educación superior. Exigimos la
garantía de derechos para los trabajadores rurales, empleo digno con
remuneración justa y seguridad social.
- Que las escuelas, hospitales y salones
comunales no sean ocupadas por los actores armados, y que sus construcciones no
respondan a intereses estratégicos de guerra y confrontación.
- Respeto por la propiedad comunitaria
para administración de espacios de recreación y de servicios públicos, estas
deben ser iniciativas comunitarias, con el fin de mantener su función social.
-
La infraestructura debe ser construida en pro del bienestar de las comunidades
en consenso y no contra ellas, ni contra la madre tierra, ni para el ejercicio
militar.
7. Relación campo-ciudad
La configuración actual de la relación
ciudad-campo exige una respuesta inmediata y contundente por parte del
movimiento social. La tradicional distinción entre la ciudad y el campo ha
generado grandes problemáticas sociales y económicas donde se puede evidenciar
la relación de subordinación del campo a la ciudad. En ese orden, es urgente
eliminar las falsas barreras prescindibles entre ciudad y campo, para avanzar
en el afianzamiento de la alianza popular a través de nuevos modelos
alternativos de construcción territorial.
Por lo anterior, Exigimos:
- La protección de todas las fuentes de
agua del país, en especial de aquellas que abastecen del líquido a las grandes
ciudades. Exigimos el manejo público y comunitario del agua y el desmonte de
los megaproyectos que amenazan las fuentes hídricas, su pureza y distribución.
Exigimos que el estado garantice la financiación y administración de los
acueductos comunitarios.
- La cobertura universal de los
servicios públicos domiciliarios a los habitantes del territorio colombiano y
la condonación de las deudas contraídas por los ciudadanos y ciudadanas en esta
materia.
- Una nueva tabla de tarifas de servicios públicos, que correspondan a
los costos reales, con subsidios ampliados de parte del Estado y sin los costos
de especulación de la intermediación financiera.
- Frenar la privatización de las
empresas prestadoras de servicios públicos y que éstas sean de carácter estatal
con veeduría de las comunidades.
- En las ciudades, en especial en las
grandes capitales, se deben realizar pactos con las áreas rurales y municipios
que las abastecen de alimentos. Tales pactos o alianzas deben priorizar la
articulación de las zonas agroalimentarias, las de reserva campesina, los
territorios afrocolombianos, los resguardos indígenas y territorios
ancestrales, como despensas alimentarias y apoyo a las economías campesinas, en
el marco de acuerdos regionales de soberanía alimentaria y, si se requiere,
mediante asociación de municipios (como está previsto en la Constitución
Nacional). Tales pactos deben estar guiados por principios de solidaridad y
economía propia; en ese sentido, es necesario el reconocimiento de las plazas
de mercado populares por parte del Estado.
- Inversión en vías de comunicación
secundaria y terciaria para el pleno ejercicio del abastecimiento campo-ciudad.
- Redefinición de criterios para las
tarifas de impuesto predial, tarifas más altas para grandes propietarios y más
bajas para pequeños propietarios.
- Demandamos garantías de regreso a los
campos de las personas que viven en las ciudades a causa de los
desplazamientos, ya sean por motivos de la violencia o de la construcción de
megaproyectos. De igual forma, exigimos que se brinden todas las garantías para
aquellas personas que decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado el
reconocimiento de la problemática de la ciudad que surge de modelos de despojo
del sector rural.
- Exigimos una reforma urbana integral
que incluya:
- Hábitat y vivienda digna garantizada
por el Estado, que contenga el mínimo vital de servicios públicos con tarifas
al alcance del consumidor, en armonía con el medio ambiente.
- El desmonte de la especulación
financiera y uso de suelo controlado por el mercado.
- La legalización de asentamientos
informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado.
- La creación de la ley orgánica de plan
de ordenamiento territorial urbano, que cuente con la participación de las
comunidades y sectores populares, teniendo como base las diversas
construcciones territoriales y planes de vida.
- Participación comunitaria en la toma
de decisiones y en la generación de políticas urbanas, planificación de
presupuestos y/o dirección del recurso público, para la construcción de planes
de desarrollo y gobierno. Para ello, demandamos las consultas previas y
vinculantes de las comunidades.
- Transformación del modelo de movilidad
urbana que frene la privatización del transporte público, con reducción de
tarifas del servicio, incluyendo la implementación de planes para la movilidad
alternativa.
8. Paz, justicia social y solución
política
Las anteriores reivindicaciones y
propuestas de país se constituyen en parte de la agenda de paz que impulsamos
desde los movimientos agrarios, sociales y populares. Nuestra agenda de paz
busca la justicia social y la vida digna en los territorios.
Por lo tanto, Exigimos:
- La solución política al conflicto
social y armado. El avance de los diálogos que se realizan en La Habana entre
el gobierno y las FARC-EP. el cese al fuego bilateral y la instalación de las
mesas de diálogos entre el gobierno nacional, el ELN y el EPL.
- Las comunidades rurales, quienes
conocemos la crudeza y el horror del conflicto social y armado en sus peores
manifestaciones exigimos la participación en los procesos de negociación, y
propendemos exigimos que no se levanten de las mesas de negociaciones.
- La implementación de una política
integral para la paz elaborada por los movimientos sociales y populares y
financiada por el gobierno nacional.
- Garantías para un gran diálogo
nacional, que se exprese en la apertura de diálogos regionales en aquellos
territorios donde la guerra se vive con mayor rigor.
- La desmilitarización de los
territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, urbanos, universitarios y
el respeto de la autonomía en los territorios que se encuentran en medio del
conflicto social y armado.
- La eliminación de la doctrina de
seguridad nacional. Por lo tanto la reducción del pie de fuerza, depuración de
las fuerzas militares, retiro inmediato de las bases militares extranjeras en
el país, fin a los tratados de carácter militar con la OTAN, derogar la ley de
seguridad ciudadana y desmontar el plan de inteligencia y contrainteligencia.
- La reestructuración del presupuesto
nacional y limitación del gasto de guerra. El gasto en defensa no puede ser
mayor al de la inversión social.
- Garantías para que las organizaciones,
procesos y movimientos puedan desarrollar su actividad organizativa y política
para la construcción del movimiento social por la paz; Particularmente el
desmonte del paramilitarismo, ya que lo entendemos como un mecanismo para el
ejercicio del terrorismo de estado.
- Las garantías para avanzar en un
proceso constituyente por la democracia, la justicia social y la paz.
Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular
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