*Harold Ordoñez
Botero
Equipo Técnico
Coordinación Campesina del Valle del
Cauca – CCVC
Proceso de Unidad Popular del Sur
Occidente Colombiano – PUPSOC. Valle del Cauca.
El gobierno nacional de Juan Manuel
Santos de manera trampera y engañosa viene impulsando desde el pasado 12 de
septiembre de 2013 la propuesta denominada Pacto Agrario. Vendiéndola como la
“gran revolución del campo colombiano”[1] para
superar la deuda histórica del Estado para con los campesinos, andan de pueblo
en pueblo con culebreros muy bien adiestrados citando a las comunidades en los
Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) para “meterlos” al pacto. Lo
cierto es que “el tal pacto agrario” ni es participativo ni busca resolver los
problemas estructurales del campo colombiano, como lo expresa el gobierno en
sus pronunciamientos públicos y documentos.
El Pacto Agrario resulta ser un
artilugio de reencauche de la fallida locomotora neoliberal agropecuaria; un
salvavidas lanzado por el gobierno para evitar el hundimiento del Estado caduco
que defiende ante la imponente fuerza demostrada por el campesinado y los
sectores populares movilizados en el pasado paro nacional agrario, plagado de mentiras
y falsas promesas que en el fondo ocultan la pretensión histórica de acabar con
las formas sociales de producción campesinas, indígenas y afros, para
finalmente imponer el modo de producción capitalista en los territorios de
dichas comunidades.
Esto último se hace evidente en el
discurso utilizado por el ministro Lizarralde y replicado por el Sr. James
Ávila de la Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, SAP, ante el
CMDR del municipio de Tuluá, cuando pregonaron a los cuatro vientos que el
campesinado para superar su situación de pobreza y atraso debe “ver la
tierra como negocio”, que para salir adelante el campesinado debe “ser
competitivo y volverse un empresario del campo”.
Esta clásica formula de la burguesía
y las clases dominantes de mostrar sus intereses particulares como los
intereses de todo el pueblo, diciéndole a las comunidades rurales que para
seguir existiendo deben dejar de ser campesinos, indígenas o afros, debe ser
desenmascarada y denunciada por las organizaciones agrarias para evitar que las
comunidades terminen legitimando una política que los desconoce como sujetos
políticos, que desconoce su territorialidad.
En efecto, el gobierno Santos,
sabiendo y utilizando las necesidades presupuestales de las comunidades para
poder consolidarse en sus territorios luego de múltiples arremetidas militares
y paramilitares, pone por delante supuestos billones de pesos como carnada para
que éstas se traguen el anzuelo, avalando la política de mercantilización de la
tierra y eliminación de sus economías y valores culturales como principales
barreras para el avance del modelo capitalista en el campo colombiano. O
acaso qué más implica para los campesinos, indígenas y afros, ver la tierra
como un negocio, si no renunciar a su ancestral relación de vida con ella,
cortar las raíces que los hacen uno solo con sus vecinos en las veredas, los
resguardos o consejos comunitarios, volver cosa lo que los ha determinado en
esta vida como tales, volviéndose ellos mismos cosas que se quitan y se ponen
en la tierra de acuerdo a las fluctuaciones del mercado o a los usos que el
mercado defina para ella. Qué nos quieren decir cuando nos invitan a volvernos
empresarios del campo: acaso pretenden que salgamos de saco y corbata al tajo,
o es que nos quieren de “colaboradores” en sus alianzas productivas al estilo
del cerdo y la gallina.
Ante esta iniciativa, que por
supuesto está ligada a los planes de consolidación de las fuerzas militares y
la política de re-primarización de la economía nacional, el deber de las
comunidades, sus organizaciones y líderes, es mantener la resistencia en
defensa de sus territorios, recuperando las tradiciones y valores de
solidaridad y cooperación que han caracterizado históricamente tanto a
campesinos como indígenas y afros en Colombia, así como creando nuevos valores
que superen el moralismo hipócrita infundido por los burgueses y
terratenientes, con los que vayamos moldeando esa nueva sociedad que estamos
ayudando a gestar. Pero a su vez, es necesario construir y consolidar un poder
popular desde abajo que no reproduzca los vicios del actual régimen político:
caudillista, corrupto y clientelar, que convirtió a los habitantes del campo y
la ciudad en mendigos del Estado; sino que sea cogestor en la emancipación de
los sujetos para su participación consciente y creadora de esa Colombia Nueva
que todos soñamos.
En ese sentido, es imperativo
continuarle apostando a la constitución de la Zona de Reserva Campesina del
municipio de Tuluá, que pretende abarcar la zona media de la montaña tulueña,
incluyendo 11 corregimientos y más de 5000 habitantes, es una clara propuesta
que ubica el factor territorial como elemento estratégico en la lucha por
la paz con justicia social.
[1]Palabras del Sr. James Avila en su
presentación del pacto agrario ante el CMDR de Tuluá el 7 de abril del 2014.
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