Por Miguel Ángel Beltrán
Villegas.
El 8 de agosto de 2008,
fue privada de la libertad la defensora de Derechos Humanos Liliany Patricia
Obando Villota; su detención realizada en el marco de la llamada
“Farc-política”, constituiría el principio de una larga cadena de persecuciones
contra opositores y dirigentes políticos y sociales que bajo la mal llamada
“política de Seguridad Democrática” serían judicializados con pruebas ilícitas
e ilegales como los computadores del jefe guerrillero “Raúl Reyes”
supuestamente obtenidos en un operativo militar conocido como “Operación
Fénix”, violando derechos fundamentales y tratados internacionales.
Liliany fue procesada
por los delitos de rebelión y administración de recursos relacionados con
actividades terroristas y tras un largo proceso plagado de irregularidades,
condenada por rebelión a 70 meses de prisión domiciliaria y al pago de una
multa de $707.000.000 millones de pesos (cerca de 400 mil dólares). Durante el
juicio que se prolongó por cerca de cuatro años, esta defensora de Derechos
Humanos fue recluida, en condiciones inhumanas e indignantes en la cárcel de
mujeres del “Buen Pastor”, negándosele en nueve ocasiones su solicitud de
prisión domiciliaria.
Ante esta arbitraria
condena la defensa interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de
Justicia, pero ésta se abstuvo de estudiar el caso, por lo que actualmente el
juez de conocimiento tendrá que determinar el tiempo que le queda de condena,
el cual deberá cumplir bajo arresto domiciliario, pues gracias a la presión de
organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos que han
denunciado este aberrante hecho de persecución política, la justicia colombiana
tuvo que reconocer lo que se sabía desde un principio: que Liliany no
representa ningún “peligro para la sociedad” y que al ser madre cabeza de
familita le confería el pleno derecho a tener la casa por cárcel.
Al momento de su
detención los medios oficiales de comunicación anunciaron con sus acostumbrados
titulares amarillistas que había sido detenida “una de las novias de Raúl
Reyes” (El espectador, agosto 8 de 2008), y desconociendo el derecho
constitucional que tiene todo(a) ciudadano(a) a la “presunción de inocencia”,
fue presentada como integrante de la Comisión Internacional de las FARC,
poniendo en riesgo su integridad personal y la de su núcleo familiar, en
particular de sus dos hijos menores de edad quienes en el momento de la
detención fueron objeto de agresiones simbólicas y amenazas por parte de los
organismos de seguridad que allanaron su residencia.
Liliany es egresada de
la carrera de sociología de la Universidad Nacional y en el momento de su
detención se hallaba cursando el posgrado en estudios políticos que imparte el
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones internacionales (IEPRI) en esta
misma universidad. Sus temas de investigación han girado en torno al conflicto
armado y social colombiano y concretamente se han concentrado en el campo de la
sociología rural; como tesis de maestría adelantaba un trabajo investigativo
sobre la historia oral de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
(Fensuagro).
Con Liliany, ya son
varios los miembros de la comunidad universitaria que han tenido que enfrentar
procesos judiciales como consecuencia de sus liderazgos sociales y su
perspectiva crítica; no obstante, las universidades públicas controladas por
sectores tecnoburocráticos -cuyo horizonte se desenvuelve dentro de las
estrechas lógicas del mercado- nada han hecho por defender los intereses de una
academia inmersa, cada vez más, en las dinámicas del conflicto armado y social
que estremece al país. Bajo el discurso de una supuesta “neutralidad” y el
argumento de que “cada quien es responsable ante la justicia de sus actos”,
abandonan a sus profesores y estudiantes críticos a su propia suerte.
Contrasta esta actitud
con el liderazgo que han asumido universidades latinoamericanas como la Unam en
México que en situaciones críticas han reivindicado su carácter plural y su
hondo compromiso con los procesos de transformación social. Así, ante al
asesinato de cuatro estudiantes mexicanos (tres de ellos pertenecientes a este
centro universitario) en una acción militar contra la guerrilla emprendida por
las fuerzas militares colombianas en el vecino país del Ecuador, y la campaña
mediática desatada por algunos sectores conservadores que pretendían
estigmatizar la universidad afirmando que ella cobijaba en su interior grupos
guerrilleros, el rector de la Unam José Narro fue enfático en afirmar que “Lo
que hay[en la UNAM] es una pluralidad de pensamiento, una manera completa y muy
diversa de ver y discutir las diferentes posiciones y situaciones. Eso es lo
que existe en la universidad, eso es lo que hay todos los días y lo demás son
simplemente señalamientos fuera de lugar, que lastiman a nuestra casa de
estudios y que no estamos dispuestos, de ninguna manera, a aceptar. Los
universitarios estamos acostumbrados y estamos muy orgullosos de nuestra
pluralidad, somos muy orgullosos de la diversidad de formas de ver las cosas”
En ese mismo episodio y
frente a la persecución contra la estudiante de filosofía y letras, Lucia
Morett, única sobreviviente a este ataque, el rector José Narro reiteró que:
“En la Universidad
Nacional Autónoma de México nos regimos por principios como la autonomía, que
nos ha facilitado actuar con libertad frente a los poderes públicos y a
organizaciones de distinta naturaleza. La autonomía nos permite constituirnos
en un espacio de libertad intelectual, en el que se estimula el libre examen y
discusión de las ideas. Para nosotros, el debate inteligente e informado es una
de las vías para conseguir el aprendizaje y la mejor manera de solucionar las
diferencias. Somos y seguiremos siendo parte fundamental de la conciencia
crítica de la sociedad”.
No cabe duda que la
autonomía universitaria y la libertad de cátedra han sido dos pilares
fundamentales de la universidad pública latinoamericana -al menos así ha sido
desde el Movimiento Estudiantil de Córdoba- sin embargo en Colombia dichos
principios no sólo no se han desplegado plenamente por la acción de un Estado
que por las vías represiva y financiera ha limitado los espacios de autonomía
universitaria; sino también por la actuación de sus administraciones que en no
pocos casos han agenciado la persecución a profesores y estudiantes críticos.
Lo anterior para no
hablar de las estigmatizaciones, señalamientos y descalificaciones provenientes
de algunos miembros de la misma comunidad universitaria que creen que con el
silencio y la consagración del pensamiento único la universidad garantiza el
cumplimiento de su función social.
El caso de la socióloga
Liliany Patricia víctima no sólo de la persecución de un estado que criminaliza
el pensamiento crítico, sino de la indiferencia de las directivas
universitarias que hoy la mantienen desvinculada de la misma sin atender las
circunstancias específicas que han afectado su desempeño académico, invita a una
profunda reflexión en el contexto de una coyuntura donde se han abierto las
posibilidades de una solución política al conflicto armado y social, donde el
tema de las Víctimas está en el centro del Acuerdo del Gobierno Nacional con la
Insurgencia Armada de las FARC.
tomado de: ojosparalapaz-colombia.blogspot.com
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