2014/Junio
01/Audiencia Humanitaria/Tuluá
CONTEXTO
Recordemos que las comunidades
de la zona montañosa de Tuluá, en la última década durante los años 1999 a
2002, sufrieron la arremetida paramilitar del bloque Calima, que produjo como
resultado el desplazamiento forzado de más de un centenar de campesinos hacia
el casco urbano del municipio lo que a su vez desestructuró el tejido social y
comunitario y la desintegración de las formas asociativas y productivas que
poco a poco se han ido recuperando.
Hoy las organizaciones
campesinas han iniciado un proceso de constitución de una zona de reservas
campesinas (ZRC), que coincide con la agudización de la crisis humanitaria,
particularmente porque el gobierno municipal mantiene reticencia y displicencia
para permitir avances, como se evidencia en el desconocimiento político de
constitución de una ZRC que sufrieron las Juntas de Acción Comunal (JAC) de las
zonas media y alta, quienes por unanimidad propusieron la creación de una ZRC
en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), propuesta
que no se ha tenido en cuenta.
Paralelo a las iniciativas de
las comunidades el gobierno local y nacional con sus proyectos macroeconómicos
en el Municipio de Tuluá, zona de alta y media montaña desde el año
2008 a través de la EPSA inició la construcción de dos centrales
hidroeléctricas (CH) a filo de agua, que condujeron al desvío del cauce del río
Tuluá en dos tramos, resultando afectado el lecho del río en más de
15 km y por supuesto sus áreas aledañas.
Así mismo la empresa
Perforaciones S.A inició un proceso de actualización del catastro minero, y en
muchas ocasiones han ingresado a predios sin el consentimiento de los dueños,
producto de esos estudios se identificaron riquezas minerales de distinta
naturaleza en estos territorios y el gobierno central lo tiene concesionado a
empresas transnacionales; los campesinos han manifestado que la Agencia
Nacional de Hidrocarburos también está realizando exploración en sus
territorios; como se puede inferir es la implementación de las locomotoras
mineras del gobierno central, con la consecuente instalación de las funciones
del batallón Nro. 10 de alta montañosa en esta zona de consolidación de valor
estratégico para el Estado.
Estos fenómenos, se encuentran
en relación directa a la agudización del conflicto armado, por cuanto la
insurgencia ha atacado en varias oportunidades la infraestructura de las CH y
de vehículos de las firmas que adelantan estudios para la Agencia Nacional
Minera y la ANH y el gobierno ha respondido con aumento de la presencia militar
en el territorio, lo cual ha derivado en mayor violación del DIH y DIDH hacia
las comunidades, principalmente por estigmatización, ocupación de viviendas,
uso de población civil como escudos humanos, intentos de violación sexual,
bombardeos de cultivos y ecosistemas estratégicos, etc.
Los señalamientos a los
participantes del Paro Nacional Agrario y popular de agosto de 2013
ha sido constante, al igual que las amenazas a los integrantes de las Juntas de
Acción Comunal de las veredas, a los integrantes de la Asociación de
Trabajadores Campesinos del Valle por organizarse en contra de estas políticas
estatales, amenazándolos con capturarlos, judicializarlos o desaparecerlos si
no se van. Es claro que lo que están haciendo es despojar de sus tierras a los
campesinos, ya que esta es una zona geoestratégica y una de las zonas del plan
de consolidación nacional.
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