Votar por Santos: vergüenza y responsabilidad colectiva

“Ni Santos ni Zuluaga resuelven el problema”, “todos son hojas del mismo árbol”, “hay que votar en blanco”, se convirtieron en frases de cabecera de quienes evaden la vergüenza electoral que parieron…

2014/Junio 10/ REMAP/ Por: Alexander Escobar/
 

Alimentar el ego parece más importante que asumir la vergüenza de una responsabilidad compartida. Que la izquierda y los movimientos sociales hoy se debatan entre qué “conviene” más al país, si Santos o Zuluaga, es el triunfo de la arrogancia sobre la sensatez. Acuerdos entre movimientos y partidos que coinciden en la necesidad de cambios mínimos para la sociedad, cambios que ni siquiera serían revolucionarios, constituía un acto de cordura para tratar de llegar al Gobierno por la vía electoral, es decir, para construir una Colombia decente, al menos. Sin embargo muchos pensaron que la decencia no era un tema tan importante, y la oportunidad de conformar una candidatura única por la paz jamás se dio. Del hecho ahora algunos quieren desligarse, como si se tratase de una responsabilidad ajena, y no el resultado de una estupidez colectiva.

“Ni Santos ni Zuluaga resuelven el problema”, “todos son hojas del mismo árbol”, “hay que votar en blanco”, se convirtieron en frases de cabecera de quienes evaden la vergüenza electoral que parieron, análisis de cajón para lavar las manos de un ego que presume de inmaculada claridad política, tan clara que oscurece la realidad que se debate en el país: tiempo de más para la vida o un avanzar rápido hacia la muerte.

La realidad del país, en este preciso momento, va más allá de favorecer la imagen de la izquierda o los sectores sociales, o la conveniencia ególatra de ciertos personajes del país que ensombrecen la necesidad de tomar una de las decisiones más dolorosas: ganar tiempo para la paz votando por Santos, o acelerar la muerte dejando que Zuluaga llegue al poder.

Lo que está en juego es qué tiempo tiene la izquierda y los movimientos sociales para resistir a la envestida contra la solución política al conflicto colombiano. No quiere decir que con Santos no vendrán acciones de persecución y represión contra los opositores políticos, lo que sucede es que con Zuluaga el exterminio se aceleraría en forma dramática.

Pero para quienes presumen de inmaculada claridad política, o revolucionaria convicción, esto no representa mayor interés, prefieren el culto a la imagen, a la propia, que evitar la masacre que enfrentaría la oposición en Colombia.

El tiempo que se gane con santos en el poder, sin importar si son meses o días, es una responsabilidad con la vida de quienes luchan por transformar la sociedad; y cualquier segundo de más en su lucha, es un segundo para la vida y el logro de la Paz con Justicia Social. Sin embargo, la discusión no termina ahí. Analizar la forma como se está configurando el Estado colombiano es de suma importancia para profundizar más allá de la tragedia coyuntural.

Un Estado contra la paz

La Paz con Justicia Social enfrenta enemigos que sobrepasan la coyuntura electoral. Santos y Zuluaga se convierten en distractores de un problema que es estructural. A quién representa el Estado, o a quiénes, es la pregunta que nos regresa al análisis básico de los discursos que dentro del gobierno de Juan Manuel Santos se originan.

Las opiniones contrarias entre el Presidente y el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón frente a los diálogos de paz, sirven para el análisis. ¿Por qué las declaraciones de Santos y el Ministro no coinciden? ¿Qué poder faculta a Pinzón para descalificar al Presidente y el proceso de paz en forma incesante y continuar en su cargo? De seguro no es porque vivimos en un Gobierno plural y democrático. La razón radica en que el gobierno de Santos obedece al Estado, uno que está configurado para proteger intereses de la guerra que sostienen la injusticia e inequidad del país.

Las bases para la Paz con Justicia Social que podrían llegar a pactarse en la mesa de diálogos de La Habana, son el enemigo para quienes a través de la guerra pretenden prolongar y ocultar las condiciones de miseria que padecen millones de colombianos, condiciones que hace más de 50 años dieron origen a la guerra interna que continúa en el país.

Justicia social significa para el Estado la pérdida de privilegios para algunos sectores de la sociedad y del capital transnacional que se enriquecen con la corrupción, el saqueo del territorio y la explotación del pueblo. Y para ese enemigo que es la paz, el Estado mueve fichas como el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón para desestabilizar el proceso de paz en el momento que sea necesario, generando una crisis al interior de las Fuerzas Militares que le respaldarían junto a los senadores electos del uribismo que pronto estarán en el Congreso realizando alianzas para ser mayoría.

La guerra contra el proceso de paz proviene de las estructuras del Estado que ya están preparadas para tratar de provocar su fracaso. Zuluaga en la Presidencia sería uno de los golpes más duros contra los diálogos de La Habana, pero él solo es parte de un complot contra la Paz con Justicia Social del país que viene actuando ya sin él.