Veedores: “Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial de Cali es ilegal”

Para los veedores ciudadanos Luz Betty Jiménez y Pablo Borrero, el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cali no atiende las necesidades de la comunidad porque está pensado para construir una ciudad dedicada al consumo, el turismo y los negocios que atentan contra el ambiente, y el patrimonio histórico y arquitectónico de Cali.

2014/ Julio 31/ REMAP/ Por: Betty Jiménez y Pablo Borrero

Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social

Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali

Si bien es cierto el Plan de Ordenamiento Territorial contenido en el proyecto de acuerdo 074 de 2014 para su aprobación por el Concejo Municipal se presenta como un instrumento de regulación del crecimiento físico y socio demográfico del territorio urbano y rural de la ciudad, su aplicación práctica no garantiza un desarrollo equilibrado y armónico del conjunto de los elementos estructurantes del territorio relacionados con el espacio público, los servicios públicos, el transporte, y la protección del medio ambiente que conjuntamente con los usos del suelo han generado en el inmediato pasado un crecimiento irregular y anárquico, generador de toda clase de desequilibrios y desigualdades sociales en el trato hacia los ciudadanos.

Por otra parte se advierte que el citado POT no está sustentado en una base técnica y ordenada en la medida en que su estructuración no se apoya en los resultados de los planes parciales en materia ambiental, (microzonificación), riesgos por sismos e inundaciones, como tampoco se fundamenta en planes urbanísticos sobre el centro global de la ciudad y de los servicios públicos en las zonas de expansión y diferidas, ni en planes de movilidad, espacio público, que nos permitan formarnos una visión de conjunto y coherente con las verdaderas necesidades del desarrollo territorial de la ciudad y del crecimiento de su población.

En dicho plan se combinan artificialmente los procesos de expansión urbana (corredor Cali Jamundí y Navarro), con los de redensificación (Ciudad Paraíso y construcción en los cerros y en la zona rural de complejos urbanísticos y turísticos) que afectan el entorno ambiental y las fuentes hídricas que nutren los ríos tutelares de la ciudad. Un análisis de tales proyectos nos lleva a la conclusión de que los mismos no reducirán por ejemplo el creciente déficit de vivienda, que se presenta en la ciudad, en tanto que únicamente buscan estimular el crecimiento de vivienda nueva y de paso elevar el precio del metro cuadrado de la tierra que crece por debajo de las expectativas e intereses de urbanizadores y banqueros que se lucran de jugosas ganancias en asocio con el Estado a través de las denominadas alianzas público privadas que en algunos casos contribuyen al desplazamiento de pequeños y medianos propietarios de sus predios tal como está sucediendo con el proyecto de renovación urbana de la ciudad Paraíso.

El proyecto de acuerdo del POT no corrige las falencias del actual plan de ordenamiento territorial. En este caso todo se reduce a enumerar sus aspectos negativos y positivos para continuar con los desarrollos previstos sin introducir los cambios necesarios en el ordenamiento territorial dirigidos a articular sus elementos estructurantes en forma integral y coherente con las necesidades de la comunidad. En este sentido está claro por ejemplo que el sistema de transporte masivo (MIO) no contemplado en el POT vigente, se convirtió en un factor distorsionante del desarrollo urbanístico de la ciudad, alrededor del cual se ha hecho girar la implementación de un conjunto de proyectos de vivienda, servicios públicos, espacio público, recreación, turismo, que no obedecen a un verdadero plan de ordenamiento territorial encaminado a regular el crecimiento desordenado y espontáneo que caracteriza a Cali y su zona metropolitana.

Del análisis de la exposición de motivos del citado proyecto se desprende tácitamente la necesidad de mejorar el perfil impositivo del municipio considerado como muy bajo en comparación con el de otros municipios, circunstancia ésta que aparejada con la construcción de la nueva ciudad que se propone traerá inexorablemente un aumento en los ya altos impuestos de predial, industria y comercio y la contribución de valorización.

Se conoce que la labor de socialización del POT se llevó a cabo cumpliendo formalmente con lo dispuesto en la ley 388 de 1997, ley 902 del 2004 y Decreto 4002/2004 respectivamente, la cual se redujo en cuanto a la participación ciudadana a una simple instancia de comunicación que realizaron los funcionarios de planeación, ajena a la auténtica participación democrática que implica tener en cuenta los aportes de los ciudadanos para construir y ordenar desde abajo la ciudad que se quiere y no la que nos imponen los gobernantes de turno. Lo conducente desde el punto de vista constitucional hubiera sido convocar a las organizaciones de trabajadores, a los profesionales y trabajadores independientes, vendedores ambulantes, etc, para que estos expresaran sus opiniones y presentaran sus propuestas en torno a la nueva visión de ciudad de servicios con destino al consumo masivo en la cual predominan el trabajo tercerizado y la informalidad, de la misma manera como se convocó a los gremios para que expresaran sus opiniones las cuales fueron tenidas en cuenta para el proyecto.

En cuanto a la forma del proyecto y su trámite es necesario precisar lo siguiente: mientras que en el título se afirma que “Se adopta la revisión ordinaria del contenido de largo plazo (no del corto ni mediano plazo) del POT”, en sus últimas artículos dispone la derogatoria total del POT actualmente vigente y cualquier disposición contraria y del acuerdo 0232 de 2007 que adoptó el Plan especial de Protección de Patrimonio con lo cual se genera una contradicción lógica aparentemente insoluble. Por lo demás el proyecto debió presentarse al Concejo Municipal al inicio del mandato del alcalde Guerrero (Art. 5 del Dcto 4002 de 2004) y no al final del mismo.

Como podrá observarse el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial no ha sido conformado para resolver los problemas que afronta la ciudad ni para satisfacer los intereses y necesidades comunes de los caleños que sufren las consecuencias de la improvisación, la corrupción y el manejo autoritario de las políticas públicas de ordenamiento del territorio. Mas bien de lo que se trata es de garantizarle a los grandes propietarios, urbanizadores, comerciantes de propiedad raíz, banqueros y contratistas del Estado sus negocios particulares que vienen realizando y presionando desde tiempo atrás a las administraciones anteriores y al Concejo Municipal para hacer realidad sus propósitos y obtener así jugosas ganancias, ligadas a las políticas neoliberales que estimulan la economía de servicios y aspiran convertir a Cali en el centro de la nueva aglomeración regional con ciudades satélites como Yumbo, Jamundí, Palmira, todo ello dentro del marco de los TLC, la Alianza Pacífico, el G-11 (contrato plan), destinados a incrementar el consumo y tráfico de toda clase de mercaderías provenientes del exterior y de la exportación de bienes y servicios intermedios y de la industria maquiladora agenciada por la inversión extranjera con la anuencia del Estado Colombiano.

Cali, Julio 31 de 2014