Estos hechos
atentan contra la vida, honra e integridad de los manifestantes del Paro
Regional del Pacífico y también son violatorios
de los acuerdos adelantados con el Gobierno Nacional el día 18 de agosto de
2014 en santa Bárbara de Iscuandé, que en su punto cuarto dicta que el
Gobierno establecerá medidas de protección y brindará todas las garantías
necesarias a los manifestantes.
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| Municipio de Magüi Payán, departamento de Nariño. Paro Regional del Pacífico |
2014/
Agosto 20/ REMAP/ Por: Oficina de Prensa Paro Regional del Pacífico
Un
día después de firmados los primeros acuerdos entre el Gobierno Nacional y la
Mesa de Coordinación Subregional del Pacífico nariñense y caucano, que
representa a los once municipios en Paro, se produce la primera violación de lo
pactado por las acciones de la Fuerza Pública contra los manifestantes
concentrados en el municipio nariñense de Magüi Payán, hechos que los voceros
del Paro denuncian como una estrategia que “a
través de la intimidación, la persecución y la violación del derecho a la
protesta social, busca generar situaciones de confrontación que justifiquen la
represión y alteraciones del orden público para atentar contra los diálogos que
se adelantan entre el Gobierno y los voceros del Paro”.
La
Mesa Coordinadora también declara como víctimas a los líderes y voceros del
Paro por las retaliaciones que vendrán contra su vida como consecuencia de su
lucha contra la corrupción. Del mismo
modo hacen un llamado a los garantes de los diálogos y exigen al Gobierno que
cese la persecución contra los manifestantes del Paro Regional del Pacífico y
lo hacen responsable de cualquier daño físico o psicológico que puedan sufrir
sus integrantes.
A
continuación la denuncia de la Mesa de Coordinación Subregional del Pacífico
nariñense y caucano [Descargar documento]:
La Mesa de
Coordinación Subregional del Pacífico nariñense y caucano que representa a los
once municipios de Cauca y Nariño, que desde el 10 de agosto se ha declarado en Paro, denuncia la persecución
adelantada por la Fuerza Pública y se declara víctima por las retaliaciones y atentados que vendrán por su lucha
contra las mafias corruptas de la Costa Pacífica.
Toda
nuestra creatividad ha forjado esta histórica lucha, sin embargo la respuesta estatal es la criminalización de la
justa protesta social y popular.
Se
han logrado importantes acercamientos y acuerdos con el Gobierno para
posibilitar una nueva ruta para la Costa Pacífica nariñense y caucana, pero
irónicamente, paralelamente a estos compromisos, la Fuerza Pública arremete
contra nuestras comunidades movilizadas.
Denunciamos
públicamente la continuos hostigamientos y violaciones a los Derechos Humanos por
parte de la Fuerza Pública, los cuales atentan contra la integridad y vida de
los manifestantes, cuyo objetivo es provocar situaciones que alteren el orden
público para sabotear las negociaciones que se adelantan entre el Gobierno Nacional
y la Mesa de Coordinación del paro.
HECHOS
Municipio de
Magüi Payán (Nariño), agosto 19 de 2014. El Ejército Nacional que hace
presencia en el municipio, desde el día 10 de agosto militarizó la cabecera
municipal, y el día 19 de agosto aumentó desmedidamente el pie de fuerza;
además ha advertido a los manifestantes que tienen que desalojar los lugares de
concentración donde cerca de 1.500 personas, en forma pacífica, permanecen
desde el 10 de agosto en el marco del Paro Regional del Pacífico. Estos son
hechos que ponen de manifiesto la provocación de la Fuerza Pública que a través
de la intimidación, la persecución y la violación del derecho a la protesta
social, busca generar situaciones de confrontación que justifiquen la represión
y alteraciones del orden público para atentar contra los diálogos que se
adelantan entre el Gobierno y los voceros del Paro.
Igualmente
denunciamos los hechos ocurridos en el municipio de Mosquera (Nariño) el 9 de
agosto de 2014, donde la Fuerza Pública señaló al dirigente Heriberto Campaz de
promover un “paro armado”; además lo sucedido en Iscuandé (Nariño) el 18 de
agosto, cuando un efectivo del ejército accionó un arma de fuego y causó
heridas en tres personas que participaban de la jornada; y los hechos ocurridos
en el mismo municipio de Magüi Payán (Nariño) el 16 de agosto, cuando la Fuerza
Pública realiza señalamientos a la dirigente Luz Dary Bonilla por su
participación en el paro. Por otro lado en el departamento del Cauca, en el
municipio de Timbiquí, desde el 8 de agosto, Hugo Nelson Banguera viene siendo
citado, señalado y hostigado por la Fuerza Pública con amenazas de ser
arrestado por hacer parte del Paro. Anterior
a ello, el 6 de agosto, la Fuerza Pública y el alcalde en reunión realizada con
los comerciantes de Guapi tildó de terroristas a los organizadores del Paro. El
otro hecho de gravedad, y que atenta contra la libertad de prensa, se registró el
15 de agosto también en el municipio de Guapi, donde un miembro de la Fuerza
Pública apuntó su arma de fuego contra el periodista Jefferson Paz, y lo acusó
de ser terrorista por cubrir el desenvolvimiento del Paro.
Estos
hechos atentan contra la vida, honra e integridad de los manifestantes del Paro
Regional del Pacífico y también son violatorios
de los acuerdos adelantados con el Gobierno Nacional el día 18 de agosto de
2014 en santa Bárbara de Iscuandé, que en su punto cuarto dicta que el
Gobierno establecerá medidas de protección y brindará todas las garantías
necesarias a los manifestantes. Por tanto, hacemos
el llamado a los garantes de los acuerdos (Germán Sánchez Vargas, Coordinador del grupo de mediación de la
dirección nacional de atención y trámite de quejas de la defensoría del pueblo;
Luís Alberto Higuera, Contralor
delegado para el sector agropecuario de la contraloría general de la Republica;
Martha Lucía Alonso, Asesora de la
procuraduría general de la nación, delegada para la descentralización y las
entidades territoriales) para que exijan
al Gobierno Nacional el cumplimiento de lo pactado y el cese de las
acciones violatorias a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, y
se garantice la vida, la integridad y honra de los manifestantes.
Del
mismo modo nos declaramos víctimas por las retaliaciones contra nuestra vida
que vendrán por luchar contra las mafias corruptas de la Costa Pacífica, y exigimos
al Gobierno Nacional que brinde las garantías necesarias a nuestros líderes y
voceros; también le reclamamos que cese la persecución contra los manifestantes
del Paro Regional del Pacífico y lo hacemos responsable de cualquier daño
físico o psicológico que puedan sufrir sus integrantes.
Mesa de Coordinación Subregional del Pacífico
nariñense y caucano
Agosto 20 de 2014
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